Puerta a puerta en Meridiano Cero a un año del fin de la protección oficial

En 2025, a cincuenta años de su inauguración, estas viviendas de Barcelona dejaron de estar protegidas. Esto provocó un incremento repentino de los alquileres que todavía se discute en los juzgados. Acompañamos al Sindicat de Llogateres en su visita a los 1.179 pisos para hablar con los inquilinos y detectar los posibles conflictos con la propiedad.
Meridiano Cero Barcelona
El edificio Meridiano Cero en Barcelona que en 2025 dejaron de estar protegidas.
21 nov 2026 12:00

Es la tarde del miércoles 18 de noviembre y cerca de sesenta voluntarios y voluntarias del Sindicat de Llogateres, vestidos con chalecos de color naranja, se reúnen en el parque del Pegaso, ubicado en el barrio La Sagrera en Barcelona. Se arman parejas de voluntarios, en algunos casos grupos de tres, y dos delegados del Sindicat reparten las últimas instrucciones. Se trata de una macrobrigada que recorrerá una serie de edificios del sector para hablar con los vecinos y detectar posibles conflictos entre inquilinos y propietarios.

Ni el día ni la hora escogidos son fortuitos, explica a unos pocos metros del grupo Enric Aragonés, portavoz del Sindicat. Se ha cumplido una semana desde la histórica huelga general y quedan pocos días para las próximas elecciones generales del 29N. Por eso, en un barrio en el que la abstención en las últimas elecciones autonómicas alcanzó el 47%, al organismo le interesa conocer la opinión de los vecinos. 

En 2025, cincuenta años después de su inauguración, la protección oficial de los pisos llegó a su fin

El lugar escogido, además, tiene su propia historia: se trata del conjunto de edificios Meridiano Cero, una promoción de viviendas de protección oficial construida durante los últimos años del franquismo e inaugurado en 1975 frente a la avenida Meridiana. Un total de 1.179 viviendas, plazas de parking, oficinas y locales comerciales. Entre ellos, el supermercado Hipercor, en cuyo aparcamiento subterráneo ETA hizo estallar en 1987 un coche bomba, con un resultado de 21 personas fallecidas y otras 45 heridas. 

En 2025, cincuenta años después de su inauguración, la protección oficial de los pisos llegó a su fin. Ante esto, Cevasa, la empresa propietaria, comunicó a las casi 400 familias que todavía tienen contrato de renta antigua que el precio de los alquileres subiría. En la carta se les explicó que el IPC acumulado durante estos cincuenta años llega al 1.496,6% y que, por tanto, el precio debe adecuarse. Así, quienes pagaban alquileres de entre 200€ y 300€, pasarían a pagar sobre los 700€ de un mes a otro. La ley para este tipo de casos no es del todo clara y depende mucho de cómo se interprete. Algunos vecinos decidieron judicializar sus casos, ya sea de manera individual o asesorados por la Asociación de Vecinos. Otros, negociaron directamente con la propiedad y terminaron aceptando la propuesta.  

El puerta a puerta

Dos delegados del Sindicat reparten octavillas a los voluntarios y sacan cuentas. A cada pareja le asignan una de las 21 escaleras que tiene el complejo Meridiano Cero y, antes de comenzar, les hacen un recordatorio: lo importante, sobre todo, es escuchar a los vecinos. A las 18.45h el grupo se dispersa y los voluntarios caminan en dirección a los edificios. Me uno a la pareja que forman Jordi y Martí y los sigo a través del parque, cruzamos la calle Torroella de Montgrí y entramos al portal número 3 del bloque. La puerta está abierta. Subimos a la última planta, la número 14. 

