Bolivia
Las juntas vecinales de El Alto le declaran la guerra al golpe de Estado en Bolivia

La poderosa organización de El Alto, ciudad situada a cinco kilómetros de La Paz, llama a “conformar comités de autodefensa, bloqueos, movilización permanente y contundente”. Esta organización fue clave en la caída del presidente neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003.

Corte de ruta Peaje Bolivia El Alto Fejuve
Cientos de manifestantes de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto cortan el peaje que conecta la ciudad con La Paz.

publicado
2019-11-11 15:20

El golpe de Estado ha chocado con su primer gran obstáculo: la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto. Esta poderosa organización social ya se había destacado en las luchas sociales que precedieron a la llegada de Evo Morales al Gobierno, y fue determinante en la caída del presidente neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003, así como en la expulsión de Aguas del Illimani, filial de la multinacional Suez, después de la privatización del servicio, en 2005. Esta ciudad situada a cinco kilómetros de la capital también fue el epicentro de las protestas que en 2010 obligaron al mismo Evo Morales a retirar el famoso “gasolinazo”.

Horas después de que Morales presentara su dimisión este 10 de noviembre, la dirección de la Fejuve-El Alto llamaba en rueda de prensa a “conformar comités de autodefensa, bloqueos, movilización permanente y contundente, en diferentes sectores de la sede de Gobierno”. De la misma forma, la Fejuve-El Alto hacía un llamamiento a la policía para que defienda a la población boliviana y lanzaba una amenaza: “En caso contrario, se instruye a construir la policía sindical civil para resguardar a nuestra población”.

La organización vecinal apuntaba a las intenciones de los impulsores del golpe —que “vuelva la oligarquía para que siga manejando y destruyendo” el país— y se declaraba “en cuartel general en defensa de la democracia”
La organización vecinal apuntaba a las intenciones de los impulsores del golpe —que “vuelva la oligarquía para que siga manejando y destruyendo” el país— y se declaraba “en cuartel general en defensa de la democracia”, una auténtica declaración de guerra en la jerga de las luchas sociales, indígenas y campesinas bolivianas.

El presidente de la federación vecinal de El Alto, Basilio Vilazante, daba un plazo de 48 horas a quienes considera responsables del golpe para abandonar el departamento de La Paz “por incitar la división, la convulsión y la violencia entre bolivianos”.

El primero de los citados por esta organización social es Luis Fernando Camacho, un abogado de Santa Cruz, capital de la oligarquía boliviana, que inició su militancia en la ultraderechista y supremacista Unión Juvenil Cruceñista, identificado por el partido de Evo Morales como el principal instigador del golpe. El presidente de la Fejuve-El Alto también citaba a Waldo Albarracín, rector de la paceña Universidad Mayor de San Andrés, convertido en férreo opositor a Morales, y a Marco Punari, presidente del Comité Cívico de Potosí.

Tras la larga lista de dimisiones en el Gobierno, encabezadas por las del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, la presidencia del país podría recaer de forma provisional en la senadora opositora Jeanine Áñez, cuya principal misión, según las leyes del país, sería convocar nuevas elecciones.

El Alto en pie

El Alto es una ciudad de casi un millón de habitantes, nutrida en su gran mayoría por migrantes aymaras del Altiplano, situada a escasos kilómetros de La Paz, a más de 4.000 metros de altura. En El Alto se encuentra el aeropuerto de la capital, muchos de los principales depósitos de gasolina y uno de los pasos obligados para entrar en La Paz. El valor estratégico de El Alto y el poder de las juntas vecinales, que se organizan por manzanas, ha hecho que todos los Gobiernos que pasaron por el Palacio Quemado, ya desde tiempo de la colonia, miraran hacia arriba con una mezcla de respeto y temor.

Cientos de vecinos de El Alto cortaban la carretera que conecta la capital con el aeropuerto y por donde pasan los autobuses que bajan a La Paz
Horas después del anuncio de la federación vecinal, ya en la noche del 10 de noviembre, cientos de personas cortaban la carretera que conecta la capital con el aeropuerto y por donde pasan los autobuses que bajan a La Paz, y bloqueaban el paso a la altura del peaje.


