Culturas
Mamá, ahora sí querré ser artista

La Comisión de Cultura del Congreso aprueba por unanimidad la propuesta de Estatuto del Artista, que deberá ser ratificada en el Pleno. El texto plantea cambios legislativos de calado para adaptar la normativa a la realidad laboral de medio millón de personas.

Estatuto del Artista
La Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados ha dado luz verde al Estatuto del Artista, que será discutido en el Pleno en septiembre. Archivo El Salto

El arte es morirte de frío. Por muy usado que esté el chiste, sigue haciendo gracia —maldita, dirán las personas que sufren esa intemperie— y, lo que es más importante, aún refleja una realidad de manera incisiva: la de quienes se dedican profesionalmente a la creación artística en España, o pretenden hacerlo. Un sector muy atomizado, en el que predominan la temporalidad, la contratación irregular y el empleo por cuenta propia; pero también un mercado laboral, con poca capacidad de intervención colectiva, en el que venden su fuerza de trabajo medio millón de personas, mucho más allá de los nombres propios que encabezan festivales de música o de las exposiciones de relumbrón cada temporada.

“Mamá, quiero ser artista”, cantaba Concha Velasco en la comedia musical de Juan José de Arteche estrenada en 1986, y desde entonces las condiciones para desarrollar ese anhelo no han sido las más favorables. Aunque puede que esto vaya a cambiar.

Abordar todas las realidades en torno al trabajo artístico y aportar sugerencias de reformas legislativas para su mejora son los objetivos de la propuesta de Estatuto del Artista, cuya tramitación ha recibido un importante aldabonazo al ser aprobada por unanimidad por la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados el 21 de junio.

“Irá a uno de los primeros plenos del Congreso en septiembre, donde se aprobará —pronostica para El Salto el diputado de Podemos Eduardo Maura—. Lo que falta es que el informe se convierta en realidad. Había un compromiso del gobierno anterior de que el informe se convirtiera en la guía legislativa del gobierno en esta materia, y el nuevo ministro también comentó que le interesaba seguir esta línea y que quería trabajar en esa dirección. Así que ya solo queda la política”.

“Hay un montón de planteamientos que son muy avanzados, tanto en lo fiscal como en lo laboral, respecto a la protección de derechos de los trabajadores”, afirma el diputado Eduardo Maura sobre el texto del Estatuto del Artista

Maura ha participado en la Subcomisión de Cultura encargada de elaborar el texto del Estatuto del Artista y del Profesional de la Cultura. Creada en febrero de 2017, a petición del grupo confederal de Unidos-Podemos, esta subcomisión ha analizado durante el último año los pormenores del sector, escuchado comparecencias y limado diferencias hasta encontrar un borrador que pusiera de acuerdo a todos los grupos políticos y que Maura define como muy progresista. “La unanimidad no es el resultado de un camino de rosas sino de lo contrario, ha habido que negociar duramente. El borrador que ha salido es de avance social, hay un montón de planteamientos que son muy avanzados, tanto en lo fiscal como en lo laboral, respecto a la protección de derechos de los trabajadores, que son ideas que no estaban en la línea de lo que algunos partidos querían al principio de la subcomisión. Ha sido la participación del sector lo que ha ido moviendo las posiciones”, explica el diputado.

El ámbito de aplicación de este futuro Estatuto del Artista “no se ciñe solo a quienes suben a un escenario e interpretan sino que amplía el marco de protección de derechos al trabajo técnico, por ejemplo, a quien monta el escenario, lo ilumina, a la producción y posproducción, distribución, a toda la cadena del producto cultural”, valora Maura, quien señala que el informe no tendrá rango de ley, no será un convenio sino una agenda legislativa cuya aplicación supondría modificaciones en mucha de la normativa vigente, como el Real Decreto regulador de los espectáculos en directo, el llamado régimen especial de artistas de la Seguridad Social o la ley de trabajo autónomo de 2007.

