Análisis
La obligación de garantizar el derecho a una vivienda adecuada frente al racismo institucional de Badalona

El pasado 17 de diciembre los Mossos d’Esquadra desalojaban a más de 400 personas migrantes del antiguo instituto B9 de Badalona, un espacio en el que vivían, ante la falta de alternativas habitacionales dignas y un acceso al alquiler inaccesible y marcado por los sesgos racistas.

Como explicaba Ona Halcón, sobre el desalojo, en Público: “Cuando arrancó la actuación policial, ya a las nueve, los Mossos cargaron contra los manifestantes para abrir paso. La tensión se ha palpado desde primera hora, especialmente en la plaza de al lado, donde también había personas concentradas. A lo largo de la mañana se ha visto un goteo de las personas inquilinas del B9, que salían cargadas con maletas o empujando carros con chatarra y algunas pocas pertenencias”. La ocupación del B9 comenzó en el 2023 y poco a poco, se habían ido sumando personas que se habían ido de otros asentamientos, explica Halcón.

Este desalojo es un ejemplo más del racismo sistémico, la discriminación, exclusión social, la deshumanización y la situación de vulnerabilidad a la que se somete a las personas migrantes en el Estado español.

El desalojo se ejecutó por órdenes del Ayuntamiento de Badalona, regido por Xavier García Albiol y basado en una resolución del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 11 de Barcelona. En estos días hemos asistido no sólo a la actuación racista, clasista, deshumanizadora y cruel del desalojo, sino también a un abandono total y a la falta de responsabilidad en ofrecer una alternativa por parte de las instituciones implicadas.

Este desalojo es un ejemplo más del racismo sistémico, la discriminación, exclusión social, la deshumanización y la situación de vulnerabilidad a la que se somete a las personas migrantes en el Estado español. Además, el continuo discurso de odio por parte de la extrema derecha hacia las personas migrantes genera una incesante violencia. En este sentido, el domingo por la noche varios grupos de vecinos intentaron impedir la acogida de quince personas desalojadas, bloqueando también la llegada de una furgoneta de Cruz Roja que transportaba material para atender a las personas acogidas.

Ante el desalojo en Badalona, el Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans, recordaba que, “incitar públicamente al odio contra un colectivo es delito (art. 510 CP) y cuando García Albiol habla de “esta gente” y los trata de delincuentes, está precisamente cometiendo un delito”. No obstante, hemos acudido en los últimos años a una impunidad constante y normalización del discurso de odio hacia las personas migrantes por parte de la extrema derecha y la derecha.

En julio de 2024, se detectaba, por parte del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) que más de la mitad de discursos de odio en las redes tenían como objetivo a niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados

Es importante recordar que la infancia migrante ha sido, en los últimos años, uno de los colectivos a los que los discursos de odio más se han dirigido. En julio de 2024, se detectaba, por parte del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) que más de la mitad de discursos de odio en las redes tenían como objetivo a niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados. Este verano, a raíz de los ataques racistas en Torre Pacheco, se detectó un importante incremento en los discursos de odio. En noviembre, el OBERAXE afirmaba que “En especial, los sucesos de Torre Pacheco (Murcia), ocurridos en julio, provocaron un repunte sin precedentes en la actividad de los discursos de odio, alcanzando su máximo el 12 de julio con 32.892 contenidos detectados en redes”. Se observó un incremento en los mensajes hostiles hacia niñas, niños y adolescentes no acompañados.

En particular, en relación con el derecho a la vivienda, la infancia migrante extutelada se enfrenta a un mayor riesgo de pobreza y discriminación. Debido, entre otros factores, a la falta de inversión suficiente en políticas públicas que refuercen los procesos de transición a la vida adulta, numerosos niños, niñas y adolescentes extutelados acaban en situación de calle.