Unos escenarios y unos vecinos que ya fueron protagonistas de la famosa Guerra del Gas de octubre de 2003, cuando los enfrentamientos entre la población alteña y el ejército por el control de los accesos a la capital se convirtió en una auténtica guerra, tan épica como desigual. La imaginación estaba de parte de las juntas vecinales, que se organizaron para resistir durante semanas, cavaron zanjas en el cemento y hasta llegaron a descarrilar vagones de tren para impedir el paso de los convoys militares que intentaban llegar a los depósitos de gasolina. Pero las armas estaban de parte del ejército y sus balas provocaron 77 muertes y 400 heridos. El entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, educado en Estados Unidos y que seguía teniendo acento inglés, tuvo que dimitir. La agenda de la movilización de octubre de 2003 fue la base del Gobierno de Evo Morales, que ganó las elecciones a finales de 2005.

Sin embargo, mucho ha llovido desde entonces. Y la Fejuve, así como el resto de los movimientos sociales bolivianos —después de años fuera de las calles, en los que sus dirigentes fueron incluidos en diferentes gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS)—, ya no son lo que eran. Según critica la socióloga Raquel Gutiérrez, estos movimientos fueron en gran medida “corporativizados” y han perdido iniciativa, en una deriva de divisiones internas y desconexión entre la dirigencia y las bases.

Además, tal como denuncia una y otra vez el centro de investigación en recursos naturales de Cochabamba Cedib, la política extractivista y desarrollista del Gobierno de Evo Morales, así como la criminalización que han sufrido las organizaciones sociales que no se alineaban con el MAS, llevaron al Gobierno de Morales a perder muchos apoyos, incluso dentro del movimiento indígena. Algunos de estos movimientos formaron parte de las protestas contra el supuesto fraude en las últimas elecciones.

Bolivia
Bolivia: la profunda convulsión que lleva al desastre

Ensayo la construcción de una explicación: hilar hechos y narrativas contrastadas porque, en estos momentos, de lo que se trata es de desarmar la lógica de polarización, enfrentamiento y champa guerra que hoy desgarran las ciudades y regiones de Bolivia.

Tal como señala el analista boliviano y exdirector de la ONG internacional Focus On The Global South —entidad nada sospechosa de hacerle el juego a la derecha—, la composición de los bandos enfrentados no es homogénea: “Es necesario dejar claro que tanto en el lado del gobierno como de las fuerzas de la oposición existen indígenas y trabajadores. El gobierno tiene evidentemente más apoyo en las áreas rurales, pero en el sector de la oposición están también productores de hoja de coca de la zona de los Yungas [cerca de La Paz], dirigentes campesinos, trabajadores mineros, trabajadores en salud y educación y sobre todo jóvenes estudiantes tanto de clase media como de extracción popular”.

Está por ver si la actual crisis, que puede ser aprovechada por los sectores oligárquicos de los departamentos más ricos de Bolivia para una echar por tierra las conquistas del llamado ‘proceso de cambio’, permite una nueva articulación de las antes todopoderosas organizaciones sociales bolivianas.

Golpe, caos y respuestas

Las denuncias de fraude tras las elecciones de 20 de octubre se convirtieron en disturbios en todo el país, protagonizados mayoritariamente por sectores medios y apoyados por los partidos opositores. Las protestas podrían haberse quedado en nada. Pero el 9 de noviembre la policía de Cochabamba decidió amotinarse y replegarse a los cuarteles, aprovechando el clima de caos social para clamar contra un supuesto abandono por parte del Gobierno en relación con los militares y exigir mejoras laborales. La policía de La Paz, Santa Cruz y otras regiones se sumó al motín dando alas a los sectores opositores, que aprovecharon el vacío de poder para redoblar su ataque, incluyendo entre sus objetivos las casas particulares de líderes del MAS y dirigentes sociales.

