Análisis
Elecciones en Brasil: el penúltimo asalto de EEUU e Israel a Latinoamérica

El colorario trumpista de la doctrina Monroe, conocida como doctrina “Donroe”, ya es una realidad en Latinoamérica. Con solo mover un dedo, el presidente de los EEUU ha dirigido un giro en el espectro político del continente en un periodo de apenas dos años.

Tras casi 30 años de gobiernos progresistas en Latinoamérica, desde la llegada de Hugo Chávez al poder en febrero de 1999 seguido por la primera elección de Lula da Silva en enero de 2003, la región sufre un revés considerable en la hegemonía de poder. Hay un hilo de continuidad que parte de la Argentina de Javier Milei, sigue en el Ecuador de Daniel Noboa, la Bolivia de Rodrigo Paz y culmina ahora con el Perú de Keiko Fujimori y la Colombia de Abelardo de la Espriella. Lo sucedido en las pasadas elecciones peruanas y colombianas representa el más reciente volantazo en la orientación política del continente, sin olvidar la operación bélica en Caracas el pasado 3 de enero que secuestró al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cília Flores, lo que significó el control efectivo por EEUU de los recursos naturales del país. 

En este corto espacio de tiempo, los referentes políticos de la izquierda progresista en las seis mayores economías de la región: Chile, Colombia, Argentina y Venezuela, han dado paso a políticos con vínculos estrechos con Washington y Tel Aviv. Quedan solamente dos testigos de los años dorados en que las fuerzas de izquierdas dominaban la región: Brasil (a pesar del paréntesis bolsonarista) y México.

Hay un hilo de continuidad que parte de la Argentina de Javier Milei, sigue en el Ecuador de Daniel Noboa, la Bolivia de Rodrigo Paz y culmina ahora con el Perú de Keiko Fujimori y la Colombia de Abelardo de la Espriella

El destino inmediato del primero se decide este mes de octubre con las elecciones del día 4, primera vuelta, o del 25, segunda; dejando a México en compás de espera hasta el 2 de junio de 2030. Para Richard Nixon “hacia donde se inclinase Brasil se inclinaría Latinoamérica”, frase que ilustra muy bien la importancia de este país, por su tamaño y peso económico, para los intereses de EEUU. La máquina ya está bien engrasada, dirigida desde dentro y fuera del país, para interferir en el proceso electoral: la fábrica mediática de relatos va a todo vapor, la guerra arancelaria de Trump no ha parado y los algoritmos de internet modelan la opinión pública dirigiéndola en contra del actual gobierno. 

La crisis de corrupción en el Supremo Tribunal Federal desvelada por el magistrado bolsonarista André Mendonça, que afecta entre otros a uno de los principales enemigos del ex presidente Jair Bolsonaro, el magistrado Alexandre de Moraes, es el principio de un juego sucio que intenta eludir el debate de ideas propio de la democracia. Pero además, menoscabar aún más la imagen del máximo órgano de la judicatura brasileña es una estrategia de la oposición que puede llevar a una futura parálisis de la justicia que desacreditaría su actuación en un probable resultado adverso de la oposición en las urnas.

Como de costumbre, la disputa se dará entre dos modelos de gobierno contrapuestos: la continuidad del proyecto nacional mínimamente autónomo y progresista dirigido por el actual presidente Lula da Silva y el modelo, ya consolidado en Latinoamérica, basado en el vasallaje al secretario de Estado Marco Rubio, liderado por el senador Flávio Bolsonaro. De momento, todas las encuestas dan un resultado ajustado a favor de Lula da Silva (DataFolha y AtlasIntel, respectivamente: el 39% y 44,1 % Lula da Silva frente al 35% y 41,7% de Flávio Bolsonaro). Salvo la extrema dificultad de penetración del candidato Lula da Silva en el evangelismo neopentecostal de tendencia sionista (que suma ya alrededor de 25 millones de fieles en Brasil), la división del voto afecta a todas las capas de la sociedad. Por regiones, el cuadro es parecido a la anterior elección, con la región Nordeste votando mayoritariamente por la izquierda y el extremo sur del país decantándose por la extrema derecha. El petismo y el antipetismo son fuerzas antagónicas que polarizan la escena política del país desde hace décadas. Basta con recordar que en las elecciones de 2022 Lula da Silva obtuvo una victoria apretada en la segunda vuelta con sólo el 50,9% de los votos frente al 49,1% de Jair Bolsonaro. Esta vez, hasta la elite nacional está dividida entre las dos opciones, aunque con reservas, la mayoría prefiere veladamente al candidato Bolsonaro. 

