Comunidad de Madrid
El “regalo” de suelo público para un colegio concertado en Colmenar Viejo indigna a la comunidad educativa

El pasado 10 de abril la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Colmenar Viejo firmaron un convenio que certificaba la cesión gratuita de una parcela de titularidad pública de más de 21.000 m² para la construcción de un centro educativo privado-concertado. Una decisión controvertida que se produce tras meses de protestas y con el rechazo explícito de la comunidad educativa local, que algunas organizaciones vecinales señalan como una pauta en la forma de gestionar el patrimonio público del actual gobierno.

En concreto la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde del municipio, Carlos Blázquez, ratificaron el llamado ‘Protocolo General de Actuación para la promoción de proyectos y actuaciones estratégicas’ en Colmenar Viejo, que ha anunciado más de 180 millones de euros en diferentes intervenciones. Dentro de las previstas en el “ampliación y modernización de la red educativa pública” se incluye la construcción de “un nuevo colegio público de Educación Infantil, Primaria y Secundaria en el barrio de Las Adelfillas, con 840 nuevas plazas escolares y una inversión estimada de 12,2 millones de euros”.

Lo que ni el convenio ni los anuncios recogen explícitamente, aunque ya se anunció en enero, es que este centro será concertado, no público, y que la cesión del terreno, valorado en 3,7 millones de euros, será gratuita.

Plazas públicas “dignas”

“Nos oponemos a que se planifique la escolarización pública contando con concertados antes incluso de que se construya el centro”, explica a El Salto Madrid Fran Arrieta, portavoz de la Plataforma por la Educación Pública de Colmenar Viejo y docente en la escuela pública. 

“Se está asegurando a una empresa privada tanto suelo público como el negocio de un concierto, no sabemos sin con décadas de beneficio”: Plataforma por la Educación Pública de Colmenar Viejo

“La idea de la escuela concertada original era que determinados centros privados concertasen unidades por necesidades de escolarización, pero en Madrid se pervierte esa idea”, añade. En el caso concreto de Colmenar, la plataforma considera que “se está asegurando a una empresa privada tanto suelo público como el negocio de un concierto, no sabemos sin con décadas de beneficio”. 

Arrieta explica que desde la plataforma “creemos que las Administraciones tienen que velar porque haya un número suficiente de plazas públicas en condiciones dignas. Si un empresario quiere montar un privado, no tenemos ningún problema, pero la prioridad debería ser la pública”. 

Una de las protestas de las familias era la necesidad de un nuevo instituto, ya que el municipio cuenta con menos centros de Secundaria que su vecino Tres Cantos

Tanto a favor o en contra de la operación coinciden en la necesidad de nuevas plazas educativas en el municipio. Las diferencias surgen precisamente en torno a que estas no sean 100% públicas, y a la definición de la “libertad de elección” de los padres. Una de las protestas de las familias era la necesidad de un nuevo instituto, ya que el municipio cuenta con menos centros de Secundaria que su vecino Tres Cantos a pesar de superarlo en población. 

En Colmenar Viejo, de algo menos de 60.000 habitantes y situado al norte de Madrid capital, con la que colinda en su zona sureste, ha gobernado el Partido Popular de manera ininterrumpida desde 1991, con Carlos Blázquez ocupando la alcaldía desde 2023 tras ostentar diferentes cargos en los diferentes gobiernos desde 2004. En las elecciones municipales de dicho año el PP obtuvo 12 concejales de 25, por 5 de PSOE, 3 de Vox, 3 de Podemos y 2 de Más Madrid.

La Plataforma organizó protestas a partir de este enero, cuando la cesión se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), y más tarde el 26 de febrero, en el pleno municipal en el que se votó. Lamentan el “poco tiempo” para conocer el proyecto o presentar alegaciones, así como falta de información.

Ampliar la oferta formativa

A consultas de este medio, el Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha respondido que el objetivo es “ampliar la oferta formativa del municipio” anticipándose al crecimiento demográfico previsto. Considera la administración que al existir dos proyectos de centros públicos —otro de Primaria y un instituto—, así se garantiza “la oferta y la calidad educativa para las familias”. 

Para el Consistorio ‘popular’ “una parte muy significativa de las familias opta por diferentes modelos educativos, y es importante tenerlo en cuenta en cualquier planificación educativa”, recordando que actualmente en España aproximadamente un 30% de los alumnos “se escolariza en centros concertados financiados con fondos públicos”. 

“El objetivo es que ninguna familia tenga que salir de Colmenar Viejo por falta de opciones” y “en ningún caso una oferta variada perjudica a la escuela pública; al contrario...” aseguran desde el Ayunatmiento de Colmenar

“El objetivo”, aseguran, es “que ninguna familia tenga que salir de Colmenar Viejo por falta de opciones” y “en ningún caso una oferta variada perjudica a la escuela pública; al contrario, fortalece el conjunto del sistema educativo y amplía oportunidades para los estudiantes y por ende, a sus familias para poder elegir con libertad”.

A este respecto desde la Plataforma alegan que el caso que se está dando en el municipio es el inverso, familias que deben optar por la concertada aunque no lo deseen. “Ningún estudiante se queda sin plaza, pero a veces los mandan a Madrid capital”, señalan. Su objetivo es ahora conseguir llevar la cuestión a la Asamblea de Madrid, y reactivar las movilizaciones cuando la Comunidad de Madrid saque a concurso el proceso. 

Y además insisten: “las plazas públicas tienen que tener condiciones dignas. Actualmente vivimos un proceso de devaluación de la escuela pública. Hasta ocho centros de Colmenar tienen deficiencias graves, ha habido un instituto sin limpieza veinte días porque no se cubrían las bajas, en otro se están pensando eliminar la sala de profesores para tener otro aula, etcétera…”. 

Una “política habitual” en Madrid

“Es una política desgraciadamente muy habitual en la Comunidad de Madrid”, señala por su parte Jorge Nacarino, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), a preguntas de El Salto. “Se dice que es para garantizar el derecho de libre elección, pero es al revés. Estamos viendo como de forma constante, por ejemplo en los nuevos desarrollos urbanísticos, a quien se está limitando el derecho de escolarización es a las familias que quieren que sus hijos se eduquen en la escuela pública”.

“Los equipamientos educativos deberían ser para que se desarrollasen y gestionasen de forma directa desde lo público”: Jorge Nacarino, presidente de la FRAVM

La organización vecinal considera que “las cesiones de suelo público deberían ser para actividades sin ánimo de lucro. Y en todo caso los equipamientos educativos deberían ser para que se desarrollasen y gestionasen de forma directa desde lo público”.  

Añaden que este modelo “se lleva a todo tipo de ámbitos, como acabamos de ver en los polideportivos de la ciudad de Madrid”. Considera Nacarino que “es la misma lógica: cesiones de suelo para el desarrollo de equipamientos de gestión privada, que dificulta el acceso a determinados sectores de población a ese servicio en igualdad de condiciones”.