Opinión
Desafección política, tecnocracia y autoritarismo

Con los efectos de la Gran Recesión de 2008 aún presentes, la última década ha visto cómo la desafección política llegaba a sus niveles máximos. En algunos países de Europa, los efectos de la crisis económica y la puesta en marcha de las políticas de austeridad se tradujeron, a su vez, en una crisis política. Estas medidas, que no eran las inicialmente defendidas por los partidos que se encontraban en el Gobierno —como ocurrió en el caso de Grecia, España o Portugal, con partidos de centroizquierda al frente del Ejecutivo durante los primeros momentos de la crisis— provocaron una suerte de convergencia neoliberalentre los partidos tradicionales, lo que se tradujo en un aumento significativo de la desafección política y del apoyo a nuevos partidos que, al calor del descontento, pusieron en cuestión la falta de representatividad del sistema político y las medidas económicas impuestas desde Europa, derivando en una crisis política. En España, los efectos de la crisis económica, así como de la crisis política, tuvieron su desenlace en el 15M, cuyas consecuencias aún son palpables en nuestro país.

Un 86% de la población española considera necesario llevar a cabo reformas de calado en el ámbito político

Desde entonces, el desencanto con la política no sólo no ha desaparecido, sino que es cada vez mayor. La desafección política se encuentra a la orden del día, con la desconfianza hacia los partidos y la clase política en sus máximos niveles. En este contexto, su papel como canalizadores de las preferencias de los ciudadanos está, cada vez más, en cuestión, lo que está provocando una redefinición de la democracia representativa hacia un mayor énfasis en los resultados de la gestión política en detrimento del rol de la soberanía popular. Una concepción de la política como actividad de gestión y no de representación.

Según datos de Pew Research Center, en algunos países como Italia, España o Grecia, entre otros, más de la mitad del electorado –en concreto, seis de cada diez votantes– se muestra insatisfecho con el funcionamiento de la democracia. Asimismo, en estos países, en torno a un 80% de la población considera que su sistema político necesita ser completamente reformado o necesita una serie de cambios mayores. En este sentido, destaca España, que se sitúa a la cabeza entre quiénes se decantan por la necesidad de una reforma completa del sistema político con un 54% de la población. Además, otro 32% considera que su sistema político necesita cambios mayores. Es decir, en total, un 86% de la población considera necesario llevar a cabo reformas de calado en el ámbito político. Sin embargo, España se sitúa, a su vez, a la cabeza –sólo por detrás de Italia– entre quiénes no muestran confianza respecto de que su sistema político pueda cambiar, que representan un 64% de la población. Unas cifras que muestran una desafección política galopante que se ha extendido entre la población hasta convertirse en sistémica.

A su vez, esta situación está provocando un viraje de las actitudes hacia la democracia en favor de lo que se conoce como democracia sigilosa, un término que hace referencia a una serie de actitudes que no aspiran a una mayor implicación ciudadana en la toma de decisiones, sino que se sitúan en favor de una mayor delegación e implicación de expertos en la toma de decisiones, logrando así una mayor eficacia en la puesta en marcha de las políticas públicas. Una versión de la democracia que no requiere mucha implicación o supervisión por parte del ciudadano. Es decir, un escepticismo de la participación política que plantea una crítica en toda regla a la concepción tradicional de la democracia representativa.

Como respuesta a esta crisis política, existen dos alternativas que han cobrado cada vez más importancia en los sistemas políticos de los países de nuestro entorno durante esta última década: el populismo y la tecnocracia. Mientras que el populismo contrapone al “pueblo” frente a unas élites políticas o económicas corruptas, abogando por una versión de la democracia en la que la voluntad popular no esté canalizada a través de intermediarios –principalmente, los partidos y la clase política–, la tecnocracia, en su versión más debilitada –lo que permitiría su coexistencia con los partidos políticos y la democracia– defiende una mayor implicación de expertos en los procesos de toma de decisiones, legitimando la acción política en base al conocimiento científico. Así pues, en base a esta concepción de la democracia, los expertos son, en última instancia, quiénes deben identificar el interés general del conjunto de la sociedad, para así tratar de alcanzarlo. Un interés general que, naturalmente, puede ser determinado y establecido objetivamente.

