Análisis
El lawfare contra Lula da Silva y Rodríguez Zapatero, el mismo modus operandi

La vía del golpe judicial no es un invento español: campó a sus anchas en Brasil desde el primer momento en que Lula da Silva asumió la presidencia del país, el 1 de enero de 2003. Desde entonces, y por muchos años, empezó a actuar un complot urdido por el poder judicial, la cúpula del ministerio fiscal y la policía judicial, con la colaboración de diversas agencias del Gobierno de EEUU y los grandes medios del país (¿les suena de algo?), que buscaba poner de rodillas al sistema constitucional de 1988. Desde esa experiencia, podemos afirmar que los juicios contra del entorno del presidente Pedro Sánchez (las causas abiertas contra su mujer Begoña Gómez, el fiscal general del Estado Álvaro Ortiz, su hermano David Sánchez, etc.) apenas han empezado y tienen todavía mucho recorrido judicial hasta que cumplan su misión: derribar al presidente del Gobierno.

El primer gran juicio contra el Gobierno de Lula se produjo en 2005 con la Acción Penal 470, conocida como mensalão (supuesta compra de votos parlamentarios para aprobar leyes en la Cámara de los Diputados, donde el Gobierno no tenía mayoría).

En junio de 2005, el juicio se cobró la cabeza del que había sido el superministro de Lula da Silva, José Dirceu (condenado en primera instancia en 2012 a 23 años y siete meses de cárcel por corrupción, blanqueo de capitales y organización criminal), y casi provoca el impeachment del Gobierno del PT con apenas dos años de presidencia.

De no haber sido por los buenos datos macroeconómicos de que gozaba el país y la alta popularidad del presidente, quien optó por enfrentar la embestida de sus enemigos a pie de calle, aquel juicio hubiera sido el entierro político de Lula da Silva. De ese juicio “ejemplar” quedó la famosa frase de la magistrada del Supremo, Rosa Weber (mentora de los principales jueces contra la corrupción), para quien “pese a no haber pruebas, la literatura jurídica me permite condenar” a los acusados.

Lógicamente, un supuesto parecido, la compra de votos para la reelección del presidente Fernando Henrique Cardoso, predecesor de Lula da Silva y preferido de Bill Clinton y de la élite nacional, nunca fue investigado. El Poder Judicial (PJ) aplica dos varas de medir dependiendo únicamente de la sigla política a que pertenece el acusado.

A partir de 2014, estas presiones desembocaron en un nuevo proceso, esta vez ligado “al escándalo de corrupción en la empresa petrolera estatal, Petrobrás, el cual dio lugar al golpe parlamentario (ya que no se cumplía el requisito legal de haber tenido lugar un delito de responsabilidad) contra la presidenta Dilma Rousseff en 2016 y culminó con la prisión de Lula en abril de 2018.

La empresa petrolera era codiciada por el capital internacional, mientras que los mandatarios Rousseff y Lula da Silva eran firmes opositores a su privatización. Hasta el día de hoy los jueces no han podido probar la participación del entonces expresidente de Brasil en las mordidas atribuidas a la Petrobrás. A base de indicios de delitos, conjeturas y grandes soflamas se llenaron más de 200 páginas de acusación contra Lula, así como centenares de portadas acusatorias en los medios de comunicación.  

La técnica de lawfare aplicada en Brasil y que parecen seguir también los jueces en España, consiste en la apertura de juicios a partir de informes policiales confusos –o directamente poco fiables– cuyos autos de acusación por lo general carecen de pruebas fehacientes de los delitos de que acusan, mientras que están repletos de afirmaciones rimbombantes de culpabilidad desde sus primeras líneas. La filtración a medios de comunicación afines de dichos informes policiales y autos judiciales, la participación de instituciones internacionales en las investigaciones o la espectacularización de las diligencias de entrada y registro, son usadas hasta la saciedad. Se establecen, además, conclusiones perentorias de culpabilidad a partir de meros indicios, optando por juicios inquisitoriales basados en suposiciones, de la Policía Federal (PF), en Brasil, o de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), en España.

La técnica de ‘lawfare’ aplicada en Brasil y que parecen seguir también los jueces en España, consiste en la apertura de juicios a partir de informes policiales confusos

Para los operadores de la manipulación comunicativa, aliados del PJ, no importan salvaguardas procesales como el principio contradictorio, la presunción de inocencia, el debate entre las partes, o la garantía de un juez imparcial; la culpabilidad está previamente decidida y el objetivo es crear un clamor de venganza en la sociedad que lleve indefectiblemente a la condena (moral y política) del acusado. El propio Lula da Silva, en el juicio oral del caso Lava Jato (pieza principal de los juicios contra la corrupción en la empresa Petrobrás) declaró ante el juez y los fiscales que, de acuerdo con las innúmeras mentiras que se habían vertido en los autos procesales, no quedaba más remedio que condenarle, ya que lo contrario la operación Lava Jato caería en desprestigio. 