Las líneas maestras del texto se centran en cuestiones laborales y fiscales, considerando el trabajo por cuenta ajena, por cuenta propia y el grado de intermitencia en el empleo. Entre las recomendaciones que hace se encuentran, por ejemplo, promediar los ingresos basados en medias móviles de los últimos tres años a la hora de tributar; la aplicación del criterio de caja en cuanto al pago del IVA —“que se permita pagarlo una vez que se ha cobrado la factura”, resume Maura—; facilitar el alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos por día trabajado; o hacer compatible el cobro derivado de derechos de propiedad intelectual con el de la pensión por jubilación.

por cuenta propia

“En mi comparecencia en el Congreso, empecé explicando qué es ser ilustradora, a qué nos dedicamos, que no somos los de los dibujitos sino que somos comunicadores gráficos y solemos trabajar por encargo y lo que hacemos es ceder, licenciar o vender los derechos de autor sobre nuestras obras, que son creadas con un fin concreto”, recuerda a El Salto la abogada e ilustradora Marta Castro Dehesa. El 26 de abril de 2017, ella declaró ante la Subcomisión de Cultura en nombre de la Asociación Profesional de Ilustradores de Madrid (APIM), en una de las más de 30 intervenciones que han servido de nutrientes para la redacción del borrador.

En su caso, habló de la situación de los ilustradores —“como no somos un gremio y es un trabajo bastante individualista y muy desconocido, no se suele pensar que somos creadores y hacemos una labor sujeta a derechos de autor, también es difícil combatir en grupo la precariedad”— y del desequilibrio “absoluto” de poder entre quien contrata y quien trabaja: “No hay posibilidad de negociar, no es un mercado libre entre dos iguales, y eso genera abusos, fraudes”. Es un día a día en el que, denuncia, abundan el plagio o el uso no autorizado de su trabajo por parte de grandes medios de comunicación.

Castro reconoce que encontró en la subcomisión una gran predisposición a escuchar sus palabras y se muestra esperanzada ante lo que pueda deparar el futuro Estatuto del Artista: “Aleja la discusión del IVA y de la parte más famosa de lo que es ser artista y pone el acento en que podamos llegar a fin de mes, en que esto sea viable, que quienes nos dedicamos a esto tengamos unas condiciones que nos igualen frente a las situaciones en que solemos desarrollar nuestro trabajo”.

Si bien la APIM apoya “totalmente” la posibilidad de actuar desde los sindicatos, aunque se trate de trabajadores que en su inmensa mayoría ejercen por cuenta propia, en su carpeta de reclamaciones incluía una que ha sido recogida íntegramente en el texto del Estatuto del Artista: que las asociaciones profesionales dispongan de legitimación procesal para actuar en nombre de sus asociados frente a abusos y fraudes colectivos en el sector.

Muchas de las personas que podrían verse beneficiadas por el futuro desarrollo del Estatuto del Artista son quienes se dedican a la música, en sus diversos oficios. Desde hace un par de años es un sector que ha empezado a organizarse sindicalmente y a hacer ruido, no solo en discos y conciertos.

“Las dificultades más importantes para profesionalizarnos tienen que ver precisamente con las carencias que presenta la actual infraestructura legal, fiscal y laboral”, explica a El Salto Ainara LeGardon, música de recomendable trayectoria que gusta de explorar nuevos caminos tanto en sus discos como en sus investigaciones sobre la propiedad intelectual. “Tenemos un régimen de Seguridad Social que no ayuda para nada, y una legislación que raramente se cumple”, puntualiza, en referencia a que el empresario u organizador de un concierto debe dar de alta y baja de la Seguridad Social al artista, siempre que lo solicite. “Esto casi nunca se cumple. Nos ‘obligan’ a presentar una factura”.

