Análisis
Diario de la crisis 4. El colapso del paradigma posfordista

Christian Marazzi vuelve a tomar la temperatura de la infinita crisis global actual. En esta cuarta entrega del «Diario de la crisis», Marazzi analiza el nuevo orden energético y monetario mundial, explicando su genealogía, sus principales actores y el conflicto subyacente en torno a los procesos de desdolarización. En este contexto se sitúa la crisis de las nuevas políticas industriales y de las nuevas estrategias de producción y creación de valor inauguradas durante el periodo posfordista.

Nuevo orden energético (y monetario) mundial

Desde 1945 la alianza geopolítica entre Estados Unidos y Arabia Saudí ha garantizado la seguridad militar estadounidense en Oriente Próximo y, sobre todo, el flujo de petróleo vinculado al dólar. Esa alianza inició el régimen del petrodólar. En 1974, cuando un grupo de países árabes impuso un embargo petrolero como represalia por el apoyo estadounidense a Israel en la guerra del Yom Kippur, Richard Nixon volvió a garantizar armas y acceso preferente a los bonos del Tesoro estadounidense a cambio de lo cual obtuvo el compromiso de Arabia Saudí de indexar todas las ventas de petróleo en dólares. En 2003, entre las acusaciones lanzadas contra Sadam Husein, figuró la de haber empezado a vender petróleo nominado en otras divisas. Sabemos cómo acabó esa aventura, pero en todo caso a partir de ese momento se empezó a hablar de desdolarización.

Desde 2018 Rusia ha empezado a liberarse del dólar, liquidando los suministros de petróleo en euros razón por la cual la primera sanción impuesta a Rusia ha sido la congelación de parte de las reservas de divisas del Banco Central de la Federación Rusa. Este precedente de «militarización» (weaponisation) de las reservas de divisas denominadas en dólares apunta a un cambio de rumbo en el sistema monetario y energético internacional. 2023 podría ser recordado como el año en que tomó forma un nuevo orden energético mundial establecido entre China y Oriente Próximo de la mano del nacimiento del régimen del petroyuan (1).

Aunque China lleva tiempo comprando cada vez más petróleo, gas natural licuado y otras materias primas en su propia moneda a Irán, Venezuela, Rusia y otros suministradores africanos (como, por otro lado, hacen la India, que les paga en rupias, o los Emiratos Árabes, que las pagan en dirhams), la reunión del pasado mes de diciembre entre Xi Jinping, los representantes saudíes y los líderes del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG, formado por Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar) marca, en opinión del analista de Credit Suisse Zoltan Pozsar, el inicio de una fase en la que China pretende reescribir las reglas del mercado mundial de la energía como parte de un plan más amplio de desdolarización de los BRICS (Brasil, Rusia, India y China) y de otras partes del mundo.

No se trata únicamente del aumento de las importaciones de materias primas energéticas pagadas en yuanes (por lo demás a precios muy reducidos), sino de una cooperación integral con los países del CCG (exploración y producción conjuntas, inversiones en refinerías e infraestructuras y productos químicos y plásticos, todos ellas pagadas en yuanes en la Shangai Petroleum and Natural Gas Exchange). Y todo ello para 2025.

El mercado del petróleo está dominado por países que tienen más en común con China que con Estados Unidos, al menos en lo que se refiere a sus respectivas políticas económicas, pero ello no significa todavía que vayamos a ver, al menos a corto plazo, una disminución significativa del peso del dólar como moneda clave en el sistema monetario y financiero mundial (2).

