Chile
El desafío de cambiar un país desde una perspectiva ecologista

Mientras Chile ostenta la presidencia de la COP25 en Madrid, una cumbre que el gobierno de este país declinó organizar en Santiago tras el estallido social más importante desde el fin de la dictadura, colectivos y activistas medioambientales trabajan por que la agenda climática se instale en el debate sobre la nueva Constitución.

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Cientos de chilenos se manifestaron en Madrid con motivo del traslado de la COP25. Byron Maher

publicado
2019-12-11 07:10

El pasado viernes 6 de diciembre se cumplieron 50 días consecutivos de protestas en Chile. Como cada viernes desde que estalló la crisis, miles de personas acudieron a la rebautizada como Plaza de la Dignidad de la capital a manifestarse. A esta nueva jornada de movilizaciones, se sumó la Marcha Mundial por el Clima que organizaciones ecologistas convocaron tanto en Madrid como en Santiago. El estallido social y el traslado de la Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático COP25 a Madrid han desplazado los temas medioambientales de la agenda política chilena más inmediata. Es por ello que la sociedad civil redobla esfuerzos por mantener el debate sobre este tema y en estos días ha celebrado conferencias, talleres, conversatorios y performances en torno a dos cumbres alternativas a la COP25: la Cumbre Social de los Pueblos y la Cumbre Social por la Acción Climática.

“La celebración de la COP25 en Santiago era una oportunidad para visibilizar la necesidad de resolución los conflictos ambientales que hay en Chile”, lamenta Patricia Araya, coordinadora del Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC), una agrupación de 130 organizaciones que está detrás la Cumbre Social por la Acción Climática que se celebra del 2 al 11 de diciembre. Para Araya, “la situación de las zonas de sacrificio, las termoeléctricas a carbón, la depredación de la salmonicultura, el monocultivo forestal, el monocultivo agroindustrial o la privatización de las aguas son cuestiones que no pueden continuar en Chile”.

Se calcula que este año han muerto más de 10.000 cabezas de ganado por falta de agua. En Chile están privatizadas tanto las fuentes de agua como su distribución

Ezio Costa, director ejecutivo de la ONG FIMA va más allá y asegura que la peor consecuencia de no haber organizado la COP25 en Santiago es “no haber tenido puesta la mirada de todo el mundo en un momento como este, de mucha violencia” y asegura que “haber mantenido la reunión hubiera obligado a una resolución del conflicto social”.

“La crisis social también es ambiental”

Es el mantra que repiten los ecologistas desde que comenzaron las protestas para poner de relieve que ambas crisis comparten causa: un modelo neoliberal que privatiza todos los aspectos de la vida. “Así como el agua está privatizada y la gestión queda en sus propietarios, ocurre lo mismo con la educación, la salud, las pensiones… es un sistema neoliberal que se basa en la propiedad y en el mercado para ordenar a la sociedad y que no funciona”, afirma Costa. La Constitución chilena actual, aprobada en 1980 en plena dictadura, apuntala este modelo neoliberal inspirado en Milton Friedman y traído a Chile por sus Chicago Boys.

La Carta Magna consigna el principio de subsidiaridad del Estado por el cual este solo interviene en las actividades que el sector privado o el mercado no pueden realizar. A pesar de que la Constitución del 80 ha sido modificada en varias ocasiones, este principio no había sido desafiado desde la vuelta de la democracia. Hasta ahora.

Agua privatizada y megasequía

De todos los conflictos medioambientales de Chile, el del agua es posiblemente el más paradigmático, especialmente porque se ha visto acrecentado por los casi 10 años consecutivos de sequía que arrastra el país. Según un informe del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2, las regiones del centro de Chile presentan un déficit de precipitaciones del 30% en este periodo, y de un 70-80% en 2019. Según este centro de investigación, un cuarto de este déficit se debe al efecto del cambio climático, en un contexto global de subida de la temperatura que no hace sino agravar el estrés hídrico. Se calcula que este año han muerto más de 10.000 cabezas de ganado por falta de agua y que hay hasta 400.000 personas que están siendo abastecidas a través de camiones aljibe.

Sin embargo, para los activistas el problema del agua en Chile “no es sequía, es saqueo”. Chile es uno de los pocos países del mundo donde están privatizadas tanto las fuentes de agua como su distribución, según se recoge en su Constitución y en Código de Aguas que rige desde 1981. “Existe un modelo de despojo que ha priorizado el agua dulce para la industria extractiva y no para la vida de las comunidades, para la vida de los territorios”, afirma Rodrigo Mundaca portavoz nacional del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (Modatima). Mundaca lleva años denunciando la sobreexplotación de las cuencas y el robo de aguas subterráneas para el monocultivo de aguacate en la comarca de Petorca (200 km al norte de Santiago).

Para Nathalie Joignant, también activista por el agua en Chile, el hecho de que el agua sea privada es la causa principal del estrés hídrico que vive el país. Joignant es miembro de la iniciativa No Alto Maipo en contra de un megaproyecto que prevé la construcción de una represa subterránea con acopio y desvío de las aguas afluentes del río Maipo, la cuenca fluvial que abastece de agua potable a los siete millones de habitantes de Santiago. “Van a chupar todo el sistema hídrico que entrega agua potable, regula el clima de la cuenca y recarga los acuíferos”, denuncia.

