Comunidad de Madrid
Tras dos años como interina, Madrid declara no apta para el puesto a una persona con discapacidad

María Clares Moya es graduada en psicología y posee el máster habilitante para ejercer de orientadora educativa. Esta mujer con parálisis cerebral se presentó en 2023 a unas oposiciones de la Consejería de Educación de Madrid para obtener un puesto fijo como orientadora de instituto público. Pero, tras dos años trabajando como interina, un informe de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social determinó que María ya no era apta para desempeñar esa profesión para la que tanto se había preparado. “Nadie me había visitado o evaluado para llegar a esa conclusión. No se me había notificado en ningún momento ese dictamen de no apta”, afirma la orientadora educativa.

Aunque hay más de medio millón de personas con discapacidad ocupadas en España, la tasa de empleo en este sector poblacional es solo del 28,9% (más de 40 puntos de diferencia respecto a las personas sin discapacidad). La Fundación ONCE, por medio del 10º informe ODISMET, muestra que hay Comunidades Autónomas en las que la tasa de empleo de personas con discapacidad de 2023 ha sufrido un fuerte descenso en comparación con el año 2014. Concretamente, Asturias (descenso del 13,1%), Aragón (-12,9%) y La Rioja (-9,8%) protagonizan las caídas más severas de este indicador.

Las personas con discapacidad cobran 5.000 euros menos de salario bruto medio (23.159,7€) en comparación con las personas sin discapacidad (28.207,8€)

Además, el Instituto Nacional de Estadística señala la existencia de una considerable brecha salarial. Las personas con discapacidad cobran 5.000 euros menos de salario bruto medio (23.159,7€) en comparación con las personas sin discapacidad (28.207,8€). La Fundación ONCE también señala que hay más de 79.000 personas con discapacidad que se encuentran en una situación de desempleo de larga duración (más de doce meses buscando trabajo de forma activa).

Perder el trabajo sin ninguna explicación

Desde el año 2023, María Clares ejercía su labor como orientadora en un instituto público de Madrid. Ella logró una plaza como interina para este puesto de trabajo, a pesar de que solo el 35,1% de las personas con discapacidad física en edad de trabajar ejercen una profesión. “Durante todo este tiempo, me he dado cuenta de que puedo desempeñar perfectamente mi trabajo. Mis alumnos se sienten muy comprendidos y escuchados conmigo”, sostiene la orientadora educativa.

Sin embargo, en abril de 2025, la situación de María Clares cambió por completo. Tenía que volver a presentarse a una oposición para poder convalidar el logro de su plaza y convertirse en trabajadora indefinida. Clares recuerda que “a las personas con discapacidad que nos presentamos a una oposición se nos pide un informe sobre nuestras capacidades funcionales. No basta solo con aprobar la oposición, sino que hay que demostrar que se puede ejercer ese puesto de trabajo por medio de ese informe”.

“Mi sorpresa fue que me encontré en la lista de excluidos porque era no apta”, recuerda María Clares. La Consejería de Familia alegó en un informe que esa ineptitud se basaba en el artículo 16 del Decreto 54/2006 del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid relativo a las personas con discapacidad. Los efectos de este informe van más allá de la imposibilidad de concurrir al examen de oposición. María Clares recalca que “esto no solamente implica que no me pueda presentar a una oposición, sino que me han sacado de la lista de interinos y me he quedado sin trabajo”.

Además, María Clares denuncia que ningún funcionario o miembro de la Consejería de Educación o de Familia se ha puesto en contacto con ella durante los dos años que ha estado ejerciendo como orientadora. Por lo tanto, no existe ninguna forma de que la Comunidad de Madrid haya podido comprobar que María Clares ha pasado de ser “apta” a “no apta” para ejercer su trabajo en los dos últimos años. “No pueden argumentar como causa la parálisis cerebral del 85% porque eso ya lo tenía antes de ser aceptada como trabajadora interina y presentarme a mis primeras oposiciones en 2023. La parálisis cerebral no es una enfermedad que empeore por sí sola, salvo que ocurra un grave accidente”, destaca María Clares.

El silencio por respuesta de la Comunidad de Madrid

Ángeles Blanco, abogada por los derechos LGTBIQ+ y de las personas con discapacidad, asiste jurídicamente a María Clares en este caso. En la jornada “Si tu cuerpo no encaja, la ley tampoco”, Ángeles Blanco denunció que la Comunidad de Madrid ni si quiera le ha proporcionado el informe completo que declara a María Clares como no apta para presentarse a la oposición. “Tampoco nos han facilitado el expediente completo, aunque lo hemos pedido varias veces”, afirma Ángeles Blanco.

