Coronavirus
Comentarios y propuestas desde una perspectiva social a las medidas del Gobierno

En una serie de comentarios queremos exponer desde nuestro punto de vista la repercusión que tienen algunas de las medidas tomadas por el Gobierno estatal y la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como reclamar otras que consideramos muy necesarias para mantener a flote a ciertos sectores sociales que están siendo los mayores sufridores de esta crisis global.

Por tanto, desde nuestra más absoluta humildad queremos contribuir a la aclaración de lo que nos parece que se diluye en tanta propaganda: que la violencia de clase está presente en casi todas las medidas tomadas por los poderes políticos nacionales y regionales.

SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LOS DESPIDOS

Los empresarios seguirán haciendo despidos a todo tren puesto que lo que se ha prohibido es el despido procedente, por razones objetivas, y el hecho de que al empresario le cueste algo más de dinero no va a ser ningún impedimento para que despida fuerza de trabajo y siga creciendo en los próximos meses el paro. Esto lo estamos viendo todos los días en nuestros pueblos.

Además, en el caso de ciertas actividades laborales en los que se contrata por unas horas, días o semanas, no hay prejuicios ni controles de ningún tipo que impidan que se despida a los trabajadores y trabajadoras, caso de quienes trabajan en el campo, la construcción, la restauración, etc. se van a casa sin la más mínima protección social, sin cobrar nada de nada.

SOBRE LA SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES NO ESENCIALES

La suspensión de las actividades no esenciales que indudablemente van a servir para frenar la propagación del virus, y que desde las organizaciones sociales en las que militamos hemos pedido reiteradamente, es un hecho que desde el poder gubernamental y desde ciertos medios de comunicación se está presentando como favorable a la clase trabajadora, lo cual necesita aclaración.

En primera instancia, una vez que pase este terrible problema sanitario, los trabajadores y trabajadoras afectados tendrán que recuperar las horas que se han perdido durante los días en los que se suspenden estas tareas laborales no esenciales. Es decir, que la clase obrera no disfrutará de horas como en ciertos sectores se está interpretando. Además, nos preguntamos ¿cómo se hará la recuperación de las jornadas no trabajadas? ¿Como horas extras? como vacaciones que es lo que pretenden algunos empresarios?, ¿qué criterios se van a seguir desde el gobierno para redistribuir esas horas?, etc.

En fin, en este punto habrá que esperar la negociación de los sindicatos ante la patronal que como es costumbre querrá apretar bien las tuercas para obtener los máximos beneficios de la situación. Por lo que estamos percibiendo, la Patronal querrá que esas jornadas sin trabajar se consideren como vacaciones. Veremos qué opina el gobierno y los sindicatos sobre esto.

No quisiéramos entrar en cómo se trata a unos y otros. Pero ya que hablamos de este asunto, brevemente mencionar que sería un buen momento de recuperar el dinero que se le dio a la Banca, nos vendría muy bien para ayudar en la lucha contra la crisis sanitaria y, contra lo que venga después. No se trata igual a los ricos que a los que venden su fuerza de trabajo. Mientras se recupera el trabajo de unos, no se recuperan los fondos cedidos a la banca. De esto ni mencionarlo siquiera.

Tampoco estaría dentro de la anormalidad institucional intentar recuperar el dinero que los Borbones tienen escondidos en Suiza y en los paraísos fiscales, producto de los negocios comerciales aprovechando su posición institucional y que con el tiempo la opinión pública española está conociendo.

Además, es un buen momento para tomar decisiones de ahorro por parte del Estado y de nuestra Comunidad Autónoma, suprimiendo los gastos innecesarios que se emplean para mantener el rancio y anticuado privilegio del que disfrutan con buenas prebendas los exdirigentes políticos que tenemos en este país, incluyendo a los de Extremadura.

Tampoco estaría mal revisar el presupuesto destinado a mantener a la numerosa milicia aduladora del poder que campea ocupando muchas consejerías y a los que se encuentran adosados como sanguijuelas viviendo a costa del aparato político-administrativo regional, realizando funciones aparentes sin cometido alguno, y con discursos sindicales de defensa de las clases trabajadoras y empresariales.

