Análisis
Colombia: crónica de una intervención anunciada

“La única diferencia entre la muerte y las malas noticias es que la muerte no empeora”. En Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, el horror no reside en el asesinato sino en su anuncio. La violencia se anticipa, se comenta, se normaliza y se transforma lentamente en destino. Todos saben lo que va a pasar; nadie lo detiene. Cuando ocurre, ya no parece una decisión sino el cumplimiento de un guion aceptado colectivamente.

Esa lógica estructura cada vez más la forma en que el poder estadounidense se ejerce sobre América Latina bajo Donald Trump. La intervención ya no necesita materializarse para ser eficaz. Funciona como amenaza, como ensayo, como condición previa. Descertificaciones, sanciones, retiro de visas, amenazas arancelarias, acusaciones públicas de criminalidad y referencias explícitas a la fuerza militar se convierten en instrumentos de disciplina. La violencia no necesita ejecutarse si su anuncio ya ordena el comportamiento. La política exterior se convierte así en una crónica escrita de antemano.

La violencia no necesita ejecutarse si su anuncio ya ordena el comportamiento. La política exterior se convierte así en una crónica escrita de antemano

Es en ese marco que Colombia bajo el presidente Gustavo Petro resulta intolerable para el imaginario conservador de Washington. Petro no es simplemente un gobernante de izquierda con un programa redistributivo; representa una negativa estructural a tres pilares que durante décadas han sostenido la influencia estadounidense en la región: el extractivismo fósil, la prohibición militarizada de las drogas y la subordinación geopolítica. Colombia no es un caso marginal ni un actor irrelevante. Durante más de medio siglo fue el aliado modelo de Estados Unidos en Sudamérica, el laboratorio de la contrainsurgencia, el mayor receptor de ayuda militar en la región y el socio más disciplinado en la guerra global contra las drogas. Si Colombia se sale del libreto, el libreto mismo pierde autoridad.

La base del proyecto de Petro es económica, pero no en el sentido tecnocrático habitual. Los combustibles fósiles representan más de la mitad de las exportaciones colombianas y cerca de la mitad de la inversión extranjera directa. Colombia es uno de los mayores exportadores de carbón del mundo, con más del 90% de su producción destinada al exterior, y depende del petróleo para financiar buena parte del Estado. Sin embargo, la extracción no solo ha generado ingresos: ha organizado la violencia. Las zonas carboníferas y petroleras coinciden históricamente con territorios de desplazamiento forzado, control paramilitar y economías armadas. La riqueza se ha concentrado; la guerra se ha territorializado.

La decisión de Petro de suspender nuevos contratos de exploración de petróleo, gas y carbón en 2022 no fue un gesto ambientalista simbólico, sino una ruptura planificada con ese modelo

La decisión de Petro de suspender nuevos contratos de exploración de petróleo, gas y carbón en 2022 —respetando los contratos existentes— no fue un gesto ambientalista simbólico, sino una ruptura planificada con ese modelo. El fracking quedó prohibido de forma explícita. En una industria que sobrevive reemplazando permanentemente reservas, cerrar la exploración equivale a aceptar el declive. Petro no prometió una transición indolora; prometió administrar el final de un ciclo antes de que el mercado lo impusiera de forma caótica.

Las consecuencias fueron inmediatas y visibles. Sin nueva exploración, distintos análisis estiman que la producción petrolera colombiana podría caer con fuerza a comienzos de la próxima década. Ecopetrol, la empresa estatal responsable de cerca de dos tercios de la producción nacional, podría agotar reservas explotables hacia 2031. La perforación se redujo, la inversión extranjera en el sector cayó de forma significativa y Exxon se retiró del país tras la cancelación de los pilotos de fracking. Petro asumió estos costos como el precio de salir de una economía gobernada por la ilusión de la perpetuidad extractiva.

