Catalunya
Militantes antidesahucios denuncian operaciones de persecución policial: “Las detenciones son deliberadas”

Martes 18 de junio, barrio de Rocafonda, Mataró. El sindicato de vivienda de la ciudad ha convocado, como cada semana, a las vecinas ante la puerta de una de las familias que llevan casi 20 años en el barrio y ahora está a punto de ser desahuciada por un fondo de inversión, Ticatana S.A., ante la negativa de renovación de alquiler. Un tercer lanzamiento al que acude un amplio dispositivo policial y donde se genera una tensión que no tarda en ser retratada en redes sociales con vídeos y fotos de los enfrentamientos y cargas. 

Sin embargo, hay un detalle que vuelve a hacer saltar las alarmas: una vez ejecutado el desalojo, los Mossos d’Esquadra saltan el cordón para detener a dos militantes específicos del Sindicat d'Habitatge de Mataró, llegando a derribar a uno de ellos, que acaba con la cabeza sobre el asfalto. Un hecho que los asistentes ven premeditado y parte de una operación policial con diferentes ramificaciones en el movimiento por la vivienda de Barcelona.

Este caso se alinea con otras investigaciones recientemente abiertas a militantes en la ciudad, como es el caso del distrito de Ciutat Vella, que agrupa todo el centro metropolitano de Barcelona. Sindicatos de vivienda como el del barrio del Raval y el del Casc Antic denuncian múltiples prácticas de control policial después de las protestas en sedes bancarias para reanudar negociaciones de alquileres sociales. Hechos que, de acuerdo con las formaciones mencionadas, no representan casos aislados y son parte de un giro autoritario institucional ante una crisis social desbordada. 

Conflictividad social y respuesta institucional 

“Nosotros tenemos la certeza de que las detenciones del pasado martes fueron deliberadas. Pretendían ser detenciones simbólicas a modo de castigo y aviso a toda la gente organizada en el sindicat d’habitatge”. Hablan Pili y Appel, militantes del Moviment per l’Habitatge, y del Moviment Socialista, detenidos en el desahucio del pasado martes. Ambos cuentan a El Salto cómo en el barrio se ha gestado una situación de conflictividad que proviene de la prolongada crisis social generalizada. El sindicato al que representan, con un rol muy activo en la ciudad durante los últimos dos años, se ve obligado a parar lanzamientos de forma semanal.

“No fue casualidad que eligieran reventar este desahucio. Es una familia que lleva 20 años en el barrio. Era muy simbólico para nosotros, ya lo habíamos parado dos veces. No es tampoco casualidad que eligieran detenernos precisamente a nosotros, dos perfiles organizadores del sindicat: es una respuesta clarísima a la actividad que realizamos en el barrio respecto a la organización de la clase trabajadora”, indica Pili, exponiendo la actuación institucional desde este caso concreto hasta el conjunto general de la lucha por la vivienda. “Esto no pasa solo en nuestros barrios, es parte de una ofensiva contra el movimiento por la vivienda, donde se están acortando mucho más los tiempos de suspensión de desahucios, se ejecutan mucho más rápido con menos posibilidades de intervenir por vía legal, llevando muchos más desahucios por la vía penal y poniendo mayores trabas a la ocupación”, añade. 

🔴VIOLÈNCIA POLICIAL🔴

Les veïnes ens fan arribar més imatges de la detenció:@mossos de @joanignasielena @Esquerra_ERC totalment descontrolats, detenint persones a dit quan el desnonament havia acabat.

Immobilitzant a terra les nostres companyes, com si fossin terroristes. pic.twitter.com/HGW8brccyW

— Sindicat d’Habitatge de Mataró (@sindicatmataro) June 20, 2023

De acuerdo con Appel, la mencionada ofensiva corresponde a una escalada de violencia y represión estatal, donde las leyes sociales que pretendían garantizar mínimas condiciones de vida no tienen repercusión en la población trabajadora, pero sí las que implican una criminalización de la pobreza y la protesta ante el retroceso de derechos. “No les hace falta cambiar las leyes, sólo tienen que llevar todo por lo penal para desplazar el problema que vive la clase trabajadora de una forma silenciosa. Pero por mucho que quiten posibilidades como la de ocupar, los pobres no vamos a desaparecer”, dice el militante, en referencia a medidas como los desalojos exprés apoyados por el PSC, quien se ha hecho con la alcaldía en las pasadas elecciones en Barcelona.  

Precisamente, los casos de mayor vulneración de derechos se dan entre las personas que ocupan una vivienda ante la falta de alternativas, según el estudio sociológico publicado por el Observatori DESC en 2022 que indagaba en el impacto de la ley antidesahucios catalana (la Ley 24/2015). La conclusión principal del mismo puede resumirse en: garante en la teoría e insuficiente en la práctica, con relación a las trabas institucionales e inefectividad que ha presentado durante su aplicación. Por otro lado, las cifras de ocupación en el Estado español (en torno a 262.500 personas en 2017), pueden explicarse principalmente por motivos como el déficit de vivienda social, la creciente precarización de los hogares desde 2007 y la existencia de un número de viviendas vacías superior al medio millón, de acuerdo con los datos proporcionados por el Institut Cerdá.

Los sindicatos de vivienda de Ciutat Vella coinciden con la percepción de una confluencia de prácticas de control institucional contra militantes del movimiento vecinal en Barcelona

Ofensiva contra el movimiento por la vivienda

Los sindicatos de vivienda de Ciutat Vella coinciden con la percepción de una confluencia de prácticas de control institucional contra militantes del movimiento vecinal en Barcelona. Unas prácticas que van desde la apertura de investigaciones policiales, hasta las recurrentes visitas al domicilio de los militantes, llamadas telefónicas o identificación en acciones y protestas de los propios sindicatos. Estas, según señalan, son respuesta a las recientes campañas de organización colectiva en sedes bancarias contra los fondos de inversión como Cerberus y Blackstone para solicitar alquileres sociales. 

“Esta investigación a los militantes de los sindicatos de Ciutat Vella, sumado al acoso policial que hemos estado recibiendo estos últimos días, no es un hecho aislado. Junto a las detenciones del martes en el desahucio de Mataró, forman parte de un auge represivo en el Moviment per l’Habitatge que vivimos desde hace unos años”, indican de forma conjunta a El Salto el Sindicat d’Habitatge del Raval y el del Casc Antic, que coinciden en el planteamiento de los militantes del movimiento en el Maresme.