Análisis
Una reforma migratoria a la medida de la extrema derecha

En abril de 2022, cuando Emmanuel Macron enfrentaba en segunda vuelta a Marine Le Pen, en una elección a priori muy cerrada, hizo un audaz llamado a las fuerzas progresistas y de izquierda a respaldar su candidatura para “faire barrage” (poner una barrera) a la extrema derecha y así lograr los votos de las izquierdas.

Al ganar, no dudó en reconocer que ese voto lo obligaba a lo largo de su mandato, lo cual, aunque no generó expectativas, sí fue un gran alivio para gran parte de la sociedad francesa y europea que veían con temor la llamada normalización de Rassemblement national —el partido de Le Pen—, durante los últimos años.

El mandato anterior de Macron estuvo marcado por las fuertes movilizaciones de los chalecos amarillos, las huelgas de los trabajadores ferroviarios y una pandemia que, aunque contuvo la conflictividad social, generó un impacto económico que el país aún padece.

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Francia

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El heterogéneo movimiento social incendió las calles de Francia y puso contra las cuerdas al presidente Macron a finales de 2018, evidenciando la dificultad de una transición ecológica que no tenga en cuenta las diferencias de clase.

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El año del 49-3

2023 fue un año movido para el presidente francés y su gobierno. Atravesado, fundamentalmente, por una impopular reforma de las pensiones que generó movilizaciones multitudinarias a lo largo y ancho del país, gracias a una unidad sindical y de fuerzas sociales que no había sido recurrente en Francia en las movilizaciones de los últimos años.

El Gobierno carecía de mayorías para aprobar dicha reforma en el parlamento y recurrió al llamado “49-3”, un dispositivo constitucional que le permite aprobar leyes sin la aprobación del legislativo, exponiéndose a una moción de censura, de la que la Primera ministra Elizabeth Borne se salvó por unos cuantos votos. Es decir, el proyecto más importante de su mandato lo aprobó sin ser votado por el parlamento.

El recurso al 49-3 fue una constante a lo largo del año para aprobar múltiples proyectos de ley, siendo ya el segundo gobierno de la historia que más ha recurrido a esta figura (23 veces), aunque solamente en un año, acercándose al récord de Michel Rocard (28 veces) en tres años.

Un Primero de Mayo unitario da continuidad a las doce huelgas generales contra Macron

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Francia

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Las caceroladas han acompañado en el último mes todos los desplazamientos del Gabinete de Emmanuel Macron. Los sindicatos convocan un 1º de Mayo que es visto como un punto y seguido a las movilizaciones.

La ley Darmanin

A principio de año, desde el Gobierno se había anunciado que el ministro del interior Gérald Darmanin, conservador y representante de la llamada “derecha del macronismo”, iba a trabajar en la construcción de un proyecto de ley de inmigración conocido por la opinión pública con el mismo nombre: la Ley Darmanin.

Las grandes promesas de Macron con esta ley eran, tanto la regularización de cientos de trabajadores y trabajadoras de los empleos en demanda, como el control de la migración clandestina, la cual el jefe de Estado asimila a la inseguridad.

Desde el inicio de los trabajos, asociaciones implicadas en la protección de los derechos de las personas migrantes, advirtieron que nada o casi nada de lo que estaba siendo consignado en el proyecto de Darmanin, resolvía los problemas de la llamada “crisis migratoria” y sí estigmatizaba y reducía sustancialmente los derechos de las personas extranjeras en Francia.

El texto fue finalmente discutido y votado por el Senado, con mayoría conservadora de Los Republicanos. Se aprobaron 127 modificaciones tendientes a endurecer la política migratoria, imponiendo nuevas condiciones para otorgar visas de estudiante, aumentando los tiempos de estadía requeridos para solicitar la nacionalidad y, eliminando, entre otros, el artículo que buscaba regularizar a los trabajadores de empleos en demanda.

Antes de llevarlo a la Asamblea Nacional, el gobierno realizó algunos ajustes, “moderando” varios de los aspectos que habían sido incluidos por Los Republicanos en el Senado y reincorporando la regularización de los trabajadores de empleos en demanda.