Para ella, lo propuesto en el Estatuto del Artista es “fundamental” de cara a adecuar el régimen de Seguridad Social a la realidad en la que viven. “El nuestro —especifica— es un trabajo intermitente, con ingresos irregulares. Quienes pagamos la cuota de autónomos, actualmente 276 euros mensuales sean cuales sean los ingresos, nos vemos en situaciones a veces muy difíciles. Tenemos que trabajar mucho y de forma continuada, carecemos de periodos vacacionales, de derecho a subsidio por desempleo, o de periodos en los que podamos dejar de tocar o dar clases para poder dedicarnos exclusivamente a la investigación artística y a la creación de nuevas obras. Esta situación genera un problema de sobresaturación y ansiedad que en algunos momentos de nuestras carreras nos pasa factura en lo referente a la salud”.

trabajar en un museo público a sueldo de una empresa y con logo de un banco

Bajo la brillantina y el glamour con que se identifica el arte, existe muchísimo trabajo invisible que hace posibles esa pasarela de la fama y los titulares grandilocuentes acerca del éxito de público y crítica de una exposición. Es, además, una labor que se desarrolla habitualmente en un complicado laberinto de empresas, subcontrataciones y relaciones laborales irregulares por el que se pierden los derechos de los trabajadores. Ni siquiera el sector público, que debiera ser ejemplarizante, escapa a estas condiciones.

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Los contratos del personal técnico de los teatros municipales gestionados por la empresa Madrid Destino son irregulares puesto que cubren de manera temporal necesidades estructurales del servicio, según la demanda sindical.

Valga el caso de Álex Rodríguez como muestra. En 2008 empezó a trabajar como informador en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en Madrid, contratado por una empresa externa al centro que un año después le despidió de manera improcedente pero que, a día de hoy, es la que le paga las nóminas. Desde 2011 ejerce de mediador en el museo y es el presidente del comité de empresa de Expertus en el Reina Sofía. ¿Y qué pinta esta empresa en el museo? Es la que desarrolla los servicios de mediación, tales como la atención al visitante o las visitas guiadas. “La difusión de la línea básica de la colección del museo y de las exposiciones temporales”, resume Rodríguez, que añade que son trabajadores que vienen subrogados de Magma, otra empresa a la que durante años el Reina Sofía subcontrató estos servicios.

“No solamente es artista quien crea, sino quien trabaja para ayudar a quien crea”, considera el sindicalista, quien tiene buena impresión del proyecto de Estatuto del Artista: “Está pensado no para la élite sino para dar cobijo a gente que está en una situación más que irregular en muchas ocasiones, algo que también se vive en el museo, que dentro de nada va a tener un grave problema con el tema de contrataciones, porque hay un montón de falsos autónomos. En nuestro caso, que hay una empresa de servicios de por medio, estamos valorando la cuestión de la cesión ilegal de trabajadores”.

Rodríguez señala asimismo el principal problema que afronta una institución cultural pública como el Reina Sofía y las repercusiones que tiene para quienes allí trabajan, ya sea funcionariado o personal contratado por empresas externas: “Hay una deriva privatizadora terrible. Yo trabajo para una empresa pero llevo una camiseta en la que aparece el logo del Banco Santander. Esto es bastante conflictivo, además son detalles que te hacen ver que efectivamente haces un trabajo que debería ser una plaza pública. Un museo no puede dejar de tener informadores, y debería estar delimitado como personal del museo”.

Una trabajadora del cuerpo facultativo de conservadores de museos del Estado, que desarrolla su función precisamente en el Reina Sofía y que prefiere mantener el anonimato, considera que el Estatuto del Artista es una buena noticia pero entiende que “tendría más sentido establecer un convenio o una declaración de buenas prácticas, que al menos sirva para sacar los colores a los galeristas”.

Debido a su amplia experiencia, explica que la relación con las galerías es un problema común a quienes se dedican al arte: “No hay artista que no se queje de los galeristas, suele ser una relación muy agresiva, muy poco ventajosa para el artista, en la que muchas veces ni siquiera se firman contratos o se respetan unos mínimos, aunque también hay que entender a la otra parte”.

Otro gran problema es, en su opinión, la relación del artista con la institución, el museo público: “Se está mandando al ostracismo a los artistas españoles, no digamos ya si son jóvenes. Hay muy poca relación entre la base —las facultades de Bellas Artes— y los museos. Se pretende más incluir a los museos españoles en el circuito internacional, de modo que aquí se expone y compra obra que luce fuera, de todo tipo salvo de arte español. No hay compromiso artístico con la base”.

Y concluye con una sentencia difícil de rebatir: “No nos engañemos, el arte es un mercado, con muchos intereses detrás”.

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