SOBRE LOS ERTES

En cuanto a los ERTES entendemos que es un acto político totalmente favorable a los empresarios. En principio, se les quita un peso de encima, no tendrán que correr con las nóminas ni con la seguridad social de los trabajadores, el Estado se hace cargo de todo esto.

Con esta medida administrativa las grandes empresas y multinacionales están mandando a diestro y siniestro a un buen número de trabajadores al paro. No obstante, a pesar de las normativas y de las amenazas del Estado de exigir la devolución de las ayudas y subvenciones concedidas en caso de que no vuelvan a aceptarlos en sus puestos de trabajo, habrá quienes aprovechen la ocasión para hacer reconversiones encubiertas con dinero público, y/o poner al día las estructuras obsoletas de muchas empresas que en la actualidad son verdaderos zombis con las generosas subvenciones del gobierno.

Como manifiestan muchos expertos, hubiera sido más sencillo que se prohibiera el despido por las empresas, como se ha hecho en otros países europeos, y en su lugar, el Estado contribuyera económicamente de otra manera para sostener los empleos, y recuperar el conjunto de la producción una vez que hubiera pasado todo este problema de salud nacional. Pero eso sería otra forma de visualizar la solución a estas enormes contradicciones de clases que están presentes en la sociedad capitalista.

Una pregunta que cada vez con más intensidad ocupa el cerebro de la gente normal y corriente ¿hasta dónde va a ser posible que llegue la deuda del Estado haciéndose cargo de todas las prestaciones y la seguridad social de los afectados por los ERTES? No es necesario disfrutar de buenos conocimientos en materia económica para intuir y sospechar que la deuda del Estado va a ser enorme, y eso no es nada bueno porque si no nos organizamos y espabilamos sus efectos serán perjudiciales para el futuro de los sectores sociales más humildes, ya tenemos la experiencia de lo que ocurrió tras la crisis del 2008, más paro, recortes en servicios públicos, etc.

Ahora bien, los que se van a aprovechar de los ERTES son las grandes empresas que han obtenido beneficios millonarios en años pasados, y van a tener la posibilidad de seguir enriqueciendo sus patrimonios y multiplicando sus medios de producción, sus empresas y fábricas, muchas de ellas radicadas fuera del territorio español, en algunos de estos lugares los trabajos productivos se realizan en la más severa esclavitud. Estos grandes empresarios aparentan una falsa filantropía donando elementos a la sanidad pública para lavar una conciencia teñida de explotación laboral, elusión de impuestos y paraísos fiscales.

No resulta extraño que periódicamente la opinión pública descubra que estos poderosos empresarios tienen su dinero escondido en paraísos fiscales, a pesar de que se están beneficiando de las subvenciones y las numerosas exenciones y bonificaciones en el pago de impuestos a la hacienda pública de nuestro país.

Los miles de millones en avales que se van a utilizar para financiar la salida a la crisis económica irán a manos y serán aprovechados en un porcentaje importantísimo por las entidades bancarias para conceder préstamos a las empresas que ellos controlan, y de las que son sus dueños. Las estructuras de poder de las grandes empresas están penetradas y en poder de los accionistas dueños de la banca.

Muchos empresarios honrados y trabajadores autónomos serán incapaces de acceder a estas ayudas, ya estamos viendo que gente que acude a pedir un préstamo tiene que olvidarse de él porque la financiación del mismo, por una cosa u por otra, le supone un porcentaje importante de la cantidad pedida.

La mayor parte de las medidas económicas están pensadas para favorecer a la clase empresarial y quienes sufrirán las consecuencias de la crisis que tenemos y de la más fuerte que se avecina serán la clase obrera, los autónomos y pequeños empresarios. Las previsiones de las organizaciones de trabajadores autónomos es que desaparecerán más de 500.000.

SOBRE LAS RENTÁS BÁSICAS

En cuanto a la gestión de las rentas básicas y rentas garantizadas de inserción esperamos que las solicitudes que hay pendientes de resolver y las renovaciones de otras que se deben hacer en estas fechas se lleven a cabo puntualmente, y en el mes de Abril puedan cobrar todas las personas que viven pendientes de estas ayudas sociales.

Las últimas declaraciones de los dirigentes regionales acerca del cumplimiento de los términos anteriores debe ser una realidad ya que las incertidumbres entre las personas acogidas a estas protecciones sociales son considerables, dado que se encuentran en un estado de precariedad económica que a la más mínima el desequilibrio vital se transforma en un drama; si falta o se retrasa esta ayuda social, no pueden alimentarse diariamente.