Uno de los voluntarios toca la primera puerta y a los segundos, después de girar varias cerraduras, aparece una pareja de adultos mayores, vecinos del edificio desde su inauguración. Tienen contrato de renta antigua, explican, es decir indefinido. En 2025 recibieron el burofax en que Cevasa les informó que subiría el precio del alquiler. Negociaron con la empresa, dice el hombre, y aceptaron el acuerdo. “¿Sabéis que esa subida no es legal, no?”, pregunta Jordi. “Bueno”, responde el inquilino, “fue un buen acuerdo y preferimos aceptar”. 

Los voluntarios les entregan una octavilla y los invitan a la asamblea abierta del edificio que se celebrará el próximo 30 de noviembre. Dicen que intentarán asistir. Durante la próxima hora serán varios los vecinos que dirán algo similar: con el fin de evitar un conflicto judicial, optaron por aceptar la propuesta de subida de la empresa.

Siguiente puerta, otra pareja de adultos mayores, también vecinos del edificio desde hace cincuenta y un años. Ellos, explica el hombre, no aceptaron la subida propuesta por Cevasa ya que se sustenta, a su juicio, en una normativa ya obsoleta: se refiere a la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994. Según los abogados de algunos vecinos, Cevasa no podría aplicar esa ley por haber pasado más de 10 años desde su aprobación, por lo que la facultad para acogerse a ella estaría prescrita. La empresa, en cambio, dice que el plazo comenzó a contar en 2025. 

“En un comienzo varios vecinos fueron a juicio y en los cuatro o cinco primeros casos, se falló siempre a favor de ellos. Pero luego empezaron a salir sentencias a favor de Cevesa. Eso frenó un poco a los vecinos. Ya pocos se quieren arriesgar”, dice un inquilino.

Este vecino, en definitiva, no aceptó el alza propuesta por la empresa, que prácticamente triplicaría el precio de su alquiler, y optó por la vía judicial. La empresa ya le comunicó que lo demandaría civilmente y él espera la notificación. Sabe, dice, que se enfrenta a un resultado incierto. “El problema es que ir a juicio es una lotería. Otros vecinos ya fueron demandados y en algunos casos el juez falló a favor de ellos y en otros a favor de la empresa. Depende del juzgado que te toque, así que ya veremos”, explica. 

Otro inquilino de renta antigua, un par de plantas más abajo, explica lo mismo a los voluntarios del Sindicat. “En un comienzo varios vecinos fueron a juicio y en los cuatro o cinco primeros casos, se falló siempre a favor de ellos. Pero luego empezaron a salir sentencias a favor de Cevesa. Una sí y otra no, entonces eso frenó un poco a los vecinos. Ya pocos se quieren arriesgar”, dice. Él, como el primero de los vecinos entrevistados, también decidió aceptar la oferta de la empresa. “¿Sabes? Ya tengo 77 años, no quiero entrar en un juicio, prefiero vivir tranquilo así que acepté”, dice. Con la subida, el alquiler de 380€ que paga actualmente podría llegar a los 750€ en los próximos meses. “Los vecinos más nuevos pagan hasta 1.400€, así que no está tan mal”, agrega. 

Seguimos bajando y los voluntarios golpean dos puertas más. Nadie las abre, por lo que anotan en el formulario el número del piso y el mensaje “No responden”. Dejan frente a la puerta una octavilla con información del Sindicat. En la planta 10, mientras esperamos frente a uno de los pisos, se abre el ascensor y sale de él una pareja. La mujer piensa que se ha equivocado de planta, pero no. Es la suya. Los voluntarios se presentan y el hombre explica que llevan siete años en el piso. Tienen contrato de renta nueva y hasta ahora la empresa sólo ha subido lo que corresponde al IPC. Luego piensa un momento y dice: “Bueno, el problema es que también me cobran el IBI dentro del contrato. Hemos intentado que lo quiten, pero por ahora no hay respuesta”. Y cuando algo se rompe, ¿la empresa responde?, pregunta uno de los voluntarios. “En general sí, pero hasta dónde ellos llegan. Lo que es estructural sí, las otras cosas no”, dice el vecino y luego confirma que asistirá a la asamblea del día 30.