La disputa se dará entre dos modelos de gobierno contrapuestos: la continuidad del proyecto nacional mínimamente autónomo y progresista de Lula y el vasallaje al secretario de Estado Marco Rubio

Aún así, es innegable que parte del mercado financiero está cómodo con la política económica del ministro Fernando Haddad, como se vio en la reunión del 31 de agosto del presidente Lula con los 16 mayores empresarios y banqueros del país. Con unos tipos de intereses de hasta el 14% anual, este grupo de poder aprueba al actual director del Banco Central, Gabriel Galípolo (indicado por el presidente) y tampoco tiene demasiadas quejas de la continuidad de una política fiscal asfixiante para las finanzas del estado, que se remonta a los años 90, la época del presidente Fernando Henrique Cardoso. Por el contrario, otra ala empresarial, tradicionalmente más ideologizada, prefiere la continuidad en la política económica, pero con un giro hacia la derecha en materia ideológica, y no ve con malos ojos la cesión de parte de la soberanía nacional a los dictámenes directos de Washington. De hecho, en un país tradicionalmente subordinado a EEUU como Brasil, no faltan quienes vean con mucha desconfianza su reemplazo por inversores chinos. Ese sector averso a China no se encuentra sólo entre las filas de la oposición, sino también dentro del propio variopinto gobierno de Lula da Silva.

En condiciones normales, el candidato a la reelección ganaría, aunque fuera de manera ajustada. Esa lógica se viene desarrollando de manera más o menos habitual, salvo en el último curso electoral, en que hubo un desgaste inusual del incompetente gobierno de Jair Bolsonaro, entre otras cosas por su gestión desastrosa de la pandemia del coronavirus que resultó en más de 700 mil muertos. En las actuales circunstancias, el 10% de indecisos que tienen en sus manos la sentencia final de la contienda, se decantará por uno u otro candidato en los últimos días de la campaña. La llamada tercera vía, representada por Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) y Augusto Cury (Avante), que intentaba romper la polarización electoral, no pasa de un intento fallido promovido por sectores liberales del empresariado brasileño que no va a alterar la alternancia entre bloques de los últimos 30 años. 

Aunque la disputa electoral es sumamente importante, las elecciones en el continente ya no parece que se decidan sólo entre los actores internos del país. No es creíble que EEUU se quede de brazos cruzados mientras el proceso electoral de Brasil transcurre en plena normalidad. Más aún tras los fracasos militares de Occidente en Ucrania e Irán, que le han obligado a reorganizar rápidamente su influencia geopolítica, atando bien los destinos de sus subalternos en el continente americano para dejar a China sin opciones en la región. El hermano del Norte no querrá dejar ningún cabo suelto en su “patio trasero”. Menos aún teniendo en cuenta que Lula da Silva acaba de contrariar los intereses estadounidenses sobre las tierras raras. El día 17 de septiembre de 2026 el presidente de la República sancionó la ley que regula la política de minerales críticos del país. Entre otras cosas, la ley rechaza el texto propuesto por el negociador americano que daría a sus empresas la posibilidad de adquirir activos antes de la aprobación de las ventas de minerales estratégicos y restringiría las inversiones chinas en esta materia. 

Tampoco se debe subestimar el interés de Israel por la victoria de los aliados del sionismo en Brasil. Flavio Bolsonaro ha prometido que, si gobierna, la embajada brasileña se trasladará a Jerusalén

La participación activa de Brasil en los BRICS, la condena pública al genocidio palestino, la alianza comercial con China promovida en gran medida por el actual presidente de la República, en este y en anteriores mandatos, son factores decisivos que juegan en contra de la aceptación de EEUU y su mayor aliado Israel, a la candidatura de Lula da Silva. El Departamento de Estado, encabezado por Marco Rubio, deudor de su cargo a la sionista Miriam Adelson, prefiere los políticos vasallos. No olvidemos que, como su padre Jair Bolsonaro, Flávio es un evangélico sionista que se ha bautizado en el rio Jordán y ha declarado que Brasil es un país cristiano y judío. Mientras que Lula da Silva, un católico pacifista, retiró al embajador de Tel Aviv y es considerado persona non grata en Israel por comparar el genocidio palestino con el Holocausto.

Tampoco se debe subestimar el interés de Israel por la victoria de los aliados del sionismo en Brasil. Flavio Bolsonaro ha prometido que, si gobierna, la embajada brasileña se trasladará a Jerusalén. Lo cierto es que tras la firma en abril de 2026 por el presidente argentino Javier Milei de los Acuerdos de Isaac (inspirados en los Acuerdos de Abraham), que buscan fortalecer la cooperación en materia cultural, comercial y de seguridad entre América Latina y el Estado de Israel, el retorno de la extrema derecha en Brasil es la opción geopolítica ideal para los intereses israelíes en la región.

