Análisis
El potencial policial del Estado alemán

El pasado ocho de septiembre, Daniel Tatlow-Devally (ciudadano irlandés), Leandra Rollo (ciudadana española-argentina), Crow Tricks y Zo Hailu (ambos con ciudadanía británica), además de Vi Kovarbasic (ciudadano alemán), todos radicados en Berlín, decidieron invadir las instalaciones de una empresa en la sureña ciudad alemana de Ulm. Rompieron una ventana, dañaron mobiliario y rayaron algunos muros. No hubo heridos ni reyerta alguna. En vez de huir del lugar, decidieron realizar una autodenuncia telefónica ante la policía y esperaron a esta última en el sitio. Así nació el grupo Ulm 5.

La fiscalía decidió solicitar prisión preventiva e imputó al grupo tres delitos. El primero sería el equivalente a la violación de morada (Hausfriedensbruch). Teniendo en consideración al mobiliario destruido, se les imputó daños a la propiedad (Sachbeschädigung). Sin embargo, se les aplicó también un tipo penal perteneciente al derecho político: la constitución de un acuerdo criminal (Bildung krimineller Vereinigungen). El tribunal, atendiendo a la evidencia en la comisión de los delitos, decidió autorizar la prisión preventiva, pero con un carácter absolutamente restrictivo. Los miembros han sido sometidos durante más de ocho meses a un confinamiento solitario de veintitrés horas, con material reducido para pasar el tiempo, además de contar meramente con dos visitas mensuales de media hora, todo esto sin considerar las enormes distancias que deben recorrer las familias de las y los encarcelados (aquí, aquí, aquí).

La aplicación del tipo penal de carácter político, constitución de un acuerdo criminal, se aclara cuando se identifica a la empresa atacada: Elbit Systems. Esta es una firma israelí dedicada al desarrollo de tecnología militar, fundada en Haifa en 1966, que a partir del año 2020 tomó el control de la tradicional empresa alemana Telefunken Racoms, estableciéndose de facto así en territorio alemán.

Entre sus éxitos se encuentran contratos con la Unión Europea y con la OTAN, además de un aumento sustancial de estos a partir del ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023. También se explicaría dicha aplicación porque los activistas vestían chaquetas en cuya espalda podía leerse Palestine Action. Esta organización ha realizado una decena de acciones directas en el Reino Unido, sobre todo contra las filiales de Elbit Systems en dicho país (aquí, aquí, aquí, aquí).

El gobierno laborista de Keir Starmer decidió declarar en julio de 2025 a Palestine Action como una organización terrorista, lo cual convertía cualquier membresía o manifestación de apoyo en delito. Sin embargo, en febrero de 2026, el Tribunal Superior británico determinó que la adscripción terrorista era ilegal y desproporcionada, además de violar severamente el derecho a la libertad de expresión y de asamblea. Esto después de miles de detenciones llevadas a cabo en todo el país. El gobierno británico decidió apelar, suspendiendo temporalmente la medida. No es de conocimiento público que la fiscalía alemana cuente con alguna vinculación estrecha entre Ulm 5 y el grupo británico; sin embargo, ha señalado vagamente su posible existencia.

El Estado de Baden-Wurtemberg decidió realizar el juicio contra Ulm 5 en la cárcel de Stammheim, que fue especialmente construida para encarcelar y juzgar a la primera generación de la RAF

Apenas se analiza el tipo de constitución de un acuerdo criminal, es posible observar que la ley actual se retrotrae a una de las variadas reformas que experimentó el sistema jurídico alemán durante la década de los setenta. En especial durante el Otoño Alemán de 1977. Es decir, el lapso durante el cual la segunda generación de la Fracción del Ejército Rojo (RAF) asesinó al fiscal general federal Siegfried Buback, al banquero Jürgen Ponto y al exoficial de las SS y presidente de los empresarios alemanes Hanns Martin Schleyer. Todo esto sumado al secuestro del vuelo Boeing 737-200 entre Palma de Mallorca y Fráncfort del Meno por parte del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) en apoyo a la RAF.

