Catalunya
Una relación difícil: el PSOE, Catalunya y el catalanismo

Catalunya casi nunca ha sido un tema fácil para el PSOE. El socialismo español tardaría casi un siglo en adaptar sus estructuras a la particularidad catalana. La nueva legislatura se inicia con un PSOE muy dividido con respecto a cuál debe ser la salida del conflicto catalán.

maragall felipe
Pasqual Maragall y Felipe González en 1988

Es historiador.


publicado
2020-01-06 06:48
El 15 de junio de 1977 la coalición Socialistes de Catalunya, formada por el Partit Socialista de Catalunya-Congrés y la testimonial Federación Catalana del PSOE, se convertía, con el 28% de los votos, en la fuerza política más votada en Catalunya. El éxito de la coalición entre el socialismo catalanista, liderado por Joan Reventós, y el renovado PSOE, dirigido por Felipe González y Alfonso Guerra, animaría a sus responsables a consolidar el experimento con la fundación en 1978 del Partit Socialista de Catalunya. Un nuevo partido, socialista y catalanista, que lograba reunir en su seno a todas las corrientes del socialismo en Catalunya, desde los escasos afiliados del PSOE catalán hasta históricos del POUM, independientes procedentes de ERC, socialistas autogestionarios de raíz cristiana y una mayoría de militantes procedente de Convergencia Socialista de Catalunya, el grupo socialista más activo en la oposición democrática y miembro fundador de la Asamblea de Catalunya.

El PSC nacía como un partido independiente del PSOE, pero con una relación federal con este similar a la existente entre el PSUC y el PCE. El socialismo catalanista lograba así una de sus históricas aspiraciones: consolidar un marco de relaciones federales con el socialismo español, algo a lo que el PSOE tradicionalmente se había resistido. El PSC volvería a ganar en las elecciones generales de 1979 y en las municipales de ese mismo año, conquistando en solitario, o a través de pactos con el PSUC, los principales ayuntamientos catalanes. Se trataba de un éxito sin precedentes para un PSOE que históricamente había arrastrado graves deficiencias a la hora de implantarse en uno de los territorios más dénsamente industrializados de España. Un siglo después de su fundación, el PSOE reconocía la especificidad catalana, se adaptaba a ella y lograba entrar con fuerza en un territorio donde su influencia había sido tradicionalmente débil.

Catalunya, eslabón débil del primer socialismo español

A finales del siglo XIX Barcelona era la gran ciudad fabril de una España mayoritariamente campesina. Aunque la Unión General de Trabajadores se fundó en Barcelona y el PSOE celebró también en la ciudad condal su primer congreso, el movimiento obrero de inspiración marxista no logró calar entre el proletariado militante barcelonés como sí lo haría entre el madrileño, el vizcaíno o el asturiano. La doble competencia del anarcosindicalismo entre la clase obrera organizada y del republicanismo lerrouxista o catalanista entre las capas medias y otros sectores populares dejarán al PSOE catalán casi sin espacio social y político hasta finales de la I Guerra Mundial. Será en esos años, marcados en toda España por una primera expansión del socialismo entre las clases medias, la intelectualidad y los trabajadores de cuello blanco, cuando algunas figuras procedentes del republicanismo catalanista vislumbren en el PSOE una herramienta útil, capaz de erigirse en una alternativa de izquierdas a la hegemonía conservadora de la Lliga Regionalista. Entre 1914 y 1919 un buen puñado de republicanos como Andreu Nin, Manuel Serra i Moret o Rafael Campalans se incorporarán a la federación catalana del PSOE con la perspectiva de lograr en ella una síntesis de obrerismo y republicanismo federal. Su influencia se hará notar pronto en el partido. A partir de su entrada el socialismo catalán abandonará su hostilidad hacia las reivindicaciones catalanistas y comenzará a defender también el derecho de Catalunya a gozar de instituciones propias de autogobierno.

