Artículo 155
Algunas puntualizaciones al acuerdo de la Asamblea de Extremadura sobre la aplicación del 155 en Cataluña

La imagen distorsionada de la vida política, social y cultural de Cataluña que se relata en la moción presentada por el PP con el objetivo de justificar la aplicación del 155, forma parte de la dinámica propia en la que se mueve el nacionalismo español, interesado en alimentar y acentuar entre la población el sentimiento político y cultural del rechazo histórico a Cataluña.

El apoyo del PSOE extremeño no es una decisión política aislada, sino que viene a refrendar la identificación que se tiene en amplios sectores del partido socialista con ese sentimiento nacional-colonialista en el que históricamente han llevado la voz cantante y han perseverado la derecha política y la burguesía española.

La descripción literal de lo aprobado en la Asamblea extremeña es la interpretación de que Cataluña es una colonia interior en la que hay que intervenir porque sus comportamientos no se ajustan a las normas y directrices del aparato estatal. Esta consideración de dependencia respecto a Madrid que se exhibe por diferentes grupos políticos extremeños (y de otros territorios) es un pequeño estímulo que refuerza los argumentos de una parte importante de la población catalana para seguir por la ruta independentista.

Entiendo que el gobierno de Fernández Vara y el PSOE extremeño se suman a esta propuesta impregnada de un añejo nacionalismo patriotero y adobada con una escala de valores que caracterizan a “los defensores de lo patrio” por convicciones ideológicas, pero también, para no perder terreno a los ojos de la opinión pública, en un claro intento de apuntalar las tácticas electoralistas, muy influenciados por el miedo a que se repita lo ocurrido en Andalucía.

Lo sucedido en las elecciones andaluzas obliga a mostrar un talante en el que la posición política sobre lo que ocurre en Cataluña no desmerezca comparada a la de sus adversarios

Lo sucedido en las elecciones andaluzas obliga a mostrar un talante en el que la posición política sobre lo que ocurre en Cataluña no desmerezca comparada a la de sus adversarios más avezados en el manejo del sello “de lo español más que español”.

De todos modos, para lo que ha servido el apoyo a la propuesta de aplicación del 155 en Cataluña es para provocar tensiones y enfrentamientos dialécticos entre personas y territorios y, como mínimo, obligar al gobierno de Pedro Sánchez a inventar justificaciones y dar explicaciones de esta actuación de Fernández Vara. Ahora que el vocablo sabotaje está de actualidad en Extremadura, podíamos imaginar que acciones políticas como la que nos trae la ocasión fueran un intento de boicot a la aprobación de los Presupuestos estatales, en vista de la importancia que tienen los políticos catalanes para que salgan adelante.

El término sabotaje está siendo muy manejado desde instancias de poder en Extremadura; da la impresión de que a este vocablo se le quiera dar un sentido estratégico que justifique los múltiples problemas que tienen nuestros trenes, y así tranquilizar y aplacar a la opinión pública. En estas últimas semanas arrecian las críticas contra el gobierno extremeño por los problemas que frecuentemente se producen en las estructuras ferroviarias, cuyo estado viene a representar el cuadro de abandono general consentido en el que el Estado  tiene a nuestra tierra. Pero además de estos motivos coyunturales que hemos señalado, en el fondo la iniciativa parlamentaria del PP persigue acentuar la solidez del armazón ideológico monárquico, que comienza a tener pequeñas grietas que lentamente se van extendiendo a todo el país, provocadas por las perturbaciones de la crisis institucional que sufre el sistema en Cataluña, y que podrían agudizarse por los próximos acontecimientos judiciales que se van a desarrollar.

La clase burguesa y sus adláteres no dejan de esforzarse con actuaciones mediáticas, jurídicas, políticas y de todo tipo para suprimir y anular iniciativas que conforman el ideario democrático de los pueblos: el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la autodeterminación, a la voluntad política que tienen los pueblos a elegir su camino.