Incluso, en junio de 2025, María Clares y su padre mantuvieron una reunión con una técnica de empleo de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, María Clares confiesa que la técnica de empleo “no pudo ofrecerme ningún tipo de explicación”. Además, desde la Comunidad de Madrid, afirman haber enviado el informe por correo a María Clares. Pero, la orientadora no ha recibido ninguna copia de dicho dictamen. “Aunque dijeron que me habían enviado la notificación del dictamen de no aptitud por correo postal, yo no recibí nada. Solicité al Centro Base nº8 (órgano dependiente de la Consejería de Familia) el número de carta certificada para poder reclamarla en Correos. Todavía no he recibido ninguna respuesta sobre este asunto desde el mes de junio”, sostiene la orientadora educativa.

Ante esta situación, Ángeles Blanco ha presentado un escrito de alegaciones y dos recursos de alzada ante la Comunidad de Madrid: uno por exclusión de las oposiciones y otro por exclusión del puesto de interina. “En todos los casos, la respuesta de la Comunidad de Madrid ha sido un silencio administrativo”, declara la abogada y creadora del podcast Indefendibles. Saber el contenido del informe es esencial para que Ángeles Blanco pueda luchar por los derechos de su defendida. “Hasta que no tengamos la valoración del informe, no podremos acudir a la vía judicial”, reclama Ángeles Blanco.

En el momento de la publicación de este reportaje, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid y la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales no ha respondido a las preguntas remitidas por El Salto sobre este caso.

No es el único caso

A lo largo de su trayectoria profesional, Ángeles Blanco ha presenciado en más de una ocasión este tipo de negligencias administrativas. “Yo he tenido casos en otras comunidades autónomas como Castilla y León, Murcia y Galicia”, manifiesta la abogada.

La activista y divulgadora Artemisa Martínez también ha sufrido una situación de discriminación laboral por ser una mujer con discapacidad visual. A través del activismo que ejerce en sus redes sociales (@realidadesdiversas en TikTok e Instagram), Artemisa Martínez denuncia las injusticias que sufre diariamente el colectivo de personas con discapacidad. “Siempre se nos dice a las personas con discapacidad que no vamos a llegar a nada en la vida”, observó la activista en el acto “Si tu cuerpo no encaja, la ley tampoco”.

Artemisa Martínez es trabajadora social y también ha sufrido actitudes estigmatizantes a lo largo de su vida. Concretamente, esa discriminación comenzó en la infancia. “Las orientadoras y profesores en el colegio me decían que no iba a llegar a nada. A pesar de que las figuras formales de mi educación no me apoyaron, tuve una red informal que me ayudó muchísimo. Yo conseguí obtener un título de grado en trabajo social y hacer la selectividad, pero me costó sangre, sudor y lágrimas”, afirma la divulgadora.

Incluso, durante su vida adulta, Martínez no ha podido ejercer su profesión como trabajadora social por los impedimentos impuestos a las personas con discapacidad. “Yo no he podido ejercer aún porque sigue habiendo prejuicios y no se adaptan las herramientas”, declara la activista. Esos impedimentos se demuestran en todo tipo de situaciones. Artemisa Martínez ilustra esto con el siguiente ejemplo: “El hecho de tener que transportar informes impresos a la Administración, aunque se hayan producido grandes avances tecnológicos, hace que las personas con discapacidad lo tengamos más difícil.”

Una precariedad laboral que ahoga

Tanto Artemisa Martínez como María Clares, viven la discapacidad desde la realidad de ser mujeres. Los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones muestran que las mujeres suponen el 47,39% del empleo total. No obstante, en el ámbito de las personas con discapacidad, las mujeres solo representan el 40,7% de la fuerza laboral. Además, existe una clara brecha salarial entre hombres y mujeres con discapacidad. El salario bruto medio anual de las mujeres con discapacidad (20.899€) es 2.000€ más bajo que el de un hombre con discapacidad (22.938€).

Mientras el futuro judicial de María Clares no se despeja, la orientadora se encuentra en una situación de absoluta incertidumbre. “Llevo muy mal el proceso de espera y he empezado con terapia psicológica”, sostiene María Clares. La graduada en psicología lamenta que no puede “estar varios años sin trabajar. Tengo 33 años y la sensación de que el tiempo corre”. “Si no podemos trabajar en paz que nos lo digan antes, no después de estar preparándonos durante una vida entera”, reclama Clares.

El 32,9% de las personas españolas con discapacidad se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. Este dato de España es superior a la media de la Unión Europea, situada en el 28,9%. De hecho, Artemisa Martínez recuerda que “la precariedad laboral nos ahoga a muchas personas con discapacidad”. Por este motivo, la divulgadora y trabajadora social considera que “las situaciones de violencia y discriminación vividas nos hacen crear vínculos más cercanos con las personas”.