Argentina
Milei arrincona al periodismo argentino crítico con el Gobierno

El Gobierno de Javier Milei busca derogar el Estatuto del Periodista, una norma clave para la protección de derechos laborales y profesionales. Según el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, durante 2025 los ataques contra periodistas aumentaron un 66%. 

El proyecto de derogación está incluido dentro de la reforma laboral impulsada por el partido oficialista de La Libertad Avanza. Desde el Gobierno argumentan que la norma precisa una modernización y adelantaron que será tratada en sesiones extraordinarias durante febrero.

La Ley 12.908, que corresponde al Estatuto del Periodista Profesional, garantiza condiciones mínimas de trabajo y derechos desde el año 1946. Su eventual derogación atenta contra la libertad de expresión, el derecho a la información y la calidad democrática del país. “El objetivo central de la norma es la estabilidad del empleo en prensa, como garante de la libertad de expresión. Por la naturaleza misma de nuestro trabajo, estamos expuestos a presiones políticas, empresariales, de la justicia y de distintos poderes”, explica a El Salto Agustín Lecchi, secretario general del Sindicato de Periodistas de Buenos Aires (Sipreba). 

Javier Milei, inspirado en Donald Trump, afirmó en diversos discursos “No odiamos lo suficiente a la prensa”, frase que luego redujo a las siglas ‘NOLSALP’ que incorporó como firma de varios tuits en X

Argentina registra un crecimiento sostenido de las agresiones de fuerzas de seguridad en manifestaciones, censura indirecta, judicialización, despidos masivos y campañas de hostigamiento digital promovidas desde ámbitos oficiales. Uno de los casos más graves fue el del fotógrafo Pablo Grillo, quien recibió un impacto directo de gas lacrimógeno en su cabeza mientras cubría una protesta de jubilados en marzo de 2025. En aquella jornada donde aplicaron un protocolo antiprotesta, se documentaron al menos 20 casos de violencia policial hacia periodistas. Grillo estuvo hospitalizado diez meses, y el 2 de febrero regresó de manera temporal a su hogar. 

La cantidad de periodistas, trabajadores de prensa y fotógrafos que sufrieron agresiones por las fuerzas de seguridad durante la cobertura de manifestaciones aumentó un 66% respecto a 2024, según elInforme sobre Libertad de Expresión en Argentina 2025 elaborado por la Universidad de Buenos Aires, el Sindicato de Periodistas de Buenos Aires, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa y la Federación Internacional de Periodistas. 

Un odio declarado

Javier Milei, inspirado en Donald Trump, afirmó en diversos discursos “No odiamos lo suficiente a la prensa”, frase que luego redujo a las siglas ‘NOLSALP’ que incorporó como firma de varios tuits en la red social X. 

Milei llegó a la esfera pública a través de programas de TV siendo tertuliano o invitado. Sin embargo, los ataques al periodismo han sido un sello de su política. Durante su candidatura, se hizo viral un video de 2018 donde Milei agrede a una periodista que le pregunta acerca de políticas económicas del keynesianismo. Una fiscal inició de oficio una causa por violencia de género y ordenó restringir la difusión del video en las redes sociales, tras las amenazas de muerte que recibió la periodista del interior del país. 

Otro sello de la política de La Libertad Avanza ha sido la violencia de género. En junio de 2025, tras declaraciones críticas hacia el presidente Javier Milei por parte de Julia Mengolini, locutora y fundadora de la radio FutuRock, se viralizaron fake news y videos generados con inteligencia artificial dirigidos contra la periodista. En ese contexto, el mandatario compartió en la red social X decenas de mensajes sobre ella en el lapso de apenas dos días, que desataron un hostigamiento masivo. “Existen nuevas formas de disciplinamiento como los ataques virtuales de los propios funcionarios públicos, procesos de estigmatización en campañas mediáticas o declaraciones de funcionarios y ataques coordinados en redes sociales de supuestos anónimos, o cuentas vinculadas con autoridades gubernamentales que atacan a periodistas y comunicadores y luego estos posteos son replicados por los propios funcionarios. Con estas nuevas prácticas se vuelve más complejo o difícil establecer responsabilidades de tipo administrativas, civiles o mecanismos de protección”. expresó a El Salto Diego Morales, director de Litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las principales organizaciones de derechos humanos de Argentina.

