Análisis
“No se alquila”: ¿lockout inmobiliario en Barcelona?

Si comparamos en Idealista la cantidad de pisos de larga duración entre Madrid y Barcelona, la proporción es de diez a uno en favor de Madrid cuando la diferencia de población es de dos a uno.
Barcelona Recursos 19-02-25 - 4
David F. Sabadell Barcelona desde el barrio de La Salut.

La cuestión de la vivienda llegará a otro punto crítico en 2026. Las cifras son astronómicas: más de 630.000 contratos de alquiler según el Ministerio de Consumo finalizan este año, y se trata de contratos firmados con precios significativamente menores. Aunque desde el año 2023 tenemos una ley estatal que regula y limita los alquileres, la norma dejaba agujeros: los contratos de temporada y las habitaciones. Agujeros que el Parlament de Catalunya ha intentado salvar con la última regulación aprobada justo antes de Navidad y que tiene que ver con lo que en este artículo se plantea.

Pero ahora nos encontramos con un nuevo fenómeno socio-inmobiliario muy problemático para las clases populares. Los contratos de alquiler habitual parecen haberse esfumado del mercado o reducido en extremo. Si comparamos en Idealista la cantidad de pisos de larga duración entre Madrid y Barcelona, la proporción es de diez a uno en favor de Madrid cuando la diferencia de población es de dos a uno.

Pero ahora nos encontramos con un nuevo fenómeno socio-inmobiliario muy problemático para las clases populares. Los contratos de alquiler habitual parecen haberse esfumado del mercado

En caso de consultas físicas, la siguiente escena se repite en cientos de empresas inmobiliarias de toda Barcelona. Podemos imaginar a una persona entrando en el local de una agencia, quizás algo nerviosa para ver qué se encuentra. Imaginemos que el contrato de alquiler de nuestro protagonista está a punto de finalizar: su propietario no quiere hacer prórroga, puesto que ha decidido que pondrá la venta el pisito. “No hay pisos para alquilar”, dice el agente que va con camisa y corbata, cuya mirada expresa que, digas lo que digas, no hay nada que hacer. Ante la insistencia, acaba explicando que la cosa está muy mal, que en todo 2025 solo alquilaron cinco pisos y que muchos propietarios que antes alquilaban ahora han decidido vender. Como única solución, le plantea a nuestro decepcionado ciudadano que ha llegado la solemne hora de hipotecarse.

¿Y por qué sucede esto? En apariencia, las explicaciones que ofrecen los medios convencionales, las inteligencias artificiales, las consultoras, los inmobros que nos aparecen en clips de vídeo y una ingente cantidad de economistas neoliberales son siempre las mismas. Ante el miedo irrefrenable a los inquiokupas —es decir, de inquilinos que acceden legalmente a una vivienda y después dejan de pagar— los propietarios habrían decidido no poner en riesgo su patrimonio.

La segunda explicación victimista habitual es que las recientes regulaciones de precios provocarían una supuesta inseguridad jurídica. Incluso se pueden escuchar apocalípticas profecías: algunos consultores inmobiliarios pronostican “el fin del alquiler“ si en febrero se aprueba en el Congreso de los Diputados una regulación estatal de los contratos de temporada.

Por último, el tercer razonamiento ofrecido hace énfasis en el aumento de población, debido al aumento de la migración. Éste último es terriblemente falaz: en lugares como Asturias la población residente se ha reducido considerablemente, pero esto no ha evitado que haya aumentado el precio de la vivienda.

Algunos consultores inmobiliarios pronostican “el fin del alquiler“ si en febrero se aprueba en el Congreso de los Diputados una regulación estatal de los contratos de temporada

¿Es casual ese cambio de criterio tan generalizado en el conjunto del mercado del alquiler? Pues bien, las tendencias en los mercados están muchas veces influenciadas por las estrategias que realizan los actores que tienen poder en el mercado. Últimamente, empezamos a ver a gente como Ruben Zaballos —que presume de tener 200 pisos— que cuando es invitado a hablar de la crisis de la vivienda en “LaSexta Xplica”, anuncia que ya no le salen las cuentas, ya no alquilaría más sus pisos y los pondría a la venta: “Mi objetivo del 2026 es vender”. Tras despotricar contra “el clima” político y las regulaciones que protegen inquilinos vulnerables, anunciaba ostentosamente que invertirá el dinero en otras empresas, más rentables. Otro argumento falaz de un sector tendiente a lo lacrimógeno. ahora mismo no hay muchas mejores inversiones que alquilar viviendas. Pocas empresas, ni siquiera en las grandes bolsas mundiales, te ofrecen rentabilidad de casi el 10%.

