Ceuta
Con el freno a la llegada de personas se impone trabajar en el reconocimiento de sus derechos

El tiempo ha empeorado y desde el miércoles no se producen nuevos ingresos a las playas ceutíes. El Gobierno de Marruecos ha vuelto a cerrar su lado de la frontera y se han puesto autobuses a disposición de quienes no han logrado pasarla o han sido devueltos, para trasladarles a sus ciudades de origen. A las más cercanas, como Castillejos o Tanger, o a otras más lejanas, como Casablanca o Fez.

Como se preveía, el desafío político de Marruecos a España aprovechando la crítica situación socioeconómica que se vive dentro de las fronteras del país vecino, va perdiendo fuerza. Ahora queda ocuparse de garantizar los derechos y alejarse lo más posible de la espectacularización. Toca trabajar para que los discursos de odio no conlleven nuevas y agravantes limitaciones a la movilidad de las personas.

Cada fuente que se consulta en el terreno o desde la lejanía de una redacción, habla de datos fiables, pero la mayoría de las veces no coincidentes. Se comenta de 850 niños y niñas que habrían pasado por las naves del Tarajal y de unos 200 que seguirían allí, un espacio para confinar y hacer cuarentenas preventivas antes de tener la posibilidad de ingresar al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) que opera en la ciudad. Desde la Asociación de defensa de los Derechos Humanos Elin, confirman que allí “se mezclaron personas que estaban terminando su cuarentena con otras recién llegadas”, lo que pone de manifiesto la mala gestión desde el comienzo.

Se dice que ocho mil personas han entrado y que seis mil han sido devueltas o han salido por su propio pie. Persuadidas, obligadas o desilusionadas, o un poco de cada cosa.

Algunas informaciones refieren que ocho mil personas han entrado y que seis mil han sido devueltas o han salido por su propio pie. Persuadidas, obligadas o desilusionadas, o un poco de cada cosa. Hombres, mujeres, menores, familias. “Tenemos conocimiento de que cuatro jóvenes de Guinea Conakry, los cuales habían entrado a Ceuta semanas antes, fueron devueltos también a Marruecos. Hecho que supone una aberrante violación de Derechos Humanos”, denuncian en Elin.

Falta gente y posiblemente se encuentre deambulando o a escondidas. Cualquiera que conozca Ceuta fuera de esta situación de excepcionalidad, sabe que no son pocos los cuerpos excluidos por el sistema, discriminados en el día, que asoman cuando la penumbra protege. Huir y esconderse, en todo caso, parece la decisión más adecuada hasta que las prácticas de devolución en caliente del Gobierno progresista dejen de asemejarse peligrosamente a los discursos de odio de la oposición.

Tanques y fusiles rodeando a la chavalería y en algunos casos agrediéndola, eran un mensaje de firmeza que los trascendía. Quizá dirigido al Gobierno marroquí y, también, a una ciudadanía soliviantada por las soflamas de la extrema derecha.

Ahora que se ha pasado la primera noche sin llegadas de personas a nado, con la misma velocidad con que el Gobierno llenó las playas de tanquetas y fusiles, debería garantizar la asistencia jurídica, sanitaria y social para atender las graves consecuencias que situaciones de este tipo suelen deparar a las verdaderas víctimas, las propias personas migradas. Desde Elin confirman que los pocos espacios disponibles se encuentran masificados, sin separación entre adultos y menores y sin respetar las medidas sanitarias que impidieran los contagios.

“La situación  ha estado controlada completamente por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, impidiendo el acceso a cualquier entidad humanitaria diferente a Cruz Roja Española, la cual estaba desbordada y sin medios para atender las necesidades más básicas”, aseguran.

Por el momento tres cosas positivas a destacar, la primera, que la policía ha empezado a filiar a quienes son menores de edad. La identificación de estas niñas y niños, saber sus nombres, su edad, si han cruzado solas, si tienen familia a uno u otro lado de la frontera debió ser un imperativo legal desde el minuto cero. España tiene la obligación jurídica de salvaguardar los derechos de la infancia.

La segunda, proporcionarles de inmediato una acogida digna. No lo son las tiendas de campaña que cada verano se instalan de emergencia, como si la situación migratoria tomara a alguien por sorpresa después de al menos tres décadas de llegada de pateras. Ni los campamentos instalados en Canarias. Tampoco las naves del Tarajal

La tercera, la decisión del Ministerio de Derechos Sociales de reubicar a 200 niñas y niños ya acogidos desde antes en Ceuta y que serán trasladados a diferentes recursos en la península, dejando liberadas esas plazas para quienes recién han llegado. Todo lo que sea aliviar la presión sobre el territorio ceutí y los limitados recursos existentes será una medida inteligente y, sobre todo, humana.