Estas opciones tienen su origen en la tensión existente en las democracias contemporáneas entre la representación de las preferencias de los ciudadanos y su correcta implementación a través de políticas públicas. En este sentido, mientras que el populismo se centra en la falta de representación de los partidos y la clase política, que aspira a restituir, la tecnocracia, por su parte, responde a la falta de responsabilidad de los partidos políticos en la puesta en marcha de estas políticas públicas, que se llevan a cabo con una mirada cortoplacista y una orientación electoralista, en lugar de tratar de solucionar de manera efectiva los problemas sociales.

En España, mientras que la desafección política, exacerbada hasta el máximo con la llegada de la pandemia, no ha parado de crecer, las actitudes propias de una ‘democracia sigilosa’ también han ido en aumento. La implicación de “expertos” –una categoría tan amplia que puede llegar a incluir a perfiles de muy diverso tipo– en la toma de decisiones en nuestro país ha adquirido cada vez más importancia. Ya sea con un enfoque sanitario, estableciendo medidas para hacer frente a la pandemia provocada por la covid-19, o económico, aplicando reformas que garanticen el cumplimiento de los compromisos que nuestro país ha adquirido con Bruselas y el normal funcionamiento de nuestro sistema económico, los expertos están cada vez más presentes en nuestra realidad política.

En este sentido, la Encuesta Monarquía, presentada por la Plataforma de Medios Independientes durante el pasado año, incluyó un bloque de preguntas que recoge la evaluación de los ciudadanos respecto de algunas formas de gobierno. La primera de ellas, que hace referencia a “un país en el que sean expertos, y no el Gobierno, quiénes tomen decisiones de acuerdo con lo que piensan que es mejor para la población”, es valorada positivamente por un 70% de la población.

Supone casi un tercio la población en España que, ante la crisis política, se sitúa en posiciones abiertamente antidemocráticas

Sin embargo, entre los votantes de Vox y Cs, este porcentaje asciende hasta prácticamente el 80%, con más de un 30% que otorga una valoración muy positiva a esta forma de gobierno. Ahora bien, incluso entre el resto de partidos, los votantes se muestran muy a favor de la irrupción de expertos en la toma de decisiones, delegando en ellos el dilucidar qué es lo mejor para la población –como si eso fuera posible–, lo que supone una visión muy positiva a una salida a través de un modelo más tecnocrático de la crisis política. Una alternativa que, aunque no se haya materializado en una formación política, se puede observar en el aumento de la demanda por perfiles técnicos dentro del Gobierno y de los partidos políticos en ámbitos como el económico o sanitario.

Por otro lado, la segunda opción, que hace referencia a “un país en el que haya un líder fuerte que no tiene que preocuparse por las elecciones o el parlamento”, es valorada positivamente por algo más del 30% de la población. Sin embargo, cuenta con el rechazo de más de la otra mitad de la población –en concreto, un 55%–. Asimismo, existe una cierta discrepancia en función del electorado, siendo el de Vox el que muestra una valoración más positiva –con cerca de un 50% de su electorado valorándola como bastante o muy buena–y el de Unidas Podemos el que cuenta con una posición más en contra de esta forma de gobierno –con apenas un 25% que la califica positivamente–. Ahora bien, estamos hablando de que cerca de un tercio la población en España que, ante la crisis política, se sitúa en posiciones abiertamente antidemocráticas.

Una salida a la crisis política que concibe las instituciones democráticas como un obstáculo. Una nostalgia autoritaria que, al calor del descontento y de la desafección política, que en España se sitúa en niveles preocupantes, podría derivar en una regresión autoritaria que ponga en peligro el sistema democrático. Por ello, resulta fundamental revertir esta tendencia, aunque la dirección que se tome para ello está aún por definir. Es primordial combatir aquellas actitudes que fomenten el desapego de la política y se sitúen en favor de una menor implicación ciudadana, delegando en la figura del experto o del autócrata para determinar cuál es el interés general y cómo llegar hasta él. Aunque parezca difícil, la solución sólo puede pasar por una mayor implicación ciudadana, otorgando a los ciudadanos un rol aún más determinante en el proceso de toma de decisiones, pues optar por lo contrario podría sentar un peligroso precedente cuyo desenlace es incierto.