Esto en cuanto a pequeños especuladores, pero hay quien juega en otra liga. Blackstone no es una empresa cualquiera, es uno de los mayores fondos buitres del mundo y uno de los mayores propietarios de pisos en España con 20.000 viviendas. El fondo ha anunciado la venta de las viviendas que adquirió a precio reducido después de la crisis de 2008. El mensaje que envían al mercado está claro: “Es el momento de la desinversión”, “hoy es mejor vender”, el “alquiler de larga duración no es rentable”, como podemos leer en una newsletter del portal Idealista. Se encuentran tantas directrices como queramos: “Blackstone se harta de Barcelona: el mayor casero del mundo vende sus propiedades de alquiler”. ¿A qué responde pues esta ola a favor de la venta y ese vaciado de pisos de alquiler?

El momento de vender

Una explicación nos llevaría necesariamente al normal funcionamiento de los mercados, de las inversiones y la explicación a través de la rentabilidad. Un clásico: el sector de la vivienda ya no es un sector que ofrezca las rentabilidades astronómicas que ofrecía y toca vender. Seguramente hay parte de ello y los inversores y sus gurús están recomendando con indignación de comerciante que ahora es momento de vender. Aunque esto sería asumir que los inversores son actores de comportamiento racional y previsible, por el momento, mantengamos esta ficción. Entonces se nos aparece otra hipótesis.

En algunos casos, cuando las clases propietarias han tenido que vivir épocas de empoderamiento obrero o campesino y han encontrado gobiernos que han sido permisivos con sus demandas, los patronos o latifundistas han reaccionado con sus propios repertorios de acción directa. Normalmente, además, estos fenómenos de victorias populares han sido realmente nimios en comparación con los gritos puestos en el cielo de los emprendedores y caciques. Lo que ha sucedido entonces es que las clases propietarias han generado boicots a los métodos de vida de las clases trabajadoras con la voluntad de apretar las tuercas de la subsistencia y generar tensión social. Con ello se ha querido desprestigiar a un gobierno permisivo y recuperar uno favorable y mucho más virulento mientras se desprestigia y desmoraliza a las organizaciones y movimientos sociales que han luchado en favor de esa causa.

Hoy en día, es posible pensar en una actuación coordinada patronal-inmobiliaria sin ver en ella una conspiración o idea sin pruebas. De entrada, ya hemos visto que la mano invisible del mercado se ve siempre engrasada por la fuerza de los grupos dominantes (Idealista, etc.) dentro del sector, sus portavoces y sus propias instituciones (las inmobiliarias).

La ecuación es simple: saco los pisos del mercado, y digo que el Gobierno y sus leyes han destrozado el mercado de alquiler

En segundo lugar, el beneficio de desprestigiar a gobiernos (estatales, autonómicos, municipales) permisivos con las demandas de los sindicatos de vivienda, está claro en términos de rentabilidad. Más liberalización del mercado, más puedo trincar como propietario. Éste es un segundo argumento a favor del lockout. La ecuación es simple: saco los pisos del mercado, y digo que el Gobierno y sus leyes —el miedo mayor ha sido cuando se ha topado el tema de los alquileres de temporada en Catalunya— han destrozado el mercado de alquiler.

Si las pruebas de la campaña pro-venta y los argumentos del beneficio potencial no son suficientes, podemos ver también las cifras: en los últimos cinco meses se ha sacado del mercado de alquiler un 28% de los pisos en Barcelona. En cuarto lugar, veamos argumentos en forma de ejemplos históricos. Si aceptamos que se está produciendo un lockout inmobiliario, deberemos ver similitudes con lo ocurrido en el lockout industrial de 1919-1920 de Barcelona o en el paro forzoso de jornaleros de los años 30 en Castilla y Andalucía.

El cierre de fábricas de 1919

De entrada, sabemos que cerrar fábricas o impedir plantaciones ha formado parte de este tipo de recursos desde arriba contra los trabajadores que pedían mejoras laborales o reparto de tierras. Soledad Bengoechea en su libro El locaut de Barcelona (1919-1920), explica bien cómo se produce el cierre patronal de dicho período.

Para ella es importante que se trata de una reacción, ya que este tipo de conducta empresarial aparece como respuesta a las victorias del movimiento obrero. En concreto, el lockout se organizó tras —y en respuesta a— la consecución de la regulación de la jornada laboral a las ocho horas después de la huelga de la Canadiense en febrero y marzo de 1919. La CNT venía de construirse como un sindicato único, que permitiría juntar a todos los trabajadores por ramo y no por el viejo modelo de oficios, y que le confería una potencia sin precedentes. No hay más que recordar que en 1919 la organización sindical llegaría a tener 427.000 afiliados, lo que significaba que uno de cada tres trabajadores en Catalunya era anarcosindicalista.

