Análisis
El endurecimiento de las políticas migratorias en Argentina

La Ley de Migraciones 25.871, aprobada en 2003 y aún vigente, fue fruto de una incesante lucha de asociaciones de migrantes, organizaciones de derechos humanos y distintos referentes de la sociedad civil.

Esta normativa, que en su momento reemplazó a la ley aprobada por la última dictadura cívico-militar, conocida como “Ley Videla”, es referente a nivel internacional por su garantía y amparo de derechos de las personas migrantes. 

La ley actual es referente a nivel internacional por su garantía y amparo de derechos de las personas migrantes. Según la norma, la regularización en Argentina es un derecho afirmado por la ley estatal

Esta ley, como afirma el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), reconoce la regularización como un derecho de la persona migrante y como una obligación del Estado. Gracias a dicho reconocimiento y a la referida obligación estatal de regularizar, la regularización en Argentina es un derecho afirmado por la ley estatal. 

Algo que, para las especialistas en migraciones a nivel mundial, es un ejemplo a seguir. La regularización de personas migrantes en situación administrativa irregular no debe concebirse únicamente como una política pública aplicable en un momento concreto, sino que deben ser parte estructural de las políticas migratorias de los Estados, como una obligación y un derecho de las personas migrantes.

Con la llegada de Milei al Ejecutivo argentino en diciembre de 2023, también ha habido impactos muy negativos en las políticas migratorias.

En primer lugar, en mayo de 2025, el Gobierno de Javier Milei aprobó un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366/2025 que restringía derechos que la Constitución Nacional argentina reconoce a todas las personas que residen en territorio argentino.

Como afirmaban decenas de organizaciones del colectivo migrante en un comunicado conjunto ante su aprobación —entre ellas el CELS, CAREF o el Área de Estudios Migratorios del Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires—“la reforma —desconociendo de manera absoluta la realidad del país, los datos básicos, el impacto positivo de la ley vigente desde 2004— parece emular las medidas de carácter xenófobo y arbitrario de Estados unidos —también por Decreto—”. 

El DNU 366/2025 recorta de manera alarmante y sin precedentes los derechos de las personas migrantes y de sus familias. Así lo afirmaban el CAREF y el Observatorio sobre migraciones y Asilo en Argentina Gabriel Chausovsky. Entre otras medidas destacaban: tener hijas o hijos nacidos en Argentina o cónyuge argentino o argentina no otorga derecho a residencia permanente.  Las hijas, hijos o cónyuges de residentes permanentes no accederán a una residencia permanente, sino a una temporaria. Igualmente, salvo en casos de emergencia, la salud pública sólo estaría disponible para quienes tengan residencia permanente. Por otro lado, quedan sin acceso solicitantes de asilo, refugiadas y refugiados y migrantes con DNI de residencia temporaria.

Igualmente, como explican estas entidades: hay niñas, niños y adolescentes migrantes que quedarían sin acceso a la salud pública, hay algunas y algunos cuyas madres y padres sólo tendrían acceso a la salud en caso de emergencia

El DNU 366/2025 modifica sustancialmente la Ley de Migraciones al establecer que “el Estado asegurará el acceso igualitario de las personas migrantes de acuerdo con los derechos y obligaciones correspondientes a cada categoría migratoria”. 

Como establecen las organizaciones, de esta forma, se crean nuevas categorías migratorias y esto afecta principalmente a sectores en condiciones más vulnerables. De tal modo, “quienes tienen una residencia temporaria (regular, con DNI y que puede prolongarse varios años), precaria (residencia en trámite, que también puede extenderse por un período prolongado) o irregular (asociada a condiciones de vulnerabilidad y las dificultades de los trámites migratorios), se verán privados de derechos básicos, creará nuevas situaciones de exclusión, profundizará las existentes, y no generará ningún beneficio para la población y el Estado. Al contrario, limitará el cumplimiento de metas básicas de políticas de salud, de promoción de la educación superior, ampliación del empleo formal, prevención de explotación, entre otras”.

“Estas restricciones hacia migrantes que habitan en el país en todas las categorías migratorias (menos la permanente) implican la ruptura del principio universalista de acceso a derechos básicos en la Argentina”

“Estas restricciones hacia migrantes que habitan en el país en todas las categorías migratorias (menos la permanente) implican la ruptura del principio universalista de acceso a derechos básicos en la Argentina: si no pueden pagar, muchas familias (de colegas, amigos, compañeros de escuela) quedarán excluidos de los servicios de públicos de atención sanitaria y de los beneficios (generales para toda la sociedad) de la salud preventiva”.