También son de esta época las normas jurídicas que permiten una encarcelación bajo condiciones tan severas como las que han sufrido las y los miembros de Ulm 5. Por si lo anterior no fuese suficiente, el Estado de Baden-Wurtemberg decidió realizar el juicio contra Ulm 5 en la cárcel de Stammheim. Dicha prisión tiene un fuerte simbolismo, pues fue especialmente construida para encarcelar y juzgar a las y los miembros de la primera generación de la RAF. Allí rindieron sus vidas mediante suicidio Ulrike Meinhof, Andreas Baader, Gudrun Ensslin y Jan-Carl Raspe. No obstante las opresivas condiciones, la defensa de Ulm 5 logró boicotear exitosamente la primera jornada del juicio al exigir que se respetara la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativa a la necesaria cercanía física entre las y los acusados y sus defensas (aquí, aquí, aquí). Esto debido a que el tribunal había decidido ubicar a los acusados en una cabina de vidrio separada de sus defensas.

Otra pregunta, aún más acuciante y nunca planteada seriamente en el establishment teutón, es qué pasaría si estas herramientas legales cayeran en manos del partido neofascista AfD

Pero la defensa de Ulm 5 no se ha quedado en el justificado disturbio del comienzo del juicio. Su estrategia legal sostiene las acciones emprendidas por sus defendidas y defendidos se enmarcan en una ayuda de emergencia (Nothilfe) con un fundamento justificado (Rechtfertigungsgrund), la cual es contemplada en el mismísimo derecho penal teutón. De manera muy sintética, se puede apelar a esta ayuda de emergencia cuando se busca detener un ataque ilegal a los derechos fundamentales de un tercero mediante el empleo del medio menos lesivo pero adecuado. Ulm 5 habría cometido delitos para brindar ayuda de emergencia en la comisión de un genocidio, indudablemente ocupando los medios menos lesivos. El edificio de Elbit Systems no fue dinamitado, fue meramente vandalizado. Si bien los particulares de la estrategia de la defensa no son públicos, si es público que le solicitó formalmente a la fiscalía que investigaran si efectivamente empresa israelí afectada estaría involucrada en las acciones militares de la FDI en Gaza (aquí, aquí y aquí). La fiscalía se negó a hacerlo, rompiendo así el sagrado principio del derecho penal moderno contenido en el derecho alemán, sea este que el ente persecutor debe investigar con la misma intensidad la evidencia que inculpa como la que exculpa.

Apenas se plantea la pregunta de si dichos instrumentos penales de carácter eminentemente político son aislados, la respuesta es negativa. Entre las severas restricciones a la libertad de expresión pueden contarse las decenas de juicios penales contra quienes han osado gritar “Palestina libre desde el río hasta el mar” en las calles alemanas, las amenazas de arresto contra la relatora especial de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos ocupados, Francesca Albanese, o la apertura de una investigación por parte de la policía berlinesa contra Roger Waters por verstir el mismo traje ochentero relativo a la película The Wall. Para esta policía, dicho traje podría ser un enaltecimiento del nacionalsocialismo.

Pero otra pregunta, aún más acuciante y nunca planteada seriamente en el establishment teutón, es qué pasaría si estas herramientas legales cayeran en manos del partido neofascista Alternativa para Alemania (AfD), el cual actualmente ocupa el primer lugar en la intención de voto a nivel nacional, superando incluso a la gobernante democracia cristiana nacional y de Baviera (CDU/CSU) en una relación de 29% a 22%. Por si esto fuera poco, la AfD tiene reales posibilidades de gobernar en dos estados federales: Mecklemburgo-Pomerania Occidental (36%) y, por sobre todo, Sajonia-Anhalt (42%), ya que se realizarán elecciones en ambos el próximo septiembre (aquí). Entonces, qué pasaría?

En primer lugar, es necesario constatar la estructura legal del servicio de inteligencia interno, el Servicio Federal de Protección de la Constitución (Bundesamt für Verfassungsschutz). Dicho servicio no solo ha espiado a partidos y movimientos políticos por el mero hecho de defender posiciones anticapitalistas, sino que entre sus objetivos se han encontrado hasta librerías de izquierda. Es imposible saber con cuántos informantes (V-Leute) cuenta este servicio a lo largo y ancho de la sociedad alemana, así como tampoco es posible conocer cuáles son las formas y estructuras de pago por estos servicios.