Para el profesor Rubens Roberto Casara, “en el proceso penal del espectáculo, el uso de la fuerza prevalece en detrimento del conocimiento, el discurso usado tiene por objetivo agradar a las masas teledirigidas, el guion del procedimiento penal es una representación social distante de la complejidad de los hechos puestos a la apreciación del poder judicial.

Los hechos son presentados con contornos sensacionalistas, como un duelo entre el bien y el mal y, para atender a los deseos de la audiencia, el juez (que representa la voluntad de los buenos) puede castigar a los malos, aunque sea violando las leyes” (traducción nuestra de la p. 12 de O Processo penal do espetáculo: ensaio sobre o poder penal, a dogmática, e o autoritarismo na sociedade brasileira, publicado en 2015). Así pues, el objetivo del procedimiento de lawfare es obtener una condena anticipada a través de un violento shock social que inviabilice el análisis sosegado de las pruebas.

El líder en Brasil de la operación de ‘lawfare’ contra Lula fue el entonces juez de la ciudad de Curitiba Sergio Moro, asiduo visitante de las agencias e instituciones estadunidenses

Su líder en Brasil fue el entonces juez de la ciudad de Curitiba Sergio Moro, asiduo visitante de las agencias e instituciones estadunidenses, e identificado en un documento filtrado en WikiLeaks el 30 de octubre de 2009 como funcionario brasileño entrenado por el Departamento de Estado de los EEUU en el marco del “Bridges Project” de contraterrorismo.

Durante el proceso del caso Lava Jato, Moro defendía sus actuaciones espectacularizantes, afirmando que sus actos eran excepcionales porque la situación también lo era. Con la normalización de sus métodos persecutorios, Moro se convirtió en el niño mimado de la élite brasileña; fue elogiado por las prestigiosas revistas Time y The Economist; y, en octubre de 2022, pese a algunos reverses, llegó a ser presentado ante la sociedad madrileña por nada menos que el Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa.

La magnitud de la operación de lawfare aplicada en el caso Lava Jato empezó a salir a la luz el 9 de junio de 2019 gracias al medio digital The Intercept Brasil, del periodista estadunidense radicado en Brasil, Gleen Greenwald, que divulgó centenares de mensajes intercambiados en Telegram entre el entonces juez Moro y el coordinador de la operación, el fiscal ultra Deltan Dallagnol, quebrando la requerida independencia entre fiscalía y jueces. Estos diálogos ofrecieron abundantes pruebas del montaje judicial urdido entre los jueces encargado del procedimiento y sus cómplices en la fiscalía. Al final, el Supremo Tribunal Federal (inicialmente protector del equipo de Moro), no tuvo más remedio que declarar la parcialidad del juez.

Para entonces, el poderoso Sergio Moro ya había dejado la magistratura al haber conseguido su primer objetivo: acceder al puesto de ministro de Justicia del nefasto Gobierno de Jair Bolsonaro, tras haberle prestado el servicio impagable de retirar a su principal contendiente en las elecciones presidenciales. Hoy, el exjuez actúa desde la oposición de extrema derecha como látigo del Gobierno de izquierda, pero su gran ambición es presentarse, en un futuro, a la presidencia de la Republica.

De manera similar, el juez instructor del mensalão en el Supremo, Joaquim Barbosa, es hoy un aspirante a político que participará en las primarias del partido Democracia Cristiana, dispuesto a enfrentarse a Lula da Silva en las presidenciales de octubre de 2026. No cabe duda de que el lawfare contra Lula da Silva (que tuvo también tintes de crueldad cuando los jueces no permitieron al condenado acudir a los entierros de algunos familiares cercanos) y su entorno político, fue el preparativo para la llegada de la ultraderecha al poder en Brasil.

Las actuaciones del juez José Luis Calama y sus colaboradores siguen idéntico guion, extraído del manual de ‘lawfare’ puesto en práctica en América Latina por EEUU para apartar del cargo a algún que otro jefe de Estado incómodo

De vuelta a España, las actuaciones del juez José Luis Calama y sus colaboradores siguen idéntico guion, extraído del manual de lawfare desarrollado originalmente por los jueces italianos antimafia y puesto en práctica en América Latina por Estados Unidos para apartar del cargo a algún que otro jefe de Estado incómodo. El caso contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero aprovecha el juicio mediático de la misma manera que la arriba mencionada operación Lava Jato, salvo los tintes de crueldad entonces producidos en contra Lula da Silva y su familia. La confusión del auto que, por ejemplo, presenta pagos con facturas declaradas, pero supuestamente falsas, es otro elemento que desacredita la labor del juez que acusa a Rodríguez Zapatero.

