Catalunya
Catalunya: entre la desunión de los partidos y el embate de los juicios

El procés de Catalunya no ha vivido ningún otoño caliente, pero sí algunos episodios que hicieron visibles las fisuras en el independentismo.


publicado
2018-11-11 06:30

Vino octubre, pasó con todos sus aniversarios, desde el referéndum de autodeterminación del 1-O hasta la declaración de independencia del 27-O, y no hubo ningún "otoño caliente", pero sí algunos episodios que hicieron visibles las fisuras en el independentismo, primero, y en el espacio de la izquierda poscomunista, después. Con todo, la ausencia de hechos o declaraciones de calado en Cataluña no debería llamar al observador a engaño: el campo político se reorganiza y los equipos comienzan a prepararse y tomar posiciones para las próximas elecciones municipales y europeas (en 2019), a las que podrían sumarse unas elecciones autonómicas anticipadas. Cataluña no hierve, pero lo que suceda en ella en los próximos meses puede afectar al curso de la política del resto del Estado español.

Catalunya En Comú-Podem: "Lo he intentado todo"

El debate suscitado por la aparición de dos movimientos políticos en espacios muy diferentes, Sobiranistes y la Crida Nacional, es una prueba de ese corrimiento de tierras. "Si no entramos por la puerta, entraremos por la ventana", afirmó una desafiante Elisenda Alamany en la presentación, a finales de octubre, de Sobiranistes, en la que acusó veladamente a ICV de malograr la "nueva política" que el espacio de Catalunya en Comú-Podem (CECP) había de traer a la política catalana y de contribuir a perpetuar "los vicios e inercias de los partidos tradicionales (negociaciones entre aparatos, repliegues, tentación de homogeneización, pactos de despacho)".

La nueva corriente apuntaba especialmente al abandono del soberanismo por parte la dirección de la coalición. El movimiento impulsado por la exportavoz del grupo parlamentario de CECP y el coordinador general de Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) y diputado de esa misma coalición, Joan Josep Nuet, considera que el partido ha perdido fuelle y orientación y necesita volver a conectar con sus orígenes y reivindicar un catalanismo popular, so pena de caminar gradualmente hacia su irrelevancia, si se tienen en cuenta las dos últimas elecciones autonómicas, donde al mal resultado obtenido por Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP) en las elecciones "plebiscitarias" de 2015 le sucedió el aun peor cosechado por CECP.

El efecto que ha tenido Sobiranistes para los llamados "comuns" no es disimilar al de la manifestaciones del 29-S y el 1-O de los Comités de Defensa de la República (CDR) para el independentismo, evidenciando una falla en el espacio político. Desde el Ayuntamiento de Barcelona, abrió fuego contra la nueva corriente el tercer teniente de alcalde, Jaume Asens, al declarar que los impulsores de Sobiranistes "no han hecho las cosas bien ni lo han hecho en el momento correcto". Asens aseguró que las posiciones de Sobiranistes ya están representadas, en gran medida, en otra corriente de la que él mismo forma parte: Desbordem. Más duro fue el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, quien horas después calificó la iniciativa de "incomprensible e inaceptable en el fondo y en las formas que se plantea", además de "poco transparente" e innecesaria, alegando que CECP ya defiende "el soberanismo, el republicanismo y la nueva política vinculada al 15M".

La posición de CECP sobre la cuestión nacional ha sido, en el mejor de los casos, ambigua, si se dan por ciertas las buenas intenciones de sus dirigentes

Sin embargo, la posición de CECP sobre la cuestión nacional ha sido, en el mejor de los casos, ambigua, si se dan por ciertas las buenas intenciones de sus dirigentes. Desde la formación se afirma abiertamente que la tensión entre grupos respecto a la autodeterminación acabó por empujar a Xavier Domènech a la dimisión y que, ausente una figura que ejerciese la función pontificial —en su sentido etimológico: de tender puentes—, el conflicto no habría sino de estallar, más aún cuando, desde Madrid, Pablo Iglesias parece haber renunciado a cualquier intento de mediar en el asunto, sobre todo tras las consecuencias de sus intervenciones anteriores: desde las dimisiones de los dos secretarios generales anteriores, Gemma Ubasart, disconforme con el enfoque de la campaña para las elecciones del 27 de septiembre de 2015, y Albano Dante Fachin, en noviembre del año pasado, presionado por la dirección estatal, hasta los malos resultados tanto de CSQEP como de CECP. "Lo he intentado todo." La frase la atribuye una fuente de Catalunya en Comú-Podem al propio Iglesias.