Es más, para saber si se está siendo espiado, uno debe involucrarse en un complejo proceso judicial-burocrático, lo que hace caer automáticamente la sospecha sobre quien está preguntando. Esto es posible porque los parámetros regulatorios del servicio —es decir, “estar en contra de la constitución”— son tan amplios que más bien describen las intenciones de la fuerza política dominante. La historia del Verfassungsschutz incluye desde la protección de nacionalsocialistas en la posguerra, la distribución de bombas molotov en protestas mediante agentes provocadores en los años sesenta, la organización de operaciones de bandera falsa en forma de atentados, hasta el juicio más largo de la historia de la República Federal (1976-1991), el asesinato del informante y miembro del Movimiento 2 de Junio Ulrich Schmücker, el cual fue repetido cuatro veces por el boicot del Verfassungsschutz y la fiscalía. El último juicio concluyó que el servicio estuvo indudablemente involucrado en el asesinato, aunque sin identificar a ningún agente.

De llegar a gobernar en alguno de estos estados federados, la AfD no solo dejaría inmediatamente de ser espiada, sino que podría acceder a sus propios archivos, además de dirigir al Verfassungsschutzcontra sus propios enemigos políticos. Esto abriría la puerta también a que todos los procesos legal-burocráticos que impliquen “lealtad a la constitución” —inversión pública en proyectos; control y contrato del funcionariado público; brindar la ciudadanía alemana— puedan ser intervenidos mediante información brindada por este servicio de espionaje.

De igual manera, el tratamiento por parte del Estado alemán al movimiento pro-palestina podría ser aplicado por la AfD a nivel regional. Dicho de otra manera, el partido podría emitir normas o sancionar leyes que restrinjan severamente el derecho a la libertad de expresión y de asamblea. Una ley de este tipo se encuentra legislando, por ejemplo, el Estado de Hessen contra la negación del derecho a la existencia del Estado de Israel. En la misma línea, podría emitir normas contra el funcionariado que lo obliguen a aplicar los principios ideológicos del partido. Esto es principalmente severo en las escuelas, donde la AfD ha prometido una política al estilo de Trump; es decir, eliminar todo rastro de políticas relativas a la inclusión, la diversidad y la equidad, así como también reformar los programas escolares para incluir una “educación patriótica” (Heimatkunde).

Todas las normas y procedimientos jurídicos mencionados descansan en imputar la carga de la prueba a los acusados, esperando que los tribunales decidan sobre la legalidad de los procedimientos. Situaciones de estas características pueden encontrarse a la hora de realizar la práctica para convertirse en profesor de escuela habiendo participado en protestas contra el cambio climático o por el simple hecho de defender ideas de izquierda; declaraciones juradas de carácter político acopladas a los contratos con el Estado, como el haber pertenecido a la Stasi o al SED; o el no respetar la prohibición de la exhibición pública de símbolos prohibidos, como la bandera de la Unión Soviética o el grito “Palestina Libre desde el río hasta el mar”.

El reciente escándalo con tres librerías de izquierda permite ilustrar perfectamente este punto. El ministro federal de cultura, Wolfram Weimer, decidió solicitar información de espionaje al Verfassungsschutz sobre los candidatos al premio alemán de librerías. El servicio identificó a tres librerías de izquierda a lo largo del país como de extrema izquierda. Weimer, quien fue editor de varios medios escritos de derecha, decidió excluir a dichas librerías de la lista de candidatos. La carga de la prueba, por supuesto, recayó en las librerías, las cuales debieron iniciar un proceso administrativo ante las cortes, el cual ganaron. No hubo consecuencias políticas para Weimer.

Todas estas medidas se han defendido históricamente bajo el principio de democracia defensiva (wehrhafte Demokratie). La cual debe protegerse de sus enemigos. Pero la gran pregunta que nunca se ha planteado en el debate público y académico alemán es qué sucede cuando los enemigos no son definidos por demócratacristianos y socialdemócratas, sino por un partido neofascista como la AfD, que oscila entre un neoliberalismo radical 'a la Milei' y un nacionalismo völkisch nacionalsocialista. Aquí es donde reside el potencial policial del Estado alemán.