Contaminación
El Supremo pone fin a la última excusa de las autonomías para no elaborar planes de calidad del aire sobre el ozono

Se acabó la excusa que durante años han puesto los gobiernos autonómicos para no tomarse en serio el puesta en marcha de planes de calidad del aire para reducir el ozono troposférico (O₃). La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia inédita en España por la que obliga a las comunidades autónomas a aprobar planes para hacer frente a este contaminante secundario producido por la reacción entre el dióxido de nitrógeno y los hidrocarburos emitidos por el transporte y algunas industrias. En la práctica, el fallo obliga a las doce comunidades autónomas en las que se han rebasado los niveles legales de calidad del aire relativos al O₃ a elaborar planes para reducir este gas en su territorio

La sentencia, que resuelve definitivamente una demanda interpuesta por Ecologistas en Acción Castilla y León (EeA-CyL) ante la negativa este ejecutivo autonómico para elaborar planes de calidad del aire relativos al 0³ por la ausencia de un plan nacional específico, señala “la obligación de elaboración de los planes y programas para la protección de la atmósfera y para minimizar los efectos negativos de la contaminación atmosférica que corresponde a las comunidades autónomas no está vinculada a la previa elaboración por el Estado de los Planes respectivos, que le competen en la materia”.

“La falta de un Plan Nacional específico para combatir el ozono troposférico ha sido durante años la coartada de muchas Comunidades Autónomas para incumplir sus obligaciones legales en materia de protección del medio ambiente y la salud pública”, denuncian desde EeA-CyL. 

Lejos de ser un problema castellanoleonés, esta situación se repite en las 60 zonas —del total de 126 en las que se subdivide el territorio español para evaluar y gestionar la calidad del aire— de 12 comunidades autónomas donde se han superado los límites legales sobre calidad del aire desde 2010: Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Catalunya, País Valencià, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra y País Vasco. La población afectada supone más de la mitad del total español: 30 millones de personas en una superficie de 380.000 kilómetros cuadrados.

De Castilla al Sur de Europa

Con la sentencia del Supremo se pone fin al intento de Castilla y León de demorar el cumplimiento de una sentencia dictada en octubre de 2018 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que declaró la obligación del Gobierno de esta Comunidad de elaborar y aprobar “a la mayor brevedad” los preceptivos Planes de Mejora de la Calidad del Aire en las zonas Salamanca, Duero Norte, Duero Sur, Montaña Sur, Valle del Tiétar y Alberche, y Sur y Este de Castilla y León, a las que por incumplimientos en años posteriores se añadieron Valladolid y Soria y Demanda, sumando una población de 1,7 millones de personas afectadas.

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Investigadores de la Universitat Politécnica de València (UPV) constatan que los niveles de dióxido de nitrógeno han disminuido un 64% de media en las ciudades del Estado.

El Supremo señala además la existencia desde hace una década de altos valores de O₃ no solo en la práctica totalidad del territorio castellanoleonés, sino también del español y del sur de Europea. “La solicitud de la que dimana el presente recurso se presentó en el año 2016, y ya en el año 2012, se aprecian zonas en las que se superan los valores objetivos, como se desprende de los informes emitidos por la propia comunidad autónoma, sin que transcurridos ya más de seis años […] se haya adoptado Plan alguno”, indican los magistrados.

Sentencia pionera

Desde Ecologistas en Acción hacen hincapié en la importancia del dictamen del Supremo ya que “es la primera vez que el Alto Tribunal español declara la obligación legal de elaborar planes autonómicos de calidad del aire para el ozono, sobre la base del derecho nacional, siendo coherente así con las resoluciones adoptadas en los últimos años por tribunales de Alemania, Bélgica, Holanda, Italia, Polonia o Reino Unido en el mismo sentido, sobre otros contaminantes”.

Además de la demanda en Castilla y León, en Catalunya, Madrid y Navarra Ecologistas en Acción ha presentado demandas judiciales en el mismo sentido, acciones que se extenderán en las próximas semanas a los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Aragón, Baleares y País Valenciano.

La Agencia Europea de Medio Ambiente estima entre 1.500 y 1.800 las muertes prematuras anuales en España producidas como consecuencia de la exposición a niveles de ozono como los registrados habitualmente en verano en el centro y sur de España. Por inhalación, provoca irritación de los ojos y vías respiratorias superiores, reducción de la función pulmonar, un incremento del riesgo de enfermedades respiratorias agudas como enfermedad pulmonar obstructiva crónica y asma, así como el agravamiento de patologías cardiovasculares, con resultado de hospitalización o muerte.

El ozono es, además, tóxico para la vegetación, dañando los bosques y reduciendo la productividad de los cultivos.

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