A lo largo de los dos primeros años de la II República el PSOE se mostraría en general poco dispuesto a tender puentes con el republicanismo catalán

El XI Congreso del PSOE, celebrado en Madrid en noviembre de 1918, coincidiendo con el fin de la I Guerra Mundial, las revoluciones rusa y alemana, y la disolución de los imperios europeos, va a marcar un punto de inflexión en la historia del partido con respecto a la cuestión de las nacionalidades. En el congreso van a imponerse, no sin una gran discusión, las tesis federalistas defendidas por Julián Besteiro, mano derecha de Pablo Iglesias, así como por la federación socialista catalana. En el debate con aquellos miembros del partido que en nombre del internacionalismo obrero se negaban a asumir las demandas catalanistas, el catedrático de la Universidad de Madrid y dirigente socialista argumentaría que “nuestro internacionalismo de socialistas no puede conducirnos insensatamente al afán imperialista como españoles de dominar pueblos que tienen una personalidad robusta y bien destacada, y ansían gobernarse por sí mismos”, y se manifestaría a favor de que “cada pueblo pueda hablar en aquel idioma que mejor exprese sus sentimientos y sus necesidades, sin imposiciones del poder central”. En una declaración sin precedentes para un partido que hasta entonces había visto con desdén las reivindicaciones nacionalistas y regionalistas, el PSOE reconocía el derecho a la autodeterminación de los pueblos y se manifestaba a favor del establecimiento de una “confederación republicana de nacionalidades ibéricas”.

En el invierno de 1918 a 1919 los socialistas se sumaban a la campaña autonomista promovida por la Mancomunitat catalana. La monarquía de Alfonso XIII venía desde 1917 dando muestras de agotamiento y el PSOE, contagiado del espíritu revolucionario que se vivía en toda Europa, aspiraba a construir una amplia alianza por la República que integrase a catalanistas, reformistas, republicanos y movimiento obrero. Sin embargo, en febrero de 1919 la conflictividad social retornaba con fuerza a Barcelona y, ante la huelga general que paralizaba durante semanas la ciudad, la Lliga Regionalista optaría por cerrar filas con el Gobierno de Madrid y aparcar las reivindicaciones autonómicas a cambio de tropas para ahogar la protesta obrera. Decepcionado con la actitud del catalanismo hegemónico, el PSOE comenzó a dar pasos atrás en su reivindicación de la plurinacionalidad, que había sido asumida a regañadientes por buena parte del partido. El Congreso Extraordinario de diciembre de 1919 supondría la rectificación de las posiciones federalistas asumidas el año anterior. Disgustados por el nuevo rumbo tomado por el partido, los socialistas catalanistas abandonaban el PSOE y constituían en 1923 un nuevo partido: la Unió Socialista de Catalunya.

guerra al estatuto
Cartel contra el Estatut de 1932.

El PSOE y la cuestión catalana durante la II República

El 14 de abril de 1931 se proclamaba la Segunda República española. El nuevo régimen nacía con un gran apoyo social en Catalunya donde la caída de la monarquía se relacionaba con reformas sociales y con el establecimiento de un amplio autogobierno catalán. La colaboración de la Lliga Regionalista con la dictadura de Primo de Rivera había desprestigiado e inhabilitado a la derecha regionalista como fuerza hegemónica del catalanismo. En su lugar, un nuevo partido que reunía a separatistas, federalistas y autonomistas, Esquerra Republicana de Catalunya, se erigía como nueva fuerza política al frente del movimiento catalanista, donde se imponían los sectores más progresistas e identificados con la República española.

Los políticos republicanos y socialistas se habían comprometido, tras la proclamación de la República, a apoyar la autonomía catalana, pero discrepaban en qué grado de autonomía. El Estatuto de Autonomía elaborado por ERC y sus socios desataría las iras de las derechas, que agitarían el nacionalismo español más intransigente, tachándolo de separatista, y motivando manifestaciones, boicots a los productos catalanes e incluso una fallida intentona golpista por parte del general Sanjurjo. Tampoco la defensa del Estatut elaborado por los republicanos catalanes generaba entusiasmos entre las izquierdas españolas. El federalismo no estaba entre las prioridades de los republicanos liberales. Tampoco de los socialistas.

A lo largo de los dos primeros años de la II República, el PSOE se mostraría en general poco dispuesto a tender puentes con el republicanismo catalán, al que consideraba un aliado poco fiable, más preocupado por la defensa de sus particularismos que por consolidar la República o impulsar reformas sociales. En junio de 1931 un editorial de El Socialista acusaba a los catalanes de querer aislarse y crear “un idioma que no les sirve para nada, si no es para justificar, con placer morboso, la realidad del hecho diferencial con el resto de España”. Y, a finales de ese mismo año, las Juventudes Socialistas de Barcelona iniciaban una campaña por el mantenimiento de la educación pública en manos del Estado central y para que el castellano fuese la lengua obligatoria en todos los grados de la enseñanza, cerrando el paso al “separatismo reaccionario que pretende aislar a Cataluña del resto del mundo”.

