Análisis
Las muertes a manos de la policía llegan a un Tribunal Popular europeo de la mano de las familias

El 7 de enero de 2005, la policía alemana encerró en la celda número cinco de la localidad de Dessau a Oury Jalloh, un solicitante de asilo de Sierra Leona, y lo ató a un colchón de pies y manos. Horas después ardió hasta morir. La versión policial sostiene que él mismo se prendió fuego. Veinte años más tarde, su familia sigue luchando para que el caso se reabra de verdad.

El 17 y el 18 de octubre, la familia de Jalloh estuvo en Londres. Con ella, estuvieron también las familias de las personas muertas a manos de la policía en Francia, Bélgica, Suiza, España y Reino Unido. La capital británica acogió la segunda edición del Tribunal Popular sobre los Asesinatos Policiales, un encuentro europeo sin precedentes en el que las familias declaran en público sobre la muerte de sus seres queridos y sobre lo que vino después: los encubrimientos, la connivencia entre policías e investigadores judiciales y los gobiernos que tapan o miran para otro lado.

Una iniciativa de base liderada por las familias

El Tribunal se define como una “iniciativa radical de base” dirigida por familiares y amistades de personas muertas a manos de la policía, en prisión o bajo custodia de otras agencias del Estado. Su primera edición se celebró en Londres los días 5 y 6 de abril de 2025. Su origen se remonta a Francia.

En octubre y noviembre de 1982, Wahid Hachichi y Abdennbi Guemiah, de 18 y 19 años, murieron por disparos. Sus familias se organizaron como les folles de la Place Vendôme, traducido del francés como las locas de la Place Vendôme en alusión a las Madres de la Plaza de Mayo argentinas, y esa conexión inspiró después la formación de la United Families & Friends Campaign en el Reino Unido. El Tribunal Popular recoge ese doble legado: uno personal para las familias y uno político para el movimiento.

Los nombres que desfilan en Londres dibujan un patrón más que evidente: víctimas mayoritariamente negras, árabes, migrantes o de clase trabajadora

El trabajo de fondo es enorme. Un equipo de investigadores voluntarios, entre quienes hay activistas, académicos, juristas y analistas de datos, ha estudiado una treintena de casos junto a las familias, alrededor del 1% de los más de 3.000 fallecimientos a manos de la policía que el Tribunal contabiliza solo en el Reino Unido desde 1970. De todos, solo tres de ellos han acabado con agentes condenados por homicidio. Una muestra de la impunidad denunciada.

El panel que escucha los testimonios de las familias en el Tribunal está integrado por figuras como Mireille Fanon Mendès, de la Fundación Frantz Fanon; la académica estadounidense Joy James; la jurista Esther Mamadou; y el veterano activista británico Gus John. Tras la jornada pública, las familias se reunieron a puerta cerrada para diseñar una estrategia internacional conjunta. El Tribunal prepara además una cartografía europea de muertes a manos de la policía, un dato que ningún gobierno parece tener prisa por elaborar, y anuncia nuevos tribunales sobre detención migratoria, cárceles y unidades de salud mental.

El mismo patrón en seis países

Los nombres que desfilan en Londres dibujan un patrón más que evidente: víctimas mayoritariamente negras, árabes, migrantes o de clase trabajadora; muertes en comisaría, en furgones policiales y durante detenciones; y una justicia que nunca llega. Lamine Dieng murió en 2007 en un furgón policial de París, inmovilizado boca abajo. La primera autopsia habló de sobredosis; la segunda, que la familia tuvo que impulsar, de asfixia. Ningún agente fue juzgado y la familia fue incluso condenada a pagar 2.000€ a los policías.

En 2020, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Estado francés aceptó pagar 145.000€ en un acuerdo amistoso. Sin embargo, no hubo ninguna condena, ni medidas estructurales para evitar crímenes similares y como dijo la propia hermana de la víctima en el Tribunal Popular, la familia habría preferido que se condenara a los policías responsables. Por lo que consideraban el acuerdo amistoso como algo lejano a la justicia que buscaban.

