Prisión incondicional para Turull, Rull, Romeva, Bassa y Forcadell

Del rechazo a su investidura como president de la Generalitat en el pleno del Parlament al decreto del juez Llarena que le impone el ingreso en prisión incondicional. Las últimas 24 horas de Jordi Turull, candidato de Junts Per Catalunya el jueves 22 de marzo, se resumen en ese giro de los acontecimientos que han acelerado la actualidad política catalana tras unas semanas de paréntesis.

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha decretado el ingreso en prisión incondicional de Turull, los exconsejeros Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa y la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell ante el riesgo de fuga y de reiteración delictiva en los delitos por los que les ha procesado este mismo viernes.

El Ministerio Público ha argumentado ante el juez Pablo Llarena que existe riesgo de fuga en el caso de todos ellos y que esta circunstancia se ve agravada por el hecho de que la número dos de ERC, Marta Rovira, no haya acudido este viernes a la sede judicial tras haber huido.

Tras conocerse la decisión de Llarena, se han convocado varias concentraciones de los Comités de Defensa de la República que llaman a protestar en las puertas de los ayuntamientos catalanes a partir de las 20.00 horas.

Turull, Rull, Romeva y Bassa están procesados por los delitos de rebelión y malversación mientras que a Forcadell se le atribuye únicamente delito de rebelión, según el auto de procesamiento emitido por Llarena en la mañana del viernes 23 de marzo por el que trece de las figuras políticas del independentismo han sido procesadas por un delito de rebelión. Otros cinco son acusados de delitos de malversación de caudales públicos y de desobediencia.

El auto de Llarena hace un recorrido del llamado Procés para terminar en lo que pudo ser. Así, el magistrado relata los hechos del día 20 de septiembre de 2017, cuando se produjo una manifestación ante la sede de la Consejería de Economía y Hacienda en protesta por las detenciones que estaban teniendo lugar, como “una real restricción de la capacidad de actuación como consecuencia del uso de la fuerza” y añade una valoración controvertida “tal y como ocurriría en un supuesto de toma de rehenes mediante disparos al aire”.

Los hechos del día 20 y los del referéndum del 1 de octubre son los momentos que destaca Llarena, que explica su convicción de que los líderes independentistas “desde luego se representaron que el fanatismo violento de muchos de sus seguidores había de desatarse”.

Hay que recordar que los Comités de Defensa del Referéndum del 1-O desplegaron una defensa noviolenta de los puntos de votación y que, en el transcurso de la jornada, fueron las imágenes de la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado las que fueron censuradas por observadores y prensa internacional.

El magistrado ha fijado una fianza de 2,1 millones de euros a los trece acusados del delito de rebelión, que, según el Código Penal, comporta penas de entre 15 y 30 años de prisión. Llarena destaca en su auto la importancia del Libro Blanco de la Transición Nacional de Cataluña, presentado por el expresident, Artur Mas, que no ha sido incluido en ninguno de los delitos imputados por Llarena. Tampoco Marta Pascal y Neus Lloveras.