No obstante, la composición de dicha cámara, dividida en tercios entre el macronismo, las derechas y las izquierdas, generó un hecho particular. Al llegar el texto a la Asamblea Nacional, tanto Los Ecologistas, como Los Republicanos presentaron mociones de rechazo, para decidir si el texto se discutía y se votaba o no.

Al tratarse de dos mociones de rechazo frente a una misma ley, se realizó un sorteo para determinar cuál de las dos se sometería a votación y fue la de Los Ecologistas la que votó la Asamblea. Fue una coincidencia inédita entre las derechas, que encontraban que el texto era demasiado blando y modificaba profundamente lo decidido por el Senado, y las izquierdas, que señalaron que la ley, desde su esencia, se encaminaba a reducir los derechos de las personas migrantes.

El Gobierno decidió entonces intentar otro camino y someter el texto aprobado por el Senado a una Comisión Mixta Paritaria (CMP), que se trata de una instancia consagrada en el artículo 45 de la Constitución para tratar de construir textos de común acuerdo entre el Senado y la Asamblea Nacional. Dicha comisión se compone de siete senadores y siete diputados, miembros de los partidos políticos en proporción al número de escaños en cada una de las cámaras.

El gobierno había anunciado que si la CMP no era concluyente, es decir, que, si de ella no emanaba un texto común, desistiría del proyecto, lo que generaba algo de optimismo entre los sindicatos, los partidos de izquierda, las asociaciones y la población migrante en general.

El desarrollo de la CMP estuvo marcado por una tensión que emanaba de las discusiones que por fuera de ella se daban entre la mayoría presidencial y Los Republicanos, a quienes el gobierno buscaba a toda costa tenderles la mano, para garantizar con sus votos y los del macronismo en su conjunto, la aprobación de la ley.

Parte de las medidas que han generado mayor rechazo son las que afectan a los estudiantes, entre otras, la imposición de pagos diferenciados en algunos establecimientos educativos

El objetivo de Los Republicanos era mantener, a toda costa, medidas tan regresivas que se incluyeron en el texto aprobado por el Senado como la supresión de la Ayuda Médica del Estado (AME) para las personas en situación irregular, mientras que el gobierno buscaba mantener la regularización de los trabajadores de empleos en demanda. Ambas medidas fueron suprimidas finalmente como parte de la negociación.

Hay que aclarar sin embargo que dentro del macronismo existía una fractura evidente frente al proyecto. La llamada “ala izquierda”, sector de diputados y ministros con lealtad hacia el presidente de la República, pero con una visión más progresista en razón a sus orígenes —muchos proceden del Partido Socialista— se posicionaron frente a otro bloque más conservador, que había liderado la construcción del proyecto de ley y defendía vehementemente su aprobación.

Por tanto, esa “ala izquierda” del macronismo también era una ventana de esperanza, porque parecía poco posible que esos diputados fueran a apoyar un texto tan regresivo en materia migratoria.

Fue justamente, uno de esos diputados, Sacha Houlié, quien presidió la Comisión Mixta Paritaria. Las sesiones que se celebraron entre el 18 y el 19 de diciembre fueron a puerta cerrada y con múltiples interrupciones, pero concluyeron en un proyecto de ley.

El proyecto fue votado el mismo día por una amplia mayoría en el Senado y con un escenario más o menos incierto en la Asamblea, en donde los diputados de oposición de izquierda votaron negativamente el proyecto, mientras que el “ala izquierda” del macronismo se dividió entre votos negativos y abstenciones. Sin embargo, el proyecto fue aprobado gracias al voto de Los Republicanos y a lo inédito: la extrema derecha de Marine Le Pen votó el texto, al afirmar que su contenido significaba una victoria ideológica de su partido.

Contenido del texto

Dentro de los 27 artículos aprobados por la CMP, hay normas que tanto dirigentes políticos y sociales, como periodistas y reconocidos juristas, afirman que son abiertamente inconstitucionales. Incluso, tanto el ministro Darmanin como la primera ministra Born lo han reconocido, ¡vaya paradoja!