“Existen nuevas formas de disciplinamiento como los ataques virtuales de los propios funcionarios públicos oprocesos de estigmatización en campañas mediáticas o en redes sociales”

Solo durante el 2025 el presidente argentino denunció a ocho periodistas de distintas facciones ideológicas: Carlos Pagni, Viviana Canosa, Jorge Rial, Fabián Domán, Mauro Federico, Nicolás Lantos, Ariel Lijalad y Julia Mengolini. Respecto a la judicialización de radios comunitarias, Morales señala que en un “operativo simultáneo y violento”, se allanaron diversas comunidades mapuches y la Radio Comunitaria Petü Mogueleiñ en El Maitén (Provincia de Chubut), donde además se incautaron equipos indispensables para su funcionamiento. Estos procedimientos, "carentes de fundamentos sólidos, constituyen un grave ataque a la libertad de expresión y a los derechos de los pueblos originarios”. 

El monopolio del relato

Tres meses después de asumir, el Gobierno de La Libertad Avanza disolvió por decreto Télam, la agencia estatal de noticias. Era la segunda agencia periodística de habla hispana en importancia luego de la española, EFE. Télam tenía 79 años de funcionamiento, casi 800 empleados y emitía más de 500 cables diarios. El portal web fue dado de baja, y se bloqueó el acceso a su archivo histórico. La agencia contaba con reporteros en todo el país y su cierre dejó a miles de medios sin información nacional, un vacío que los privados no cubren por falta de recursos. Se profundizó la concentración informativa y la desconexión federal. 

Entre algunas de las medidas económicas más importantes cabe señalar la suspensión de la publicidad oficial en medios de comunicación, la eliminación de las exenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que beneficiaban al sector, la intervención de Radio y Televisión Argentina (RTA) y despidos masivos en medios públicos.

Al poco de asumir, Milei disolvió Télam, la agencia nacional de noticia, con 79 años de funcionamiento, casi 800 empleados. Emitía más de 500 cables diarios

A su vez, disolvieron el martes de esta semana el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (Fomeca), y dejaron sin ejecutar recursos que por ley debían destinarse al fortalecimiento de medios comunitarios, indígenas y de frontera. Estos fondos, retenidos desde 2023, provienen del 10% de un gravamen establecido en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522), abonado por emisoras de radio y televisión de todo el país, y ascienden a cerca de 15.000 millones de pesos (unos 8,8 millones de euros).

El Gobierno impulsa ahora la derogación de dicha Ley que desde 2009 consagró en Argentina la comunicación como un derecho fundamental. Fueron años de debates entre organismos de derechos humanos, universidades, organizaciones y medios comunitarios para alcanzar el texto de la norma. Aunque nunca fue plenamente aplicada debido a los intereses que afecta, la ley supuso un avance significativo al reemplazar una legislación heredada de la última dictadura cívico-militar.

El Grupo Clarín, que conforma el principal conglomerado de medios y telecomunicaciones del país, fue uno de los opositores a la norma y nunca se adecuó al límite de propiedad de licencias. Agustín Lecchi sostuvo que el desafío que atraviesa el periodismo hoy es afrontar un “gobierno que ataca a la comunicación, pero sobre todo a los trabajadores y trabajadoras, en un ecosistema de medios hiperconcentrado. Encima, con grandes plataformas que son multinacionales o con sede en Estados Unidos, y eso altera, no solamente el sistema de medios, sino el sistema democrático”.

La reforma de los servicios secretos también ha despertado polémica: lo que debía ser la excepción (el secreto) se convierte en regla general, al declarar que todas las actividades de inteligencia son encubiertas por defecto 

Otro punto que ha generado preocupación es el decreto 941/2025 que reorganiza los servicios de inteligencia del Estado (SIDE). El decreto invierte la lógica del acceso a la información: lo que debía ser la excepción (el secreto) se convierte en regla general, al declarar que todas las actividades de inteligencia son encubiertas por defecto. La norma faculta al Poder Ejecutivo a catalogar bajo el rótulo de “seguridad nacional” cualquier información, sin precisar qué tipo de datos quedan comprendidos bajo esa categoría, lo que deja expuestos a periodistas y medios a potenciales persecuciones judiciales. Además, el decreto obliga a todos los organismos del Estado a recolectar y entregar información a la SIDE cuando así se lo requiera, y habilita al personal de inteligencia a detener personas sin orden judicial previa. 

Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU alertaron sobre el impacto en la libertad de expresión y el derecho a la información. Morales analiza la importancia del rol de dichos organismos que son “la última alternativa que tenemos para denunciar hechos que afectan a la libertad de expresión. En 2024, las relatorías de la ONU criticaron el denominado protocolo antiprotesta por las consecuencias que tenía este instrumento sobre el ejercicio del derecho a manifestarse en Argentina. Esta crítica fue reiterada en el año 2025, y los tribunales judiciales en Argentina ya han declarado la inconstitucionalidad del protocolo, en función de aquellos informes de la ONU.”