Crisis económica
La abstención de Vox facilita la validación del decreto sobre los fondos europeos

A priori la sintonía es total. Lo expresaba así un alto cargo de Deloitte en una mesa organizada ayer por El Confidencial en colaboración con esta consultora. “No he oído a  nadie cuestionarse el hecho de que tengamos que ir a una economía digital, tampoco he oído a nadie cuestionar que necesitemos una economía más sostenible y más ecologista ni que tenga que ser inclusiva y dejar a nadie detrás”. El plan Next Generation UE es, a priori, como un baptisterio romano del siglo I. Nadie está en contra, a priori.

La cuestión, sin embargo, es más compleja. Hoy, 28 de enero, se vota la convalidación del Real Decreto-ley 36/2020 para la ejecución de una estructura de gobernanza para la ejecución de los fondos, y el Gobierno tiene que volver a echar mano de la calculadora para saber si el plan sigue adelante. De momento, Esquerra Republicana de Catalunya, uno de los socios del Gobierno, ha anunciado que votará en contra. El Gobierno necesitará sumar otras mayorías distintas a la de los últimos presupuestos para aprobar por la vía rápida un Decreto que está comprometido a enviar a la Comisión Europea en abril.

Las cifras son mareantes: el paquete Next Generation aprobado en julio de 2020 establecía que España puede recibir hasta 140.000 millones de euros en los próximos seis años para la transformación económica. La estructura para repartir los fondos de ese mecanismo es lo que se vota hoy. Una oportunidad pero también un riesgo, explica Samuel Martín Sosa, de Ecologistas en Acción, ya que este puede ser el “último cartucho” en el contexto de crisis climática y se puede estar gastando con la apertura de “un nuevo ciclo de acumulación y concentración de poder en las empresas”.

Este puede ser el “último cartucho” en el contexto de crisis climática y se puede estar gastando con la apertura de “un nuevo ciclo de acumulación y concentración de poder en las empresas”, valora Martín Sosa

Desde distintas organizaciones sociales se lanzó ayer la campaña “pasteleo fondos europeos” para denunciar que las principales beneficiadas del plan serán multinacionales como Agbar, ACS, Inditex o Endesa. También se detecta escaso interés en favorecer el debate público en algo, que como ha recalcado el jefe de la oficina económica de la Moncloa, Manuel Rocha, “no es un Plan E”. Si durante los primeros compases de la crisis financiera de 2008 funcionó la idea de la construcción de infraestructuras para sostener el empleo, de lo que se habla con Next Generation es de una reconversión a gran escala de la economía del país. Un plan de “recuperación y resiliencia” para el que las grandes consultoras sí están preparadas pero que no ha sido objeto de un debate público minucioso.

Los números de la votación

Fuentes de ERC explican que el Decreto “no se abre a especificar el destino de los fondos, ni tiene presente el tejido de las Pymes y de otros espacios de la economía productiva sino que, tal y como está redactado, lo que facilita es que aprovechen las grandes empresas del Ibex”. Los republicanos creen que el texto actual es “muy poco transparente”, y que tampoco explicita mecanismos “que garanticen una distribución auténticamente territorial”.

No son los únicos en contra de la convalidación. Las Candidaturas d’Unitat Popular tampoco lo ven claro. El PP, junto con sus partidos satélite ha votado que no, y Ciudadanos, después de deshojar la margarita se ha sumado a ese carro. Finalmente, el desbloqueo se ha producido gracias a la abstención de Vox.

Fuentes de ERC explican que el Decreto “no se abre a especificar el destino de los fondos ni tiene presente el tejido de las Pymes y de otros espacios de la economía productiva”, facilitando que “aprovechen las grandes empresas del Ibex”

Desde Unidas Podemos no se defiende con mucho ahínco el Decreto, pero se ha votado a favor del mismo y se votará a favor de una consideración para que se tramite como Ley en el caso de que se apruebe el Decreto. 

Las organizaciones de la sociedad civil que se están movilizando abogan porque, de aprobarse, el texto sea tramitado como ley para evitar que se pase por encima de un tema fundamental para el cambio de modelo económico. Así lo ve Samuel Martín Sosa, de Ecologistas en Acción, que concuerda en que estos fondos “no son un mecanismo de rescate para pagar ERTE sino que son fondos de transformación de la economía, por tanto la urgencia es relativa: si queremos hacer una transformación del modelo socioeconómico, y llevar a cabo una transformación ecosocial auténtica, necesitamos hacerlo bien”.