El aumento de las reservas nacionales de oro de China el año pasado se explica como una huida de la «tiranía del dólar» y como una estrategia para eludir las sanciones estadounidenses y europeas impuestas contra Rusia

Históricamente, para que una potencia económica imponga su moneda al resto del mundo como moneda de reserva (o moneda clave) es necesario que, además de ser una potencia militar, se halle estructuralmente endeudada, tanto externa como internamente. Pagar las importaciones del resto del mundo en dólares obliga al mismo tiempo a los países exportadores a reinvertir esos mismos dólares en deuda pública estadounidense o a utilizarlos para pagar las importaciones de petróleo. Este circuito determina inexorablemente la «confianza» en la moneda estadounidense, que supone de hecho su hegemonía o, como lo enunció Valéry Giscard d'Estaing a mediados de la década de 1960, su «privilegio exorbitante». La célebre frase pronunciada poco después de la declaración de inconvertibilidad en oro de la moneda estadounidense en agosto de 1971 por el secretario del Tesoro John Connally ­—«El dólar es nuestra moneda, pero constituye vuestro problema»— encierra toda la historia del sistema monetario internacional de los últimos setenta años.

China, que se encuentra estructuralmente en una situación diferente a la de Estados Unidos (basta pensar en su balanza comercial, fuertemente excedentaria), ha ofrecido una especie de red de seguridad financiera a quienes utilizan el yuan, haciéndolo convertible en oro en los mercados de Shanghai y Hong Kong. De hecho, el aumento de las reservas nacionales de oro de China el año pasado se explica como una huida de la «tiranía del dólar» y como una estrategia para eludir las sanciones estadounidenses y europeas impuestas contra Rusia (3).

Paradojas de la historia: Estados Unidos pudo imponer su modelo del nuevo orden monetario internacional en Bretton Woods, descartando el plan propuesto por Keynes (1944), gracias a la vinculación del dólar al oro (a una paridad de 35 dólares la onza) y pudo hacerlo porque había acaparado dos tercios de todo el oro monetizado a escala mundial entre las dos guerras mundiales. No es que el oro haya constituido jamás la base material para proceder a la emisión de dólares, todo lo contrario, pero así es como el naciente sistema monetario internacional permitió que una moneda nacional funcionara al mismo tiempo como moneda internacional, asimetría que Keynes quiso evitar desesperadamente con su propuesta de creación del bancor, que sí era una verdadera moneda supranacional. Veremos si el oro permite hoy a su vez que el yuan se convierta en una divisa internacional clave.

Será el desarrollo de las monedas digitales de los bancos centrales (central bank digital currencies), sin embargo, lo que permitirá la verdadera internacionalización del yuan. Actualmente, el sistema monetario basado en el dólar descansa en los balances de los bancos comerciales occidentales. Utilizar la misma red es, por lo tanto, arriesgado para China (sobre todo tras el precedente de las sanciones contra Rusia) por lo que es necesario construir otro circuito desacoplado del circuito de la divisa estadounidense. Esta es la razón de la actual carrera por digitalizar las monedas de los bancos centrales (según el FMI más de la mitad de los bancos centrales del mundo se hallan inmersos en la investigación, desarrollo e implantación de monedas digitales) concebida precisamente para conectar los bancos centrales situados al margen de la esfera de influencia geopolítica y geoeconómica estadounidense.

Por el momento, sin embargo, esta estrategia energética también tiene otras implicaciones económicas y financieras. China quiere atraer a las empresas occidentales con la perspectiva de su oferta de petróleo barato. La alemana BASF, por ejemplo, ha reducido sus operaciones químicas en Ludwigshafen y las ha trasladado a Zhanjiang. Un proceso similar, pero de signo contrario, afecta a las empresas europeas que han aumentado sus puestos de trabajo en Estados Unidos debido al abaratamiento de la energía. La guerra militar-energética en curso está redefiniendo, sin duda, la división internacional del trabajo en tanto que acentúa los procesos de regionalización y localización de la producción de mercancías.

Las políticas petroleras siempre conllevan riesgos financieros. A partir de finales de la década de 1970, el reciclaje de los petrodólares a través de los bancos comerciales estadounidenses mediante el mercado del eurodólar por parte de los productores/exportadores petroleros de los países emergentes como México, Brasil, Argentina, Zaire, Turquía entre otros sentó las bases de una serie de crisis de la deuda soberana experimentada por los mismos, al tiempo que impulsó la financiarización mediante la creación de «innovaciones» especulativas como la titulización de los valores mobiliarios e intensificó la economía del endeudamiento doméstico en Estados Unidos al hilo de la afluencia de capitales a esos mismos bancos comerciales estadounidenses. Cabe preguntarse si estos procesos pueden repetirse hoy, pero a la inversa.