Zonas de sacrificio: territorios de exclusión

Si existe algo que representa la extrema desigualdad que se vive en el país también desde un punto de vista ambiental, esto es la existencia de las zonas de sacrificio. Se conoce con este nombre a los lugares que concentran en su espacio un alto número de industrias contaminantes. Por ejemplo, solo cinco municipios, en los que viven más de 180.000 personas, concentran 27 de las 28 termoeléctricas a carbón que hay en Chile, además de otras industrias.

Estas centrales son las responsables del 88% de las emisiones contaminantes del sistema eléctrico nacional, según datos de la Fundación Chile Sustentable. En una de estas zonas, en Quintero y Puchuncaví o el “Chernóbil chileno” como lo llama Greenpeace, llevan años reclamando por la contaminación. En 2018 tuvo lugar el último episodio de intoxicaciones masivas que llevó a más de 1.300 personas a urgencias por mareos, nauseas, dolores de cabeza y erupciones en la piel. Este caso provocó la adopción de planes de descontaminación por parte del gobierno, pero han sido criticados por no incluir la medición de algunas partículas o no tener en cuenta la contaminación ni del suelo ni del agua.

Aunque el traslado de la COP25 a Madrid haya supuesto una perdida de visibilidad para el activismo socioambiental chileno, la crisis social ha abierto una oportunidad inédita

Pero los problemas de las zonas de sacrificio no son solo de salud. “Es muy frustrante cómo, con el paso del tiempo, es totalmente visible la degradación en lo ambiental, en lo social, en la salud y en lo humano”, denuncia Gonzalo Soto, habitante y activista de Coronel, otra zona de sacrificio localizada en la Región del Biobío. Para él, no es casual que en su ciudad también existan altos índices de desocupación, de pobreza o de violencia. Y es que si la crisis ambiental y social tienen causas comunes, también comparten consecuencias. Son precisamente los ecosistemas más dañados y las comunidades que viven en ellos, los más vulnerables socialmente y ante el cambio climático.

“Casi todas las problemáticas locales están conectadas con el cambio climático porque son causantes o son efectos del cambio climático”, apunta Ezio Costa. Es por ello que las soluciones que se plantean para frenar este fenómeno no deberían aplicar la misma lógica extractivista que deteriora los ecosistemas.

Costa menciona el ejemplo de la explotación del litio en el salar de Atacama destinado, entre otros usos, a la producción de baterías de autos eléctricos y que pone en peligro un ecosistema frágil y a las comunidades que se sustentan con los acuíferos que se encuentran en el salar. Patricia Araya coincide y señala que lo que hay que intentar es “buscar soluciones basadas en la naturaleza, validadas por las comunidades a escala local para después llevarlas a una escala mayor”.

¿Una nueva Constitución ambiental?

Aunque el traslado de la COP25 a Madrid haya supuesto una perdida de visibilidad para el activismo socioambiental chileno, la crisis social ha abierto una oportunidad inédita. El pasado 15 de noviembre, los principales partidos políticos con representación parlamentaria acordaron convocar un plebiscito para un nuevo proceso constituyente. “Cambiar la Constitución no va a cambiar por sí mismo la relación que tenemos con el medio ambiente, pero puede ser una base de un cambio que va a tener que desarrollarse en los años”, afirma Ezio Costa.

Para Costa, en la nueva Constitución el medio ambiente debería ser un elemento esencial del Estado, indisociable del territorio. De esta forma, el Estado tendría la obligación de velar por el mantenimiento del medio ambiente del territorio para que puedan vivir en él tanto la población actual como las generaciones futuras. Otras medidas que menciona para el texto son el listado de los bienes comunes que no pueden ser apropiables por privados, que se mantenga el derecho a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que el derecho al medio ambiente sea reconocido como un derecho colectivo o que las regiones del país se articulen en torno a las cuencas fluviales. Asimismo, defiende la inclusión del derecho de la naturaleza, para que las personas tengan las herramientas jurídicas para defenderla.

Para alcanzar este objetivo, todos coinciden en que es necesaria la participación ciudadana, algo que no está completamente definido hasta el momento. Mientras que todo tipo de cabildos se suceden en barrios, universidades, sindicatos o centros culturales a lo largo del país, los partidos signatarios del acuerdo por el plebiscito tampoco han alcanzado un consenso sobre la paridad de género, la reserva de escaños a pueblos originarios o la inclusión de listas independientes en el futuro proceso constituyente.

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“Creo que tenemos un enorme desafío de imaginación, de pensarnos a nosotros mismos de una manera distinta de la que lo hemos estado haciendo durante los últimos 50 años, pero también un desafío de educación y de difusión”, señala Araya ante la apertura de este proceso. Además, apunta a la conformación de una lista amplia de candidatos y candidatas, independientemente de su filiación política, que se comprometan a poner el medio ambiente y la naturaleza en el centro.

A pesar de los desafíos que se plantean, reina el optimismo. Y es que es precisamente la lucha, la de las protestas en las calles, pero también la que vienen dando los colectivos ecologistas desde hace años, la que está permitiendo imaginar lo que hace solo unas semanas parecía un imposible: cambiar un país y hacerlo desde una perspectiva ecológica.

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