Argentina
Argentina vuelve a entrar en crisis: el nuevo rescate financiero del FMI

Como si fuera un viejo adicto que siempre acaba reincidiendo, Argentina volvió a pedir un rescate financiero al Fondo Monetario Internacional (FMI). El presidente Javier Milei, que se autodefine como “especialista en temas de crecimiento económico con y sin dinero”, apenas ha demorado un año en acudir, en busca de auxilio financiero, al organismo controlado por Estados Unidos.

El margen de maniobra del Gobierno de Milei se ha estrechado. A pesar del brutal ajuste que hizo con la motosierra en mano, no ha podido generar suficientes recursos en divisas para alcanzar sus planes de liberalización cambiaria y monetaria. Desde el comienzo de su Gobierno, su obsesión fue obtener más dólares para acometer sus planes, pero los dólares que entraron durante el año pasado por el blanqueo de capitales ya se han evaporado.

Desde el comienzo, la obsesión de Milei fue obtener más dólares para acometer sus planes, pero los dólares que entraron durante el año pasado por el blanqueo de capitales ya se han evaporado

El esquema de entrada de divisas planeado por el Gobierno funcionó en 2024 porque entraron al sistema financiero 21.000 millones de dólares como consecuencia del blanqueo, que se prorrogó varios meses. Se estima que el Gobierno de Milei gastó una cantidad equivalente para sostener la cotización del dólar. Además, se dieron más facilidades a los exportadores agrícolas que liquidaran pronto sus exportaciones, lo que aportó más divisas en concepto de retenciones. Sin embargo, en 2025 ya no existen esos ingresos adicionales, solo queda esperar a las liquidaciones de la nueva cosecha de cereales, y al previsible aumento de las exportaciones de petróleo y gas no convencionales (Vaca Muerta) para obtener más divisas.

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Por otra parte, la afluencia de dólares del exterior para practicar la bicicleta financiera (carry trade) se ha interrumpido por la reducción de las tasas de interés en pesos, que bajaron desde el 100% anual a fines de 2023 (cuando asumió Milei) hasta el 29% en enero de 2025. En los últimos meses se invirtió la tendencia, haciéndose cada vez más palpable a la salida de dólares del sistema financiero. En efecto, se redujo la cantidad de dólares depositados en las cuentas bancarias de quienes participaron en el blanqueo de capitales y una parte de esas divisas regresaron adonde estaban antes (cajas de seguridad, colchones u otros refugios) o se fugaron al exterior. La gran preocupación del Gobierno es que en este momento salen más dólares de los que entran al sistema. El Banco Central dilapida una parte sustancial de los dólares que ingresa comprando pesos en el mercado libre para frenar el ascenso del dólar blue o informal.

El empeño del Gobierno en evitar una devaluación del peso, por temor al impacto que esto tendría en la inflación, requiere más disponibilidad de dólares, que solo pueden aportar ahora los organismos de crédito internacionales, principalmente el FMI. Mientras llega el ansiado balón de oxígeno financiero, se mantiene una devaluación controlada del peso (crawling peg) a una tasa que en enero se redujo al 1% mensual, en el marco de la estrategia del Gobierno Milei para contener la inflación, que es su primordial objetivo en este año electoral. En octubre se renueva una parte del Congreso y el único logro que podrá esgrimir el Gobierno es haber contenido la inflación, aunque sea manteniendo un valor artificial del peso. Pero en la última semana de marzo, el valor del dólar informal se descontroló: en dos o tres días trepó un 6% y sigue en ascenso. La brecha entre el dólar oficial y el informal se situaba en torno al 25%. Queda así en entredicho la eficacia de la disminución del ritmo de devaluación al 1% mensual, ya que el Banco Central se ha quedado sin reservas para intervenir en el tipo de cambio del dólar paralelo comprando pesos. ¿De qué ha servido el brutal ajuste de la economía si el supuesto equilibrio fiscal alcanzado no permite generar recursos propios? De hecho, las reservas en dólares del Banco Central son negativas, si se descuentan los depósitos bancarios de los ahorristas que ingresaron al blanqueo.