En la mañana del 10 de noviembre, con un demoledor dictamen de la Organización de Estados Americanos sobre las irregularidades de los comicios en la mano, Evo Morales anunciaba la renovación total de los vocales del criticado Tribunal Supremo Electoral y nuevas elecciones generales. Pero ya era tarde: el ejército boliviano le daba la espalda y consumaba el golpe de Estado. “Después de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia”, declaraba el jefe de las fuerzas armadas, Williams Kaliman.



El presidente Evo Morales presentaba su dimisión reclamando su legado después de 13 años de gobierno: “Estamos dejando a Bolivia con soberanía e independencia del Estado. Estamos dejando a Bolivia con dignidad e identidad del pueblo boliviano, con muchas conquistas sociales universalizadas”. El hasta ahora presidente acusaba a los opositores Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho de estar detrás de un golpe “cívico-político-policial”.

“Vamos a cumplir la sentencia de Túpac Katari: ‘Volveremos y seremos millones’”, fue la advertencia final de Evo Morales, en referencia a la frase más famosa adjudicada al líder indígena que hizo temblar los pilares de la colonia española, décadas antes de los primeros gritos de independencia.

Entre las razones de la dimisión, Evo Morales señaló la incapacidad de controlar los ataques contra simpatizantes y familiares del MAS y otras organizaciones sociales: “Estoy renunciando para que mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades, del Movimiento al Socialismo, no sean hostigados, perseguidos, amenazados. Lamento mucho este golpe cívico”, dijo Morales.

Morales afirmó que existe una orden de detención en su contra y anunció que volvía al Chaparé, la zona selvática de Cochabamba en donde inició su militancia en los sindicatos cocaleros. Desde mediados de los años 80, estas organizaciones sociales —consideradas como la guardia pretoriana de Evo Morales— fueron clave en el despertar de la conciencia indígena en Bolivia con la defensa de la coca y la oposición a la intervención de Estados Unidos como bandera, y el bloqueo de carreteras como principal herramienta de lucha.


Tras la dimisión de Morales y García Linera, los episodios de violencia se expandieron en La Paz, El Alto y Cochabamba. En la noche del 11 de noviembre, según el medio digital Bolpress, simpatizantes de Morales incendiaron decenas de autobuses en la capital, así como las viviendas de Waldo Albarracín, rector de la UMSA y uno de los principales líderes opositores, y de la periodista de Televisión Universitaria Casimira Lema.

La confrontación amenaza con subir de tono en los siguiente días a medida que las organizaciones sociales organizan la respuesta y la policía y los militares vuelven a las calles
Al caer la noche, seguidores de Morales cortaban el servicio de agua potable de decenas de barrios en La Paz y en El alto e incendiaban las instalaciones de la empresa Avícola Sofía, propiedad de líderes cívicos cruceños, entre otros ataques a instalaciones y propiedades de políticos y empresarios afines a figuras destacadas de la oposición.

Esa misma noche, según informaba Bolpress, opositores a Evo Morales saqueaba la casa del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. Unas horas antes, otros grupos habían quemado la casa de Evo Morales en Cochabamba y la vivienda de su hermana Esther Morales en Oruro. En Potosí, sectores opositores tomaban como rehén al hermano del presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, para forzar la renuncia de este político, según Bolpress.

Sobre la salida del conflicto, Pablo Solón cree que el vacío de poder puede generar nuevas situaciones de violencia: “En general hay una tendencia a que el vació de gobierno se resuelva por vía institucional a través de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, esta salida no es fácil porque el MAS tiene más de dos tercios en el parlamento y debe aceptar la renuncia de Evo Morales y elegir a un presidente transitorio que convoque a nuevas elecciones a la brevedad posible”. 

La confrontación amenaza con subir de tono en los próximos días a medida que las organizaciones sociales organizan la respuesta —la federación campesina de La Paz y los productores de coca del Chapare han llamado también a la movilización—, los policías salen de los cuarteles y los militares patrullan las calles. Tal como en 2008, la amenaza de confrontación civil vuelve a estar sobre la mesa.

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