En estos momentos, los enormes superávits por cuenta corriente registrados por China, Rusia y Arabia Saudí no se utilizan como tradicionalmente era el caso para comprar bonos del Tesoro estadounidense, que con las tasas de inflación actuales ofrecen rendimientos negativos, sino, por el contrario, para comprar oro (como ha hecho China recientemente), materias primas (como hace Arabia Saudí, cuyos superávits son invertidos en nuevas industrias extractivas) o para ser invertidos con criterios geopolíticos (véase la ayuda prestada a países aliados, como Turquía, Egipto o Pakistán en el caso de Rusia). En cuanto a Estados Unidos, dado su actual nivel de endeudamiento público, que además ha alcanzado su techo presupuestario en enero y precisa, por consiguiente, de la aprobación del Congreso para incrementarlo, las cosas se complican en buena medida. Así pues, cabe preguntarse, por ejemplo, cómo Estados Unidos puede seguir financiando el gasto armamentístico en Ucrania al ritmo actual.

No es tanto el tamaño de la deuda federal estadounidense lo que preocupa (véanse Paul Krugman, «Does America Have Too Much Debt», The New York Times, 24 de enero de 2023, y también Association d'économie financière, La soutenabilité des dettes publiques, Revue d'économie financière, núm. 146, 2022), sino su sostenibilidad político-estratégica. Para evitar el impago federal, es necesario un acuerdo bipartidista para elevar el techo de la deuda (o, en el mejor de los casos, eliminarlo), lo cual implica un periodo de negociación, que se dilatará durante algunos meses (hasta junio, al parecer), periodo durante el cual entre las políticas antiinflacionistas y la escasez de liquidez en el mercado de bonos del Tesoro estadounidense, el coste de la deuda pública corre el riesgo de dispararse peligrosamente al alza. En tal escenario, particularmente desestabilizador para los mercados financieros, la Reserva Federal estadounidense se vería inevitablemente obligada a intervenir comprando bonos del Tesoro, contradiciendo así flagrantemente la política monetaria restrictiva aplicada a lo largo de 2022 en nombre de la lucha contra la inflación.

En resumen, del endurecimiento cuantitativo [tightening quantitaive] de la oferta monetaria retornaríamos a la flexibilización cuantitativa [quantitative easing], reproduciendo las condiciones de la espiral de endeudamiento, que caracterizó la totalidad del periodo posterior a la gran crisis financiera de 2007-2008 y a la crisis pandémica. Entre 2008 y 2019 la deuda federal estadounidense en manos del público aumentó el 500 por 100, la deuda privada no financiera el 90 por 100 y la deuda de los consumidores, excluida la deuda hipotecaria, el 30 por 100; posteriormente, a partir de 2020, es decir, durante la crisis pandémica, estas categorías de deuda aumentaron respectivamente el 30, el 15 y el 10 por 100 (Gillian Tett, «The Fed finds itself in a nasty hole», Financial Times, 27 de enero de 2023).

Si el petroyuan despega, la tan cacareada desdolarización podría en verdad materializarse. De hecho, el proceso ya está en marcha. Como ha escrito el economista Dominique Plihon, «asistimos a un doble movimiento de regionalización y multipolarización del sistema monetario internacional, que podría desembocar en una “guerra de divisas”» (4).

La Inflation Reduction Act, aprobada por el Congreso estadounidense y firmada por Biden el 16 de agosto de 2022 debe interpretarse en este contexto de redefinición de las nuevas estrategias energéticas y monetarias. Se trata de medidas programadas principalmente en el ámbito de las subvenciones ecológicas. De un presupuesto total de 738 millardos de dólares, nada menos que 391 millardos se destinan a los sectores de la energía y el medio ambiente.