Así lo reflejaba el monográfico sobre Exclusión residencial entre las personas jóvenes del INJUVE (2023) que afirmaba, con respecto a las personas jóvenes extuteladas – extranjeras y no extranjeras- que “en la mayoría de los casos, se quedan en la calle al cumplir 18 años, obligadas a vivir como personas adultas, pero sin los recursos y las herramientas necesarias”. Igualmente, el informe explicaba que, en el caso de las personas jóvenes migrantes “a los desafíos habituales a los que se enfrenta cualquier persona extutelada, hay que añadirle otros problemas derivados de su condición de persona extranjera, como las barreras lingüísticas o culturales, no tener la documentación en regla al salir de los centros residenciales o el racismo cultural que tienen que afrontar a la hora de buscar una solución habitacional”. Organizaciones como Fundación Raíces, la Plataforma de Infancia, Por Causa, Save the Children, APDHA o UNICEF España, entre otras, han tratado con mayor profundidad las problemáticas que afectan a la infancia migrante y extutelada.

El derecho a la vivienda y la discriminación de las personas migrantes

“El desalojo de Badalona constituye una grave vulneración de derechos humanos” denuncia Víctor Palomo, abogado de CAES (Centro de Asesoría y Estudios Sociales) y experto en derecho a la vivienda.

Respecto al accionar del gobierno de Albiol, denuncia que “no sólo están teniendo una actitud negligente, sino también activa en la comisión de dicha vulneración de derechos. Está habiendo una omisión por parte del gobierno de Albiol en la falta de dotación de recursos y prestaciones sociales y también un intento de criminalización muy grave a las personas desalojadas”.

La intersección entre migración y pobreza

Cuando hablamos de discriminación en el acceso a la vivienda a personas migrantes, como explica Palomo, “hay que matizar que son las personas migrantes pobres las que tienen mayores dificultades de acceso a la vivienda”. “El obstáculo principal que se encuentran estas personas es que, si ya de por si hay una ofensiva por parte del rentismo y de la especulación contra todas las personas inquilinas, quien más puede sufrir esta criminalización son las personas migrantes”. Incluso las personas que sí consiguen acceder a una vivienda se encuentran siempre más desprotegidas que las personas que no son migrantes, explica Palomo.

Además, Palomo alude a que, para cuantificar la gravedad de la vulneración de derechos humanos que se está cometiendo con este macrodesalojo y la total ausencia de alternativas por parte de la Administración, es importante recordar la importante decisión del presente año del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) sobre el corte de luz en la Cañada Real. Esta demanda fue fruto del trabajo conjunto de Plataforma Cívica de Apoyo a la lucha por la Luz de la Cañada Real Galiana, CAES y Gentium. En la decisión, el Comité concluyó que la pobreza energética vulneraba la Carta Social Europea Revisada y que España había infringido múltiples elementos de la Carta.

“En esta decisión se incidía, entre otros aspectos, en que, desde la Administración, no se habían removido los obstáculos para reducir los daños que generaba el corte de luz. Si ya en la Cañada se acreditó que la Administración cometió una vulneración al no dar una protección y hacerse cargo de esta situación de vulneración de derechos, en este caso, además el gobierno de Albiol está llevando a cabo una actitud activa y un discurso discriminatorio. Si este caso llegase a un comité europeo o al Comité DESC, es muy posible que hubiera una decisión” explica el abogado. La movilización es esencial y, como nos recuerda Palomo, “la ofensiva contra la pobreza es tan fuerte que hay que hacer una actividad pedagógica muy fuerte de que los derechos humanos aplican a todo el mundo”.

La denuncia de los Relatores Especiales de Naciones Unidas ante el desalojo

Ante el desalojo en Badalona ya han sido dos los Relatores Especiales de Naciones Unidas que se han pronunciado: el Relator Especial sobre el derecho a una vivienda adecuada, Balakrishnan Rajagopal y el Relator Especial sobre los derechos de las personas migrantes, Gehad Madi, el pasado 19 de diciembre a través de un comunicado.

“La legislación en materia de derechos humanos es clara. Desalojar a una persona en pleno invierno y dejarla sin hogar constituye una grave violación del derecho a una vivienda adecuada y de otros derechos humanos” denuncian los Relatores.