Otra similitud: el instructor de la causa contra Lula da Silva convocó a la prensa para presentar su famoso PowerPoint que confería al presidente de la República el mérito de dirigir, supuestamente desde su despacho en el Palacio del Planalto en Brasilia, una potente organización criminal internacional. Al expresidente Rodríguez Zapatero se le ha otorgado la misma distinción ya que, según el juez instructor, es el cabecilla de una organización criminal con actividades en diversas partes del mundo, al parecer con sede en la calle Ferraz de Madrid.

Tampoco ha sido muy edificante el espectáculo de la presentación de las joyas, de procedencia aún desconocida, incautadas en el registro del despacho de Zapatero, el cual también resuena como un eco de la experiencia brasileña: en marzo de 2016, la PF incautó 23 cajas de regalos al presidente de la República que estaban depositadas en un cofre del Banco de Brasil, si bien el Tribunal de Cuentas dictaminó posteriormente que la ley no indicaba que dichos objetos fueran patrimonio público. Antes que indicar una conexión directa con la causa, estas actuaciones funcionan como elemento propagandístico de alto voltaje dirigido al inconsciente de una audiencia morbosa, ávida de consumir el siguiente capítulo de un culebrón judicial dirigido por una autoridad pública, pese a que, por su impacto político, dichas actuaciones merecerían cierta prudencia en la toma de decisiones.

Visto desde la experiencia de América Latina, no cabe duda de que el espectáculo del juicio contra el exjefe de Gobierno español no muestra el combate a la corrupción que nos quieren hacer creer, sino que es una operación más dentro de una embestida judicial amplia y con diversos frentes abiertos que busca interrumpir la legislatura para dar paso a un Gobierno de coalición entre la derecha y la extrema derecha. Por ello, se puede estar en desacuerdo con la acción de Gobierno de Rodríguez Zapatero en materia económica, por ejemplo, y aún más en desacuerdo con las actividades de consultoría profesionales de los expresidentes tras dejar la función pública, aunque sean legales, pero se hace más difícil no denunciar el intento asesinato de una reputación con fines espurios.

Sacarse a Zapatero de en medio no sólo conviene al Gobierno de Estados Unidos, que además seguramente nunca le perdonó la retirada de las tropas de Iraq, sino también a la derecha española

Causa sospecha asimismo que la presión judicial contra Rodríguez Zapatero nazca justo de investigaciones de una agencia de inteligencia de EEUU (la Homeland Security Investigation) en el marco de la lucha contra el blanqueo de capitales. Se sabe que el expresidente era el político español con mejor relación con los gobiernos progresistas de América Latina. Sus contactos no eran fluidos solo con el actual Gobierno de Venezuela, archienemigo de la derecha española, sino también con los de Brasil, Colombia y México.

Sacarse a Zapatero de en medio no sólo conviene al Gobierno de Estados Unidos, que además seguramente nunca le perdonó la retirada de las tropas de Iraq, sino también a la derecha española, dada su cercanía a Pedro Sánchez. El 16 de abril, poco más de un mes antes de su imputación, Rodríguez Zapatero era uno de los convidados estrella en la mediática cumbre de líderes progresistas que trajo a Barcelona, entre otros presidentes en ejercicio, a nadie menos que la denostada presidenta Claudia Sheinbaum, que ejerce una presión diplomática sobre el  la jefatura del Estado español en relación a la narrativa sesgada de la conquista de México.   

Hay una diferencia clara entre Brasil y España: la izquierda brasileña no tardó en identificar los intereses que estaban en juego con el ‘lawfare’ contra el político

Pese a todas las analogías citadas, hay una diferencia clara entre Brasil y España: en Brasil, el arco político y social a la izquierda del Partido de los Trabajadores (PSOL, PCdoB, Rede Sustenibilidade, sindicatos, MST, MTT, y un largo etc.), prestó toda su solidaridad a Lula da Silva durante el largo, y poderoso, juicio político que supuso la operación Lava Jato. La izquierda brasileña no tardó en identificar los intereses que estaban en juego con el lawfare contra el político. El Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST) montó el Campamento de la Esperanza frente a la sede de la Policía Federal en Curitiba los 580 días que Lula estuvo allí detenido. En España, los partidos y movimientos a la izquierda del PSOE se equivocan si no denuncian el montaje y no ofrecen su solidaridad a Rodríguez Zapatero. No por la figura política del expresidente, que sin duda tiene sus luces y sus sombras, sino porque con su exceso de celo moral están seguramente prestando servicio a aquellas prácticas judiciales que intentan romper el equilibro de un ya maltrecho juego democrático.