Más concretamente: se destinan 128 millardos a las energías renovables y al almacenamiento de energía de la red; 37 millardos a la producción de energía tecnológicamente avanzada; 32 millardos al desarrollo de las economías rurales; 30 millardos a la energía nuclear; 22 millardos al suministro de energía para el consumo doméstico; 14 millardos a la eficiencia energética doméstica; y 13 millardos a incentivos del vehículo eléctrico. Por otro lado, la Inflation Reduction Act asigna recursos a la descarbonización de los autobuses escolares, los camiones de la basura y las flotas de las Administraciones públicas, así como a las compras a crédito de electricidad por parte de las cooperativas rurales. «Un aspecto que irrita a los europeos —escribe Alessandro De Nicola en la Repubblica A&F (16 de enero de 2023)— es el proteccionismo rastrero inherente a la normativa. De hecho, para obtener las subvenciones dedicadas a los coches eléctricos, la batería del motor debe fabricarse con minerales y componentes extraídos o producidos principalmente en Estados Unidos o en un país con el que exista un acuerdo de libre comercio (como Canadá o México). Por supuesto, con ello se corre el riesgo de suprimir muchos modelos europeos o de subir desmesuradamente sus precios. Si Europa quisiera contrarrestar esta iniciativa decidida por el gobierno de Biden mediante un «vasto programa» de política industrial destinado a fortalecer las empresas europeas y acelerar la transición energética, tendría que derogar la normativa que prohíbe la concesión de ayudas estatales, «las cuales constituyen desde siempre la clave de bóveda del mercado único continental y de las políticas de competencia».

Dejando a un lado las resistencias liberales (en particular la del ministro de Finanzas alemán, el liberal Lindner), es un hecho, sin embargo, que en 2020 la Comisión Europea decidió adoptar un planteamiento menos rígido para salvar a los sectores golpeados por la recesión provocada por la covid-19. El problema es que estas subvenciones europeas ahondan, en lugar de atenuar, las disparidades existentes entre los países miembros. Por ejemplo, de los 540 millardos de euros autorizados por Bruselas en 2022 el 50 por 100 son alemanes y el 30 por 100 franceses. Italia, aplastada bajo el peso de la deuda, sólo representa el 4,7 por 100 de los desembolsos.

Recientemente, el SPD ha propuesto incrementar el endeudamiento de la Unión Europea para apoyar así a la industria autóctona, de cuyo apoyo alemanes y franceses se beneficiarían mucho más que los demás países miembros. Como escribe Andrea Bonanni en la misma página de la Repubblica A&F, «mientras que Bruselas había conseguido, con el fondo de recuperación, dar una respuesta cohesionada a la emergencia económica provocada por la pandemia de la covid-19, la emergencia energética desencadenada por la guerra ha visto cómo cada país corría a protegerse por su cuenta [...]. El riesgo de que la disparidad existente en las ayudas estatales concedidas por las capitales europeas acabe destruyendo el mercado único es real.

En esta «guerra de subvenciones», que va más allá del ámbito energético para extenderse al sector de los semiconductores (5), Europa corre el riesgo de ser aplastada no sólo por sus contradicciones internas, sino también de enmarañarse en una competición entre los sistemas-país caracterizados por mayores propensiones dirigistas. Fabrizio Onida, en Il Sole 24 Ore (15 de enero de 2023), recuerda la historia de Silicon Valley en la que el papel del gobierno federal estadounidense no fue tanto la compra de chips y dispositivos por cuenta del Estado, sino la proporcionar el incentivo concreto para que los actores presentes en el mercado exploraran nuevas vías susceptibles de hacer avanzar la frontera científica y tecnológica, operando en cierto sentido como el venture capitalist [capitalista de riesgo] más poderoso presente en el sector, que se ha convertido en el centro de una vasta cadena de suministro que abarca los cinco continentes». Es en la redefinición material de las coordenadas geopolíticas donde la política industrial recobra legitimidad y pertinencia, signo de la crisis del modelo económico liberal en el que se basa la globalización de los últimos treinta años.

