Control de fronteras
75 entidades de defensa de la infancia piden al Gobierno que respete sus derechos en Ceuta

Cerca de 8.000 personas consiguieron cruzar la frontera desde el inicio de la última crisis migratoria en Ceuta. Unos 5.600 ya han sido devueltos a Marruecos. Y al menos 1.500 son menores de edad. Cientos de niños y niñas han sido devueltos ‘en caliente’ y de forma colectiva, en una clara violación a la Ley de Extranjería y la legislación internacional, según denuncian las ocho ONG españolas que forman parte del observatorio internacional de fronteras Migreurop. Otros tantos están en Ceuta en una situación complicada, muchos escondidos o hacinados en galpones, a la espera de que el Gobierno decida qué hacer con ellos.

La saturación de las instalaciones de Ceuta llevó el miércoles 19 de mayo a la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, a solicitar en una reunión de urgencia del Consejo Territorial el traslado de 200 menores que ya se encontraban en la ciudad autónoma antes de la actual crisis para hacer sitio a los recién llegados. Las autonomías tienen un par de días para decidir si aceptan la propuesta del Gobierno. Las comunidades gobernadas por el PP con el apoyo de CS y Vox —Madrid, Andalucía y Murcia— han sido las que han mostrado mayores reticencias. La formación de Santiago Abascal llegó a amenazar con la retirada de su apoyo al Gobierno andaluz. El presidente de Junta, Juanma Moreno, se limitó a responder que cumpliría con las “normas vigentes”. 

La crisis migratoria ha venido acompañada de numerosos violaciones de derechos humanos, también a los niños y niñas, denuncian desde la Plataforma de Infancia, una coalición de 75 entidades de defensa de los derechos de los menores que abarca un amplio espectro ideológico: Caritas, Unicef, Accem, Cruz Roja o Save The Children entre muchas otras. 

Desde la Plataforma de Infancia advierten al Gobierno que “la situación excepcional no puede servir para la realización de ‘devoluciones en caliente’, contrarias al derecho internacional”

Desde la Plataforma de Infancia advierten al Gobierno que “la situación excepcional no puede servir para la realización de ‘devoluciones en caliente’, contrarias al derecho internacional”. Tampoco se puede utilizar la actual crisis y el caos que acompañó los últimos días, continúan, para la separación de familias o de sus propios hermanos. 

Tanto el ordenamiento jurídico español como el derecho internacional, señalan desde estas entidades, obligan a “identificar adecuadamente a estos niños y niñas, especialmente a los que viajan solos”. Tras las identificación, se debe realizar una una “valoración” en la que los servicios sociales estudien cuál es la mejor opción para el menor, en especial una posible reagrupación familiar “siempre que sea acorde al interés superior individual de cada niño o niña, una vez que se las haya escuchado y siempre que se localice a su familia”. Al tratarse de menores “en situación de desamparo”, defienden estas 75 ONG, las autoridades deben “adoptar una medida de protección” y trasladarlos a centros adecuados para su edad.

La plataforma de Infancia también denuncia el uso innecesario de “pruebas invasivas” para determinar la edad de los menores y recuerdan que “no se deben realizar pruebas a aquellos niños y niñas que portes documentación que acredite su minoría de edad como a los menores indubitados”. 

“Estos niños deben ser protegidos de inmediato y sus necesidades deben evaluarse para identificar a los más vulnerables entre ellos y garantizar que reciban el apoyo que necesitan. Muchos niños están escapando de  conflictos, ataques o pobreza agravada por la pandemia”, sostiene Catalina Perazzo, directora de Sensibilización de Save The Children España.