Desahucios
La historia de una vecina de Carabanchel: desahuciada a los 77 años y sin alternativa habitacional

506,74 euros. Esa es la cantidad que dejó de pagar Dolores Miranda a su comunidad de vecinos hace cuatro años y que conllevó la apertura de un proceso judicial que ahora se traduce en una orden de desahucio programada para el 30 de septiembre. La afectada, de 77 años, se vio obligada a no abonar unas facturas del agua y la comunidad de propietarios ya que su pensión de viudedad, que ronda los 600 euros, no le alcanzaba para pagar el alquiler y dar de comer a sus dos hijos, que se habían quedado sin trabajo por aquél entonces. “Yo solo pido un alquiler social al que poder ir con mi nieto, con el que vivo, y que sufre depresión desde que iba al colegio”, dice Miranda.

Su caso no está exento de particularidades. Vecina del mismo bloque desde hace 51 años y del inmueble desde hace 40, no debe ninguna cuota del alquiler a los propietarios de la vivienda, ubicada en el popular barrio de Carabanchel, en Madrid. “Todo empieza cuando Miranda no puede hacer frente a algunas facturas, un periodo que tan solo duró unos meses. La comunidad se las pasó a los dueños del piso, que las abonaron y denunciaron a la inquilina con una demanda de desahucio e impago. El primer abogado que se encargó del caso luchó para demostrar que esas cuotas impagadas no le correspondían a ella, y lo perdieron, así que la condenaron al desalojo y al pago de la cantidad, que abonó al momento”, narra Bárbara de la Mata, abogada del turno de oficio que actualmente se hace cargo de la situación.

En el barrio hay carteles como este. Una mujer de 77 años a la que van a echar de su casa. #carabanchel pic.twitter.com/lLlwe21qm6

— Ade Marlo (elle) 🦄 (@teacher_ade) September 14, 2020

Dado que la inquilina no abandonó el domicilio, los propietarios interpusieron una demanda de ejecución para el alzamiento de la vivienda, y es en mayo de este año cuando le notificaron la fecha en la que tendría que dejar la casa en la que ha vivido casi toda su vida: el 21 de julio. En ese momento, De la Mata empieza a llevar la defensa de la afectada y consigue retrasar el desahucio ya que los servicios sociales del Ayuntamiento de la capital confirman el estado de vulnerabilidad de Miranda, por lo que el alzamiento se suspende por el real decreto sobre los alquileres promulgado durante el estado de alarma.

Servicios sociales desaconseja el desahucio

La siguiente fecha se aproxima: el 30 de septiembre, sin alternativa habitacional por el momento y viviendo junto a su nieto de 20 años, Miranda tendrá que abandonar su vivienda. “Servicios sociales ha presentado dos informes atestiguando el alto grado de vulnerabilidad de la inquilina, y ha pedido que se paralice el desahucio. El problema está en que el funcionario que lleva el caso se encuentra guardando cuarentena por el coronavirus, y no se reincorpora a su puesto de trabajo hasta el viernes 25, una fecha demasiado próxima al desalojo y con un fin de semana de por medio, así que estamos haciendo todo lo posible para que otro funcionario se pueda hacer cargo del asunto y nos dé una respuesta cuanto antes”, explica la letrada.

En estos momentos, la defensa lucha para que no se ejecute el desalojo hasta que la Empresa Municipal de la Vivienda Social (EMVS) de Madrid le dé una alternativa, ya que mediante la vía judicial no se pueden presentar más recursos. “Ella paga 200 euros al mes de alquiler más gastos, y aunque los propietarios no te lo dicen a la cara, lo que quieren hacer es echarla y terminar su contrato de renta antigua porque los alquileres han subido en la zona y saben que pueden ganar mucho más”, aclara De la Mata.

Es la propia Miranda la que explica su situación: “Cobro 600 euros al mes y me hago cargo de mi nieto, que ha sufrido maltrato psicológico por parte de su madre, y según están los precios de los alquileres me es imposible mudarme. Me piden una fianza a la que no puedo hacer frente. Entiendo que los propietarios quieren su piso, pero yo no me puedo quedar en la calle”. El día 4 de septiembre se decidió. Desde las diez de la noche hasta la una de la madrugada la afectada empapeló el barrio con un mensaje que se viralizó en redes sociales: “Solo quiero que me hagan caso y me den un alquiler social”, concluía. Parafraseando a Miranda, ella se contentaría con un piso pequeño, con una sola habitación en la que pueda dormir su nieto ya que ella no tendría problemas en dormir en el comedor. “Yo no quiero lujos, siempre he sido pobre y lo seré”, declara. 

La solución que le han propuesto es que su nieto vaya a un albergue y ella, a una residencia. “Me voy antes a la calle con él que separarnos”, asegura Miranda

La PAH estudiará el caso

La solución que le han propuesto no le agrada. Su nieto podría ir a un albergue y ella a una residencia, una opción que Miranda descarta completamente: “Me voy antes a la calle con él que separarnos”, clarifica. Preguntada por si sus hijos le pueden ayudar, responde que uno vive en una casa muy pequeña en la que ya hay cuatro personas, mientras que con su hija lleva años sin hablarse, sobre todo por el maltrato ejercido contra su nieto. “He ido a los servicios sociales, a la Cruz Roja… y todos se pasan la pelota entre ellos mientras que en dos semanas estoy en la calle con 77 años”, se queja Miranda.

Actualmente viven con lo básico. La afectada asegura que la mayor parte de sus pertenencias están guardadas en cajas, en un almacén que le ha prestado uno de sus vecinos. “Tan solo hemos dejado la ropa justa y los cacharros de cocina necesarios”, agrega. Por el momento, Miranda va a acudir a la asamblea de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Carabanchel para saber qué opciones le quedan para evitar el desahucio o encontrar una alternativa habitacional. “Esperemos que la EMVS se ponga las pilas y agilice su procedimiento de cara a conseguir una vivienda social en el menor tiempo posible”, agrega la letrada, que no olvida enfatizar la desprotección en la que se encuentran los inquilinos de alquileres impagados frente a los deudores hipotecarios.