Parte de las medidas que han generado mayor rechazo son las que afectan a los estudiantes y, concretamente, la imposición de una caución como condición de retorno a sus países para otorgar una visa, la fuerte verificación del “carácter serio” de los estudios y la imposición de pagos diferenciados en algunos establecimientos educativos.

Las personas nacidas en Francia de padres extranjeros, no accederán automáticamente a la nacionalidad al cumplir la mayoría de edad

El gobierno ha buscado tomar distancia de Ressemblement national, al destacar medidas como la prohibición de que los menores no acompañados sean llevados a centros de retención —indiscutiblemente positivo— o la supuesta regularización de trabajadores de los empleos en demanda, aunque en realidad se trata simplemente inscribir en la ley el contenido de una circular que existe desde el 2012.

No obstante, la ley fijó condiciones de tiempo de residencia para la garantía de derechos fundamentales como el acceso a la vivienda digna y decente y estableció —aunque no de forma explícita— el principio de preferencia nacional para el otorgamiento de ayudas sociales. Una bandera histórica del partido de Le Pen desde los años 1980.

Adicionalmente, fijó cuotas migratorias e impidió que las personas en situación irregular puedan tener estatus de “autónomos”, redujo las posibilidades para artistas y trabajadores de la cultura de acceder a los “pasaportes talento” (passeport talent) y limitó el otorgamiento de visas por razones humanitarias ligadas a la salud.

Los reagrupamientos familiares quedaron fuertemente limitados al tiempo de estadía y a la obligación de la persona que viene de hablar previamente francés. Desaparece el “ius solis” y, con ello, las personas nacidas en Francia de padres extranjeros, no accederán automáticamente a la nacionalidad al cumplir la mayoría de edad.

Las facilidades para despojar de los permisos de residencia a las personas llegan incluso a acabar con la presunción de inocencia, pues las personas extranjeras a las que se les acuse de ciertos delitos pueden perder su derecho de estadía, incluso antes de ser condenados penalmente.

La ley restablece el delito de la “migración irregular”, imponiendo una condena de multa de 3.750 euros, lo cual también es fuertemente celebrado por la extrema derecha y no significa otra cosa que un delito de pobreza.

El contenido de la ley es bastante hondo y contiene también aspectos técnicos, pero otros que muestran su carácter clasista, como la visa de larga estadía que se le concede a las personas de nacionalidad británica, propietarias de una residencia secundaria en Francia.

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Condenado por “delito de solidaridad”, Cédric Herrou ahora puede alegar que los actos que se le atribuyen están protegidos por la Constitución francesa, concretamente por el principio de “Fraternidad”, tal y como dictaminó el Consejo Constitucional de Francia el 6 de julio.

La “victoria ideológica” de Le Pen

Desde hace meses la imagen de Marine Le Pen y de su alfil, el eurodiputado Jordan Bardella, lideran los sondeos de opinión en el país, llegando a ser la segunda y tercera personalidades “más queridas” por los franceses.

La normalización de la extrema derecha es un fenómeno que lleva años en Francia y recientemente el surgimiento de la figura de Éric Zemmour, quien defiende posiciones con formas más toscas y directas, hace ver a la gente de RN como “moderados” y ha facilitado que Los Republicanos tiendan puentes con ellos.

Hay que reconocer que Le Pen ha sido audaz en la construcción de su imagen y ha sabido tomar posiciones frente a temas complejos en función de los sondeos, mostrándose en oposición por ejemplo a la reforma de las pensiones

El gobierno ha querido matizar la incidencia de Ressemblement national en la aprobación de la ley, diciendo que sin sus votos el texto se habría igualmente aprobado, porque los diputados del “ala izquierda” habrían votado a favor. Pero sin ningún escenario hipotético en medio, lo que es claro es que si la extrema derecha hubiese votado en contra, la ley no se habría aprobado el martes 19 de diciembre en la Asamblea Nacional.

Es indiscutible que con la reforma migratoria, Macron y Los Republicanos le tiraron un tremendo centro a Le Pen, quien cabeceó para celebrar con los suyos que la dignidad y los derechos de las personas extranjeras se reducen sustancialmente.

