Cárceles
El Constitucional obliga a investigar una denuncia de torturas en la cárcel de Estremera

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional ha reconocido en una sentencia hecha pública ayer, 10 de febrero, que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de un preso que denunció haber sido víctima de torturas y tratos degradantes en mayo de 2018 en el centro penitenciario Madrid IV, en Estremera, donde cumplía condena en régimen de aislamiento.

La denuncia, presentada ante el Juzgado de Guardia de Arganda del Rey e investigada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Arganda, fue archivada después de que el juez escuchara el testimonio del recluso, de los funcionarios de prisiones investigados por las supuestas torturas y recabara informes del centro sobre lo sucedido. Las imágenes grabadas por las cámaras de la prisión ese día no fueron adjuntadas al proceso porque, según informaron desde la dirección de la prisión, ya habían sido borradas. Entre la documentación presentada en la investigación se encontraba un informe médico realizado tras la reducción del recluso en que se se señala que este no presentaba lesiones, a pesar de que tenía los labios grapados —por él mismo— como parte de una protesta de huelga de hambre. Tras ser reducido, el preso, que denuncia que fue golpeado por los funcionarios de prisiones, fue sometido a aislamiento con sujeción de correas hasta el día siguiente.

En julio de 2019, la Audiencia Provincial de Madrid rechazó el recurso presentado por el recluso ante el archivo de su denuncia, descartando llamar a declarar como testigos a un tercer funcionario de prisiones que habría presenciado los hechos, a tres internos también testigos. 

“A la vista de las circunstancias concurrentes, la investigación judicial de los hechos no alcanza la suficiencia y efectividad exigida por la jurisprudencia constitucional en este tipo de casos”, señala la sentencia del Tribunal Constitucional, cuyo ponente ha sido el magistrado Juan Antonio Xiol Ríos, vicepresidente del órgano desde la renovación de los miembros del tribunal que tuvo lugar en noviembre pasado.

El Constitucional señala las demoras en la tramitación de la denuncia, en la remisión de los informes al juzgado por parte del centro penitenciario, que estos estaban incompletos y que, a pesar de que desde el centro se sabía de la denuncia, borró las imágenes grabada ese día por las cámaras de seguridad

“No cabe excluir una posible renuencia en la colaboración de la Administración penitenciaria en el esclarecimiento de los hechos como elemento justificativo, para que se perseverara en la investigación judicial”, añade el escrito, que señala las demoras en la tramitación de la denuncia, en la remisión de los informes al juzgado por parte del centro penitenciario, que estos estaban incompletos y que, a pesar de que desde el centro se sabía de la denuncia, borró las imágenes grabada ese día por las cámaras de seguridad. También pone en duda la veracidad del informe médico, en el que se afirma que el recluso no presentaba lesiones a pesar de que el preso tenía los labios grapados.