Derechos Humanos
Amnistía Internacional acusa al Estado de no investigar casos graves de violación de los derechos humanos

España no se salva de la deriva “autoritaria” y punitivista que corroe el Estado de derecho en todo el mundo, según el último informe anual de Amnistía Internacional, hecho público este 24 de abril. No se trata solo de la vulneración de los derechos humanos de miles de personas en los últimos años, achacables a distintos órganos judiciales o fuerzas de seguridad del Estado, sino de una tendencia que se repite en buena parte de los casos reseñados por el informe: la negativa a investigar y —por lo tanto juzgar y condenar si corresponde— a los responsables.

La “principal preocupación” de esta organización con respecto a España, sostienen en el informe La situación de los derechos humanos en el mundo, “es la persistente falta de rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado”. La impunidad ante estos hechos, continúan, “no sólo vulnera los derechos de las víctimas, sino que también envía un mensaje desalentador a la sociedad, perpetuando la falta de rendición de cuentas del Estado y que las víctimas no obtengan justicia y reparación”.

La impunidad ante estos hechos “no sólo vulnera los derechos de las víctimas, sino que también envía un mensaje desalentador a la sociedad, perpetuando la falta de rendición de cuentas del Estado”

Es el caso del abandono y de la muerte en las residencias de miles de personas mayores durante la pandemia del covid-19, un caso que cuatro años después “sigue sin investigarse efectivamente”. Según afirma AI, después de la muerte de 35.000 mayores, “el abandono sufrido por sus familiares y la impunidad permanecen de forma generalizada en las instituciones del Estado”.

Tal como denunció esta organización en enero de 2023, la Fiscalía ha archivado el 90% de las causas abiertas por las actuaciones de las residencias y las administraciones responsables de unas muertes que podrían haberse evitado. Amnistía documenta una “tendencia generalizada a la opacidad y al abandono” por parte de las autoridades, que “han incumplido su obligación de investigar de forma exhaustiva y adecuada” las vulneraciones sufridas por las personas mayores.

“La lentitud y el archivo de procesos judiciales relacionados con violaciones de derechos humanos, o el hecho de que no se inicien siquiera, también contribuyen a perpetuar este clima de impunidad. Esto no solo impide que las víctimas obtengan la justicia y la reparación que merecen, sino que también erosiona el Estado de Derecho”, apuntan desde Amnistía.

Amnistía identifica una “tendencia generalizada a la opacidad y al abandono” por parte de las autoridades, que “han incumplido su obligación de investigar de forma exhaustiva y adecuada”

Similar patrón de impunidad y opacidad se repite, según denuncia este informe anual, en la vulneración de los derechos de las personas refugiadas y migrantes. Esta organización que agrupa a diez millones de personas critica la inacción del Gobierno y su negativa a investigar de forma “exhaustiva e independiente” la muerte de 37 migrantes en Melilla en junio de 2022 así como la expulsión de cientos de personas de forma ilegal durante la operación. En diciembre de 2022, recuerdan, la Fiscalía General cerró el caso amparando la actuación de la policía.

Además de la falta de voluntad por esclarecer los hechos, desde Amnistía denuncian el cierre de los canales formales para hacer efectivo el derecho a asilo. Según el Consejo de Europa, existe una “falta de acceso a un procedimiento ágil y efectivo de asilo en todo el país”. Lo habitual, sostienen en el informe, es tener que esperar seis meses hasta la primera entrevista, tiempo en el cual los migrantes se exponen a ser expulsados. La vulneración de los derechos de los migrantes también se repite con los menores no acompañados que llegaban a las Islas Canarias, que fueron detenidos junto con personas adultas y “no recibían la suficiente protección”. 