El espacio de los comunes está, pues, a su suerte. Teniendo en cuenta la beligerancia con el independentismo del sector pseudofederalista, del que el miembro de CC OO Litus Alonso afirma que "estaría mucho más cómodo en un mundo en el que el movimiento republicano no existiera" y cuyas caras más visibles son Joan Coscubiela y Lluís Rabell y que tiene acceso a la maquinaria de partido de ICV, todo hace presagiar que, si los comunes quieren volver a ocupar un espacio que abarque otras posiciones, la batalla no será fácil. Aun menos cuando desde el Ayuntamiento de Barcelona se presiona para que toda la potencia de fuego se concentre en las próximas elecciones municipales, en las que Ada Colau corre el riesgo de perder la alcaldía a manos de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y sin saber a ciencia cierta dónde depositar la apuesta: en aquellos barrios donde el voto oscila entre Barcelona en Comú y ERC o en el cinturón rojo de Barcelona, que, en las pasadas elecciones del 21-D, acabó votando, mayoritariamente, a Ciudadanos.

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La Crida Nacional como un JxCat "premium"

Pocos días después de la presentación de Sobiranistes hizo lo propio la Crida Nacional en Manresa, ciudad escogida por su simbolismo, por haber acogido, en 1892, la presentación de las Bases para la Constitución regional catalana, primer proyecto constitucional catalán elaborado desde una perspectiva específicamente catalanista. La Crida Nacional, llamada en ocasiones simplemente la Crida, se define como un movimiento transversal, no como un partido —aunque se prevé la disolución del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) en ella, si consigue superar las resistencias de los antiguos convergentes— y ha conseguido incluir ya incluso a personas vinculadas a la izquierda, como la exdiputada de CSQEP Àngels Martínez Castells y el arqueólogo Eudald Carbonell, que, en el pasado, dio su apoyo a la CUP y fue próximo a la CGT. Aunque se trata, evidentemente, de una vuelta de tuerca a la operación efectuada en las pasadas elecciones del 21 de diciembre de 2017, con la creación de Junts per Calunya (JxCat), y tiene exactamente los mismos objetivos —frenar la subida de ERC, que aparece como primera fuerza en las encuestas—, no se debe subestimar a los spin doctors posconvergentes, que han sabido leer el momento político y apropiarse de formas políticas más elásticas y vinculadas a la "nueva política" posterior a la crisis de 2008 —la forma partido-movimiento, en vez de la vieja estructura de partido, llamadas a la transversalidad, importancia de la política digital y las redes sociales, etcétera—, con el fin de mantener intactos sus espacios de poder. Aunque es probable que no se presente a las próximas elecciones municipales —en parte, debido al propio debate en el PDeCAT—, los rumores de algunas candidaturas con esta marca en estos comicios indican que podría ser utilizada como termómetro para pulsar el ambiente y decidir si se materializa la disolución del PDeCAT en la Crida, o ésta se mantiene como estructura de movilización en paralelo al partido.

El independentismo oficial comienza a mostrar a las claras su falta de voluntad de aplicar aquello que sus votantes les reclaman

La cuestión no es baladí, en tanto que el independentismo oficial representado por este espacio político comienza a mostrar a las claras su falta de voluntad de aplicar aquello que sus votantes les reclaman, y que no es otra cosa que dar pasos decididos hacia la implementación de la República catalana. La creación de un Consejo Asesor para el impulso del Foro Cívico y Social para el Debate Constituyente lo evidencia ya desde su propio nombre, por no hablar de su cuestionable composición, objeto de chanza en las redes sociales, además de servir en bandeja de plata de munición a Ciudadanos (C's) para sus críticas. Algo parecido ocurre con el Consejo por la República —antes de la República—, que presidirá el consejero de Sanidad del Ejecutivo de Carles Puigdemont, Toni Comín, y que, lejos de suponer el órdago institucional del que se hablaba hace meses, se ha convertido en una entidad privada en la que la participación se somete un pago de diez euros por tarjeta bancaria. Aunque todo ello se justifica por la excepcionalidad política del momento y la necesidad de escapar a la legislación del Estado, colisiona de manera evidente con la participación democrática que se presupone a los principios republicanos que están tras el Ejecutivo. La CUP adelantó días atrás que no participaría en este órgano, considerando que no tenía representatividad alguna.

En el fondo, se trata, como en otros casos, de un navegar entre dos aguas que, prolongado, puede contribuir a aumentar la desilusión entre los votantes independentistas. Algo parecido sucede con la propuesta de referéndum pactado, presentada ora voz en alto, ora por lo bajini, una reivindicación en cualquier caso lógica, si se considera desde el punto de vista del reconocimiento internacional, pero que chocará una y otra vez con la resistencia de las élites de Madrid, pues un referéndum de estas características pone en riesgo la arquitectura institucional del propio Estado.

