Comunidad de Madrid
Programa de detección de cáncer de mama, 14 años de privatización e irregularidades

El programa de Deprecam de la Comunidad ha sido una muestra de la escasa efectividad de la privatización de un servicio sanitario.

Marea Blanca
Manifestación en defensa de la sanidad pública en octubre de 2016. Olmo Calvo

publicado
2018-04-25 07:21:00

Durante 14 años, el Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama de la Comunidad de Madrid (Deprecam) ha sido un programa fundamentalmente de gestión privada. Y no solo eso, sino que su desarrollo y gestión ha estado plagado de irregularidades, incompetencias, desigualdad y sobrecostes, según un informe del Grupo de Trabajo Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad).

Aunque el programa se inicia en 1999, es en 2003-2004 cuando se privatiza, tanto en la capital, a través de la adjudicación a clínicas privadas, como fuera de la capital a través de las unidades móviles, conocidas como “mamobuses”. En ambos se han detectado irregularidades.

En el caso de los mamobuses —que hasta este año se dedicaban al cribado en pueblos de la Comunidad—, desde Audita Sanidad denuncian que los concursos se adjudicaron a través de contratos negociados por exclusividad o sin publicidad, todos ellos con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). “Esto quiere decir que la Consejería de Sanidad considera que no hay nadie más que lo pueda hacer salvo la AECC, pero nosotros dudamos de que esto sea así”, dice Cathy Boirac, de Audita Sanidad.

De hecho, en el año 2012 se produce una “clara irregularidad” cuando se retira un pliego de adjudicación en el que se prohibía expresamente la subcontratación para volver a sacar otro “corregido” en el que se incluye la posibilidad de “contratar con terceros las prestaciones accesorias del contrato”. Esto permitió a la AECC alquilar mamógrafos al grupo Capio. “Adjudicaron a la AECC sabiendo que no tenía aparatos”, denuncia Boirac. Y además “se abrió camino a que Capio se hiciera cargo de la gestión de citaciones y del alquiler de mamógrafos”.

Concurso ‘Madroño’

Por otro lado, en la capital se puso en marcha el concurso Madroño en el año 2004, por el que el Deprecam se adjudicó a 27 clínicas privadas. La primera irregularidad se produjo, indican desde Audita, en ese primer contrato, que debía durar un máximo de seis años con prórrogas incluidas y acabó prolongándose durante nueve años. 

Pero lo más alarmante es el número de pruebas secundarias que se producen en estas clínicas después de la prueba de cribado. Aunque los estándares internacionales de calidad establecen que las pruebas secundarias no deben superar el 7%, en estas clínicas variaban en 2014 entre el 80,7% y el 11,8%, dependiendo del centro.

En 2017 pasaban a encontrarse entre el 47,5% y el 20,4%, es decir, “las que lo hacían mal han mejorado y las que lo hacían mejor han empeorado”, indica Vicky Zunzunegui, de Audita Sanidad. Estas pruebas complementarias, a las que no se debe recurrir en caso de no ser necesarias, han supuesto, además, un sobrecoste en el programa de 486.000 euros (30% más) en el año 2016, de 250.960 euros (23%) en 2015 y de 277.000 euros en 2014, un 38% más.

No se tienen datos de las unidades móviles, pero se sabe que la Consejería de Sanidad no obligaba en los contratos a que clínicas y unidades móviles siguieran las pautas de la Guía Europea de Garantía de Calidad en Cribado y Diagnóstico de Cáncer de Mama.

En los años 2015 a 2017, el número de clínicas privadas adjudicatarias del concurso ha disminuido de las 27 iniciales a siete, y a través de ellas puede verse que “la equidad en el acceso no ha sido su preocupación”, indica Boirac. Y es que estas clínicas están situadas en barrios de alto nivel socioeconómico de la capital en los que reside el 18% de las mujeres de Madrid.

Además, la Consejería no ha realizado evaluaciones sobre la equidad en el acceso del Deprecam, lo que lleva a Audita a lamentar que “numerosos grupos de población vulnerables, tales como las mujeres con bajo nivel educativo, en desempleo o con trabajos precarios, cuidadoras de personas con dependencia, inmigrantes sin situación laboral estable, no han sido cubiertas por este programa”.

Además, la cobertura en Madrid no ha llegado al 50% de las mujeres admisibles al programa, cuando debería alcanzar al menos el 75%. Quizá por ello, en marzo de 2017 la Consejería de Sanidad anunció la “internacionalización progresiva de la realización de mamografías preventivas usando recursos propios”, para lo que adquirió 12 nuevos mamógrafos, también a través de concursos con múltiples irregularidades. En esta comunicación pública, la Consejería reconocía que “en la última ronda del programa, correspondiente a los años 2015-2016, se obtuvo una tasa de participación del 46,5%” y que con la internacionalización se busca “aumentar la tasa de participación hasta situarla sobre el 70% de las mujeres a las que se dirige”.

En febrero de 2018, una carta del consejero de Sanidad a los alcaldes de los diferentes pueblos de la Comunidad de Madrid informaba de que el Deprecam hasta entonces desarrollado por los mamobuses de la AECC pasará a ser asumido por hospitales públicos, “pero tenemos dudas de si se está llevando a cabo y de cómo se está gestionando, porque no hay información, y no tenemos constancia de que eso haya pasado en la capital”, indica Boirac.

Caos en las condiciones

A lo largo de todos estos años, hay contratos que vencen y “se tienen que prorrogar por falta de previsión en la renovación, periodos de interrupción de la actividad, cambios de última hora en las condiciones administrativas y técnicas de los pliegos y desorganización en la gestión de la Consejería de Sanidad”, dicen desde Audita Sanidad.

Esto admite, indican, dos explicaciones: o el programa “está siendo dirigido por personas incompetentes en materia de salud pública” o el objetivo del programa es conseguir “una imagen positiva en la población” sin que ello suponga mejoras en la salud. Además del más que probable incremento en la deuda pública madrileña por los sobrecostes de las innecesarias pruebas complementarias realizadas por las clínicas privadas.

Y es ese uno de las perversiones básicas del programa: la gestión privada. Tan solo en Madrid, Murcia y Castilla-La Mancha el cribado del cáncer de mama se deja en manos de empresas. El resto de comunidades desarrolla este programa en hospitales públicos, con mejores resultados sanitarios y económicos. Por tanto, el equipo de Audita Sanidad considera que “el Deprecam debe ser un programa de salud pública gestionado con recursos públicos”.

Además, recomiendan que vuelva a dar información y datos a la Red Española de Cribado de Cáncer y que debe mejorar la cobertura y la detección, además de la equidad en el acceso. Porque, como indica Boirac, “la situación actual es inadmisible”.

Pero también se hace necesaria una reformulación de los programas de cribado, incluido el Deprecam, pues en los últimos años se ha creado controversia por el número de “falsos positivos” que se producen en el marco de estos cribados, lo que ha llevado que países como Francia establezca “un programa de revisión del cribado para que se detecte menos morbilidad falsa y más cánceres”, indica Zunzunegui, que añade que los programas de cribado son necesarios “pero hay que revisarlos, y aquí no ha ocurrido nada”.

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