En cuanto a la supresión del seguimiento y exigencias de los Proyectos Individualizado a las personas acogidas a estas rentas mínimas durante el estado de alarma, es una actuación lógica puesto que para cumplirlo deben salir de casa y ahora es imposible; en todo caso, este elemento que forma parte de los deberes de quien percibe la renta debería suprimirse de manera definitiva. El proyecto Individualizado de Inserción es un instrumento para la vigilancia y el control social de los pobres, y además un buen filtro para eliminar rentas mínimas, no tiene otro objeto.

En este orden de cosas, seguimos exigiendo la implantación de unos ingresos para quienes no tienen absolutamente nada, y para que otras personas puedan complementar los ingresos mínimos. Las pensiones no contributivas no llegan a los 400 euros, son muy insuficientes para hacer frente a las exigencias vitales imprescindibles. La suma de una cantidad que complete hasta un ingreso decente mejoraría el nivel de vida y sería beneficioso individualmente y para el conjunto de la sociedad.

Muchas personas se han quedado en la estacada, antes obtenían sus ingresos recurriendo a tareas parciales, temporales, por horas pero que les permitían sobrevivir, valgan como ejemplos algunos casos: personas que trabajaban en los bares, en los restaurantes, en la limpieza de casas, echando algunas horas cuidando a personas mayores y dependientes, recogiendo chatarras y cartones en las calles, trabajando en la agricultura, en los mercadillos, es decir un montón de gente que de una manera ú otra trabaja en la economía sumergida.

Todas estas personas que aportan, según los datos estadísticos, algo así como el 30 % del PIB, es decir muchos cientos de millones de euros, han quedado fuera de todas las normativas de protección social del gobierno, no pueden acogerse a ningún programa oficial por cuestiones elementales: ¿Cómo demuestran que están en el paro? ¿Cómo van a pagar el alquiler de la vivienda, y en todo caso como demuestran que no tienen para desembolsar esa cantidad si el contrato con el casero está fuera de lo reglamentario, o no hay contrato? ¿Cómo van a pedir un préstamo al banco si no tienen la mínima garantía para ofrecerles nada? ¿Cómo van a pedir un préstamo si no tienen para pagar el seguro que por norma general les exigirá el banco?, etc.

Sin la menor duda, estarán a en poco tiempo en la indigencia más absoluta; en ese estado se verán obligados a romper ciertas normas del sistema y realizar actos imprescindibles para su supervivencia. Con las ayudas de alimentos que distribuyen las organizaciones sociales no se resuelve el problema.

Incidiendo nuevamente en los trámites burocráticos para acceder a la Renta Garantizada Extremeña. Insistimos una y otra vez que a la hora de la concesión de una determinada ayuda es prioritario valorar las necesidades de las personas antes que los requisitos burocráticos que hasta la fecha se están imponiendo sobre el derecho más elemental que es el poder vivir dignamente. Consideramos que es el momento para eliminar gran parte de la burocracia que se exige para acceder a las ayudas sociales; hay que quitar de la circulación un montón de requisitos que sólo sirven para que muchas personas o familias queden fuera de esos programas sociales.

Las casuísticas que impiden el acceso a la renta básica casi siempre suelen derivar del estado de pobreza: hay quien no puede presentar el requisito del empadronamiento porque viven con padres o parientes al carecer de recursos materiales para alquilar y habitar una vivienda independiente; otras no alcanzan esa ayuda mínima porque no tienen un convenio regulador con su expareja, cuya separación resultó traumática; en otros casos, porque la pareja ha trabajado o trabaja unas semanas aprovechando la temporada y no sólo se le deniega esta ayuda social sino que se la hace devolver el dinero en el caso de que haya cobrado mientras trabajó su pareja, etc..

La violencia de clase es una condición que el aparato administrativo practica con los desheredados de la tierra.

SOBRE LOS ALQUILERES DE VIVIENDAS Y SUMINISTROS BASICOS

En lo referente a la exoneración del pago de los alquileres de las viviendas sociales, es una cuestión que consideramos muy positiva dada la difícil situación que atraviesan quienes habitan en ellas, y este proceder es el que se debería seguir en otras cuestiones.

