Capitalismo
Telefónica y el nuevo régimen del neoliberalismo militar

Lo que hoy conocemos como Telefónica nació de la alianza ocurrida a principios del siglo pasado entre un dictador, Miguel Primo de Rivera, y los hermanos Behn, quienes gracias a su conexión con Wall Street fundaron una empresa tecnológica, la ITT, convertida en lo que músicos como el nigeriano Fela Kuti o activistas antiguerra resignificaron como el símbolo de ‘Imperialismo, traición y terror’. Tras expandirse en los años veinte por América Latina, participó activamente en el golpe de Estado sucedido en 1973 contra Salvador Allende en Chile. La estrategia estadounidense en la región era, en las célebres palabras de Richard Nixon, que ITT pudiera “hacer chillar a la economía chilena”, justificando así la intervención de los militares encabezados por Augusto Pinochet. El resto es historia: el nacimiento del mayor experimento neoliberal acaecido en la breve historia, al menos, hasta la llegada de Javier Milei

El margen para ejercer la soberanía tecnológica era mayor, no obstante, tres décadas atrás de que se produjera la intensificación de la Guerra Fría. En 1946, la Argentina de Perón consiguió nacionalizar esta empresa estratégica de telefonía (eso sí, tras una indemnización de 95 millones de dólares a ITT) y conservar lo que hasta el día de hoy es una referencia a nivel mundial en soberanía digital, ARSAT, que de momento ha sobrevivido a las garras del trumpista de Palermo.

Franco recibió 10 millones de dólares de ITT, antigua Telefónica, durante el alzamiento. El resto es historia fraguada a cal viva: la soberanía del Estado, tras reprimir al 'enemigo', se echó a un lado para dar paso a las grandes empresas en 1995

Tan solo un año antes, al otro lado del hemisferio geopolítico, el dictador español Francisco Franco –que había recibido 10 millones de dólares de ITT y acceso a líneas de crédito para financiar al bando sublevado– nacionalizó el 79 % de la compañía, excluyendo forzosamente al capital estadounidense y permitiendo apenas doce meses después la entrada a la compañía de los grandes bancos nacionales en el accionariado. El resto es también parte de la historia neoliberal, fraguada a cal viva, bien conocida aunque ampliamente olvidada: la soberanía del Estado, tras haber reprimido al 'enemigo', se echó a un lado para dar paso a las grandes empresas en 1995.

Después de producirse la caída del Muro de Berlín, el capitalismo global se insertó sobre cadenas digitales, dando lugar así a una industria de la comunicación e información que facilitara la colonización financiera y cultural de la visionaria dupla Wall Street-Hollywood. Esta estrategia se asentó en conquistar la infraestructura básica de los Estados. Según nuestros datos, entre 1984 y 1999 se llevaron a cabo privatizaciones en las redes de telecomunicaciones públicas por valor de 244.000 millones de dólares en todo el mundo. En ese tiempo, de los 189 miembros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, casi la mitad (90) habían privatizado total o parcialmente sus operadores de telecomunicaciones existentes, 18 completamente.

Los fondos europeos no lubrican el modelo digital español

Los espacios políticos de intervención política se redujeron aún más si cabe con la crisis del sistema de acumulación a escala planetaria en 2008. Entonces, buena parte de los actores capitalistas extranjeros que se habían lucrado con la anterior –la del petróleo, que derivó en el aumento de la dependencia energética, y la industrial, en la venta de activos estratégicos– comenzaron a invertir los beneficios recabados exportando materias en controlar los sectores más avanzados de otros países, como los tecnológicos, y sus industrias de referencia, antaño públicas. Algunas startups de Silicon Valley, como Uber o Airbnb, son una buena muestra de ello. También lo es Iberdrola, Colonial e IAG con la participación de Qatar, y medio Ibex-35, con la del fondo noruego de pensiones.

Desde hace algunos años, tanto los países europeos como sus multinacionales tienen que llegar a equilibrios complicados con otros actores políticos, como los fondos soberanos y las empresas estatales extranjeras. Los primeros aumentaron de 50 a 92 entre 2005 y 2017, mientras que los activos gestionados crecieron hasta superar los 7,5 billones de dólares, lo que supone más que los fondos de cobertura y las empresas de capital riesgo combinados. Son estos actores quienes han sido los responsables de que, una vez más debido a una dictadura, el Estado español se haya visto obligado a cumplir un papel especialmente novedoso en la organización de la economía y la sociedad, en la supervisión y administración de la acumulación de capital, o en la propiedad y el control directo de este. Ahora bien, ¿tiene algo que ver con el retorno de la política industrial o el fin de la era de los mercados libres?