Las críticas laborales son reales, pero incompletas. Los combustibles fósiles no solo producen empleo; producen disciplina política. Centralizan capital, militarizan territorios y atan la política nacional a intereses externos. La transición energética de Petro no se basa en sustituir barril por panel de forma inmediata, sino en descentralizar el poder. Para 2025, más de trescientas comunidades energéticas funcionaban en territorios rurales, indígenas, afrocolombianos y del posconflicto, con cientos más en planificación. En apenas tres años, la capacidad solar instalada en el país se multiplicó casi por diez. No prometen riqueza rápida ni rentas extraordinarias, pero redistribuyen poder, reducen dependencia y rompen la lógica según la cual la energía solo puede existir bajo control corporativo y militar.

Petro rompió ese marco moral. Su gobierno redujo el énfasis en la erradicación forzada y priorizó el desmantelamiento de laboratorios y estructuras criminales

La misma lógica atraviesa la política de drogas. Colombia ha sido durante décadas el teatro central de la guerra contra las drogas impulsada por Estados Unidos, recibiendo miles de millones de dólares en ayuda militar, entrenamiento y armamento. Sin embargo, el resultado es elocuente: Colombia sigue siendo el mayor productor mundial de coca, con aproximadamente 253.000 hectáreas cultivadas según estimaciones de Naciones Unidas. La erradicación masiva castigó al campesinado sin desmantelar las redes criminales. La violencia se desplazó; no desapareció. No es casual que esta historia haya sido convertida en entretenimiento global en series como Narcos, donde la cacería de capos ofrece una narrativa de clausura —la muerte de Pablo Escobar, la caída de un cartel— mientras la estructura que produce el narcotráfico permanece intacta, repitiéndose temporada tras temporada bajo nuevos nombres.

Petro rompió ese marco moral. Su gobierno redujo el énfasis en la erradicación forzada y priorizó el desmantelamiento de laboratorios y estructuras criminales. Según cifras oficiales, durante su mandato se han destruido alrededor de 18.400 laboratorios de procesamiento de drogas. Pero el quiebre fundamental es discursivo: Petro sostiene que la cocaína no es un pecado nacional, sino un mercado transnacional sostenido por la demanda estadounidense, la prohibición global y la exclusión rural. Esa afirmación desplaza la culpa y desafía décadas de narrativa punitiva.

Esta negativa a aceptar la culpa eterna explica la furia de Donald Trump. Sus amenazas, insultos y advertencias hacia Petro no responden a indicadores técnicos, sino a una lógica ideológica. Trump ha acusado públicamente a Colombia de “fabricar cocaína”, ha advertido que podría ser “la siguiente”, ha sugerido que países vinculados al narcotráfico están “sujetos a ataque” y ha insinuado acciones militares. En 2025, su administración descertificó los esfuerzos antidrogas de Colombia por primera vez desde 1997, amenazó con imponer aranceles de hasta el 50%, revocó la visa de Petro y aplicó sanciones personales. Estos gestos funcionan menos como política pública que como recordatorios de jerarquía.

Esta negativa a aceptar la culpa eterna explica la furia de Donald Trump. Sus amenazas, insultos y advertencias hacia Petro no responden a indicadores técnicos, sino a una lógica ideológica

El precedente venezolano es clave. Trump ha normalizado el lenguaje de la “decapitación” política, del castigo ejemplar y de la intervención preventiva como herramientas legítimas de orden regional. En ese contexto, Colombia aparece no solo como socio díscolo, sino como advertencia para otros. La amenaza no necesita ejecutarse: basta con ser creíble.

Colombia importa precisamente porque siempre obedeció. Si incluso Colombia se permite cuestionar la extracción, la guerra contra las drogas y la subordinación estratégica, el poder estadounidense deja de parecer inevitable. Como entendía García Márquez, ahí comienza su decadencia: cuando la violencia deja de parecer natural y se revela como elección.

El final sigue abierto. Petro no puede reelegirse. Sectores de derecha prometen reabrir licencias, autorizar fracking, restaurar la alineación automática con Washington y revivir la erradicación masiva. La violencia contra líderes ambientales continúa. La transición es frágil, incompleta y disputada. Nada está garantizado. Pero algo ya cambió de forma irreversible: Colombia demostró que el extractivismo, la prohibición y la subordinación no son leyes naturales, sino arreglos políticos sostenidos por costumbre y fuerza. La crónica está escrita. El desenlace aún se disputa.