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Julián Besteiro sería uno de los dirigentes del PSOE que en 1918 apostarían por un PSOE defensor del federalismo y la plurinacionalidad.

El Estatuto sería finalmente aprobado en 1932 con los votos del PSOE y los partidos republicanos, pero tras numerosos recortes que reducirían los aspectos más federalistas del texto, así como el peso de la lengua catalana en la enseñanza. Los intentos de construir un Partido Socialista de Catalunya confederado con el PSOE a través de un pacto entre la federación socialista catalana y la Unió Socialista de Catalunya fracasarían por la hostilidad del sector obrerista de Largo Caballero, que desconfiaba del carácter nacionalista pequeñoburgués de la Unió y prefería una alianza con el Bloc Obrer i Camperol de Joaquín Maurín. Únicamente la llegada al Gobierno de la República de las derechas, en noviembre de 1933, y los traumáticos sucesos de octubre de 1934, en los que se suspendería la autonomía catalana, conducirían al PSOE a cambiar de actitud con respecto al catalanismo de izquierdas. La reconquista de la República pasaba forzosamente por sellar un pacto entre las izquierdas y los nacionalistas catalanes, vascos y gallegos que estaban comprometidos con el antifascismo. El programa del Frente Popular firmado por todos los partidos de la izquierda española asumía el restablecimiento de la Generalitat y de la autonomía catalana como dos de sus principales puntos.

Tras la victoria del Frente Popular en febrero de 1936, Joan Comorera, líder de la USC, aceleraría su apuesta por crear un nuevo Partido Socialista de Catalunya, de carácter autónomo, que unificase todas las tendencias marxistas, siguiendo la orientación dada por la Internacional Comunista de superar la histórica división entre socialistas y comunistas. Se trataba de construir una fuerza socialista y catalanista, capaz de competir tanto con ERC en el terreno nacional, como con la CNT en el obrero, así como de ofrecer una alternativa prosoviética al recién fundado POUM. Finalmente, en julio de 1936, pocos días después del estallido de la Guerra Civil, nacía el Partit Socialista Unificat de Catalunya, que se autoproclamaba sección catalana de la Komintern y que agrupaba a la USC, a la federación catalana del PSOE, el Partit Comunista de Catalunya y el Partit Catalá Proletari. El PSUC se definía como un partido nacional catalán y de clase, independiente tanto del PSOE como del PCE, pero unido a ambos partidos españoles por relaciones fraternales. En la práctica, sin embargo, el PSOE se desentendería del PSUC, que se iría vinculando cada vez más estrechamente al PCE y a la Internacional Comunista.

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Cartel del PSC durante la Transición democrática.

El PSC: entre el patriotismo catalán y el patriotismo de partido

La alianza del socialismo catalanista de Joan Reventós con el PSOE de González y Guerra resultaría mutuamente beneficiosa para ambas formaciones. Las siglas del PSOE permitirían al PSC penetrar en el mundo castellanohablante de la emigración, al mismo tiempo que el componente catalanista del PSC le daba al PSOE acceso a la población de origen catalán. No obstante, la raíz catalanista del PSC chocaría pronto con la progresiva apuesta de Felipe González por disputar a las derechas la bandera de un españolismo “sin complejos”. La defensa por González de la LOAPA, que ponía límites al desarrollo autonómico, el recurso de su Gobierno ante el Tribunal Constitucional de dos artículos de la controvertida Ley de Normalización Lingüística de Catalunya, apoyada por los socialistas catalanes en el Parlament, y otros conflictos entre el Gobierno de Madrid y el de Barcelona, producirían tensiones intermitentes entre el PSC y el PSOE, siempre amortiguadas por los buenos resultados electorales, en las generales y las municipales, de una alianza demasiado exitosa como para arriesgarse a romperla. Desde la Generalitat, CiU sabría explotar en beneficio propio las contradicciones entre el socialismo catalán, más federalista, y el español, más centralista, presentando al PSC como un partido sucursalista, poco fiable en la defensa de los intereses de Catalunya. Para terminar de complicar las cosas a los socialistas catalanes, en 1993 Felipe González perdía la mayoría absoluta y, tras rechazar el acuerdo de Gobierno que le ofrecería IU, el PSOE decidía apoyarse en los votos de CiU para gobernar. Un acuerdo que reforzaría la imagen de CiU como partido “conseguidor” de beneficios globales para Catalunya.

Y en esto llego Pasqual...