El empeño del Gobierno en evitar una devaluación del peso, por temor al impacto que esto tendría en la inflación, requiere más disponibilidad de dólares, que solo pueden aportar ahora los organismos de crédito internacionales

Uno de los efectos negativos más notorios de esta política económica es que el dólar barato abrió las puertas a un enorme flujo de importaciones de productos básicos en sustitución de la producción nacional, algo que Milei fomenta como un recurso necesario para alcanzar su meta suprema de contener la inflación. Además, citemos que el dólar “barato” propició la salida masiva de turistas argentinos hacia el exterior y frenó la entrada de turismo extranjero al país, reduciendo por tanto el ingreso de divisas.

Las negociaciones con el FMI

No hay que olvidar las promesas electorales del candidato Javier Milei. Por ejemplo, sus declaraciones acerca de la inmoralidad de tomar deuda pública, y los ataques que dirigió a su actual ministro de Economía, Luis Caputo, cuando este se desempeñaba como ministro del Gobierno de Macri y negoció con el FMI el mayor empréstito de la historia del organismo: 56.300 millones de dólares. Desde entonces, Argentina es el mayor deudor del FMI. De ese préstamo se llegaron a desembolsar 44.000 millones, quedando el resto en suspenso por incumplimiento de metas. Los términos del acuerdo fueron renegociados en 2022 por el ministro de Economía del Gobierno de Alberto Fernández, Martín Guzmán, con la oposición de una parte del peronismo. Actualmente la deuda de capital aún supera los 41.000 millones de dólares, pese a los cuantiosos intereses ya pagados, que se estiman en más de 12.000 millones. 

El objetivo del nuevo programa que negocia Caputo es posponer nuevamente el calendario de vencimientos de la deuda con el Fondo, que sin un nuevo acuerdo obligaría al país a devolver más de 20.000 millones de dólares durante 2025, de los cuales 3.000 millones corresponderían a la deuda contraída con el propio FMI. La deuda externa total de Argentina asciende, según las fuentes y los criterios considerados, de 320.000 a 480.000 millones de dólares, de los cuales el Fondo es el primer acreedor individual.

Uno de los efectos negativos más notorios de esta política económica es que el dólar barato abrió las puertas a un enorme flujo de importaciones de productos básicos en sustitución de la producción nacional

Ávido de dólares, el Gobierno de Milei ha ensayado otras formas de financiación complementarias mientras negocia con el FMI una gran inyección de divisas. En enero de 2025 cerró un acuerdo con cinco bancos internacionales, incluidos algunos españoles que tienen presencia en el país, como es el caso de Banco Santander, para que hicieran una aportación conjunta de 1.000 millones de dólares, respaldada con letras del Banco Central. Se acordó un mecanismo crediticio conocido como “repo”, por el cual el Banco Central se compromete con los acreedores a recomprar las letras al final del plazo establecido, pagando por supuesto un interés por el uso del dinero. Los críticos con estas formas de endeudamiento aseguran que estas operaciones sólo sirven para maquillar la caída de las reservas, ya que precisamente en enero Argentina tuvo que afrontar compromisos con el exterior de 4.100 millones de dólares.

Un decreto aprobado a ciegas por el Congreso

En lugar de enviar una ley al Congreso para su aprobación por el poder legislativo, Milei se valió otra vez de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para sacar adelante su plan sin apoyo legislativo. 

El DNU requiere la aprobación de al menos una de las dos cámaras parlamentarias para ser efectivo, y tuvo que presentarse finalmente en el Congreso para su validación, donde el acuerdo previo de La Libertad Avanza (LLA) con el macrismo (Pro) ya contaba con suficientes votos como para aprobarlo por mayoría simple. La oposición peronista (UP) y la izquierda (FIT) votaron en contra del nuevo préstamo del FMI. 

El secretismo es una característica habitual de estas negociaciones. Los funcionarios de Economía enviados por Caputo anticiparon que la tasa de interés oscilaría en torno al 6%, y que se acordaría un plazo de carencia (con pago solo de intereses) de cuatro años, hasta 2029. Pero no revelaron el monto del préstamo. A preguntas de la oposición, confirmaron que ni siquiera se había considerado establecer un monto máximo. En la práctica, los congresistas que votaron a favor del DNU de Milei firmaron un verdadero cheque en blanco. Días después el ministro de Economía despejó la duda al afirmar que el importe solicitado era de 20.000 millones de dólares. Sin embargo, horas más tarde sus declaraciones fueron desmentidas por la portavoz del FMI, Julie Kozack, quien aseguró que se trata de “un paquete de financiamiento considerable” pero cuyo monto total aun no estaba decidido. No obstante esta observación, se deshizo en elogios a la política económica desarrollada por Milei, afirmando que había emprendido “un programa de estabilización realmente impresionante” y que la inflación logró bajar “gracias a una gran consolidación fiscal y al saneamiento del balance del Banco Central”.