En torno a estas cuestiones y abordando finalmente los Next Generation Funds implementados por la Unión Europea, que ascienden a 750 millardos de euros y traen aparejada la necesidad de efectuar ulteriores inversiones «no sólo por parte del sector privado, sino también de los gobiernos nacionales», según indicó Lagarde, existen dos posturas en el seno de la BCE: por un lado, la defendida por Fabio Panetta, miembro del consejo ejecutivo del mismo, en virtud de la cual «el nuevo orden mundial significa que las economías europeas ya no puede depender de la demanda exterior como “mecanismo de ajuste en última instancia” razón por la cual es necesario un modelo más equilibrado en el que la demanda interna y la inversión pública desempeñen un mayor papel para fortalecer la base del capital nacional. La otra postura es defendida por François Villeroy de Galhau y Joachim Nagel, presidentes del Banco de Francia y del Bundesbank respectivamente, que un articulo escrito conjuntamente afirman lo siguiente: «La transformación digital y verde de nuestras economías, el envejecimiento de nuestras sociedades [...] requerirán inversiones masivas, que pasan principalmente por la financiación privada». La autonomía estratégica de Europa depende, en su opinión, de la capacidad competitiva del mercado privado de capitales. «La aprobación por el Tribunal Constitucional alemán del MES, el paracaídas condicional de la Unión, configura una pieza de la estructura europea necesaria para la creación de la Unión de Mercados de Capitales. Ahora la pelota está en el tejado de Roma, que es la única capital que aún no lo ha ratificado» (6).

Grounding

Durante las fiestas de navidad pasadas, entre el 21 y el 31 de diciembre, Southwest Airlines, la mayor aerolínea estadounidense de bajo coste, dejó en tierra a miles de pasajeros por la cancelación de casi todos sus vuelos. Lo mismo ocurrió en el aeropuerto de Tijuana con la cancelación de vuelos de Volaris, la compañía mexicana de bajo coste (7). El caos infernal que vivieron los pasajeros debido a la desastrosa situación de las compañías se atribuyó al mal tiempo y a unos anticuados sistemas informáticos de programación del personal totalmente inadecuados para hacer frente a situaciones de emergencia. Según el Financial Times (8), los problemas de las dos compañías aéreas reflejan los que acechan a la industria de la aviación en general y pueden hacerse extensivos a la totalidad del modelo empresarial liberal (efficiency model corporate management), que ha dominado el panorama durante las últimas cuatro décadas.

Lo que está en crisis es el modelo del sahreholder value, es decir, la prioridad atribuida a los accionistas mediante el reparto de dividendos crecientes y la compra de acciones propias (share buyback) en detrimento de las inversiones en sistemas tecnológicos actualizados y de la mejora de las condiciones laborales. Normalmente, Wall Street premia a las empresas que reducen personal (downsizing) y reparten beneficios entre los inversores en lugar de invertir en bienes de equipo, actividad solo resulta rentable en el largo plazo. Durante la pandemia, las subvenciones a las empresas estuvieron vinculadas a la prohibición de la compra de acciones propias y la distribución de dividendos, así como de despidos de personal. En cuanto se suspendieron las subvenciones el pasado mes de septiembre, se volvió de inmediato al modelo anterior a la pandemia (de hecho, a la lógica de la financiarización de las empresas, como en el caso de General Electric, que hace tiempo ha convertido al sector industrial estadounidense en una institución financiera too big to fail) y ello a pesar de que los sindicatos habían exigido aumentos salariales y mejores condiciones de trabajo.

Es cierto que este modelo permitió reducir los precios tras la desregulación de las compañías aéreas verificada a partir de la década de 1970, pero este tipo de gestión empresarial ha sido también la causa del aumento de la concentración de capital (cuatro aerolíneas poseen el 80 por 100 del sector aéreo estadounidense), la exportación de puestos de trabajo a países menos regulados como México, El Salvador o China, la compresión salarial y el aumento de la carga de trabajo. La denominada “gran dimisión” (el abandono voluntario masivo del empleo por una enorme cantidad de fuerza de trabajo registrado desde 2020) se explica a la luz del fracaso del «efficiency model», el modelo de producción flexible que aplica la contabilidad financiera a los centros de costes y procede a la devaluación del trabajo. Se trata de un éxodo provocado por el grande desgaste.

