Colombia
Colombia: trampas judiciales contra el Pacto Histórico y su candidato Iván Cepeda

En los próximos meses se celebran en Colombia unas elecciones legislativas y presidenciales cruciales para la continuidad del proyecto político impulsado por el Pacto Histórico (PH) bajo el liderazgo Gustavo Petro. Las legislativas se celebrarán el 8 de marzo, y la primera vuelta de las elecciones presidenciales el 31 de mayo.

Todos los sondeos realizados hasta enero de 2026 han revelado una abrumadora ventaja del principal candidato del PH, Iván Cepeda, sobre sus competidores, tanto en las consultas internas de esta formación política como frente a la oposición derechista, muy desperdigada entre diversos candidatos, entre los que destaca en los sondeos Abelardo de la Espriella, un ultraderechista que propuso al expresidente Álvaro Uribe que lo acompañase como vicepresidente o como ministro de Defensa.

En la consulta interna que hizo el PH el 26 de octubre de 2025 para definir un candidato a la presidencia, Cepeda alcanzó un 65% del total de votos, seguido de Carolina Corcho con el 29% y de Daniel Quintero con un 6%. Esta consulta ya fue boicoteada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que dejó “en el limbo jurídico la creación del Pacto Histórico como partido único”, excluyendo a varias de las formaciones que lo integran. Álvaro Hernán Prada, militante del Centro Democrático (CD), era entonces presidente del CNE y está siendo investigado por la Corte Suprema por haber ofrecido prebendas o beneficios para cambiar testimonios en el juicio contra Álvaro Uribe por manipulación de testigos y fraude procesal. Un proceso en el que Iván Cepeda es quien confronta a Uribe ante la Justicia colombiana.

Iván Cepeda es conocido por su temperamento dialogante y su actividad pacificadora, pero también por la firmeza que ha sostenido a lo largo de los años en sus acusaciones contra las mafias de una derecha que ha devenido ultraderecha bajo los gobiernos uribistas. Hijo de un militante comunista de la Unión Patriótica, asesinado en una operación conjunta de militares y paramilitares, siempre se mantuvo coherente con sus ideales de izquierda. Sin haber participado del ejecutivo, es la figura política mejor valorada del petrismo, se lo percibe como el depositario natural del mando para dar continuidad y profundizar los logros de ese proyecto político.

Desde el Senado y las organizaciones de derechos humanos que ha impulsado, Cepeda desenmascaró los vínculos de Álvaro Uribe con el origen de grupos paramilitares y, gracias a sus denuncias, su hermano Santiago Uribe fue condenado a 28 años de prisión como líder de la banda Los 12 Apóstoles, un grupo paramilitar con un plan de “exterminio” y “limpieza social” que operaba desde una hacienda propiedad de Uribe.

La decisión del CNE no impide que Cepeda se presente a las presidenciales, pero le da un golpe severo a la táctica del Pacto Histórico de definir una única candidatura progresista con partidos aliados, y de capitalizar el apoyo popular que ya tiene Cepeda

Tras esa primera consulta interna, la previsión era que Cepeda volviese a presentarse como candidato del PH en una consulta ampliada a otros sectores liberales más o menos progresistas, bajo el paraguas del llamado Frente por la Vida, cuya convocatoria está prevista para el 8 de marzo, el mismo día de las elecciones legislativas. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, una institución muy cuestionada por su sesgo político, excluyó a Cepeda bajo argumentos formales que no se aplicaron a otro candidato, en este caso de la derecha. Este veto al candidato más votado no impedirá que Iván Cepeda se presente directamente a la primera vuelta de las elecciones presidenciales, pero le da un golpe severo a la táctica del PH de definir una única candidatura progresista con partidos aliados, y de capitalizar el apoyo popular que ya tiene Cepeda para movilizar a la población a votar en las elecciones legislativas.

Como consecuencia de la exclusión de Iván Cepeda, el Pacto Histórico renunció a participar en la consulta entre los distintos sectores progresistas y su candidato anunció en un comunicado sus intenciones de presentarse directamente a la primera vuelta. “En la medida en que el Pacto Histórico se consolida como la principal fuerza política del país, también crecen los esfuerzos, las campañas, las maniobras para debilitar, destruir nuestro proyecto y evitar que yo llegue al momento de la decisión electoral, y también lo hagan las candidatas y candidatos a la Cámara de Representantes por el Pacto”, denunció Cepeda anticipándose a ese fallo.

El veto a la participación de Iván Cepeda en las elecciones del 8 de marzo fue criticado desde todo el arco progresista. Ariel Ávila, senador por la Alianza Verde, afirmó que a pesar de las dudas que pueda haber por la repetición de consultas, la medida era antidemocrática: “Prohibir jurídicamente la participación de un candidato, impedir la competencia de un candidato que además va primero en las encuestas, que representa a una fuerza política que es la más importante del país, eso sale muy mal”.