Luis Caputo, conocido desde el acuerdo con el FMI de 2018 como el gran “endeudador serial”, reveló que el monto solicitado del préstamo es de 20.000 millones de dólares. Del total se reservaría un 70% para atender futuros pagos al propio FMI

Durante el Gobierno de Macri, cuando en 2018 el mismo Luis Caputo acordó el mayor paquete de ayuda financiera concedido a un país en toda la historia del FMI, tampoco se recurrió al Congreso para su debate y aprobación en forma de ley. Caputo, conocido desde entonces como el gran “endeudador serial” del país, llegó a negociar un préstamo en dólares de menor cuantía con vencimiento a cien años. Ahora, junto con el anuncio de la cantidad que negocia con el Fondo, reveló que esa suma se incrementaría con el “paquete adicional” que el ministro de Economía, quiere sumar con desembolsos del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Un artilugio contable ideado por Milei pretende que la deuda contraída con el FMI no implicaría tomar más deuda, porque serviría para pagar letras intransferibles del Banco Central, a las que él mismo llamó en alguna ocasión “papelitos pintados”. Para justificar la incoherencia entre la adopción de esta nueva deuda y sus declaraciones previas sobre la inmoralidad de tomar deuda, Milei recurre a una de sus falacias. Asegura que la renegociación de la deuda del Gobierno anterior fue “profundamente inmoral” porque implicó tomar más deuda y trasladar el ajuste a las futuras generaciones. “Este acuerdo es distinto porque no sube la deuda, porque es tomar esos fondos del Banco Central para pagar la deuda que tiene el Tesoro con el Banco Central. Eso implica que al mejorarle el respaldo a los pesos que andan circulando, la moneda se fortalece, vale más. ¿Cuál es la contra cara de eso? Que usted tiene menos inflación”. 

“Y esto no pasó nunca. De hecho, la deuda va a bajar después de esto. Porque como los títulos no cotizan a la par, entonces vamos a poder cancelar más deuda todavía, vamos a hacer un saneamiento del balance del Banco Central con además una caída de la deuda bruta total”.

Varios economistas críticos han explicado que este embrollo de palabras no es más que una ficción para entorpecer la comprensión de los ciudadanos y enredarlos con su discurso tecnicista. Incluso en el supuesto de que no aumentase el volumen de deuda, como dice Milei, el acuerdo con el FMI supone cambiar deuda interna en pesos por deuda externa en dólares, a un tipo de interés más alto y con las condicionalidades características de esos préstamos del Fondo, que suponen siempre una intromisión directa en la orientación macroeconómica del país endeudado. Además, la deuda se toma por un plazo de al menos diez años, lo que obviamente condiciona la política económica de los gobiernos posteriores.

El repudio de la oposición se manifestó en una carta enviada a Kristalina Georgieva y a la plana mayor del FMI por los senadores de Unión por la Patria (UP), que engloba a la mayor parte de la oposición peronista. En la misiva expresaron su rechazo al DNU 179/25 del presidente Javier Milei, “por autorizarse a sí mismo un nuevo endeudamiento con ese organismo sin pasar por el Congreso Nacional, violando lo que determinan la Constitución Nacional y la Ley”. En efecto, el artículo 75 la Constitución establece que es el Poder Legislativo quien tiene la potestad de aprobar o rechazar tratados con las organizaciones internacionales. Así mismo, corresponde también al Congreso 'arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación'. Además, la carta señala que el DNU "incumple la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, que establece que 'todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizado con el Fondo Monetario Internacional, así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente' (art.2°)”.