Tras varios meses de negociación en absoluto secreto y análisis internos exploratorios sobre la adquisición accionarial, la ministra de Economía y Asuntos Digitales, Nadia Calviño, cerró su penúltimo trabajo en funciones pendiente reafirmando su nuevo poder político como presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI): adquirir a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) un 10% de las acciones de Telefónica (la prensa, como mucho, especulaba con el 5%).

Una empresa privatizada totalmente en 1998 –mediante una Oferta Pública de Acciones (OPV) sobre el 20,9% que todavía mantenía el Estado– durante la primera legislatura de José María Aznar, acaecida de la mano del artífice del ‘milagro’ económico español Rodrigo Rato. La primera había sido activada en 1995, cuando el último ejecutivo de Felipe González sacó un 10,7% del capital de la compañía.

La paradoja es que Calviño ha corregido el error de quien instigó la guerra sucia contra ETA de una manera más activa que la política industrial para evitar que los señores de la guerra saudíes se hagan con el control de Telefónica. A cambio ha entregado 2,500 millones de euros, casi el doble del precio al que vendió (1.443 millones) hace 28 años un porcentaje similar. Calviño consolida así una línea distinta a quien se impuso en su carrera hacia el BEI, la Comisaria de Competencia europea, Margrethe Vestager, de las filas europeas más proclives a defender la primacía de los mercados y la competencia antes que la intervención estatal o la política industrial activa.

No es una apuesta industrial: en seis años, Telefónica ha vendido 12.500 millones en activos de redes para reducir su deuda y ampliar su flexibilidad en el mercado; quedan menos de 12.000 empleadas en una plantilla que llegó a tener 77.000

Hasta los Técnicos Comerciales y Economistas del Estado (Tecos) de Calviño entienden que el modelo capitalista español ha fallado y que el dinero de los fondos europeos no reactivará a las anquilosadas industrias antaño públicas. Por tanto, no caben muchas alternativas políticas que romper contra uno de esos dos mantras, el modelo capitalista español, e ir un paso más allá en las medidas que adoptaría cualquier país europeo. Alemania tiene el 30,46% de Deustche Telecom; Francia, el 23% de Orange; en Telecom Italia, la participación pública es del 9,8%; fuera de la Unión Europa, Suiza y Noruega tienen más del 50% de las acciones de la principal operadora de telecomunicaciones de su país, lo que supone el control total.

Otra cosa distinta es que Telefónica altere su modelo de negocio, o lo reorganice hacia el sector industrial. Resulta complicado de creer cuando, solo en seis años, ha tenido que vender 12.500 millones en activos de redes para reducir su deuda y ampliar su flexibilidad en los mercados financieros. Asimismo, la fórmula de plan de bajas voluntarias, ejecutado en 2016 por la compañía con un coste de casi 3.700 millones de euros, sirvió para despedir a 6.300 trabajadores. La empresa, además, acaba de anunciar que serán 4.000 puestos de trabajo más bajo la fórmula del ERE. Quedan menos de 12.000 personas en una plantilla que llegó a tener 77.000 empleadas.

Defensa, Navantia y Arabia Saudí

Ante la pérdida de posiciones en la competencia capitalista a escala global de Telefónica, lo cual explica los despidos, pero también la venta de buena parte de su infraestructura tecnológica, así como los problemas de deuda, Saudi Telecom Company (STC), participada al 64% por el Estado a través de Public Investment Fund, había pedido permiso al Gobierno español para tener el 9,9% de la compañía.

En contexto, el vehículo de inversión soberano saudí es uno de los seis grandes fondos de su tipo, junto con Singapur, Emiratos Árabes Unidos, Noruega y Qatar. Aunque todavía no estaba en la lista de los “nuevos amos del IBEX", este capital global se encuentra pleno proceso de expansión. Tras irrumpir en empresas como Uber, Softbank, Nintendo o el Newcastle United busca alcanzar un total de activos gestionados de 2 billones de dólares en 2030, casi tres veces de los 700.000 millones que tiene en la actualidad y casi doces veces el PIB español.

Como explicó El Confidencial,el equipo económico de Pedro Sánchez quería que STC se mantuviera en el 4,9% para que no influyera en la compañía, como precisa el 'escudo antiopas' activado por el Gobierno español mediante el Real Decreto 571/2023, de 4 de julio sobre inversiones exteriores. Todo parecía controlado hasta que la semana pasada los representantes saudíes exigieron disponer de un 6,7% de las acciones para optar a una de las 15 sillas del Consejo de Administración. El BBVA y la Fundación La Caixa, sin llegar a ese porcentaje aunque con un sillón en sus manos, vieron amenazado el equilibrio que tuvieron durante más de 30 años. Una horas antes de que la compra de acciones del Estado se produjera, ninguno de ambos empresarios era consciente del movimiento: Calviño activó la soberanía política del Estado, no para emprender un nuevo camino industrial, sino para consolidar el sector español de la defensa.