Por su parte Camilo Romero, expresidente del Partido Verde designado por Gustavo Petro como embajador en Argentina, renunció a participar en la consulta del Frente por la Vida para unirse a la campaña de Iván Cepeda: “No cuenten conmigo para dividir al progresismo”, declaró. Como trasfondo de su decisión cabe señalar que el Consejo de Estado también intervino en estos mismos días en la “guerra jurídica” desatada por el CNE y resolvió anular la personería jurídica del Partido del Trabajo de Colombia (PTC), dejando sin cobertura legal a los dirigentes respaldados por esa organización, entre ellos el propio Camilo Romero.

Así mismo el senador Wilson Arias denunció que “quieren borrar al Pacto Histórico en más de 14 departamentos para las elecciones del 8 de marzo”. Para ejemplificarlo aseguró que el CNE ya había vetado de manera preliminar la lista del PH en el Valle del Cauca, y que este veto se extendería a Bogotá y otros 12 departamentos. “A solo un mes de elecciones, el CNE ha dado el golpe más voraz contra la izquierda colombiana”, afirmó, acusando al uribismo de estar detrás de esta manipulación.

Entre los objetivos del CNE figura desfinanciar la campaña de Cepeda, un “hombre pobre”, que no cuenta con los recursos que tienen los candidatos de la derecha para llegar a la primera vuelta 

Y Gustavo Bolívar,  otra figura que destaca por su lealtad al proyecto de Petro, aseguró que eliminando a Cepeda de la contienda preliminar a la primera vuelta, sus opositores buscaban dos cosas: “Una, dañar nuestra votación a las listas del Congreso, porque la consulta era el mismo día: el 8 de marzo la gente iba a votar en combo por Cepeda —como presidenciable del Frente por la Vida— y por los candidatos del Pacto Histórico al Senado y a la Cámara”. Y el segundo objetivo sería desfinanciar la campaña de Cepeda, un “hombre pobre”, que no cuenta con los recursos que tienen los candidatos de la derecha para llegar a la primera vuelta.

Otros líderes progresistas denunciaron las irregularidades cometidas por el CNE. Entre ellos Juan Fernando Cristo, exministro del Interior de Gustavo Petro, quien anunció que no votará en la consulta del Frente por la Vida porque así “es un absurdo político”. Cristo no es miembro del PH sino de la coalición En Marcha, procedente del Partido Liberal, y estaba prevista su participación en la consulta a candidato presidencial. 

El propio Iván Cepeda anunció que denunciará penalmente a dos magistrados del CNE por prevaricato, al haber actuado con animadversión para impedirle participar en la consulta interpartidista. En un comunicado aseguró:  “Lo que está ocurriendo constituye una operación antidemocrática, sin precedentes, en la historia reciente del país” y “una violación grave, masiva y sistemática del derecho de una fuerza política a participar en condiciones de igualdad en el proceso electoral”. 

Tanto Gustavo Petro como Iván Cepeda invitaron a los ciudadanos a votar en las elecciones al Senado y a la Cámara, pero no en la consulta presidencial del mismo día. La mayoría de las formaciones aliadas no se presentarán como protesta

Solo los dos candidatos con mayor proyección mediática, los menos representativos del proyecto político del PH y el progresismo de izquierdas, Roy Barreras y Daniel Quintero, mantuvieron su participación en la consulta del Frente por la Vida, junto con otros dirigentes de muy escasa representatividad popular. Ese mismo día se celebran otras consultas similares (primarias) entre agrupaciones de partidos de la derecha y de centro-derecha.

Tanto Gustavo Petro como Iván Cepeda invitaron a los ciudadanos a votar en las elecciones al Senado y a la Cámara, pero no en la consulta presidencial del mismo día: “La consulta del Frente por la Vida es ilegítima”, aseguró Cepeda en un mensaje transmitido en redes sociales. No es en vano. Las principales encuestas realizadas durante enero y los primeros días de febrero otorgan a Cepeda más del 80 % de la intención de voto en la coalición de partidos, mientras que Barreras y Quintero, los dos candidatos que quedaron en pie, no superan el 3% o 4 % del total.

Iván Cepeda, el candidato más valorado en los sondeos

En la mayoría de los sondeos de intención de voto para primera vuelta antes de la oficialización de candidaturas, Iván Cepeda es el dirigente político mejor situado, con una tercera parte del respaldo popular, seguido de De la Espriella, cuya estimación de voto va desde el 15% hasta algo más del 30%, dependiendo de las encuestadoras. En tercer lugar y a bastante distancia de los anteriores, figura otro representante de la derecha, Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia bajo pabellón uribista, en disputa por ese tercer puesto con Paloma Valencia, candidata oficial del Centro Democrático (CD). Y también en disputa por ese tercer puesto, los sondeos incluyen con un solo dígito de apoyo porcentual a la experiodista antipetrista Vicky Dávila.