Los dos lados de la contienda se mueven en sentido opuestos, uno para afianzar la simpatía de los funcionarios del poderoso hermano del Norte, el otro para intentar disminuir la interferencia extranjera en el proceso electoral a través, principalmente, de la presión diplomática. Hábilmente, el presidente de Brasil decidió interrumpir su reñida campaña electoral para viajar a Nueva York a la 81ª Asamblea de la ONU con el objetivo de denunciar la escalada belicista de las grandes potencias y las amenazas a las democracias latinoamericanas que, según dijo, afectan a la soberanía cuando “algunos se asocian a intereses extranjeros contrarios al país”. El periódico O Estado de São Paulo filtró recientemente que en octubre de 2025 el departamento de Estado elaboró un documento de 21 puntos entregado al canciller Mauro Viera. Además de muchas concesiones económicas, condicionaba la aceptación del resultado de unas elecciones presidenciales “libres y justas” en Brasil a que la justicia brasileña permitiera la participación de “disidentes políticos” como candidatos. Ello abriría la puerta a que personajes como Eduardo Bolsonaro (huido de la justicia brasileña a los EEUU), o el mismo Jair Bolsonaro (condenado por diversos crímenes contra la democracia), pudiesen también concurrir a cargos electivos. 

El documento fue rechazado por el ministro de Exteriores de Brasil; y el 9 de enero de este año el departamento de Marco Rubio envió un nuevo documento, ahora con 14 condiciones, nuevamente rechazado. Para las autoridades brasileñas los procesados y condenados por su justicia no son presos políticos ni disidentes perseguidos, sino golpistas que, además, planearon el asesinato de los principales cargos de la República. 

En una carta del 2 de junio de 2026, el candidato Flávio Bolsonaro ofreció a Marco Rubio, en caso de victoria, la formación de un equipo de transición con la participación de EEUU

Siguiendo su posición vasalla, con todo descaro, en una carta del 2 de junio de 2026, el candidato Flávio Bolsonaro ofreció a Marco Rubio, en caso de victoria, la formación de un equipo de transición con la participación de EEUU.  Por el contrario, el 20 de julio de 2026, el Itamaraty (ministerio de Exteriores de Brasil) negó el visado de entrada a dos funcionarios del departamento de Estado, Riley M. Barns (secretario asistente del departamento de Estado) y Samuel Samson (secretario asistente adjunto), que venían a poner en duda el bien establecido sistema brasileño de urnas electrónicas. No obstante, según la reportera Mariana Sanches del portal UOL, Eduardo Bolsonaro junto con Paulo Figueiredo (periodista y nieto del ex presidente de la dictadura João Figueiredo) siguen manteniendo reuniones con autoridades estadounidenses para intentar aplicar a diversos magistrados brasileños la Ley Magnitsky, que prevé sanciones económicas en caso de negativa a colaborar.

Frente a la insistencia de Marco Rubio (quien quiere postulase como candidato republicano a las próximas presidenciales) en interferir en el proceso electoral brasileño, el presidente Lula da Silva tuvo una conversación telefónica de una hora y media con su homólogo americano, Donald Trump, el pasado 21 de agosto. Pese a que no transcendió el contenido completo del dialogo, es de suponer que el presidente brasileño intentó convencer al americano de los costes políticos de interferir en el proceso electoral de su país. Son conocidos los cambios de opinión del presidente de los EEUU. Por ello, por más que Trump hubiera garantizado a Lula da Silva su no injerencia, no son promesas creíbles. Si con el anterior presidente, Joe Biden, había una mínima relación de confianza entre la administración americana y el gobierno brasileño, con Trump ocurre justo lo contrario: los vaivenes del presidente de EEUU parecen una estrategia de confusión para dejar a la izquierda brasileña sin capacidad de respuesta ante la ayuda externa a la oposición. Por otro lado, es evidente que por más que Lula da Silva pudiera contemporizar con Trump, le sería imposible competir con las concesiones de la oposición en esa materia.

Una vez más, lo único que queda es esperar una movilización masiva del electorado progresista de Brasil, especialmente en la región Nordeste, donde la izquierda siempre gana con una amplia mayoría (en 2022 Lula da Silva tuvo el  69,34% y Jair Bolsonaro el 30,06%) que permite compensar las derrotas en las zonas más conservadoras del país (Sur y Sudeste). Esa ventaja electoral deberá ser suficiente para anular cualquier intento de interferencia de intereses externos en los comicios de octubre y despejar posibles dudas con respecto al resultado electoral. Salvo, obviamente, que EEUU y la extrema derecha brasileña preparen un factor sorpresa postelectoral, semejante al intento de golpe contra el actual gobierno del 8 de enero de 2023.