En contra de esta fuerza obrera, los patrones también optarían por la acción directa, contratarían esquiroles y pistoleros, los somatenes desfilarían por las calles de Barcelona, ​​elaborarían listas negras de trabajadores sindicados, y pedirían derogar la ley de las ocho horas.

De entrada, sabemos que cerrar fábricas o impedir plantaciones ha formado parte de este tipo de recursos desde arriba contra los trabajadores que pedían mejoras laborales o reparto de tierras

En ese momento se quería acabar con la apariencia democrática, la legalidad para los sindicatos y partidos obreros y republicanos y optar directamente por una dictadura que acabara con la permisividad. El objetivo era una reacción de época que instaurara una sociedad corporativa donde mandaran quienes siempre lo habían hecho y nada se pusiera en discusión. Por eso Ucelay-Da Cal y Xavier Casals en El fascio de la Rambla pueden situar el origen del fascismo en Barcelona.

Se trataba, pues, de crear una situación de tensión tal que fuera necesario un Cirujano de Hierro que acabara con la inestabilidad que ellos mismos estaban creando. Al igual que la Marcha sobre Roma haría al año siguiente, se trataba de convencer a las élites del Régimen de que era necesaria una dictadura. Así, en septiembre de 1923, el hasta entonces capitán general de Catalunya, Miguel Primo de Rivera, con el apoyo de todos los grupos de poder barcelonés (los monárquicos, la iglesia, la patronal y la Lliga), cogía el tren en Sants para convertirse en el futuro dictador en España. A partir de ahí, la historia es conocida: ilegalización de la CNT, disolución de los Ayuntamientos, imposición del partido único, censura de prensa republicana y obrera, consejos de guerra, penas de muerte, destitución de maestros, y en el caso del catalanismo, prohibición de la bandera y la lengua en público. Todo lo que se había ensayado durante el lockout, ahora pasaba a ser política de Estado. Cómo la unión de los perseguidos llevó a la República es harina de otro costal. Veamos qué pasaría con los campesinos y la reforma agraria en los treinta.

“¡Comed República!”

Pasamos ahora al segundo ejemplo que nos da la historia. Ricardo Robledo, por su parte, ha estudiado a fondo la reforma agraria de la II República en su obra La tierra es vuestra. Como asunto jamás resuelto con el paso de los siglos, el problema se había agravado con la concentración de la tierra en grandes terratenientes. Especialmente en el sur de la península, estos grandes rentistas del mundo agrario explotaban la mano de obra barata: los jornaleros sin tierra, condenados a trabajar en condiciones míseras.

El primer Gobierno republicano intentó frenar el poder de los señores de la tierra con una primera reforma agraria que trató de redistribuir la propiedad de la gran aristocracia hacia las clases populares. Como explica el propio autor, este primer intento vino acompañado de muchas deficiencias, puesto que la norma contenía agujeros legales y los procesos eran demasiado burocráticos y excesivamente lentos. Esto llevó al ministro de Agricultura, el catalán Marcelino Domingo, a afirmar que paradójicamente el principal obstáculo para que se ejecutara la reforma agraria era la misma ley.

Lo que sabemos con seguridad es que la reacción de los grandes propietarios fue mayoritariamente también hostil. Muchos de ellos bloquearon la aplicación de la reforma mediante recursos legales, presiones políticas y el apoyo a partidos contrarios a la República. Esta oposición contribuyó a ralentizar los cambios previstos y aumentar la tensión social en el campo, donde las expectativas de los campesinos chocaban con la resistencia de los propietarios, con episodios sanguinarios como la masacre de Casas Viejas.

No recoger por completo lo que se siembra para matar de hambre a los trabajadores del campo para romper su voluntad: “¿No queríais República? ¡Pues comed República!”

Sabemos también que los terratenientes tenían otra herramienta para enfrentarse a los jornaleros organizados: el paro forzoso. No recoger por completo lo que se siembra para matar de hambre a los trabajadores del campo para romper su voluntad. “¿No queríais República? ¡Pues comed República!”, se burlaban así los señoritos de los hambrientos jornaleros.

En este contexto, la expresión “comed República” refleja no sólo el rechazo ideológico de los terratenientes, sino también su miedo a perder el control económico y social que habían ejercido durante décadas. La segunda reforma agraria, promovida por el Gobierno del Frente Popular, se centró no en la expropiación de la titularidad de sus propiedades, sino en su uso social, facilitando legalmente la ocupación de tierras no cultivadas.

