Ozono troposférico, el contaminante que respiraron tres de cada cuatro personas en España a pesar de la pandemia

En los diez primeros meses del año, el 73% de los residentes en España respiraron niveles superiores de ozono troposférico a los recomendados por la OMS a pesar de que la contaminación por este gas tóxico se redujo un 37% respecto a los niveles de la década anterior.
ozono troposférico peninsula iberica espacio
La península Ibérica, fotografiada por el astronauta Thomas Pesquet desde la Estación Espacial Internacional el 15 de octubre de 2021.

Coordinador de Clima y Medio Ambiente en El Salto. @pablorcebo.bsky.social, pablo.rivas@elsaltodiario.com

16 nov 2021 13:07

Una de cal y otra de arena. Un año más, el ozono (O3) troposférico es el contaminante que más afecta a la población española: tres de cada cuatro habitantes —el 73%— ha respirado aire contaminado por este gas tóxico en los diez primeros meses de 2021. Es una mala noticia que contrasta con una drástica caída de los niveles de O3: la presencia de este gas se redujo un 37% en España respecto al año anterior.

Los datos los ofrece el informe La contaminación por ozono en el Estado español durante 2021, realizado por la confederación Ecologistas en Acción, un avance que analiza la información recopilada en las 480 estaciones integradas en el Visor de Calidad del Aire del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) y los diferentes sistemas de medición de los que disponen diferentes administraciones.

La contaminación por ozono troposférico supone la muerte prematura de entre 1.500 y 1.800 personas solo en España, según la Agencia Europea de Medio Ambiente

El ozono presente en la troposfera —la capa más baja de la atmósfera—, “conocido como el ‘ozono malo’, nada que ver con el que existe en la capa de ozono, el ‘ozono bueno’, es un contaminante a nivel de superficie tóxico para las personas y la vegetación”, señala Miguel Ceballos, coordinador del informe. Se trata de contaminante peculiar, ya que no es emitido por una fuente humana directamente, sino que se forma por reacciones químicas entre contaminantes creados por la acción del Homo sapiens —principalmente por el humo de los vehículos a combustión y la actividad industrial—, en presencia de radiación solar.

El gas omnipresente

A pesar de que 34,6 millones de personas se vieron afectadas por el ozono en el 84% del territorio español durante el verano (se trata de un contaminante que se forma principalmente en el estío), los investigadores resaltan que la reducción de la movilidad por la crisis de la covid–19 ha provocado una mejora sin precedentes de la calidad del aire en relación al ozono que respiramos. “En 2021, las superaciones tanto del nivel legal como del establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) se han reducido muy drásticamente respecto a las registradas en la década anterior”, apunta Ceballos. En concreto, descendieron en el conjunto del territorio español un 58% y un 37%, respectivamente, respecto al promedio de los años 2012-19.

Se da la circunstancia de que, mientras para la OMS el umbral máximo permitido recomendado es de 100 μg/m3 de promedio ocho horas en un día, las normativas española y europea son más laxas y apuntan que el valor para la protección de la salud no debe superar los 120 μg/m3 durante ocho horas en un solo día. Asimismo, establecen un umbral para informar la población cuando se den promedios horarios superiores a 180 μg/m3 y un umbral para alertar a la ciudadanía de 240 μg/m3.

Once comunidades autónomas no han aprobado aún planes autonómicos de calidad del aire para reducir la contaminación por ozono a pesar de que es obligatorio

Si se considera el valor de la normativa española y comunitaria, la población que ha respirado aire contaminado sería de 1,4 millones de personas, un 3% del total, lo que supone entre ocho y diez millones de afectados menos que en años anteriores a la pandemia. “Se trataría de la cifra más baja de personas afectadas desde la entrada en vigor del objetivo legal, en 2010”, destacan desde Ecologistas en Acción.

Las razones de la drástica reducción son claras para los investigadores. “Está relacionado con las medidas de restricción de la movilidad para luchar contra la covid-19”, expone el coordinador del informe, medidas que se prolongaron en buena parte de 2021. “Influye además que hemos tenido un verano menos cálido y más húmedo que otros”, añade, circunstancias ambas que no favorecen la formación de este gas tóxico.

1.800 muertes

A pesar de los avances, la confederación recuerda que la contaminación por ozono troposférico supone la muerte prematura de entre 1.500 y 1.800 personas solo en España, según la Agencia Europea de Medio Ambiente. Las personas más afectadas son los niños, los mayores y las mujeres embarazadas, así como quienes padecen enfermedades cardiorrespiratorias crónicas. Es por ello que abogan por considerar a esta situación como problema sanitario de primer orden.

Ecologistas en Acción ha denunciado judicialmente lo que considera “inactividad” por parte de los gobiernos de Castilla y León, Catalunya, País Valencià, Madrid y Navarra

Además, remarcan el alto coste sanitario y laboral de este contaminante: “5.000 millones de euros en 2013, un 0,33 % del PIB español, según el Banco Mundial, sin considerar los daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales”. Según señalan desde la confederación ecologista, solo los costes económicos de la menor producción de dos cultivos como el trigo y el tomate por su exposición al ozono en España se estimaron en 800 millones de euros en el año 2000, el 3,2 % del PIB agrícola.

La confederación ecologista pide al Ministerio que agilice el Plan Nacional de Ozono en elaboración, y que exija a las comunidades autónomas que cumplan con sus propias obligaciones en la materia. Once comunidades autónomas —Andalucía, Aragón, Illes Balears, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Catalunya, Comunitat Valenciana, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco— no han aprobado aún planes autonómicos de calidad del aire para reducir la contaminación por ozono a pesar de que es obligatorio, según establece no solo la legislación sino la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Ecologistas en Acción ha denunciado judicialmente lo que considera “inactividad” por parte de los gobiernos de Castilla y León, Catalunya, País Valencià, Madrid y Navarra, con recursos vistos para sentencia.

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