Respecto a la suspensión de los plazos de pagos de los suministros básicos de luz, agua y gas, señalar que a pesar de las declaraciones de los representantes de la Administración de que no se cortarán los suministros básicos, hay compañías que siguen enviando escritos amenazantes de cortes del suministro. Lo que pone de manifiesto la filosofía de estas empresas.

Es urgente que los poderes institucionales tomen la decisión de la exoneración inmediata del pago de los suministros básicos; sin duda, es preferible que en este asunto se tenga la suficiente firmeza ante las compañías suministradoras y se resuelva lo antes posible, de otro modo nos parece que el conflicto social es inevitable, y no tardará en producirse en unos meses, cuando la capacidad económica a consecuencia de la situación de desempleo se haya deteriorado de tal manera que sea imposible pagar las cantidades acumuladas en los retrasos durante el tiempo del Estado de Alarma.

No obstante, seguimos exigiendo que a muchas familias que no alcancen unos mínimos económicos, que no lleguen al umbral de la pobreza, no se les cobre nada, no se trata de suspender y retrasar, nada de eso, hay que exonerarles de ese pago permanentemente.

Es una evidencia que durante todos estos años las compañías eléctricas y otras empresas concesionarias de servicios públicos, muy caracterizadas por desarrollar y dar vida en sus consejos directivos a las puertas giratorias, atributo poco ético que les ha permitido disfrutar de las gracias de los gobiernos y así obtener beneficios opulentos, porque ahora contribuyan con la sociedad a superar esta situación de dificultades no les debe suponer pérdidas importantes para sus ricas cuentas patrimoniales.

Los Mínimos Vitales, ayudas de la Junta para que las familias vulnerables puedan abonar los gastos que hacen de ciertos suministros básicos hasta unos límites determinados, deberían haber estado listos desde hace meses en los Municipios para que los pagos que cubren no se retrasaran. Como aún no han llegado, muchas de las personas que se acogen a aquellos están pasando por el mal trago de la incertidumbre y la angustia, soportando la amenaza de la posibilidad del corte. De todos modos, esperamos que a nadie se le corten los suministros básicos.

Nos parece acertado que a consecuencia de todos estos problemas se amplíe el número de personas que pueden recurrir a los bonos sociales.

En cuanto a los programas de ayudas al alquiler. La realidad de las cosas es muy compleja. Hay personas que en este trance complicado podrán llegar a acuerdos con los propietarios de las viviendas en las que habitan y ejecutar moratorias de pagos.

Habrá quienes no lleguen a este tipo de acuerdos. En estos casos, el procedimiento descrito es que el arrendatario pide un préstamo a una entidad bancaria para pagar el alquiler; si por diversas circunstancias y llegado el caso de la imposibilidad de pagar el crédito solicitado, se puede recurrir a la Comunidad Autónoma que te dará una ayuda para pagar lo solicitado a la entidad bancaria, y aquí paz y allí gloria. Todo resuelto. Pero la realidad es muy distinta. Las familias que pueden acceder a esto son quienes se encuentran dentro de la fracción del espectro humano de los desamparados que se llama vulnerabilidad estructural.

Todo esto es una pura entelequia. Vayamos a la realidad de las cosas. La gente que se encuentra en un estado económico-social de vulnerabilidad estructural, no tiene un contrato de alquiler regulado, y difícilmente reúne las garantías económicas para que una entidad financiera les conceda un préstamo.

La mayor parte de todas estas personas no han obtenido con anterioridad préstamos hipotecarios porque no han podido presentar las garantías exigidas por las entidades financieras para otorgarles una hipoteca. Son personas y familias que están a la espera de una vivienda social, y mientras tanto viven como pueden, con las familias o en pisos alquilados, pero que por una razón u otra no reúnen las condiciones para acogerse a los programas de ayudas oficiales del gobierno.

La política errática en materia de viviendas seguida durante muchos años por la Junta de Extremadura al servicio de los intereses privados, ahora emerge con fuerza. Por lo que es una prioridad, es una necesidad, que una vez que pase la crisis sanitaria el Estado y la Junta pongan en pie una política al servicio de los intereses públicos, que tenga como objetivo central el aumento del número de viviendas sociales.