De fondo, es necesario trabajar una política seria por la normalización del libre tránsito migratorio a la península. Ceuta y Melilla (y ahora Canarias) no pueden seguir siendo esas cárceles a cielo abierto en las que se han convertido desde que el Gobierno español las utiliza como freno para llegar a la península, contraviniendo incluso sentencias del Tribunal Supremo.

La aplicación del derecho debe incluir a todas las personas que han llegado a Ceuta en las últimas horas y, por contradictorio que parezca, quizá no haya mayor protección para ellas que iniciar los procedimientos sancionadores estipulados por la Ley. “Mientras no te filien no eres nadie y pueden hacer contigo lo quieran”, coinciden varias fuentes jurídicas consultadas.

“Hoy por hoy lo llames como lo llames y se pongan como se pongan esas devoluciones no son conforme a derecho. Las han devuelto de manera irregular porque ha sido en ausencia del procedimiento”, afirma Paloma Favieres

“Hoy por hoy lo llames como lo llames y se pongan como se pongan esas devoluciones no son conforme a derecho. Las han devuelto de manera irregular porque ha sido en ausencia del procedimiento. Ni la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ni la del Tribunal Constitucional las justifican legalmente porque la gente no ha sido identificada legalmente, no han podido identificarse situaciones de vulnerabilidad y no han tenido derecho a un recurso efectivo”, clarifica la responsable del equipo legal de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Paloma Favieres.

En la Asociación Elin corroboran esos hechos. “Conocemos testimonios de mujeres subsaharianas con hijos menores a cargo las cuales verbalizaron su intención de pedir asilo y la respuesta que recibieron fue violencia y devolución a Marruecos. Y gracias a los vídeos de medios locales pudimos ver cómo muchos jóvenes eran arrastrados en la playa hacia el lado marroquí sin posibilidad de atención alguna”, denuncian.

Ante esta situación lo más urgente, explica Favieres, es identificarlas. “La ventaja que tiene si te incoan un procedimiento es que te ponen un nombre y una huella y a partir de allí, por ejemplo, puedes acceder a un procedimiento de protección internacional”, ejemplifica.

“Más allá del reproche legal a cómo se están produciendo las devoluciones, lo urgente es facilitar la acogida humanitaria e identificar a las personas, registrarlas, informarles, ponerles un abogado, un intérprete en una lengua que comprendan y en caso que necesiten protección internacional garantizarles el acceso. Es lo de siempre”, reafirma.

El Colegio de la Abogacía de Ceuta se ha desbordado. Desde el martes está pidiendo voluntarios dentro del turno de oficio de extranjería e incluso ha abierto un turno especial para aquellas letradas y letrados que normalmente forman parte de otros turnos y deseen apoyar en esta compleja situación.

A las personas que están en las naves o por las calles, de ninguna manera procede incoarles un procedimiento de devolución porque se encuentran ya en territorio español

Con independencia de las devoluciones ilegales, sobre todo de menores, que se llevaron a cabo en la misma jornada del lunes y martes y que fueron registradas por diferentes cámaras, a las personas que están en las naves o por las calles, de ninguna manera procede incoarles un procedimiento de devolución porque se encuentran en territorio español. Por ende, tienen derechos y obligaciones, el primero de ellos, el de ser identificadas.

“La Carta de derechos Fundamentales, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la propia Constitución Española y hasta la Directiva del Retorno establecen la identificación individual, el acceso a la asistencia letrada, a intérprete y al proceso de protección internacional, como garantías para las personas”, destaca Favieres.

Las próximas horas serán vitales para saber qué decide hacer el Gobierno español. “Hay mujeres malienses con peques, personas de Yemen, de Senegal y de otros países. Hay niños que quieren volver con sus familias y otros que pese a estar en la calle, quieren quedarse”, confirman a El Salto desde Ceuta.

En el aire flota el temor de que el Gobierno decida continuar con la política de devoluciones ilegales. Pero también la necesidad de que cumpla con las obligaciones internacionales y el reconocimiento de derechos que la propia Ley de Extranjería concede a las personas que han migrado.