La CUP, ¿hacia un nuevo artefacto político?

La CUP no es ajena a todos estos movimientos. Un documento del Secretariado Permanente filtrado a la prensa estudiaba la posibilidad de crear "un nuevo artefacto político que refunda lo que ha sido la CUP en el Parlament estos últimos seis años" y permita a la formación anticapitalista "salir del margen del soberanismo al que hemos quedado relegados". La propuesta no carece de interés, ya que, habida cuenta de los movimientos antes mencionados, podría servir para crear un fértil terreno de cooperación con otros partidos políticos y, efectivamente, sacar a la CUP de la parálisis institucional en la que parece encontrarse, actuando, casi, como vagón de cola. Sin embargo, de este propuesta no se oyó hablar mucho más y sí prosperó, en cambio, la idea de que sus cuatro diputados en el Parlament abandonen sus escaños y sólo los ocupen en votaciones sobre determinados supuestos. La fórmula de compromiso encontrada —pues algunos en el partido reclamaban desde hacía tiempo que se abandonase la cámara por completo—, difícilmente puede satisfacer a nadie y la lista de supuestos está redactada de tal modo que muy pocas sesiones quedan fuera. Si una política abstencionista al estilo del Sinn Féin aquí carece de sentido, al no tratarse del Congreso de los Diputados, sino del Parlamento de Catalunya, y el abandono de los escaños sólo serviría para entregar la decisión definitiva de las votaciones al resto de partidos, el compromiso final acerca a la CUP a los modos del partido del procés. De este modo, la CUP se aleja de una de la que ha sido sus principales señas de identidad: un discurso claro y una coherencia entre lo que dice y lo que practica. Por el contrario, ahora parece acercarse al modus operandi de las fuerzas del gobierno: la gesticulación grandilocuente y una práctica concreta radicalmente opuesta. La situación política de la CUP es francamente delicada, por cuanto, con cualquier movimiento brusco, lo mismo un volantazo a la izquierda que a la derecha, podría conducirse a sí misma al matadero, convirtiéndose, como alertábamos en nuestro último artículo, en el chivo expiatorio de los demás partidos independentistas.

Y, en el horizonte, juicios

A falta de mejores candidatos para resolver el nudo gordiano en que se encuentra y carente de una estructura de movilización con objetivos, estrategia y liderazgo claros, el procés se arrastra y agoniza y, eventualmente, recobra energías, sobre todo cuando el Estado responde con dureza y galvaniza al movimiento. Es lo que pasó con el anuncio de las penas solicitadas por la Fiscalía del Tribunal Supremo para los consejeros del gobierno de Carles Puigdemont y los miembros de la mesa del Parlament que admitieron a trámite los proyectos de ley del referéndum y de transición jurídica, y por la de la Audiencia Nacional, en el juicio a la cúpula de los Mossos d'Esquadra, que en el caso del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras llegan hasta los 25 años de prisión. A ello hay que sumar el juicio en la Audiencia Provincial de Barcelona a los cinco ciudadanos que aceptaron ejercer como síndicos electorales para el referéndum del 1 de octubre, aun cuando acabaran dimitiendo, tras las multas impuestas por el Tribunal Constitucional. La noticia llevó a las fuerzas que integran la coalición de gobierno catalán a anunciar la retirada de su apoyo a los presupuestos generales de 2019, lo que podría precipitar una crisis de gobierno en Madrid y, si no se alcanza un acuerdo dentro de unos meses, quizá, una convocatoria de elecciones anticipadas.

A nadie se le escapa que la represión político-judicial estatal podría reavivar la movilización soberanista. No obstante, las defensas meramente "jurídicas" adoptadas por la mayoría de procesados, basadas en el reconocimiento del tribunal y alegando el carácter puramente "simbólico" de las declaraciones parlamentarias aprobadas, han dado resultados muy desfavorables y no son precisamente las mejores banderas para activar la movilización. En cambio, la estrategia de ruptura adoptada por la presidenta del grupo parlamentario de la CUP durante la pasada legislatura, Mireia Boya, le ha reportado mejor resultado. Tanto desde el punto de vista de la activación de la movilización popular antirrepresiva como desde el de sus intereses penales, los procesados políticos catalanes y sus defensas harían bien en considerar la advertencia que hiciera el abogado de activistas argelinos durante la guerra de la independencia Jacques Vergès: "Si el gobierno francés se decidiera un día a publicar la lista completa de los condenados a muerte [por los tribunales franceses en Argelia] realmente ejecutados, nos sorprenderíamos al ver hasta qué punto es mortífera la defensa de connivencia y economizadora de vidas humanas, la de ruptura”.

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