Del mismo modo, se establecen, a través de este DNU, nuevos requisitos para acceder a la nacionalidad argentina. Si bien se reconoce el derecho a obtenerla sin exigir residencia en el país, se estipula que “quienes realicen una inversión relevante en el país” (por 500.000 dólares) pueden solicitarla cualquiera sea el tiempo de residencia; para las personas que “migrantes de a pie” —como dice el documento— se endurecen los requisitos (exigiendo condiciones de tipo y tiempo de residencia que ya la Corte Suprema de la Argentina había desestimado); y delega la facultad de otorgar la nacionalidad argentina a la Dirección Nacional de Migraciones —agencia del Poder Ejecutivo encargada del control migratorio—, lesionando el conjunto de garantías procesales que el Poder Judicial resguardaba en el trámite; todo ello, sin mediar informes que justifiquen la necesidad o urgencia de la reforma en este plano.

El Ejecutivo de Milei utiliza argumentos muy similares a los de la derecha y extrema derecha española y europea. Ello a través de intentar construir un “enemigo común” a través de la otredad

La aprobación del DNU rompe el principio de garantía, protección y universalismo hacia los derechos de las personas migrantes y supone uno de los hitos más graves de la política racista de Javier Milei, que claramente, en este aspecto también intenta realizar una aproximación a las políticas estadounidenses y trumpistas.

El Ejecutivo de Milei utiliza argumentos muy similares a los de la derecha y extrema derecha española y europea. Ello a través de intentar construir un “enemigo común” a través de la otredad, la generación de miedo y la criminalización de las personas migrantes  a los utilizados por la extrema derecha y derecha española usa Milei en la restricción de políticas migratorias. 

Otro de los hitos que explican el endurecimiento de las políticas migratorias se produjo en noviembre del año pasado. En su accionar securitista, el Ejecutivo reformó la Ley de Ministerios y trasladó al ámbito del Ministerio de Seguridad la gestión de las políticas migratorias a través de un nuevo DNU 793/2025.

Ante todo ello, en octubre de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresaba su preocupación ante las reformas adoptadas a través de los decretos y declaraba que estas limitarían el goce efectivo de las personas con necesidad de protección internacional o en movilidad. 

Como afirma el comunicado, El DNU Nro. 366, amplía las causas de expulsión, elimina ciertos recursos de apelación previstos en la Ley de Migraciones y reduce a la mitad los plazos procesales, restringiendo el acceso a la justicia; también, incrementa los motivos y tiempos de detención con fines de expulsión, que pueden extenderse hasta 30 días, aún sin resolución firme. La CIDH enfatizaba que la detención migratoria debe ser una medida de último recurso y nunca debe realizarse bajo condiciones que puedan constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes y advierte que el DNU 366 limita el acceso a derechos previamente garantizados, como salud, educación, justicia, empleo, seguridad social y servicios sociales, antes reconocidos en igualdad de condiciones con las personas nacionales.

En noviembre del año pasado, siguiendo con esta tendencia securitista, el Gobierno anunció la creación de una Agencia nacional de migraciones que dependería del Ministerio de Seguridad. Este nuevo departamento coordinaría el trabajo de todas las fuerzas de seguridad, como la Policía Federal, la aeroportuaria y la Gendarmería, en el combate de los delitos transnacionales. Federico Rivas, en El País, explicaba que “el objetivo final será la conformación de una policía migratoria inspirada en la US Border Patrol, la patrulla fronteriza de Estados Unidos que hoy es pieza clave en el modelo de control que impulsa el presidente Donald Trump”.

En los últimos meses, como una manifestación y consecuencia de las restricciones y del aumento del control en las políticas migratorias, hubo redadas por perfil étnico y racial en el barrio de Liniers, Retiro y Villa Celina, donde se piden documentos y revisan antecedentes penales. Desde un prisma de la “seguridad nacional” y la criminalización de las migrantes se enfocan estas redadas.

Así lo explicaba en una entrevista en El Grito Del Sur, Iber Mamami, integrante de la comunidad boliviana y militante del sector textil del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE): “El Gobierno asocia a los migrantes con problemáticas cotidianas como la seguridad nacional, la inseguridad y distintas situaciones sociales, como la ausencia de cupos en hospitales y universidades. La campaña del Gobierno por estigmatizar a los migrantes se vuelve política cuando se modifica la ley de Migraciones, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia. Nosotros acompañamos a muchas personas que cumplen todos los requisitos para la residencia permanente y hasta el momento no hay respuesta, lo que significa que están de manera irregular.” La semana pasada, también hubo redadas racistas en el barrio de Once, como documentaba CITUS press en Instagram mediante vídeos.

Todas estas políticas públicas y normativas son un ejemplo más de las políticas de Milei en todos los ámbitos, también en lo relativo a los derechos de las personas migrantes. Unas políticas discriminatorias, securitistas, restrictivas y criminalizantes con las el derecho humano a migrar y con las personas migrantes a través de un enfoque de “seguridad nacional” muy similar al utilizado por las políticas migratorias europeas y estadounidenses.