Congreso de los Diputados
Ojitos a Junts: el PSOE intenta salvar la mayoría con más ayudas a caseros y mano dura para delitos menores

Mientras el ministro de la Presidencia, Felix Bolaños, presentaba el real decreto ley 16/2025 que juntaba en un mismo texto la revalorización de pensiones o la prórroga del “escudo social” entre una larga lista, el PSOE movía posiciones para intentar a la desesperada cambiar el voto de Junts. 

Esos gestos quedaron opacados por el ruido de la primera derrota parlamentaria del Gobierno en 2026. En el mismo discurso de Bolaños, se filtraron esos guiños a su aliado de investidura más indómito. “Somos conscientes desde el Gobierno que quien alquila una vivienda puede tener dudas”, admitía este diputado del PSOE, quien dedicó todo un minuto a hablar de los problemas de los caseros y solo ocho segundos a los 60.000 hogares que se exponen a perder su vivienda, su barrio y sus lazos más cercanos por el fin de la moratoria.

Para vencer esas dudas, Bolaños anunció una dotación de 300 millones de euros para los avales para casos de impago del alquiler en pequeños arrendadores. “Nuestro compromiso con los ciudadanos que alquilan su vivienda no termina aquí”, continuaba el portavoz socialista. Según afirmó, el Gobierno está estudiando “fórmulas para ampliar y mejorar este mecanismo para proteger a los pequeños arrendadores”. Los avales para propietarios habían sido aprobados el 9 de diciembre en Consejo de Ministros aunque todavía no contaba con presupuesto propio. Para acceder a estos avales, los propietarios deben cumplir una serie de condiciones, entre ellas, alquilar el piso a menores de 35 años o a personas vulnerables, siempre por debajo del índice estatal de referencia.

En el discurso Bolaños habló de “compromiso” con los propietarios, a los que hay que “proteger”, unas palabras que no utilizó con las decenas de miles de familias vulnerables que han visto en los últimos cinco años cómo cada navidad se renovaba la amenaza de desahucio, y, cómo esta vez, con la moratoria suspendida, esta amenaza es más real que nunca. 

En el discurso en el Congreso, Bolaños habló de “compromiso” con los propietarios, a los que hay que “proteger”, unas palabras que no utilizó con las decenas de miles de familias vulnerables que pueden ser desahuciadas

No es la primera medida del PSOE en este sentido. Frente a la demanda de renovación automática de los 630.000 contratos que vencen este año y que podrían convertirse en “desahucios invisibles”, tal como denunciaron los sindicatos de inquilinos, la propuesta del Gobierno fue la de ofrecer deducciones fiscales del 100% a los inquilinos que no subieran el precio. Una medida que causó indignación entre el movimiento de vivienda y los aliados parlamentarios de la izquierda. 

También esa mañana del 27 de enero, mientras los diputados debatían sobre el polémico real decreto, se hacía público un nuevo gesto de acercamiento del PSOE al partido de Carles Puigdemont: incluía en el orden del día del Congreso del próximo 12 de febrero el debate de la proposición de ley contra la multirreincidencia para su aprobación. 

Una semana después de que Junts dé por rotas la negociaciones con el Gobierno, el 27 de octubre del pasado año, los socialistas reactivaron la tramitación de la norma contra la multirreincidencia, que la derecha nacionalista había registrado el pasado abril y que el PP apoya. En diciembre se hacía público un acuerdo entre estos tres partidos para aprobarla después de negociar varias modificaciones.

La proposición de ley plantea imponer penas de prisión de seis a 18 meses a aquellas personas que acumulen tres condenas por hurto leve sin necesidad de que el total de todas las infracciones supere los 400 euros, tal como se recoge actualmente. Además, la propuesta plantea establecer penas de prisión de uno a tres años en el caso de robo de móviles u otros dispositivos similares. 

El otro frente en el que está trabajando el Gobierno para rehacer el bloque de investidura es la transferencia de las competencias de migración a la Generalitat de Catalunya después de que Podemos y dos diputados de Sumar votaran en contra el 23 de septiembre de 2025. Entonces, el partido morado tildó la ley de “abiertamente racista”. La secretaria general del partido, Ione Belarra, la definió en una entrevista en RNE como una “amenaza” para la cohesión social que serviría a Junts “para competir” con Aliança Catalana para “ver quién es más racista”. El fracaso de esta votación en el Congreso fue uno de los motivos declarados por Junts para afirmar a finales de octubre que había roto con el Gobierno.

La negociación entre el PSOE y Podemos para la regularización de medio millón de migrantes, dando respuesta a años de lucha de la plataforma Regulación Ya, podría allanar la aprobación de esta transferencia, especialmente si se producen algunos cambios en la formulación de la norma. Junts se ha mostrado dispuesto a cambiar el preámbulo de la ley, donde se recoge la exposición de motivos y  se identifica la migración con el colapso de los servicios públicos, pero nada del articulado.

“Nosotras siempre hemos estado dispuestas a negociar un texto para que no tenga ningún contenido racista y siempre dijimos que antes de hablar de competencias había que hablar de derechos”, dijo la eurodiputada Irene Montero.

La exministra de Igualdad declaró que la regularización era “uno de los elementos fundamentales” para que un traspaso de competencias a Catalunya “no refuerce el racismo” y la “violencia institucional” contra las personas migrantes.

La ley de multirreincidencia plantea imponer pena de prisión de seis a 18 meses a aquellas personas que acumulen tres condenas por hurto leve sin necesidad de que el total de todas las infracciones supere los 400 euros

La aprobación del traspaso de competencias de migración, advirtió la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, no cambiará su disposición de romper con el PSOE. “Nosotros ya hemos pagado y cumplido”, declaro la diputada catalana.

Otra ley cuya aprobación podría ayudar a mejorar las relaciones entre el PSOE y Junts es la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para agilizar algunos casos de ocupación y limitar las garantías de las familias vulnerables que se enfrentan a un proceso de desahucio. La proposición de ley fue admitida a trámite en el Congreso en marzo de 2025 gracias a los votos del PSOE, pero, desde entonces, la norma no ha conseguido superar la fase de enmiendas en la Comisión de Justicia, algo que Nogueras reprochó al PSOE en su discurso del 27 de enero en el pleno.

Los trámites para que el catalán sea reconocido como lengua oficial de la UE, iniciados en octubre de 2025, también pueden ayudar a mejorar las relaciones, pero los límites de la ley de amnistía, que no ha llegado a beneficiar al propio Puigdemont y otros líderes independentistas, sigue siendo el principal obstáculo para una reconciliación que permita reconstruir el bloque de investidura.