Nadie renuncia a la gran renuncia

Marta Campabadal Graus

Estados Unidos

Estados Unidos Nadie renuncia a la gran renuncia

Marta Campabadal Graus

El principio del año no ha terminado con las circunstancias que llevan a miles de estadounidenses a abandonar sus trabajos. Detrás de la retórica sobre el dinamismo, se esconde una clave más material: el problema de los bajos salarios.

Por otra parte, los gigantes digitales estadounidenses han anunciado recortes de decenas de miles de puestos de trabajo. Según datos recogidos por Layoffs.fyi, más de 214.000 personas han sido despedidas desde principios de 2022 en el sector tecnológico.

La ola de despidos empezó en Twitter, que efectuó, decidido por Musk, el mayor recorte equivalente al 50 por 100 de sus empleados (3.700 personas de las que una parte importante se despidió voluntariamente). Después, Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, anunció el pasado noviembre la pérdida de 11.000 puestos de trabajo (el 13 por 100 de la plantilla total). Salesforce, el primer grupo de computación en la nube, inició un procedimiento de despido para 8.000 empleados. Microsoft recortó 10.000 (el 5 por 100 de sus 221.000 empleados), Snap 1.200 (20 por 100), Stripe 1100 (14 por 100). Amazon despidió «sólo» 18.000, contingente equivalente al 1 por 100 de sus 1,5 millones de empleados. Esto por lo que respecta a 2022. A principios de 2023, Spotify, el gigante de la música en streaming, anunció el despido del 6 por 100 de sus aproximadamente 9.800 empleados. Poco después, Alphabeth, el holding de Google, anunció un recorte de 12.000 puestos de trabajo (aproximadamente el 6 por 100 de su plantilla). IBM recortará 3.900 empleos (1 por 100). SAP, la empresa alemana de software, tiene previsto suprimir 3.000 puestos de trabajo (el 2,5 por 100 de su plantilla). PayPal, la sociedad de pagos en línea, tras los recortes del pasado año, tiene previsto suprimir 2.000 puestos de trabajo, aproximadamente el 7 por 100 de su fuerza de trabajo total, aduciendo un «escenario macroeconómico difícil».

Según los analistas, si durante la crisis pandémica las contrataciones (y las cotizaciones de los valores bursátiles) crecieron enormemente (53 por 100 para Microsoft, 57 por 100 para Alphabet, 100 por 100 para Amazon y 94 por 100 para Meta) para satisfacer la demanda de «consumo digital», la caída de los ingresos publicitarios, la guerra de Ucrania y la inflación han desestabilizado el sector. Sólo Apple, que había aumentado su plantilla el 20 por 100 durante la pandemia, no parece dispuesta a despedir personal, al menos no a estos niveles. En el sector digital, como en el de la aviación y otros sectores (comercio, restauración, sanidad), está en juego la resistencia de un modelo de gestión empresarial basado en la producción flexible, el just in time, la flexibilización de la mano de obra y la externalización.

En el sector tecnológico, la crisis del modelo de gestión empresarial se ve agravada por otros dos factores: las medidas antimonopolio (bipartidistas), como la que acaba de anunciar el Departamento de Justicia federal estadounidense contra Google, y quizá, sobre todo, «un creciente malestar social ante las prácticas del capitalismo de vigilancia» (9). A mediados de enero, el distrito de Seattle presentó una demanda contra TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat y YouTube, porque estas redes sociales «dañan la salud mental de los jóvenes [...]. El asalto coordinado a las mentes vulnerables de los jóvenes ha producido una emergencia de salud mental», caracterizada por tasas explosivas de «depresión, ansiedad e ideación suicida» a las que se enfrentan administradores y docentes. Todos los ingredientes del paradigma posfordista vigente durante las últimas décadas parecen estar derrumbándose tanto en términos de producción como de reproducción del valor social.