Otra planta, otra puerta golpeada. Abre un hombre vestido en pijama, listo para ir a dormir. Tiene 72 años, dice, pero aparenta menos. Vive hace cincuenta en el edificio y está, como muchos de sus vecinos, en conflicto con la empresa. “Yo no acepté la subida básicamente porque soy un rebelde, sé que no corresponde”, dice. Irá a juicio, aunque lo que él espera en realidad es que el proceso se retrase lo más posible. “Mi idea es que se alargue, porque yo no me quiero ir de aquí. ¿De aquí adónde me voy? ¿A una residencia? Pero bueno, ya veremos cómo se resuelve, por ahora esperamos”, añade. 

Las siguientes puertas las abrirán personas mayores y otras más jóvenes. Vecinos con renta antigua, la mayoría, y otros tantos con renta nueva. Muchos explicarán que mantienen conflictos con la empresa y que sus casos están judicializados, mientras que otros dirán que optaron por aceptar la subida y vivir tranquilos. Cada uno ha negociado de forma individual con la empresa, pese a que se han asesorado con los mismos abogados e incluso con la Asociación de Vecinos. Entre los de renta nueva, la situación es similar: a algunos, por ejemplo, se les cobra el IBI, mientras que a otros no. 

Aunque hay similitudes, dicen, cada caso es diferente. Uno de los objetivos originales de los sindicatos de inquilinos de Madrid y Barcelona, fundados en 2017, era justamente colectivizar las negociaciones. De esta forma se podría evitar lo que ocurre en Meridiano Cero y que confirman varios vecinos: aquí cada uno negocio por su cuenta y llega a acuerdos diferentes.

Otros, como un vecino de la planta nueve, prefieren ni siquiera intentar negociar: “Aquí no se puede hacer nada. Cevasa te dice que si no te gusta, mejor vete. Te cobra el IBI, te cobra los arreglos, te cobra todo, ¿pero qué vamos a hacer?”. Justamente para eso está el Sindicat, explica Martí, porque sí se pueden hacer cosas. El vecino mira incrédulo, pero escucha. Luego vuelve a decir que es poco lo que se puede hacer. Los voluntarios insisten en que sí se pueden conseguir mejoras, sobre todo si se negocia de forma colectiva. El vecino al fin cede y dice que quizás, sólo quizás, algo se pueda hacer. Lo invitan a la asamblea del día 30. Él responde que se lo pensará, aunque cree que puede ser buena idea ir. 

La vivienda en el centro del debate electoral

El puerta a puerta termina sobre las nueve de la noche. Los voluntarios comienzan a salir de los edificio y se reúnen en el centro de la Plaça de la Tolerància, justo entre medio de los edificios. Comparten sus experiencias y sacan las primeras conclusiones. No es este el único bloque propiedad de Cevasa en que los inquilinos han tenido problemas con la empresa, recuerda un delegado del Sindicat. Ya hay comunidades de otros bloques de la misma empresa organizados en Cornellà, Vic y Sabadell. 

Aunque se han llevado diferentes instancias de negociación, el objetivo es que los inquilinos puedan hacerlo de forma colectiva en toda Barcelona. Después de todo, Cevasa es uno de los principales tenedores privados de Catalunya, con un total de 2.191 pisos.

A la macrobrigada de esta noche la seguirán una serie de otras actividades del Sindicat a modo de previa de las próximas elecciones generales. El número de afiliados se ha disparado en los últimos meses tanto en Madrid como en Catalunya y la discusión en torno a la vivienda está en el centro del debate. Lo decía Enric Aragonés un par de horas antes, mientras los voluntarios terminaban de organizarse:  “Gane quien gane, el problema de la vivienda sólo se resolverá si la gente se une con sus vecinos y con los sindicatos. Por eso no sólo llamamos a votar: por eso también picamos puertas. Los rentistas están unidos en la patronal y nosotros también lo debemos estar”.


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