Entre las violaciones a los derechos humanos que sufren los migrantes que llegaron a Canarias en 2023, Amnistía Internacional ha documentado una sistemática falta de información sobre sus derechos, incluido el derecho a solicitar asilo, así como una ausencia de asistencia letrada y de acompañamiento legal “de calidad”. Entre los “problemas estructurales a los que las autoridades no han dado solución”, se suma la situación de los niños y niñas no acompañadas a “quienes las policía no identifica” y son detenidos y enviados a centros para personas adultas. Pese al aumento sostenido de las llegadas, la falta de infraestructuras básica para la recepción de migrantes, especialmente en la isla de El Hierro, sigue siendo una constante. “Parece que el Ministerio de Interior se empeña en seguir improvisando respuestas caóticas a estas situaciones, aunque se hayan llevado a cabo algunas mejoras a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones", señalaba Virginia Álvarez, responsable de investigación en Amnistía Internacional España, el pasado noviembre. La falta de asistencia legal es otro de los problemas graves denunciados: ninguna de las personas migrantes entrevistadas por esta organización contó con ella durante las semanas en las que duró la crisis migratoria. 

Entre las violaciones a los derechos humanos que sufren los migrantes que llegaron a Canarias en 2023, Amnistía Internacional ha documentado una sistemática falta de información sobre sus derechos, incluido el derecho a solicitar asilo

La falta de interés por investigar las violaciones de los derechos humanos también se evidencia en las vulneraciones al derecho a la privacidad y diversos casos de espionaje en el que están implicados los servicios secretos y el llamado “Estado profundo”.

En mayo de 2023, una investigación del Parlamento Europeo confirmó que el programa espía Pegasus había sido utilizado por la inteligencia española para espiar los móviles de 65 periodistas, figuras políticas y miembros de la sociedad civil catalana. Según denuncia AI, no ha habido avances en las 13 demandas por el uso de este software espía presentadas en España. En julio, la Audiencia Nacional argumentó el cierre provisional de la investigación por el uso de Pegasus contra el presidente del Gobierno, la ministra de Defensa y el ministro del Interior por la falta de cooperación de Israel, país encargado de la fabricación del software. Este 23 de abril, la Audiencia reabría el caso después de recibir información de Francia.

Amnistía Internacional también afea al Gobierno español no haber hecho nada después de las investigaciones realizadas por medios de comunicación —en referencia a la Directa y El Salto— sobre la infiltración de agentes de policía en diversas organizaciones sociales “empleando relaciones íntimas y sexuales como tapadera”. Interior se escudó para ello en que eran “actividades de inteligencia autorizadas por el Gobierno” y que permanecían clasificadas en virtud de la Ley de Secretos Oficiales. 

Una vez más la falta de investigación se repite en el apartado del informe dedicado al uso excesivo de la fuerza. En concreto, Amnistía Internacional denuncia que ningún mosso d’Escuadra ha sido acusado tres años después de que la policía autonómica haya matado a un hombre con varias descargas eléctricas de una pistola Taser en Badalona, “incluso cuando ya había sido inmovilizado”.

El abuso de armas menos letales por parte de las fuerzas de seguridad es otro de los motivos de preocupación del informe. Entre los ejemplos citados, figura la represión con balas de gomas de las movilizaciones de los trabajadores del metal en Vigo, realizadas en julio del pasado año, que dejó un hombre herido. El informe de esta ONG Me estalló el ojo (2023) documenta en los últimos 20 años un fallecido y 24 heridos por el uso de balas de goma, 11 de ellos con lesiones oculares graves. El uso de estas armas menos letales, recuerdan desde Amnistía, también jugó un papel clave en la muerte de 15 migrantes que intentaban llegar a las playas de Tarajal en 2014 o en la muerte de 37 migrantes en Melilla en 2023.

En 2023 se siguieron imponiendo multas por faltas administrativas de “imprecisa definición”, como “falta de respeto” o “desobediencia o resistencia a la autoridad”. La Ley Mordaza del PP sigue intacta

Esta organización internacional de derechos humanos también critica en su informe anual el “uso indebido” de la Ley Mordaza para “limitar en exceso la libertad de expresión de manifestante y periodistas”. Aunque las cifras son mejores que en 2022, explican, en 2023 se siguieron imponiendo multas por faltas administrativas de “imprecisa definición”, como “falta de respeto” o “desobediencia o resistencia a la autoridad”. Pese a las promesas electorales, la Ley Mordaza del PP sigue intacta.

