Brasil
Organizaciones de derechos humanos señalan a la derecha bolsonarista por la masacre de 121 personas en Río

El pasado 28 de octubre, al menos 121 personas murieron en un operativo de la policía civil y militar en las favelas Alemão y Penha, en Río de Janeiro. Organizaciones de derechos humanos acusan a las autoridades locales, de la ultraderecha bolsonarista, de realizar ejecuciones extrajudiciales y llevar a cabo una matanza que “evidencia nuevamente una violencia sistémica y racista”.

La llamada Operación Contención “no es una operación de seguridad”, denuncia Amnistía Internacional, “es una masacre” planificada y llevada a cabo por las autoridades de Río de Janeiro contra personas pobres y negras. “Es urgente que las autoridades realicen una investigación pronta, independiente e imparcial, y que soliciten supervisión internacional para garantizar su efectividad”, afirma Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional. “El Gobierno de Cláudio Castro en Río de Janeiro ha convertido la política de seguridad en una política de muerte que debe cesar de inmediato”, añade.

La llamada Operación Contención “no es una operación de seguridad”, denuncia Amnistía Internacional, “es una masacre” planificada y llevada a cabo por las autoridades de Río de Janeiro contra personas pobres y negras

Cláudio Castro, gobernador del Estado de Río de Janeiro, es parte del Partido Liberal, del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, desde 2018. Castro definió la operación contra el Comando Vermelho como un “éxito” en el que los agentes ejercieron un “uso de la fuerza proporcionada”, según afirmó ante la Corte Suprema de Brasil este lunes 3 de noviembre. Según afirmó por carta, la operación contra uno de los dos grupos criminales más poderosos de Brasil pretendía capturar a 51 personas de estas bandas y respetó el protocolo para evitar víctimas civiles. 

Unas afirmaciones que han sido contestadas por las organizaciones de derechos humanos, que denuncian ejecuciones extrajudiciales, una “represión sistemática”, disparos desde helicópteros, incursiones sin orden judicial e impedimentos para asistir a personas heridas. Numerosos testimonios e informes locales recogidos por Amnistía Internacional hablan de signos de ejecuciones extrajudiciales: disparos por la espalda, en la nuca y fallecidos con las manos atadas. 

“La población de las favelas vive bajo un estado de alerta y amenaza permanente. Las operaciones policiales en Brasil se han convertido en sinónimo de terror, racismo y desprotección total”, señala Jurema Werneck, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil.

Numerosos testimonios e informes locales recogidos por Amnistía Internacional hablan de signos de ejecuciones extrajudiciales: disparos por la espalda, en la nuca y fallecidos con las manos atadas

Según esta organización, el patrón de violencia policial en Río de Janeiro refleja “una política racista incrustada en la estrategia de drogas y de seguridad pública brasileña”. El Gobierno de Cláudio Castro, recuerdan, ha sido responsable de cuatro de las cinco operaciones más letales en la historia del estado, incluyendo las de Jacarezinho en 2021 y Vila Cruzeiro en 2022. 

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el Movimiento Nacional de Derechos Humanos (MNDH), la Justiça Global y Justiça nos Trilhos señalaron en un comunicación a la autoridades del estado de Río como “máximos responsables de esta acción premeditada y criminal”. 

Pese a las advertencias de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el carácter discriminatorio de la llamada “guerra contra las drogas”, Amnistía Internacional acusa al Gobierno de Castro de continuar con unas operaciones policiales que “violan de manera flagrante los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza”. 

Entre los abusos cometidos, esta ONG denuncia la criminalización que han sufrido familiares y vecinos que, ante la ausencia de personal policial o forense en los días siguientes, rescataron los cuerpos de las víctimas “para garantizar su identificación y un entierro digno”.

Human Rights Watch acusó a la policía del estado de Río de encubrir los asesinatos y alterar las escenas del crimen, algo que dificulta determinar las circunstancias en las que se produjeron las 121 muertes. Según esta ONG, los expertos forenses de la policía carioca no han realizado ningún análisis de la escena del crimen en ninguno de los homicidios. “Nos preocupa profundamente que no se hayan tomado medidas cruciales en la investigación y que se haya perdido evidencia importante”, señala César Muñoz , director de Human Rights Watch en Brasil. 

El 28 de octubre, cerca de 2.500 agentes de la policía civil y militar, acompañados de blindados y helicópteros, ingresaron en las amplias favelas de Alemão y Penha. Ese mismo día se reportaron 64 personas muertas, entre ellas cuatro policías. Al día siguiente, los vecinos encontraron decenas de cadáveres más en una zona boscosa, sin ningún tipo de presencia policial o forense que pudiera analizar las balas, las salpicaduras o la posición de los cuerpos para determinar cómo habían muerto. La investigación también ha fallado en la preservación de pruebas en las 118 armas incautadas, que fueron presentadas a la prensa y a las cámaras. En las imágenes se puede ver cómo policías e incluso reporteros manipulan las armas y otros equipos incautados sin guantes.

El 24 de septiembre, Human Rights Watch advertía sobre los peligros de un nuevo proyecto de ley, que otorgaría “un incentivo económico para matar a sospechosos y debilitaría el análisis forense”

En 2024, la policía de Río de Janeiro ha asesinado a 703 personas según datos oficiales. Entre enero y agosto de 2025, mataron a otras 470. De las personas asesinadas en 2024, el 86% eran negras.

El 24 de septiembre de este año, Human Rights Watch advertía sobre los peligros de un nuevo proyecto de ley, que otorgaría “un incentivo económico para matar a sospechosos y debilitaría el análisis forense”.  

“Otorgar bonos a la policía por homicidios no solo es brutal, sino que también socava la seguridad pública al crear un incentivo económico para que los agentes disparen en lugar de arrestar a los sospechosos”, declaró  César Muñoz, “una estrategia que promueve los tiroteos pone en peligro la salud y la vida de los sospechosos, los transeúntes y los propios policías, sin contribuir en absoluto a desmantelar las organizaciones criminales”.