Baleares
La plataforma por la democracia de Mallorca confía en invalidar la derogación de la Ley de Memoria Histórica

La derogación de la Llei 2/2018, de 13 de abril, de memoria y reconocimiento democráticos de Baleares es un hecho. Tal y como se prevé en el pacto programático firmado por el Partido Popular y Vox a inicios de esta legislatura, la norma ha sido eliminada con sus votos. La derogación tuvo lugar en el Parlament Balear el martes con la ausencia, durante el debate, de la presidenta del Govern, Marga Prohens.

Para la portavoz de la Associació de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, este es “un gesto muy ofensivo”, pero no le sorprende: “Llevamos dos años y medio esperando que nos reciba. Estamos acostumbrados a sus agravios”. Más de 200 personas se manifestaron a las puertas de la cámara balear el día del pleno para pedir a los populares que dieran marcha atrás. Las convocó la Plataforma por la Memoria Democrática.

Más de 200 personas se manifestaron a las puertas de la cámara balear el día del pleno para pedir a los populares que dieran marcha atrás, convocadas por la Plataforma por la Memoria Democrática

El mismo día, la dirección del CEIP Molinar anunciaba a las familias de los alumnos que el consistorio les negaba la autorización para concentrarse este viernes delante del busto de Aurora Picornell, situado a pocos metros del centro, y hacer la ofrenda floral prevista. El consistorio no ha dado a la escuela el permiso necesario para ocupar el espacio público porque la tramitación de la petición se ha hecho con poco tiempo. Está fechada el día 9 de marzo.

Vía judicial

Las entidades memorialistas baleares confían que, como ha pasado en otras comunidades, “se presente un recurso ante el Tribunal Constitucional y se paralice la derogación”, añade Maria Antònia Oliver. En este sentido, Podem Illes Balears ya se ha puesto manos a la obra. Su portavoz autonómico, Jesús Jurado, asegura que “se están haciendo contactos para conseguir que 50 diputados del Congreso promuevan el recurso y volvamos a tener la norma en vigor lo antes posible”. La formación tampoco descarta dirigirse al Defensor del Pueblo.

A pesar de todo, Jurado lamenta que “el gobierno del PP no ha aplicado la ley en lo que llevamos de legislatura”. Declara que “solamente ha cumplido con las contrataciones que se encontró encima de la mesa, es decir, los gastos comprometidos”. Han quedado en un cajón las iniciativas relacionadas con la educación, entre ellas, los cursos de formación para el profesorado, y la retirada de los elementos fascistas.

Jesús Jurado fue secretario autonómico de Memoria Democrática del 2019 al 2023. Durante este período se retiraron más de la mitad de los símbolos relacionados con la dictadura de Francisco Franco, pero aún quedan “muchos nombres de calles y muchas placas que enaltecen lo que pasó y solo en algunos municipios en los que gobierna la izquierda se han eliminado”.

Derogación anunciada

La tramitación para abolir la ley de memoria histórica balear empezó la primavera de 2024, cuando Vox registró en el Parlament una proposición para su derogación. El 3 de junio, medio millar de personas se concentraron en el centro de Palma por la paz y la restitución de las víctimas del franquismo y la Plataforma per la Memòria Democràtica anunció medidas judiciales contra la derogación.

Todo se paralizó en diciembre del mismo año. Así lo acordó el PP con Més, Podem y los socialistas. Pidió, a cambio, que estas formaciones apoyaran la aprobación del polémico decreto de simplificación administrativa que el gobierno quería impulsar. La iniciativa había sido calificada por los ecologistas como una amnistía urbanística, pero la oposición cedió. Para entonces, el pacto de los populares con Vox se daba por roto.

Víctimas de segunda

Uno de los argumentos esgrimidos por PP y Vox para eliminar la norma autonómica es que solo defiende a las víctimas de la República, cosa que, desde Memòria de Mallorca, desmienten. Maria Antònia Oliver pide que “se lean el preámbulo”. De hecho, en la exposición de motivos se dice que “esta ley tiene por objeto el reconocimiento y la garantía de los derechos a la reparación, a la verdad y a la justicia de todas las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista”.

Miquel Rosselló es portavoz de la Plataforma per la Memòria Democràtica y ha sufrido las represalias del régimen franquista. “Tengo la sensación de que los familiares de las personas republicanas perseguidas somos aún víctimas de segunda categoría. Luchamos por algo que pensábamos que ya estaba superado. Ahora estamos en la casilla de salida otra vez y esto me cuesta de asumir”. Para él, el martes fue “un día muy triste”, aunque confía en la sociedad civil. Recuerda que en Baleares “el primer acto público en el que dos instituciones se unieron para reparar la memoria tuvo lugar hace diez años. Fue cuando el Govern y el Ayuntamiento de Palma participaron en el homenaje a Emili Darder en el aniversario de su fusilamiento, el 24 de febrero de 1937”. Antes, partidos ilegales y colectivos de civiles habían abierto camino.

Para Rosselló el problema es que “los ciudadanos estamos solos”, algo que asegura que no pasa ni en Italia ni en Alemania: “Nadie puede imaginarse la que se armaría a nivel político si en Berlín alguien se paseara orgulloso con una bandera con la cruz gamada. En España, en cambio, hay personas ocupando sillas municipales que defienden que Francisco Franco empezó a gobernar matando y terminó igual, con Salvador Puig Antich en el garrote vil el 1974 y cinco personas fusiladas el septiembre del año siguiente”.

Cuestión de dignidad

Recuperar la verdad suele ser el motor que mueve a personas como Maria Antònia Oliver a liderar movimientos memorialistas. “Mi familia fue represaliada. Mi abuelo desapareció y contaron a mi madre que lo habían liberado. Lo buscó por todas partes y nunca apareció. Murió sin saber dónde está”. Ella ya no espera encontrarlo, pero entiende lo que sienten las familias cuando se abre una fosa y ven los cadáveres. “Están colocados de cualquier manera, con las manos atadas, escondidos… Los hijos y nietos necesitan recuperarlos y dignificarlos, por esto no podemos quedarnos sin una herramienta tan necesaria como esta norma”.

La ley de fosas

Uno de los escudos del Partido Popular para abolir la ley de memoria histórica ha sido la existencia de otra norma: la Ley 10/2016, de 13 de junio, para la recuperación de personas desaparecidas durante la guerra civil y el franquismo en Baleares. Sin embargo, esta norma es muy diferente. “Las dos se complementan”, afirma Maria Antònia Oliver, “ya que no se pueden recuperar los huesos de una fosa si no hay una denuncia y una explicación de lo que pasó”. Y la ley de fosas se encarga, solamente, de una parte.

Jesús Jurado afirma que “la ley está prácticamente en la última etapa de su utilidad”. Se han recuperado los cuerpos de las cuatrocientas personas que estaban apelotonadas en Porreres y Son Coletes y “solo queda una fosa en Formentera”.

La de fosas es una norma que se aprobó de urgencia. “Se trata de una ley muy básica de una docena de artículos que pretendía ofrecer un marco legal para que las intervenciones en la recuperación de los cuerpos de las víctimas del franquismo fueran rápidas. Habilitaba las instituciones para abrirlas y poco más”. De allí que se redactara y aprobara antes que la de memoria.