Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid no pidió la subrogación de la plantilla del laboratorio central, ya en manos de Quirón

Health Diagnostic, filial del Grupo Quirónsalud, asegura que en los pliegos de contratación no aparece la obligación de subrogar a la anterior plantilla. La empresa saliente, la UTE formada por Ribera Salud y Unilabs, afirma que el proceso se trata de una subrogación y por tanto no tiene que gestionar ni abonar despidos. La Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular) publicó una nueva licitación que no incluía la subrogación de la plantilla, y los 250 trabajadores y trabajadoras del Laboratorio Clínico Central están en un limbo, después de que este se sometiera a una nueva licitación.

Esta es la situación actual de un servicio, externalizado desde 2008, repartido en seis hospitales (Henares, Infanta Cristina, Infanta Leonor, Infanta Sofía, Sureste y Tajo) y que da servicio a 1,3 millones de personas, tras una nueva licitación que le ha hecho cambiar de manos en favor del gigante de la sanidad madrileña, el Grupo Quirónsalud. La oferta era anunciada a bombo y platillo por el gobierno autonómico y se aprobó en el último Consejo de Gobierno de 2025 con un presupuesto de 139.568.005 euros. Una concesión que se llevó una filial del grupo Quirónsalud por 120.135.331, esto es casi 20 millones menos. El 16 de abril se firmó la adjudicación y el pasado 15 de junio tenía que echar a andar, pero la empresa adjudicataria pidió una semana de prórroga para ajustar todos los cambios. En medio, una plantilla que no iba a ser subrogada y que en buena parte se negaba a firmar nuevos contratos con Quirón que suponían perder su antigüedad.

“Yo no firmé las nuevas condiciones, perdía mi antigüedad de 18 años. Quirón decía que no iba a hacer subrogaciones. La empresa saliente, que era la nuestra, no quiere despedirnos y no podemos cobrar el paro. Estamos en un limbo”, explica una trabajadora

“Yo no firmé las nuevas condiciones, perdía mi antigüedad de 18 años. Quirón decía que no iba a hacer subrogaciones. La empresa saliente, que era la nuestra, no quiere despedirnos y no podemos cobrar el paro. Estamos en un limbo”, explica María —nombre ficticio— extrabajadora del Hospital Infanta Cristina, Parla, donde solo cinco de las 25 personas que estaban en plantilla han aceptado entrar en Quirón. Según las cifras que manejan simdicatos, alrededor de un 60% no han aceptado las nuevas condiciones. “La mayor parte de la plantilla que actualmente no formamos parte del grupo Quirón tenemos antigüedad de 18 años, y de los que quedan dentro los hay con la antigüedades de 18 años y otros pertenecientes a la anterior empresa de hasta un año. Todos hemos perdido la antigüedad”, explica María.

Los pliegos que no incluyen la subrogación

La empresa Health Diagnostic, en un documento respuesta a un burofax del Comité de Empresa del 14 de mayo, al que ha tenido acceso El Salto, afirmaba que "no nos encontramos ante un proceso de subrogación, ni tampoco de asunción de todo el personal“. Así, aseguraban que llevarían a cabo ”un proceso de ofrecimiento de contrataciones a los trabajadores que actualmente prestan servicios en los centros indicados, con el objetivo de garantizar el mantenimiento del empleo sin que ello pueda o deba llegar a confundirse con una asunción total de la plantilla y de las condiciones que hasta el momento pudieran haber sido pactadas con anteriores adjudicatarios del servicio".

Para Mónica López, responsable de sanidad privada de CCOO, sindicato sin representación en el comité pero que se encuentra asesorando a algunos de los trabajadores del laboratorio, hay que poner la lupa en la acción de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. De un lado esta Quirón, que en base a unos pliegos donde no aparece la palabra “subrogación”, ha creado contratos nuevos donde la plantilla pierde antigüedad. Del otro lado, la UTE Ribera- Unilabs, que no ha procedido a despedir a la plantilla ni a abonar las cantidades correspondientes. Pero, "la mayor culpable es la Comunidad de Madrid y se está poniendo de lado". 

Para López, Quirón podría haber subrogado y la otra empresa podría haber despedido y pagado la indemnización. Pero si la palabra subrogación apareciera en los pliegos no habría ningún conflicto. Para la representante de CCOO, es un problema entre empresas y los trabajadores son los grandes perjudicados. Además, avisa de que hay gente que ahora mismo no está cobrando ni salario, ni paro y ya no puede pagar facturas.

Mientras, el pasado 21 de junio a las 00 horas los trabajadores y trabajadoras que no habían firmado con la filial de Quirón denuncian que fueron expulsados de sus puestos. Llamaron a la Policía para que tomara acta. Su empresa les había dicho que no podían abandonar el puesto de trabajo. Lo mismo hicieron los trabajadores del turno de mañana el 22 de junio cuando Quirón impidió que pasaran. “Lo tenemos todo registrado. A día de hoy sabemos que la plantilla no esta completa, no hay nadie en banco de sangre y se tiran las muestras. Ahora mismo hay un problema de salud pública”, asegura María.

Recurrir a la justicia

Así las cosas, la plantilla se ve obligada a recurrir a la justicia y serán los jueves quienes diriman la situación. Se amparan en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores que indica que “el cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una unidad productiva autónoma no extinguirá por sí mismo la relación laboral”. Una justicia que puede tardar hasta dos años en dictar sentencia, avisa López, quien añade que en el convenio de los establecimientos de sanidad privados no se recoge la subrogación.

“Me dieron el contrato un jueves a las 18:00 horas. Me dijeron que tenía que firmarlo antes del viernes. Les pregunté qué pasaba si no lo firmaba. Me dijeron que mi puesto estaría cubierto y me quedaba sin trabajar. Firmé el domingo, cuando la presión me pudo”, resume una trabajadora.

E.F., trabajadora del Hospital Infanta Sofía, asegura que ella sí firmó el nuevo contrato con Quirón “vencida por la presión”. Denuncia que Quirón en ningún momento utilizó una vía oficial por correo para informar de los nuevos contratos. “Conocimos el cambio de licitación por los medios. Un día alguien se enteró de que la nueva empresa había llegado al hospital, que estaban en unas salas, y nos pasamos para informarnos de cómo iban a proceder. Nos ofrecieron unos contratos que no respetan nuestra antigüedad. Estuvieron presionando para que firmásemos los contratos”, explica. “Un día que estaba en horario de tarde me acerqué sobre las 18 horas y me dieron el contrato. Era jueves. Me dijeron que tenía que firmarlo antes del viernes. Les pregunté qué pasaba si no lo firmaba. Me dijeron que mi puesto estaría cubierto y me quedaba sin trabajar. Firmé el domingo, cuando la presión me pudo. Esto es presión y coacción”, resume.

E.F. asegura que recurrirá a los tribunales para luchar por su antigüedad. Llevaba dos años. Explica que la situación de los compañeros que llevaban hasta 18 años es más grave y muchos están dirigiéndose también a los tribunales. “Todo esto es culpa de la Consejería de Sanidad por no haber puesto unos pliegos decentes que cuenten con el trabajador y los pacientes y no que solo piensen en el dinero que es lo que han pensado en todo momento”, sentencia.