Como respuesta a una reforma agraria más ambiciosa, los grandes propietarios decidieron invertir. En ese caso, la inversión financiera más rentable tenía nombres y apellidos: Francisco Franco Bahamonde. Sin duda, el paro forzoso en el campo andaluz, extremeño o manchego fue una herramienta de disciplinamiento social y de venganza de clase, equiparable al local industrial de Barcelona. Una parte de los herederos de esos jornaleros derrotados, por cierto, tuvieron que reconstruir su vida cogiendo un tren que les llevaría hacia Catalunya, levantando barriadas de chabolistas como la de Torre Baró.

La reforma urbana y el ‘lockout’ inmobiliario: callejón sin salida, reacción y posibilidades

Al igual que el lockout produjo el conocido pacto de hambre donde durante varios meses los obreros de Barcelona fueron sometidos al apetito por falta de salarios, este lockout puede tener varias consecuencias. Podemos aventurar algunas. En primer lugar, una Gran Expulsión en la que muchos de los contratos de cinco años que ahora expirarán no sean renovados y se viva un (nuevo) desplazamiento de población lejos de la ciudad por motivos de precio. Con las consecuencias en gasto de tiempo y contaminación que implica en el estado actual del transporte público.

En segundo lugar, un agravamiento de la crisis social, donde sumado a la inflación sangrante de productos básicos, se sume la dificultad habitacional que lleve cada vez más a dibujar un clima de desesperación social donde el neofascismo pesca normalmente los apoyos.

En tercer lugar, que los propietarios y rentistas logren revertir las tímidas legislaciones regulatorias de los alquileres y logren favorecimientos e incluso leyes mucho más liberalizadoras —como en 1920 la Patronal pidió contratos laborales de un día— con las perspectivas en el marco de un gobierno más a la derecha.

Cada año aumentan las personas sin hogar en Barcelona, ​​un 43% más que en 2023. Los asentamientos informales superan el centenar, en espacios como Zona Franca, Poblenou o la montaña de Montjuïc

Por último, un clima de recrudecimiento económico donde se acentúe y crezca la violencia social ante la situación de callejón sin salida para resolver la cuestión. No se dice que tenga que ocurrir igual que en enero de 1920 donde, por culpa de la situación de asedio de hambre, se produjo un atentado contra el presidente de la Federación Patronal, Fèlix Graupera. Pero no sería de extrañar que hubiera protestas con un nivel más elevado de violencia, en un crecimiento de la ocupación por empobrecimiento o con una nueva ola de desahucios masivos si se deja de ver posible la opción de solucionar el problema de la vivienda por vía política.

Por el momento, como indica la Fundación Arrels, cada año aumentan las personas sin hogar en Barcelona, ​​un 43% más que en 2023. Los asentamientos informales superan el centenar, en espacios como Zona Franca, Poblenou o la montaña de Montjuïc. ¿Pueden ser un aviso del regreso de un chabolismo que terminó en los 90? La criminalización de las personas vulnerables, migrantes del B9, inquilinos que ahora son inquiokupas o el sinhogarismo creciente, son más muestras de esta tendencia a más y peor. También lo es el crecimiento récord de los beneficios inmobiliarios en el tercer trimestre de 2025 en un 32,7%. Este es el estado del artículo 47 de la Constitución en Barcelona y su incompatibilidad con los agostos que están haciendo los rentistas.

¿Cuál podría ser la solución? Sólo habría que empezar por aplicar las medidas mínimas que aplican los países de nuestro entorno. Sin duda, la prohibición de las compras especulativas, aplicar una fiscalidad mucho más agresiva a los multipropietarios y propietarios de pisos vacíos o eliminar el régimen especial de las socimis son parte del camino a recorrer. Pero también necesitamos contratos de alquiler indefinidos, solo cancelables por motivos tasados, que acabe con la libertad de tener vidas esclavas de la voluntad de sus propietarios. En último lugar, y como ensamblaje de todas las propuestas, es necesario discutir de una reforma urbana, tal y como fue la reforma agraria durante la II República o el Decreto de Municipalización de fincas urbanas aprobado por la Generalitat el 11 de junio de 1937, en el que se plantee la distribución de la propiedad en este país y su uso. Todo ello, claro está, solo debería ser así, en el caso de que se quiera solucionar algo realmente.

Los autores

Iván Montemayor Delgado. Doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Barcelona y miembro de Debats pel Demà. Ha publicado recientemente el ensayo Policía, tribunal y cárcel. Crítica del sistema penal (Icaria, 2026)

Roc Solà. Historiador y profesor de historia de los movimientos sociales en la Universidad Autónoma de Barcelona. Miembro de Debats pel Demà y coeditor de Gabriel Alomar. Republicanisme, catalansime socialisme (Tigre de Paper, 2021).

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