La voz de la delegación española

En esa lista figura Haitam Mejri, y desde el Estado español viajó su hermano, Nasser Mejri, para llevar su caso ante el Tribunal. “Hemos venido a aportar un granito más de arena para exigir y buscar la justicia que no se está realizando a día de hoy con la muerte de mi hermano”, explicaba en el foro. “No deberíamos estar luchando aquí por un derecho básico, el de la vida. Pero ya que se la han arrebatado, lo mínimo que podemos exigir es que se investigue con exhaustividad y de forma rigurosa”.

La delegación española contó también con Esther Mamadou, que además forma parte del propio Tribunal como panelista y jurista, en su segundo Tribunal Popular. Su tarea fue analizar las vulneraciones de derechos protegidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, como el derecho a la vida y la prohibición de la tortura. “El objetivo es demostrar que esto es un patrón de violencia institucional, una realidad que ya no puede ser ignorada”, sostuvo.

Según Mamadou, las muertes a manos de la policía no son incidentes aislados, sino parte de un racismo estructural que el Gobierno español niega “una y otra vez”, con una policía cada vez más militarizada, investigaciones ineficaces y familias que chocan con trabas para obtener justicia. Las personas africanas, afrodescendientes, árabes y romaníes, añadió, siguen atrapadas en la “zona del no-ser” de la que hablaba Frantz Fanon: sin derecho a una crisis nerviosa, a un problema de salud mental o a un ataque de pánico, “condenadas de manera preventiva y colectiva”.

Para Nasser, la dimensión humana no admite atajos. “Haitam no era ningún número, ningún expediente, ni una noticia que desaparece con el paso de los días. Era una persona, un hijo, un hermano y un padre”. El hermano del joven transmitió su pesar ante la impunidad: “Ninguna familia debería tener que luchar durante meses, atravesando su propio duelo, para conseguir algo tan básico como un juicio justo”.

El Tribunal Popular se consolida como una referencia internacional. El siguiente paso para la delegación española es traer esa experiencia a casa

Una memoria escrita desde España

La delegación española no llegó solo con testimonios: incorporó una memoria escrita: Vivir contra el racismo. Pogromos y violencia racial en el Estado español (editorial Catarata, 2026) un libro escrito por Silvia Agüero, Nicolás Jiménez González y Youssef M. Ouled, quien además de ser autor del presente artículo, acudió junto a la delegación española para hacer una contextualización de la historia de los pogromos en el Estado español y, sobre todo, de los asesinatos racistas, especialmente los cometidos a manos de las autoridades. Un ejercicio de memoria inédito en un país que, como relata el libro, se ha construido “desde la negación de su carácter racial y colonial”.

De hecho, solo para el año 2025, el libro recoge otros muchos nombres de hombres racializados muertos tras intervenciones policiales además de Haitam: Abderrahim El Akkouh, Ji Lin, Mahamedi, Harold Medina, Yoni Barrul… Se trata así de una memoria que plantea un relato que dialoga con la apuesta del Tribunal: poner en una misma sala casos que durante años se presentaron como tragedias aisladas para mostrar que forman parte de una misma lógica.

Un modelo para exportar

El Tribunal ha terminado, pero la lucha continúa. “No hay justicia sin verdad ni rendición de cuentas”, afirmó Mamadou, quien describía la experiencia de Londres como el principio de ese camino. Nasser lo resumió con una promesa: “No vamos a permitir que el silencio entierre su memoria ni que el tiempo sustituya a la justicia. No vamos a dejar de pronunciar su nombre: Mohamed Haitam Mejri”.

Con esa determinación, el Tribunal Popular se consolida como una referencia internacional. El siguiente paso para la delegación española es traer esa experiencia a casa: emular el modelo en el Estado español, con las particularidades y la historia de este país y, sobre todo, con las familias al frente de una batalla contra la impunidad de un Estado que, a su juicio, mata y no responde por ello.