Ayuntamiento de Madrid
Piden que la cesión al Banco de España no convierta la Quinta de Torre Arias en “un escenario de fondo”

“Esta cesión de setenta y cinco años de la mayoría de los edificios de la Quinta de Torre Arias nos parece una cesión a muy largo plazo. Una operación de esta magnitud necesita garantías mucho más claras sobre la protección del patrimonio, el mantenimiento del uso público y, sobre todo, la conservación de la identidad histórica y agropecuaria de la Quinta”. Daniel Liébana, jardinero municipal de la finca y portavoz de la Plataforma Ciudadana Quinta de Torre Arias, resume así el recurso que su organización ha presentado contra el decreto por el que el Ayuntamiento de Madrid cedió al Banco de España los edificios principales del conjunto. “No queremos frenar el proyecto; lo que queremos es mejorarlo”.

Liébana matiza que “no estamos en contra del Banco de España ni de que se rehabiliten los edificios, porque llevan prácticamente cincuenta años o más en abandono. Existe una oportunidad para recuperar un patrimonio que lleva muchísimos años esperando una intervención adecuada”.

Levantada a finales del siglo XVI, la Quinta de Torre Arias es mucho más que un jardín histórico: es una finca productiva dedicada durante cuatro siglos a la agricultura y la ganadería, prácticamente el único parque de Madrid mantenido por jardineros municipales. Sus dieciocho hectáreas, Bien de Interés Cultural como Conjunto Histórico, concentran palacio, caballerizas, bodegas, pajar, infraestructuras hídricas y un paisaje agrario que la diferencia de otras quintas de recreo como El Capricho, Vista Alegre o la Quinta de los Molinos.

La finca pasó a manos municipales por herencia de la condesa de Torre Arias, fallecida en 2012, con el compromiso de que se emplease como parque público y para servicios a la ciudad. Después fue una sucesión de proyectos e indefiniciones: el Ayuntamiento de Ana Botella estudió en 2014 cederla a la Universidad de Navarra, lo que impulsó el nacimiento de la Plataforma. Aquel intento fue frenado por la movilización vecinal y anulado por los tribunales. Más tarde llegaron otras candidaturas privadas —la Universidad Católica de Murcia, el Grupo Planeta, la Fundación Norman Foster—, todas rechazadas como intentos de privatizar el patrimonio público.

“La Quinta no se puede entender por separado: el palacio, las caballerizas, las bodegas, el pajar no se pueden separar de las tierras que lo acompañan y de este paisaje que le daba todo el sentido”: Daniel Liébana, jardinero y portavoz de la Plataforma ciudadana

El desenlace llegó en julio de 2026: el Consistorio concedió al Banco de España los edificios principales por 75 años. La institución financiera invertirá unos 26 millones de euros en rehabilitar construcciones medio siglo en desuso y creará Espacio Eureka, un centro educativo, expositivo e interactivo de educación financiera, además de un centro de formación. Los jardines seguirían abiertos al público y el Banco asumirá la conservación del entorno y la puesta en valor del pasado agropecuario.

¿Hacia la privatización de un espacio público? 

Por primera vez quien se hace cargo no es un privado sino una entidad pública, y el uso previsto no es exclusivo sino abierto a la ciudadanía. Pero la Plataforma no se fía: “No estamos hablando simplemente de ceder unos edificios, sino de un conjunto histórico de dieciocho hectáreas donde los edificios, los jardines, la infraestructura de agua, las antiguas explotaciones ganaderas y el paisaje forman parte de una misma realidad histórica”, explica Liébana.

Esa unidad, asegura, es lo que la concesión desatiende: “Nos parece una segregación, es decir, los edificios por un lado y el jardín, las huertas y el resto del paisaje por otra parte”. “La Quinta no se puede entender por separado: el palacio, las caballerizas, las bodegas, el pajar no se pueden separar de las tierras que lo acompañan y de este paisaje que le daba todo el sentido. Uno de los grandes valores de la Quinta es haber conservado durante cuatro siglos esa huella de la actividad agrícola y ganadera madrileña”.