La falta de transparencia y las trabas para la justicia se ven apoyadas, defienden desde Amnistía, por la Ley de Secretos Oficiales, una ley franquista de 1968 todavía vigente, que “sigue impidiendo la investigación y el acceso a la justicia en materia de derechos humanos”. Esta ley, que clasifica como secreto información de interés público como las armas españolas vendidas a países como Arabia Saudí o Israel “ampara la opacidad y dificulta el esclarecimiento de graves violaciones de derechos humanos, perpetuando la impunidad y la falta de transparencia”. Reformarla “sería un buen punto de partida para demostrar un compromiso real con los derechos humanos”.

La secretaria general de la organización, Agnès Callamard, ha descrito un “sombrío panorama de alarmante represión de los derechos humanos y frecuente infracción internacional de las normas establecidas”

Entre los aspectos positivos reseñados por esta ONG que agrupa a más de diez millones de personas alrededor del mundo, destaca la mejora de la ley que mejora el acceso al aborto legal para las mujeres mayores de 16 años, la aprobación de la ley Trans o algunos aspectos de la Ley de Vivienda.

Sin embargo, estos “logros”, sostienen, se ven empañados “por un riesgo real de que se conviertan en papel mojado si no se toman medidas concretas para su implementación efectiva”. En concreto, reseñan las trabas que se están encontrando muchas de estas leyes por parte de las comunidades autónomas gobernadas por la derecha. “La falta de acción en este sentido podría convertir estos avances legislativos en meras declaraciones de intenciones sin impacto real en la vida de las personas”, resumen.

A las puertas de una era sombría

Las perspectivas globales de este informe que cubre la situación de los derechos humanos en 155 países hablan de un “momento decisivo” en el que la escalada de conflicto puede desencadenar el “colapso del derecho internacional” y el “colapso del Estado de derecho”, este último acelerado por los avances sin control de la inteligencia artificial, la vigilancia masiva y los programas de software espía.

La secretaria general de la organización, Agnès Callamard, ha descrito un “sombrío panorama de alarmante represión de los derechos humanos y frecuente infracción internacional de las normas establecidas”, todo ello en un contexto de “desigualdad global creciente, superpotencias que compiten por la supremacía y agravamiento de la crisis climática”. 

El informe anual de amnistía califica lo ocurrido este año de “traición a los principios de derechos humanos”, especialmente a raíz del genocidio iniciado por Israel en Gaza y la complicidad de los tradicionales aliados de Tel Aviv en occidente, entre ellos España, que siguió vendiendo armas a Israel después de iniciado el genocidio a pesar de sus declaraciones en sentido contrario. 

Entre los riesgos para la libertad y los derechos humanos en el mundo, destaca la instrumentalización de la tecnología para “generar odio, división y discriminación”, una tendencia en alza, según Amnistía Internacional, que utiliza a mujeres, personas LGTBI, migrantes y comunidades marginalizadas como “chivos expiatorios”. Además del uso de las nuevas tecnologías para azuzar el odio contra estas comunidades, el informe señala el auge de técnicas de control social a través de las nuevas tecnologías. En Argentina, Brasil, India o Reino Unido se han utilizado cada vez más tecnologías de reconocimiento facial para controlar protestas públicos y “discriminar a comunidades marginadas”, especialmente a las personas migradas y refugiadas. En Estados Unidos, gracias a una demanda de Amnistía Internacional se hizo público que el Departamento de Policía de Nueva York utilizaba este tipo de tecnología para vigilar las protestas de Back Lives Matter en la ciudad.

Las millones de personas que huyen de estos conflictos se están encontrando con una fronteras cada vez más controladas por “tecnologías de externalización, técnicas biométricas y sistemas algorítmicos de toma de decisiones”

La proliferación de conflictos, guerras y las consecuencias de la crisis climática están aumentando la presión migratoria. Y las millones de personas que huyen de estos conflictos se están encontrando con una fronteras cada vez más controladas por “tecnologías de externalización de fronteras, técnicas biométricas y sistemas algorítmicos de toma de decisiones” que perpetúan y refuerzan la discriminación, el racismo y “la vigilancia desproporcionada e ilegal” contra los migrantes. 

“Hay un enorme abismo entre los riesgos del avance descontrolado de las tecnologías y el nivel que tenemos que alcanzar en materia de regulación y protección. Es el futuro que nos espera y no hará más que empeorar si no se limita la proliferación desenfrenada de tecnología no regulada”, ha señalado Callamard.