Tendría que llegar el año 1998 y el salto de Pasqual Maragall de la alcaldía de Barcelona a la política catalana para que el PSC recuperase la posibilidad de ganar unas elecciones autonómicas. En 1980 el PSC había perdido, contra todo pronóstico, las primeras elecciones catalanas frente a un Jordi Pujol que había concentrado en CiU todo el voto conservador catalán, atemorizado por la posibilidad de una Catalunya roja gobernada por socialistas y comunistas. Desde ese duro e inesperado golpe, el PSC no se había logrado recomponer a nivel autonómico. Gobernaba Barcelona y las principales alcaldías catalanas, y ganaba en las elecciones generales, pero no lograba arañar la hegemonía pujolista en la Generalitat.

Las cosas cambiarían con la llegada de Maragall al frente del PSC. El ex alcalde barcelonés presentaría un nuevo estilo político más dinámico, moderno y personalista. Se rodearía de la plataforma de independientes Ciutadans pel Canvi y apostaría por jugar a fondo la carta de un PSC decididamente catalanista y federalista, que traía bajo el brazo la propuesta de un nuevo Estatuto de Autonomía. Es decir, un PSC que podía ganar a CiU en su propio terreno, el de la identidad nacional, y que podía alejar a ERC del independentismo y atraerla hacia un pacto progresista, federalista y plurinacional. El efecto Maragall se haría sentir. En 1999 se quedaba a las puertas de la victoria. En 2003, gracias a los votos de ICV y de ERC, Maragall lograba por fin convertirse en president de la Generalitat. Sería, sin embargo, una presidencia breve, de 2003 a 2006, marcada por los conflictos entre los socios del tripartito catalán y por las guerras culturales agitadas por la prensa española de derechas, que haría de Maragall y de su vicepresidente, el republicano Josep Lluís Carod Rovira, dos de sus bestias negras favoritas. Durante esos tres años el tripartit se convertiría en un permanente dolor de cabeza para el PSOE.

El PSOE se desentendería del PSUC, que se iría vinculando cada vez más estrechamente al PCE y a la Internacional Comunista
A priori, el proyecto de nuevo Estatut era compatible con la idea de la “España plural” preconizada por el nuevo líder del PSOE y presidente de Gobierno desde 2004, José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, la apuesta catalanista de Maragall comenzaría pronto a generar malestar tanto en el seno del PSOE como del PSC, poniendo de manifiesto las diferencias entre un sector del socialismo partidario de una lectura federal y plurinacional de la Constitución de 1978 y otro más coincidente con el PP en una interpretación más nacionalista española y restrictiva de la Carta Magna. Esta segunda opción estaría encarnada por los barones socialistas del centro y sur de España, siempre sensibles a la campaña anti Estatut del PP y de los medios conservadores, y para los que Maragall era un político nacionalista cuya propuesta federalista encubría un proyecto insolidario que pretendía mejorar la financiación de Catalunya a costa de los recursos que debían destinarse a la España más pobre. Asimismo, en el seno del PSC también crecían los críticos con el liderazgo maragalliano, que acusaban de alejar al partido de su votante tradicional. En 2005 un grupo de intelectuales hasta entonces cercanos al PSC impulsaban la creación de Ciutadans, un nuevo partido que se proponía ofrecer una alternativa al “nacionalismo obligatorio”.

El 30 de marzo de 2006 el Congreso de los Diputados aprobaba el Estatut, pero tras importantes recortes pactados entre Zapatero y Artur Mas, el sucesor de Pujol, al margen de Maragall, que tras perder la confianza de su partido renunciaría a repetir como cabeza de cartel del PSC. En 2007 anunciaba su baja del partido. Los maragallistas estaban de retirada, descontentos por la pérdida de perfil propio del partido. En 2012 Ernest Maragall, hermano de Pasqual, y otros destacados representantes del sector catalanista del PSC abandonaban el partido con rumbo a ERC.

La guerra cultural que viene

La mesa de negociación con ERC se convertirá en la patata caliente del nuevo Gobierno como el Estatut lo fue para el de Zapatero. Pedro Sánchez afronta una legislatura marcada por la cuestión catalana con un partido en el que aún no existe ninguna cohesión en torno a cuál debe ser la vía para resolver el conflicto en Catalunya. Es previsible que la histórica división entre el alma más nacionalista española del PSOE y su corriente más federalista y plurinacional vuelva a ponerse de manifiesto en un contexto en el que las derechas calentarán el ambiente político presentando cualquier negociación como una rendición del Estado al independentismo catalán.

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