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Autor de novelas, ensayos, libros juveniles y poemarios, Jérôme Leroy publica por primera vez en español. 'El bloque' es una novela sobre el auge de la extrema derecha en la Francia de comienzos de siglo.

¿Derrota de las izquierdas?

El gobierno y parte de la opinión hoy culpan a la izquierda de la suerte de una ley “mucho más dura” que la que había sido inicialmente presentada. Esto porque en efecto fue su moción y sus votos los que hicieron posible su rechazo en la Asamblea Nacional.

La representación de las fuerzas de izquierda, con buena presencia de La Francia Insumisa, el Partido Socialista y Los Ecologistas es significativa en la Asamblea, gracias a la Nueva Unión Popular Ecológica y Social (NUPES), coalición con la que se presentaron a las últimas elecciones legislativas.

No obstante, los vaivenes del último año y tensiones en torno a la estrategia para confrontar la reforma de las pensiones o posiciones frente al ataque de Israel a la Franja de Gaza, generaron un distanciamiento entre dichas fuerzas que ahora parece recortarse, en torno a la reforma migratoria.

Los alcaldes de izquierda de toda Francia afirmaron que no cumplirán la ley en lo que les concierne sobre atribución de ayudas sociales

Por más que Darmanin y algunos medios les acusen cierta responsabilidad, lo cierto es que la ley fue aprobada, con los contenidos que tuvo, por las concesiones hechas por el Gobierno a Los Republicanos y por los votos de Ressemblement national. El texto, supuestamente menos duro, presentado inicialmente por el Gobierno, habría sido derrotado por el Senado de mayoría republicana.

Por supuesto es una derrota para la izquierda y las fuerzas progresistas francesas ver aprobado un texto abiertamente racista y xenofóbico, pero sin ninguna responsabilidad por lo ocurrido, este escenario puede transformarse en una posibilidad para la izquierda de repensarse y tender puentes hacia la construcción de una lista común para las elecciones europeas de mitad de año, en las que tendrán un gran pulso con la extrema derecha de Le Pen.

Lo que viene

Desde la adopción de la ley por el parlamento, muchos debates en torno a sus contenidos y al apoyo dado por Ressemblement national están sobre la mesa. Macron ha querido distanciarse completamente de eso. Para ello, ha reconocido que algunos aspectos de la ley pueden ser contrarios a la Constitución y que él mismo considera inconvenientes disposiciones como la caución a los estudiantes extranjeros.

Mientras tanto, una crisis que pretende sea silenciosa afecta ya a su gobierno tras la renuncia del ministro de salud Aurélien Rousseau y de la ministra de educación superior Sylvie Retailleau, aunque esta última dimisión haya sido rechazada.

La coalición de Gobierno queda bastante golpeada y probablemente en los meses próximos las tensiones se hagan más evidentes, obligando quizás a Macron a seguir gobernando más con Los Republicanos que con su “ala izquierda”, a caer en la inacción o a profundizar la antidemocracia gobernando a base de 49-3.

En cuestión de la reforma migratoria, existe una remota posibilidad de que el presidente no promulgue la ley (como lo faculta el artículo 10 de la Constitución), pero resulta más realista pensar que el Consejo Constitucional se pronunciará y muy probablemente declarará algunas normas no conformes a la constitución.

Por vía reglamentaria hay varios frentes abiertos. El Gobierno anunció que en enero presentará un proyecto de ley para revisar el tema de la Ayuda Médica del Estado (AME), tal como se comprometió con Los Republicanos, mientras que los alcaldes de izquierda de toda Francia afirmaron que no cumplirán la ley y que en lo que les concierne para la atribución de ayudas sociales no aplicarán tratamiento diferenciado para las personas extranjeras.

Para la izquierda, hay una batalla ideológica por dar en contra de las ideas racistas y xenofóbicas de odio que encarna la extrema derecha y que hoy avalan Macron y el Gobierno. Esa batalla requiere amplitud, autocrítica y liderazgos diversos que estén en capacidad de disputarse el país y Europa en tiempos adversos.