La ministra de Economía tenía que gestionar la relación, extremadamente política, entre los capitalistas españoles y el capital procedente de las dictaduras extranjeras, que tienen más fondos a su disposición que las instituciones europeas y cuyas reformas estructurales abren, según el Instituto Elcano, “nuevas oportunidades económicas derivadas de la liberalización y la apertura a la inversión extranjera”. En otras palabras, trabajar “la acción económica exterior española” no es compatible con bloquear la entrada de Riad en el accionariado de Telefónica.

Especialmente cuando está pendiente la formalización de un contrato de 1.800 millones de euros para comprar cinco buques de guerra a la empresa pública Navantia, de la cual dependen 7.500 empleos cualificados en ambos países. Como también publicaba El Confidencial,el mismo responsable de la Dirección General de Armamento y Material dependiente del Ministerio de Defensa, Aniceto Rosique Nieto, quien debía analizar la solicitud de inversión en Telefónica, a su vez era miembro del consejo de administración de Navantia, que esperaba la firma del nuevo megacontrato.

El responsable público de analizar la solicitud de inversión de STC en Telefónica era a su vez miembro del consejo de administración de Navantia, que esperaba la firma de un nuevo megacontrato de 1.800 millones con Arabia Saudí.

Además de los encargos a Navantia, también son importantes los de Renfe, Adif e Indra, quienes dependen de contratos a largo plazo con Arabia Saudí. También se había cerrado un trato para la transferencia de tecnología con la dictadura saudí (ya existían acuerdos y otras conexiones en materia de ciberseguridad con Telefónica). Por no señalar el acuerdo con la Real Federación Española de Fútbol para conseguir los derechos de la Supercopa de España que involucró a Gerard Piqué y al anterior jefe de Estado, Juan Carlos de Borbón.

Asimismo, nadie quería repetir el incidente con la monarquía de Oriente Medio: cuando Margarita Robles revisó contratos de envío de bombas racimo a Arabia Saudí, revelando su uso en Yemen, donde causaron la muerte de niños tras la explosión de un autobús, el país amenazó con detener la entrega de corbetas de guerra, así que la ministra de Defensa rectificó y las 400 bombas racimo fueron finalmente enviadas.

Más allá de los discursos sobre el “retorno del Estado emprendedor” o la “muerte del paradigma neoliberal”, lo cierto es que la intervención política forma parte de los nuevos tiempos del “neoliberalismo militar”, como lo definía Morozov en un artículo para Le Monde diplomatique. Este régimen se caracteriza por el desplazamiento del gasto público hacia empresas tecnológicas clave para la seguridad nacional, en la intervención del Estado exclusivamente en el ámbito de Defensa y en presentar el sector militar como la única forma de alcanzar la prosperidad económica nacional o derrotar al enemigo occidental. Ahora bien, a diferencia de lo que ocurrió en los viejos tiempos de la Guerra Fría, cuando se impuso el keynesianismo militar, el dinero del Gobierno español no ayudará a los ciudadanos, sino que solo servirá para alimentar a los accionistas de Telefónica, entre los cuales está Black Rock. 

Militarización de las comunicaciones

Otro asunto importante es que Telefónica ya no es solo una empresa de telecomunicaciones, sino, en palabras del Gobierno, un actor central para el sector de defensa. La actual es una estrategia similar a la llevada a cabo con Indra, otra empresa con participación pública que ganó 172 millones en 2022, un 20% más, en buena medida gracias al aumento de la contratación pública. Cada vez más volcada con el ministerio de Defensa, Indra también ha iniciado un proceso de venta de “activos no estratégicos", como su negocio de Smart City, tras recibir millones para proyectos que no funcionan, y el de asesoría, después de haberse probado que manipulaban licitaciones para desarrollar plataformas que tampoco lo hacían. El objetivo, consolidarse como líder en la industria militar.

En un contexto de guerra global, Telefónica está siguiendo una estrategia calcada. Hasta septiembre, el operador de telecomunicaciones había duplicado el valor de los contratos obtenidos en 2023 respecto al año anterior con casi 200 millones de euros en adjudicaciones. Hace dos años ya nos hacíamos eco en un artículo de los más de cien contratos que Telefónica ha firmado con el Ministerio de Defensa en la última década, destacando el apoyo técnico-logístico que necesitan las Fuerzas Armadas para controlar su aparato informático, un proyecto que supuso un gasto de 31 millones en 5 años.

