Denuncian a España ante la Comisión Europea por no proteger la fauna amenazada

Ecologistes en Acció lamenta que, a pesar de que Catalunya ha perdido el 25% de su fauna en apenas dos décadas, ni el Estado ni la Generalitat actúan para proteger la fauna amenazada.
Capra pyrenaica
Wikimedia Commons Capra pyrenaica
18 ene 2024 16:02

Catalunya ha perdido el 25% de su fauna salvaje. Eso en apenas cuarto de siglo. La brutal cifra está publicada en el informe Estado de la Natura a Catalunya 2020, del Índice Planeta Vivo del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), y ha sido el dato clave para que Ecologistes en Acció haya decidido denunciar a España ante la Comisión Europea por no cumplir con sus obligaciones de proteger la fauna amenazada.

La rama catalana de confederación ecologista ha decido dar el paso tras llevar años exigiendo que se dé efectivo cumplimento a la Directiva Hábitats de la UE, un ordenamiento jurídico que establece que los Estados miembros deben tomar “las medidas necesarias para instaurar un sistema de protección rigurosa de las especies animales [catalogadas como amenazadas]”.

El colectivo denuncia que, a pesar de haber pasado más de tres décadas desde que se promulgó la citada directiva, de las aproximadamente cien especies de fauna catalogadas como amenazadas en Catalunya solo seis tienen elaborado el correspondiente Plan de Recuperación. “El resto no merece ningún tipo de atención por nuestros gobernantes”, lamentan, acusando tanto a la administración estatal como a la Generalitat de no tomar medidas efectivas para frenar la desaparición de fauna en peligro.

La transposición de la Directiva Hábitats en España contempla la obligación de la elaboración de Planes de Recuperación y de Conservación para todas las especies de fauna catalogada como “amenazada”. A pesar de que Ecologistes en Acció presentó dos recursos contencioso-administrativos para obligar a la Generalitat a redactar dichos planes para una serie de especies —como la tortuga mediterránea, la nutria o la rata almizclera— el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya sentenció que la Ley de Biodiversidad de 2007 no obliga a las comunidades autónomas a hacerlo y que la Generalitat tiene la potestad de redactar su propia normativa, esto es, su propio Catálogo de especies amenazadas y sus propios Planes de recuperaciones.

“Es vergonzoso ver cómo se pasan la pelota entre los distintos gobiernos estatales y autonómicos para que al final nadie haga nada ante el bajón que estamos sufriendo de biodiversidad”, denuncia el impulsor de la denuncia y abogado Josep Hurtado. “Confiamos en que Europa sepa poner en su lugar a estos gobernantes que sólo se interesan por el ladrillo y la especulación”.

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