Opinión
La Vivienda en el pacto PP-VOX Andalucía

¿Alguna sorpresa en el pacto PP-VOX que garantiza la investidura del Sr. Moreno Bonilla como presidente de la Junta de Andalucía? ¡Ninguna! A «Juanma» solo le quedaba negociar con VOX. Las otras formaciones políticas con representación parlamentaria manifestaron su rechazo total a llegar a acuerdos con el PP. ¿Qué podía hacer el Sr. Bonilla? Incoherente con todo lo afirmado en años, pero contento de seguir al mando de la Junta, todos en el PP se felicitan de este «histórico» acuerdo.

Si viviera Casandra, la de Troya, o algún politólogo asumiera ese rol, en fechas no muy lejanas quienes lo vieran serían testigos del colapso del PP en todos los territorios donde ha pactado con VOX. Cuando termine esta legislatura andaluza —que bien pudiera acabar antes de lo previsto por alguna gresca de los socios de gobierno—, el electorado de VOX aumentará considerablemente a costa de la significativa merma del electorado popular.

Uno de los asuntos que más inquietan a las andaluzas y andaluces es la dificultad de acceso a una vivienda digna. Si se analiza especialmente este punto en el pacto, puede calificarse de inoperante, ineficaz, unilateral, papelista… ¿Por qué estos calificativos? Cuando se hacen generalizaciones sin concreción, ¿qué puede concluirse?

A quienes desean que el gobierno andaluz por fin les ayude a disfrutar de una vivienda digna, como afirma la Constitución española de 1978, les hubiera parecido muy bien encontrar escrito, blanco sobre negro, algo así: Modificación de la Ley 2/2025 de Vivienda (firmada por el mismísimo «Juanma» un 16 de diciembre, no hace aún 6 meses) para que las transformaciones urbanísticas previstas en toda Andalucía se produzcan en el primer año de mandato. Igualmente, quedarán reducidas en un 50 % todas las cargas fiscales, regulatorias y urbanísticas que afectan a la edificación. Para ello, el presupuesto de Vivienda crecerá un 100 % en cada año de legislatura, pasando de 800 millones en 4 años a 6.400 millones de euros. Esta cifra permitiría alcanzar otro de los objetivos propuestos: construir 20.000 viviendas protegidas (lo que supondría algo más de 3.000 millones de euros). Aunque se queda corto, muy corto, ya que se supone conectada con otra medida que dice pretender «ayudar a emanciparse a 13.000 jóvenes en los 4 años». En Andalucía, el número de jóvenes de entre 16 y 29 años es de 1,2 millones, de los cuales un millón aún vive con sus padres. Pactado lo pactado, quienes aspiran a una vivienda digna deben tener mucha paciencia, ya que el pacto goza de un estilo que refleja eso de «todo se andará». Y ya se sabe que, entre galgos y podencos, las liebres acaban muertas.

Otro asunto altamente ideologizado es el engolado «principio de Prioridad Nacional». ¿A estas alturas VOX y el PP entienden que Andalucía es una nación? Aunque el blanco y el verde se utilizan profusamente en sus manifestaciones públicas, no parece que estas dos formaciones se alineen con las corrientes nacionalistas andaluzas. Por ello suena extrañamente difícil de legislar la segregación —que queda recogida como «arraigo territorial»— cuando se establecen las condiciones que deben cumplir las personas que deseen acceder a una vivienda protegida o al alquiler social. Dice el pacto que se establecerá un sistema basado en la preferencia por arraigo territorial: el PP y VOX no se han percatado de que traicionan aquello que dicen que es esencial: «La Unidad de España». Y si España es una, ¿cómo se justifica que personas españolas sean clasificadas en función del «arraigo»? ¿Arraigo a qué?

El pacto de gobierno concreta que será necesario un empadronamiento histórico mínimo de 10 años para la compra y de 5 años para el alquiler social en Andalucía y España. Se han debido «equivocar», ya que para afirmar la Unidad de España y clarificar el alcance de ese «arraigo» debería eliminarse la mención a Andalucía. De otra forma, tanto VOX como el PP andaluces deberán dar explicaciones a las personas afiliadas a ambos partidos que no residen en Andalucía y que, por necesidades familiares, personales o laborales, deseen instalarse en este trozo maravilloso de su «madre patria». Porque está bastante claro que la intención de VOX y del PP es mandar a la cola de las posibles solicitudes de ayuda a los de «afuera». ¿«Nacionalismo andaluz» al más puro estilo independentista?

El pacto de gobierno concreta que será necesario un empadronamiento histórico mínimo de 10 años para la compra y de 5 años para el alquiler social en Andalucía y España.

Si de verdad VOX se cree eso de «los españoles primero», la redacción actual generará fricciones en el consorcio VOX-PP. El Sr. Gavira, secretario general de VOX en Andalucía y vicepresidente primero del nuevo gobierno andaluz, tendrá que medicarse para asistir a las reuniones donde el PP le irá dando capotazos a cada uno de los puntos considerados por VOX como líneas rojas.

Llama la atención cómo se confunden conceptos que dificultarían hasta el extremo los necesarios desarrollos normativos, siempre que haya voluntad de hacerlos. La burocratización, ya de por sí enorme, aumenta considerablemente. Simplemente para ocupar un lugar en la inmensa lista de espera que sin duda se formará en torno a la percepción de ayudas a la vivienda, se valorará —no se sabe de qué forma— la trayectoria de cotización, la actividad laboral y tener familiares de primer grado residiendo en la región. ¿En qué quedamos? Aquellas personas españolas oriundas de Castilla y León, Extremadura o Aragón (donde gobierna el PP con pactos con VOX) lo llevarán muy crudo. Puede que se pregunten si al pasar Despeñaperros siguen siendo españolas.

A mayor abundamiento, vuelven a confundir conceptos al definir como «perfiles vulnerables» a categorías que pueden ir unidas o no: jóvenes menores de 36 años, familias numerosas, nuevas familias y personas con discapacidad. Per se, ninguna de estas categorías puede definirse como «vulnerable». La vulnerabilidad no se produce en abstracto, sino que está asociada a las condiciones socioeconómicas de las personas. Las gentes pudientes difícilmente pueden calificarse de «vulnerables», socialmente hablando.

Toca el pacto otros temas que afectan a la vivienda (por ejemplo: certificado de penales, acciones contra los okupas...) que podrían dilatar este texto, y por ello conviene finalizar con el reto a la Unión Europea y al «libre mercado» (sanctasanctórum de VOX y del PP). El pacto pretende establecer «desincentivos para extranjeros y fondos» mediante medidas fiscales disuasorias para compradores extranjeros u operaciones especulativas de fondos que encarezcan la vivienda. La cercanía del acuerdo con Gibraltar evoca la dificultad de articular estas medidas en zonas próximas al Peñón. Pero como el papel todo lo aguanta y, además, estos políticos asumen la máxima de que la política es el arte de hacer posible lo necesario (para ellos), pues se firma este pacto con la finalidad exclusiva de conseguirle el sillón de la presidencia de la Junta a Juanma Moreno, y punto.