Corrupción
El Supremo investiga al rey emérito por la construcción del AVE a La Meca
“Dada la trascendencia institucional de la investigación”, indica el Tribunal Supremo, un equipo de cuatro fiscales proseguirá con las diligencias iniciadas en Anticorrupción por la construcción de los 450 km de AVE que une Medina con La Meca, en Arabia Saudí.
Juan Carlos I, rey emérito de España, está siendo investigado por el fiscal especialista en delitos económicos del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, debido a la construcción del tren de alta velocidad que une las ciudades de Medina y La Meca, en Arabia Saudí.
El Tribunal Supremo ha asumido la investigación de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en la que está involucrado el rey emérito, Juan Carlos I, por indicios que apuntan a posibles delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal durante la construcción del tren de alta velocidad que va a La Meca.
El rey emérito perdió su condición de inviolabilidad en 2014, cuando abdicó del trono, pero conserva el aforamiento. Por ello, es necesario que las investigaciones judiciales contra su persona se eleven, y así la investigación ha pasado de la Fiscalía Anticorrupción, al máximo órgano judicial de España, el Tribunal Supremo.
Para que las diligencias que partieron de Anticorrupción prosigan, el fiscal general del Estado ha designado al fiscal Juan Ignacio Campos Campos y, “dada la trascendencia institucional de esta investigación”, será auxiliado por un equipo de tres fiscales del Supremo, “que asumirán la innegable complejidad técnica de estas diligencias”.
Las diligencias abiertas por Anticorrupción investigaban un posible delito de cohecho internacional en la construcción del AVE saudí, que fue inaugurado en 2018. Como en el Estado español, este AVE lo explota Renfe, mientras Adif se ocupa del mantenimiento. La línea cubre una distancia de 450 kilómetros y, en octubre de 2011, el proyecto fue adjudicado a un consorcio por un total de 6.736 millones de euros. Tras dos retrasos en la construcción, se estima que el presupuesto se amplió hasta los 7.100 millones de euros.
El consorcio está integrado por doce empresas españolas —Adif, Cobra, Consultrans, Copasa, Dimetronic, Imathia, Inabensa, Ineco, Indra, OHL, Renfe y Talgo— y dos saudíes, Al Shoula y Al Rosan.
La investigación tiene su paralelismo con otra que transcurre en Suiza. El fiscal jefe del cantón de Ginebra, Yves Bertossa, investiga un presunto delito de blanqueo agravado de capitales por un supuesto pago de comisiones relacionadas con la adjudicación a empresas españolas de la construcción del AVE. Según publicó el pasado mayo El País, el fiscal sostiene que, en 2008, el rey emérito recibió una donación de Arabia Saudí por valor de 65 millones de euros y, en 2010, otra de 1,7 millones del rey de Bahréin. Ambas donaciones fueron presuntamente ingresadas en una cuenta suiza del rey emérito y la de 65 millones, posteriormente transferida a una cuenta de su amiga íntima Corinna Larsen.
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