Uno de los lazos más importantes entre Telefónica, el Estado y el sector militar es una herencia del PP: el plan estratégico para blindar las comunicaciones del ministerio, los Ejércitos y la Armada mediante tecnologías de última generación

Lo mismo ocurrió con el control de las comunicaciones vía satélite del ejército y la protección contra los ataques cibernéticos. Más recientemente, la antaño empresa pública recibió otro contrato de Defensa de más de 120 millones de euros para el despliegue y mantenimiento de una red de fibra oscura que extienda más allá de Madrid la red de comunicaciones dedicadas del Ejército, así como la conexión de esta red con las Islas Canarias. ¡Todo ello mientras vendía su negocio de fibra rural!

Ahora bien, uno de los lazos más importantes entre Telefónica y el sector militar tiene que ver con el blindaje de sus comunicaciones, herencia que dejó la administración del PP. Debido al pánico moral inducido, en buena medida por El País, respecto al espionaje ruso, aún con Mariano Rajoy en La Moncloa se aprobó un Plan Estratégico (PECIS) con un presupuesto de 395 millones de euros y un periodo de ejecución de seis años (2019-2024) para dotar al ministerio, a los Ejércitos y a la Armada de tecnologías de última generación.

Entonces, el exministro conservador de Defensa Pedro Morenés encargó a Telefónica parte del desarrollo de lo que pasaría a llamarse la Infraestructura Integral de Información para la Defensa (I3D), operativa desde septiembre de este año, y que debía facilitar a todas las unidades de las Fuerzas Armadas (buques, bases, aviones, helicópteros, blindados o vehículos) acceso a los recursos digitales necesarios para garantizar la seguridad nacional del Estado.

En 2019, de los casi 309 millones de euros presupuestados en 110 licitaciones, Telefónica acumulaba 96 millones en tan solo varios acuerdos marco millonarios, un tercio de todos los fondos destinados. Desde entonces, se ha adjudicado otros cuatro contratos por un valor superior a los 101 millones de euros, un 69% de los 146,87 millones de euros licitados en último acuerdo marco del Ministerio de Defensa. Después de que STC anunciara la compra, esta compañía se adjudicó el mantenimiento de esta “infraestructura crítica” (servicios de datos, 5G, telefonía fija, localización, redes privadas virtuales para las Fuerzas Armadas, etc), con una cuantía de otros 20 millones.

Navegar las aguas del “neoliberalismo de guerra” implica maniobras un tanto burdas. Tras privatizar Telefónica y externalizar funciones como la defensa, al Estado no le queda otra que hacerse cargo de la compañía para proteger la seguridad nacional.

Incluso El País entendía el movimiento cuando publicaba que la operadora selló contratos militares y de ciberseguridad en 2023 por 200 millones de euros (la suma total en una década, apenas ascendía a 500 millones). Entre ellos, el acuerdo con la Armada para crear una infraestructura 5G privada para comunicaciones de buques, el encargo para la creación del Centro de Desarrollo, Adiestramiento y Pruebas para Operaciones Militares en Ciberdefensa con tecnología 5G, o el sistema comunicaciones y de gestión y envío de información clasificada de Defensa conocido como SC2N, y la renovación de los sistemas dedicados a la conducción de operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión del Ministerio de Defensa (DISEVAR).

Navegar las aguas del “neoliberalismo de guerra” es una paradoja un tanto burda de cómo funciona este sistema. Tras privatizar Telefónica y externalizarle mediante contratos públicos la política de Defensa, al Estado no le quedaba otra posibilidad que hacerse cargo de la compañía para proteger la seguridad nacional. Eso es lo que en un artículo académico denominábamos la “falsa soberanía digital“: la primacía de la seguridad nacional sobre la política industrial. Así lo exigió la industria en un desayuno organizado por La Razón denominado 'Defensa, el quinto pilar del Estado de bienstar', donde los voceros reclamaron políticas de estado que fomenten las fusiones o adquisiciones entre compañías para crear campeones nacionales.

Nadia Calviño ha tratado de hacer malabares para solucionar algunos de los problemas heredados de la ausencia de política industrial por parte de González y Aznar, pero de esta forma ha consolidado un giro hacia la digitalización del capitalismo español apoyado sobre las necesidades en materia de defensa del sector militar. Telefónica será uno de esos nuevos campeones. En ese marco se entienden también las operaciones del Mar Rojo o las nuevas reglas de ajuste europeas, que excluyen los gastos de los Estados en material digital y de seguridad. Dado este contexto, no caben dudas: ser de izquierdas implica exigir una infraestructura tecnológica pública, soberana, al servicio del pueblo, como el caso de ARSAT en Argentina, no una infraestructura tecnológica privada con presencia de dictaduras extranjeras.