La carta prosigue refiriéndose a la política económica de Milei como “un fracaso”: “La prueba de este fracaso contundente es que hoy el Gobierno debe recurrir al FMI nuevamente”. Y se pide al FMI que “tomen nota y se hagan cargo de (…) la inviabilidad del cumplimiento de acuerdos de estas características fraudulentas”.  Los senadores firmantes advierten que si en el futuro llegase a gobernar la fuerza que representan, la deuda que se contraiga “podrá ser calificada como deuda odiosa en su más amplia acepción, la generada en este acuerdo y por lo tanto sujeta a un default selectivo de la Nación Argentina, habida cuenta de que se conocen de antemano las consecuencias desastrosas que tendrá”. 

El Fondo sabe perfectamente que el intento de mantener el peso sobrevaluado con respiración artificial es arrojar dinero a un saco sin fondo

Sin duda este posicionamiento político de la oposición dificulta las negociaciones del Gobierno con el FMI. Aunque desde sectores de la izquierda se ha considerado como un cuestionamiento oportunista, porque cuando se pudo desconocer la deuda contraída por el macrismo, el Gobierno peronista de Alberto Fernández acabó asumiendo esa deuda, renegociándola con el FMI.

Una parte del peronismo, encabezada por la entonces presidenta Cristina Kirchner, reclamaba que las deudas contraídas por el Gobierno de Mauricio Macri no fueran avaladas por el Gobierno peronista. Los acuerdos con el Fondo de los ministros de economía de Alberto Fernández produjeron tensiones entre ambos e incluso se llegó a interrumpir el diálogo entre presidente y vicepresidenta durante varios meses. 

La posición de Cristina Kirchner es coherente con su historia política. En 2006, siendo ella vicepresidenta, Néstor Kirchner canceló todas las deudas que Argentina mantenía con el Fondo, que ascendían entonces a algo más de 9.000 millones de dólares. Las relaciones con el FMI quedaron interrumpidas hasta 2018, cuando Macri y su ministro de Hacienda Luis Caputo iniciaron una nueva etapa de sobreendeudamiento y subordinación financiera al organismo controlado por Washington.

Un saco sin fondo

Después de quedar validada a ciegas la negociación con el FMI en la Cámara de Diputados, Caputo reveló que el monto solicitado del préstamo es de 20.000 millones de dólares. Del total se reservaría un 70% para atender futuros pagos al propio FMI, y un 30% se desembolsaría en tramos para “capitalizar” al Banco Central, vale decir, reponer liquidez para seguir comprando pesos en el mercado paralelo y así evitar su devaluación. Es aquí donde el plan de Milei se convierte en un pivote necesario de su cálculo electoral.

El principal escollo previsible en la negociación es que si bien el FMI comprende los efectos inflacionarios que puede tener una devaluación, no quiere que su inyección monetaria se diluya completamente en calmar los mercados, porque considera que tarde o temprano el valor del peso se tendrá que sincerar. 

El Fondo sabe perfectamente que el intento de mantener el peso sobrevaluado con respiración artificial es arrojar dinero a un saco sin fondo. Al mismo tiempo, el staff del FMI conoce muy bien a Luis Caputo y sus antecedentes como endeudador de Argentina. Se estima que unos 23.000 millones de dólares, cerca de la mitad del dinero desembolsado tras el acuerdo de 2018, tuvieron como destino la fuga de capitales. Este uso fraudulento de los préstamos está expresamente prohibido por el estatuto del FMI, el cual establece que “ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital”.

Algunos países que participan en el directorio del organismo preferirían no avalar este nuevo préstamo. Sin embargo, las decisiones del Directorio Ejecutivo del FMI nunca contradicen a los intereses del socio mayoritario, Estados Unidos, y el apoyo de Donald Trump a su aliado Javier Milei tendrá un peso determinante en la decisión final.

Tal como sucedió cuando el Gobierno de Macri acordó tomar la mayor deuda de la historia de la institución, concedida para reforzar financieramente las posibilidades electorales de su partido, este año 2025 se acordaría un salvavidas al Gobierno de Milei para estabilizar la economía y reforzar sus posiciones de cara a las elecciones parlamentarias que se celebran en octubre, con encuestas recientes que auguran un empate entre Gobierno y oposición. Con todo, a los funcionarios del Fondo les convendría recordar que el anterior rescate negociado por Caputo no evitó que Macri perdiese las elecciones de 2019 contra su adversario peronista Alberto Fernández. Al quedar expuestas las debilidades de las políticas económicas de los gobiernos neoliberales, la ayuda siempre interesada del FMI se convierte en un arma de doble filo.