“Se contempla la elaboración de un nuevo plan especial de protección y un cambio de uso”, conocido a principios de septiembre con la licitación sacada en pleno agosto

El recurso denuncia la fragmentación funcional del conjunto, contraria a su Plan Especial de Protección; cuestiona la ausencia de informes económicos, medioambientales y patrimoniales suficientes; impugna la exención de canon, el incumplimiento del trámite de audiencia —personadas en el expediente, se quedaron sin plazo de alegaciones— y la falta de motivación de un plazo máximo de 75 años. Además, advierte Liébana, “se contempla la elaboración de un nuevo plan especial de protección y un cambio de uso”, conocido a principios de septiembre con la licitación sacada en pleno agosto: “Todavía queda por adoptar decisiones urbanísticas y patrimoniales muy importantes”.

La Plataforma, integrada en un Frente Ciudadano con otras tres entidades del distrito, alterna la vía jurídica con la negociación: reuniones con el Banco de España en abril, junio y septiembre para que el proyecto vecinal, diez años en construcción, tenga cabida en el nuevo escenario. “Lo que planteamos no es que el Banco de España lleve a cabo esos proyectos, porque entendemos que es una entidad financiera. Tampoco queremos que contraten empresas privadas”. Se ha propuesto colaborar a organismos públicos como el CSIC, el IMIDRA o varias universidades públicas, con las que ya hay contactos.

El objetivo: una granja urbana educativa —“muy común en ciudades europeas como París, Londres, Ámsterdam o Bruselas” e inexistente en Madrid—, escuelas de pastores, educación ambiental e investigación sobre razas autóctonas, ahorro de agua y resiliencia climática. Un “patrimonio vivo”, frente a uno puramente museográfico: que cualquiera pueda “ir a la Quinta de Torre Arias y tener la visión de ese pasado de cuatro siglos”, pero “que no sea algo puramente museográfico, sino que tenga vida”.

Otros ejemplos europeos “han hecho algo mucho más trabajado, abierto a la ciudadanía, incluyendo la relación de la economía con los retos del cambio climático y de la transición energética y ecológica”

A su juicio, el Banco de España “no debe quedarse solo en la educación puramente financiera”: “Hemos visto ejemplos del Banco Nacional francés, o el de Alemania o el de Holanda, que han hecho algo mucho más trabajado, abierto a la ciudadanía, incluyendo la relación de la economía con los retos del cambio climático y de la transición energética y ecológica”. Y añade: “En un distrito como San Blas-Canillejas, con una población a la que le cuesta llegar a fin de mes, le cuesta alquilar una vivienda, le cuesta pagar la hipoteca… no le vemos demasiado encaje a un proyecto de estas características si no se relaciona con otras cuestiones de la economía real”.

“Si la negociación no avanza, “plantearíamos lo que es un recurso contencioso, ir a los tribunales directamente y tratar de revertir esta cesión”

La Plataforma reconoce que su reivindicación histórica era otra: “Nuestra propuesta inicial durante muchos años ha sido —y, de hecho, es lo que está recogido en el plan especial del 2018— que la gestión debe ser directa por parte del Ayuntamiento”. Llegados a este punto, aceptan la oportunidad —el Banco es “una entidad pública que va a hacer una inversión muy grande en la rehabilitación de los edificios”—, pero avisan: si la negociación no avanza, “plantearíamos lo que es un recurso contencioso, ir a los tribunales directamente y tratar de revertir esta cesión”.

“La Quinta de Torre Arias debe recuperarse y tener actividad, pero cualquier proyecto tiene que partir de su protección como conjunto, de su carácter público y de la prioridad que el propio planeamiento reconoce a su historia agropecuaria”, sostiene la entidad.