Comunidad de Madrid
Crecen las críticas a la ley que aumenta a diez años el empadronamiento para la vivienda protegida en Madrid

A las denuncias desde la oposición parlamentaria y las organizaciones antirracistas, se le han sumado en la última semana las críticas de cientos de solicitantes y cooperativistas de vivienda protegida en la Comunidad de Madrid que acusan al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de querer aprobar una norma “discriminatoria” y “desproporcionada”. 

El 26 de enero, la presidenta regional anunciaba un decreto para elevar a diez años el empadronamiento necesario para optar a las viviendas protegidas, unas limitaciones que ya estaban vigentes con diferentes fórmulas en los pisos sociales de la Agencia de Vivienda Social (ex IVIMA), pero que hasta ahora no afectaban a la vivienda impulsada por promotores privados que cuenta con algún tipo de ayuda o protección pública.

Cientos de afectados ya han pagado las primeras cuotas de estas promociones y podrían quedarse fuera de los criterios para acceder a estas viviendas protegidas de iniciativa privada

El Gobierno regional del PP justifica su decisión en su voluntad de premiar el “arraigo” de los solicitantes y de “priorizar la vinculación estable con la región de los beneficiarios y asegurar que los recursos públicos se destinan a quienes contribuyen de manera continuada a su desarrollo”. Sin embargo, tal como está planteada la medida en el proyecto legislativo, deja fuera no solo a migrantes extranjeros de mayores ingresos, sino también a miles de personas que provienen de otras comunidades autónomas, que trabajan e incluso cotizan desde hace años en la Comunidad de Madrid. Algunos de ellos, ya han pagado las primeras cuotas de estas promociones y podrían quedarse fuera de los criterios para acceder a estas viviendas protegidas de iniciativa privada.

Es el caso de Adrián González. Llegó de Segovia para estudiar y no se empadronó porque no sabía dónde terminaría viviendo. Hace unos pocos años, cuando encontró trabajo, se registró en la Comunidad de Madrid y se metió en una cooperativa de vivienda en Los Berrocales. En octubre pagó 2.000 euros de reserva y debe pagar este mes un adelanto de 35.000 euros y otros 35.000 en noviembre. “Para mí es un riesgo muy grande cuando no sé si me van a dar la vivienda”, cuenta a El Salto. Según el texto actual del decreto, no cumpliría el requisito de diez años de empadronamiento. 

Y no es el único caso. Más de 350 personas de promociones y cooperativas se han organizado para compartir información, hacer presión frente a los partidos de la Asamblea y dar a conocer una situación de “incertidumbre” y de “inseguridad jurídica”. Algunas de las personas que participan de esta plataforma, ninguna de las cuales cumpliría con los nuevos criterios, ya han desembolsado decenas de miles de euros, algunos más 70.000, para la compra del terreno de un edificio en donde no saben si podrán vivir.

“Hay mucha gente que no está empadronada porque trabaja en Madrid, pero está viviendo en Segovia, en Toledo, en Guadalajara, en zonas que son muy cercanas a Madrid. Tal como está la vivienda en Madrid no se pueden permitir una casa [en la región] y no están empadronados en Madrid”, relata González.

El problema, continúa, es que la Comunidad de Madrid no revisa los requisitos para entrar en estos modelos de vivienda con precios limitados hasta la calificación provisional, que se efectúa cuando comienzan las obras. En el caso de González, esto sería en 2028, y en ese momento tampoco cumpliría con los diez años de empadronamiento. 

Entre las tipologías afectadas estarían las Viviendas de Protección Pública Básica (VPPB), destinadas a personas con menor poder adquisitivo; y las Viviendas de Protección Pública de Precio Limitado (VPPL), que permiten el acceso a población con ingresos familiares superiores, equivalentes a 7,5 veces el IPREM (unos 63.000 euros al año).

“Madrid está lleno de gente que viene de fuera y nos quieren tratar como ciudadanos de segunda”, dice una de las personas afectadas

A pesar de que los precios están limitados y son inferiores al mercado, estos modelos distan de ser una opción para la población más precaria. Según cuenta González, el precio de su vivienda ascendería a unos 350.000 euros.

“Madrid está lleno de gente que viene de fuera y nos quieren tratar como ciudadanos de segunda, cuando encima Ayuso está defendiendo todo lo contrario, con eso de que Madrid es una ciudad acogedora para todo el mundo. Y luego nos está tratando como diferentes a todos”, dice.

La plataforma de afectados por los diez años de empadronamiento han lanzado una petición de recogida de firmas en Change para denunciar una ley que “cambia las reglas a mitad del partido” con una “barrera casi insalvable”. Se trata, subrayan, de una “medida totalmente desmedida que no refleja la realidad de una región dinámica como Madrid, cerrando la puerta a trabajadores y familias que ya viven, trabajan y cotizan aquí desde hace años”.

Según contaba a El Salto Diego Sanz, activista de la Plataforma de Afectados a la Hipoteca (PAH), la ampliación de años de empadronamiento no va a afectar a la población más precaria, mucha de ella migrante, porque los altos precios de la vivienda protegida “sigue siendo inaccesible para la mayoría de ellos”. 

Entre los más afectados por esta modificación estarán las miles de personas que vienen de otras comunidades que trabajan en Madrid, pero tienen que vivir fuera de sus fronteras por los altos precios de la vivienda

Entre los más afectados por esta modificación estarán las miles de personas y familias que vienen de otras comunidades autónomas o que trabajan en la Comunidad de Madrid, pero tienen que vivir fuera de sus fronteras por los altos precios de la vivienda.

Para Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, exigir diez años de empadronamiento para solicitar una vivienda de protección oficial “significa tratar como ciudadanos de segunda a cientos de miles de personas venidas de otros países o simplemente de otras provincias de España”.