Cooperación público privada

La clave de bóveda del Decreto que pasa hoy por el Congreso es la cooperación público-privada, una fórmula que se quiere potenciar para cabalgar la crisis económica. Enrique Gutiérrez, de Deloitte, subrayaba en el encuentro con Manuel de la Rocha y Alejandra Kindelán, jefa de relaciones institucionales del Santander, el efecto que ya ha tenido el proyecto Next Generation: “El dinero no ha llegado todavía pero ya estamos disfrutando del plan”. Este directivo de una de las consultoras big four se congratulaba ayer de que las administraciones públicas “en todos los niveles” y los empresarios ya están “trabajando conjuntamente en la preparación de este plan estratégico nacional”.

La colaboración público-privada ha sido señalada por el Tribunal de Cuentas Europeo como una fuente de “deficiencias generalizadas y beneficios limitados”

La colaboración público-privada, no obstante, ha sido señalada por el Tribunal de Cuentas Europeo como una fuente de “deficiencias generalizadas y beneficios limitados”. No se trata de una frase sacada de un chat privado, sino del título de un informe de 89 páginas publicado en 2018. Aplicadas desde comienzo de la década de las diez, especialmente en la construcción de infraestructuras de transporte, el dictamen sobre estas colaboraciones entre empresas y administraciones del Tribunal de Cuentas subraya que condujeron con mucha frecuencia a retrasos y sobrecostes en los proyectos.

Para Martín Sosa, la apuesta del Gobierno por la coalición público-privada determina qué camino se plantea para buscar la recuperación tras la crisis: “Estas colaboraciones son una forma de privatización encubierta que sectores que deben ser públicos o que deben tener un control público como es el de la energía, el transporte, el agua, etcétera, pasarán a ser gestionados por empresas privadas, además socializando de los posibles riesgos y las posibles pérdidas, que es para lo que funcionan los actores públicos”. Desde Ecologistas en Acción se valora que en un contexto de crisis social y ecológica se necesita más control y planificación por parte del Estado.

En cambio, indica Martín Sosa, quienes pueden emitir “manifestaciones de interés”, es decir entre quienes están presentando proyectos para cubrir las políticas “tractoras” del Plan de Recuperación y Resiliencia, son las grandes corporaciones cuyo fin último es su propio beneficio, recuerda Martín Sosa.

Las contrapartidas

No hay nada escrito (aún) sobre cuáles son las contrapartidas que el Estado ha dado para la aprobación de un paquete de fondos sin precedentes en la historia de la Unión Europea. Hay más ruido que texto, algo en lo que ha incidido el halcón del ordoliberalismo alemán, Wolfgang Schäuble, en una entrevista reciente en Financial Times. En cualquier caso, el reciente episodio en torno a la reforma de las pensiones, que provocó un desmentido por parte del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá y la protesta de Unidas Podemos sobre los términos en los que había sido propuesta la reforma ─que incluía el aumento de diez años en la base de cotización─, indican cuál es el movimiento que Bruselas espera de la puesta en marcha de Next Generation.

En Unidas Podemos prefieren remitirse al acuerdo de Gobierno respecto a pensiones, subida del salario mínimo interprofesional y derogación de la reforma laboral antes que entrar a valorar si estos elementos pueden entrar dentro de las famosas contrapartidas a los 750.000 millones del que ha sido celebrado como un “Nuevo Plan Marshall” europeo e incluso como el inicio del Green New Deal de transformación en clave ecológica de la economía de la Unión.

Colectivos como la PAH, Ecologistas en Acción o ATTAC reclaman “una verdadera transición ecosocial y una promoción de la economía social, solidaria, feminista y sostenible”, para lo que convocan a la ciudadanía el próximo sábado 30

Las organizaciones ATTAC, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Extinction Rebellion, Feministas por el Clima, Juventud por el Clima–Fridays for Future y Plataforma de Afectados por la Hipoteca, en una convocatoria lanzada ayer, 27 de enero, denuncian la falta de transparencia y reclaman “una verdadera transición ecosocial y una promoción de la economía social, solidaria, feminista y sostenible”. Algo con lo que, a priori, mucha gente estaría de acuerdo pero que no va a suceder en el caso de que el Congreso hoy apruebe por la vía rápida el decreto de recuperación y resiliencia tal y como está planteado. Esas organizaciones han convocado el sábado 30 de enero concentraciones delante de la Delegación de Gobierno de distintas ciudades ─y en el Congreso de los Diputados─ para evitar que el debate en torno al plan económico más importante de lo que va de siglo pase como una exhalación ante los ojos de la ciudadanía.