Como forma de contestación popular a la arbitrariedad de su exclusión en las listas, Cepeda ha instado a los ciudadanos a salir a la calle y llenar las plazas en demostración de su respaldo al proyecto político del PH

La intención de voto en primera vuelta por otros candidatos del progresismo (Barreras, Quintero, Caicedo, Romero) es muy poco significativa, ya que oscila entre el 0,3% y el 1%. Eso significa que el veto a Cepeda supone desconocer al único candidato de la izquierda que cuenta con masivo respaldo popular para vencer en la primera vuelta, superior al de cualquier otro candidato de cualquier partido. Como forma de contestación popular a la arbitrariedad de su exclusión en las listas, Cepeda ha instado a los ciudadanos a salir a la calle y llenar las plazas en demostración de su respaldo al proyecto político del PH, que él legítimamente representa. La respuesta popular no se hizo esperar: allá donde se dirige en campaña, Iván Cepeda llena calles y plazas como solo lo consigue su antecesor, el presidente Gustavo Petro.

Iván Cepeda aparece también como favorito en todos los escenarios de segunda vuelta planteados por las encuestadoras. Todas las encuestas le dan una ventaja significativa de más de diez puntos sobre su principal rival, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, y el algunos casos la diferencia llega a 20 puntos. Lo mismo sucede respecto a otros candidatos de la derecha, como Sergio Fajardo o Paloma Valencia.

Con sus luces y sombras, el gobierno de Gustavo Petro consiguió iniciar la transformación de Colombia en un país con derechos para todos los ciudadanos, incluidos los sectores populares, los eternos olvidados por las élites gobernantes. Saboteados sus presupuestos y reformas estructurales por un Congreso de mayoría conservadora y un sistema judicial corrupto y reaccionario heredado del pasado, Petro consiguió no obstante impulsar avances sustanciales en la redistribución de la renta, aumentando los salarios, ampliando las pensiones y concediendo ayudas sociales a los más necesitados. Y lo hizo reduciendo la inflación hasta un nivel históricamente muy bajo, y manteniendo un elevado crecimiento económico. Según el semanario británico The Economist, la economía de Colombia fue en 2025 “la que mostró un mejor rendimiento de toda América Latina y la cuarta que mejor se comportó en el mundo”. Ante estas credenciales, otorgadas por los voceros del capitalismo global, la derecha colombiana empalidece.

Todas las encuestas le dan una ventaja significativa de más de diez puntos sobre su principal rival, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, y el algunos casos la diferencia llega a 20 puntos

El liderazgo de Iván Cepeda en las encuestas sobre intención de voto, así como el masivo respaldo que recibe en las calles, revela el deseo generalizado de continuidad del cambio progresista emprendido por el gobierno de Gustavo Petro y la exigencia popular de profundizar este camino. El perfil político de Cepeda en la actual campaña es el de un líder radicalizado, que se manifiesta fogosamente contra las políticas del imperialismo estadounidense y reafirma su compromiso de oponerse a ellas. Y es también el continuador natural de Gustavo Petro en el objetivo, claramente inconcluso, de alcanzar la paz con los distintos grupos armados. En su haber cuentan la defensa permanente de las víctimas de los conflictos y su experiencia como negociador por parte del gobierno del Pacto Histórico con las guerrillas del ELN.

Mientras tanto, el presidente Petro sigue impulsando la convocatoria de una Asamblea Constituyente, que en su opinión permitiría empoderar al pueblo colombiano para quitar poder a las viejas burocracias dirigenciales, encaramadas en organismos políticos y judiciales que favorecen la inercia antirreformas. El objetivo de la Constituyente sería blindar los derechos sociales y las reformas estructurales para que no sigan condicionados al capricho de funcionarios, políticos o magistrados. 

La Registraduría Nacional, organismo encargado de organizar y supervisar los procesos electorales, avaló a fin de enero pasado el inicio de la iniciativa ciudadana que busca recolectar algo más de dos millones de firmas (5% del censo) para convocar la Asamblea Constituyente. El plazo para la recolección de firmas es de seis meses, de modo que este proceso concluiría al final del gobierno de Gustavo Petro, el 7 de agosto. Pero este es solo el primer paso, ya que luego la propuesta debe transformarse en un proyecto de ley a debatir por el Congreso, el cual decide si se llama o no a una votación popular para decidir la convocatoria de la Asamblea Constituyente y bajo que normas funcionaría. Llegado este momento, al dejar la presidencia, Petro ha manifestado su intención de participar como constituyente en calidad de ciudadano.