Según los Relatores, la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 11 no incluía el requisito para garantizar que todas las personas afectadas pudieran acceder a una vivienda alternativa

“Desalojar repetidamente a personas sin ofrecerles alternativas de vivienda puede constituir un trato cruel, inhumano o degradante, estrictamente prohibido por el derecho internacional de los derechos humanos” advierten. “Estamos asistiendo a un ciclo de desalojos, falta de vivienda y condiciones de vida inseguras e inadecuadas. Se trata de un fallo estructural que requiere una respuesta urgente basada en los derechos, y desde luego no más desalojos”

Según los Relatores, la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 11 no incluía el requisito para garantizar que todas las personas afectadas pudieran acceder a una vivienda alternativa que cumpliera los elementos básicos de adecuación exigidos por el derecho internacional. Además, aludieron al discurso de odio de las autoridades “El desalojo ha ido acompañado de un discurso estigmatizador por parte de las autoridades públicas” e instaron a las autoridades a garantizar que todas las personas desalojadas tengan acceso a una vivienda segura y adecuada para proteger sus derechos y su dignidad.

¿Qué dicen los estándares internacionales?

Ante el discurso de odio y el racismo institucional y estructural, conviene recordar el marco internacional de derechos humanos relativo a los derechos de las personas migrantes y en derecho a la vivienda a aquellas y aquellos que pretenden negar derechos fundamentales. Las actuaciones de desalojo del instituto B9 son racistas, deshumanizan, criminalizan y, además, van en contra de lo estipulado por los estándares internacionales de derechos humanos.

Los artículos 2 y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales estipulan que el derecho a una vivienda adecuada deberá ejercerse sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier condición social.

Por un lado, el informe A/65/261 del Relator Especialsobre el derecho a una vivienda adecuada denuncia que las personas en movimiento ya sean personas migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo o desplazadas internas, son particularmente vulnerables a diversas violaciones de derechos humanos, incluidas las violaciones del derecho a una vivienda adecuada. La Relatora Especial, Raquel Rolnik, afirmaba que los Estados están obligados a garantizar a las personas migrantes la no discriminación y la igualdad de trato en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, y entre ellos, el derecho a una vivienda adecuada. de hecho, añade “el alto grado de vulnerabilidad a que están sometidos los migrantes obliga a adoptar medidas especiales para contrarrestar la acumulación de efectos negativos derivados de la marginación y la discriminación estructurales”.

Igualmente, destaca el trabajo realizado por la Relatora Especial, Leilani Farha (2010-2014) que elaboró las Directrices para la realización del derecho a una vivienda adecuada (2020). Entre ellas se enunciaban los siguientes puntos: Los Estados deben garantizar el disfrute igualitario del derecho a la vivienda sin discriminación para todas las personas desplazadas internamente y todos los migrantes, independientemente de su documentación, de conformidad con el derecho internacional humanitario y de los derechos humano

También se apuntaba que no debe haber discriminación basada en el estatus migratorio en el acceso a refugios de emergencia y los Estados deben garantizar que a los proveedores de vivienda no se les permita ni se les exija transmitir información a las autoridades que disuada a las personas migrantes indocumentadas de buscar refugio para ellas y sus familias. Como tercer punto, apuntaban que deben existir mecanismos de protección eficaces para que las personas migrantes puedan obtener reparaciones efectivas por las violaciones del derecho a la vivienda y a la no discriminación.

Queda claro que los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho a una vivienda adecuada a todas las personas migrantes, con independencia de su situación administrativa

Además del marco normativo, la jurisprudencia ha asentado claramente el derecho a una vivienda adecuada para las personas migrantes, independientemente de su situación administrativa. De este modo, a través de la Observación general núm. 20 sobre la no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales subraya que los derechos reconocidos en el Pacto, entre ellos, el derecho a una vivienda adecuada, aplicables a todas las personas, también a las trabajadoras migrantes, independientemente de su condición jurídica y de la documentación que posean. También, la Recomendación general núm. 30, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial exhorta a los Estadosa suprimir los obstáculos que impidan a las personas extranjeras disfrutar del derecho a una vivienda adecuada y a garantizar la igualdad con éstos en el disfrute de ese derecho.

Queda claro que los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho a una vivienda adecuada a todas las personas migrantes, con independencia de su situación administrativa. Las actuaciones en el desalojo del Instituto B9 de Badalona no pueden estar más alejadas del cumplimiento de estos estándares. Por otro lado, la responsabilidad política directa de la extrema derecha en los discursos de odio hacia las personas migrantes es clarísima.

Es responsabilidad de todes exigir reparación para las personas afectadas por el desalojo, responsabilidades políticas, seguir combatiendo el discurso de odio y denunciando el racismo sistemático y las vulneraciones de derechos humanos contra las personas migrantes en el Estado español.