Libertad de información
El yogui y el comisario: ¿una policía del pensamiento?

La polarización política desatada en España en tiempos de pandemia produce monstruos que la mayoría de la gente acepta como querubines. Son ejemplos maniqueos que cuelgan como racimos de las hojas del calendario en el discurrir diario. Las medidas de contención de la covid-19 son excelentes o despreciables según el color ideológico de las autoridades que las implanten. Los actos de protesta se tildan de rechazables, si parten de los «cayetanos» en repulsa al Gobierno de coalición, y justos y necesarios si quienes los protagonizan son grupos de izquierda como los que se opusieron a las restricciones de la Comunidad de Madrid en  «barrios obreros» de la capital. Por no hablar de la maraña bumerán a favor y en contra con que se identificaron los «disturbios» y «altercados» habidos en muchas ciudades el último fin de semana de octubre a cuenta de los toque de queda y limitaciones a la libre deambulación. Dos extremos sin posible remisión, como las posiciones enfrentadas que reflejaba Arthur Koestler en su ensayo El yogui y el comisario, aquí metafóricamente y alternativamente representadas por los adversarios políticos a diestra y siniestra, según quien sea el que ostente el poder o lidere la oposición, la oposición o el poder.

La última aportación a esta guerra de trincheras y búnkeres trae causa de la orden ministerial del 5 de noviembre por la que se crea un Procedimiento de Actuación contra la Desinformación, que contempla la monitorización de las redes sociales para contrarrestar las noticias falsas. Tomando como referencia un plan de la Unión Europea (UE) de diciembre de 2018 dirigido a los países miembros ante la avalancha de infundios acerca de la crisis del Brexit, el Gobierno ha encargado la misión de vigilancia y control del universo digital a un organismo permanente dirigido por el Departamento de Seguridad Nacional a cargo Iván Redondo, el número dos de Moncloa y jefe del Gabinete de Presidencia. La falta de un supervisor independiente y el hecho de que sea la propia Administración quien decida qué noticias deben ser investigadas y en su caso anuladas, ha provocado un profundo recelo en la oposición. Hasta el punto de que el Partido Popular habla de intento de establecer la censura encubierta, calificando la disposición de nuevo «ministerio de la verdad», en alusión a la distopia expuesta por George Orwell en su famosa novela 1984. Desde Moncloa, por el contrario, se insiste en que lo único que se busca es garantizar la veracidad de la información y el pluralismo mediático, como recoge el artículo 20 de la constitución. Por su parte, el diario El País recordaba que hace dos años, durante el mandado de Mariano Rajoy, se trató de tipificar las «campañas de desinformación como amenazas para la Seguridad Nacional dentro de la llamada “guerra híbrida”».

Y tiene razón el rotativo adicto a Ferraz, pero por motivos equivocados. Ciertamente, el entonces Gobierno del PP, a raíz del alud de fake news diseminadas por robots informáticos durante el referéndum del 1-O en Catalunya, registró una proposición no de ley con que mitigar y responder «ante acciones extranjeras destinadas a cuestionar y debilitar la confianza en las instituciones públicas». La iniciativa resultó ampliamente derrotada al recabar solo el apoyo de Ciudadanos, recibiendo serios reproches por parte de los partidos que hoy conforman el Gobierno de coalición. Así, el entonces portavoz socialista destacaba en su crítica que fuera el Gobierno «quien por vía administrativa censure una noticia en base a una falsedad que él mismo determina». En la misma línea de denuncia se expresó el representante de Unidas Podemos, Rafael Mayoral, al decir que el PP pretendía instaurar una «Ley Mordaza 2.0» y que en realidad se estaba planteando «la creación de un ministerio de la verdad» (Diario de Sesiones, 13/03/2018).¡Maldita hemeroteca!

La tesis ambivalente del «yoqui y el comisario». En la oposición se colocan la careta liberal del «yogui» y cuando alcanzan el poder asumen la careta autoritaria del «comisario». Dicho lo cual, del juego oportunista de la partitocracia realmente existente no cabe inferir que debamos echarnos a un lado y «que inventen ellos». Todo lo contrario. Y más en los críticos momentos que atravesamos, cuando una especie de «síndrome de Estocolmo», fruto del miedo, el abandono y el desconcierto provocado por la pandemia, incita a dejar que otros decidan por todos sin rendir cuentas. Como primera providencia habría que «comprar» lo que entonces demandaba el PSOE.

Dejar en manos del gobierno el papel de gendarme de la probidad informativa es una aberración democrática capaz de crear más problemas que los beneficios que en teoría se pretenden.

Quizás por eso, Sanidad se resiste a crear una auditoría independiente sobre la gestión de la pandemia como han reclamado reiteradamente expertos y colectivos sanitarios nacionales y extranjeros. Al revés, esa también es la razón por la que el Gobierno progresista recrimina al Banco de España y a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) por emitir informes desacreditando las previsiones presupuestarias para el 2021. Decía Lord Acton: «el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, por eso la mayoría de los políticos son malas personas».

Con ser vasos comunicantes y reincidentes, la intentona del PP en 2018, en el fragor del contencioso independentista, y la del PSOE y UP en este 2020, en pleno Estado de Alarma con una pandemia rampante, no son iguales ni equivalentes. Lo que hoy se ventila viene de manos de un gobierno que ha intentado cambiar las leyes para que el CGJ, el órgano de los jueces, fuera elegido a demanda del partido más votado, erosionando el principio de separación de poderes. Y cuyo vicepresidente estuvo al frente de un canal de televisión sostenido económicamente por un Estado teocrático que vulnera los derechos humanos más elementales. Pero estos antecedentes estarían amortizados a fondo perdido si no fuera por un rastro que señala en una dirección preocupante para la libertad de información y expresión: el Real Decreto-Ley 14/2019, de 31 de octubre, aprobado por el PSOE que permite «la intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas […] para preservar o restablecer el orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional», sin previa autorización judicial. En idéntica dirección parapolicial va la reciente aprobación en la Comisión de Interior de una proposición no de ley presentada por PSOE y UP sobre «Prevención de la Propaganda de Discursos de Odio en el Espacio Digital», lo más parecido a aquella otra del agreste pasado sobre enaltecimiento del terrorismo.

Ya dijo el general de brigada José Manuel Santiago, jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, uno de los tres centuriones que escoltaban a Fernando Simón para dar el parte de la Operación Balmis durante la primera y fatídica ola del coronavirus, que entre sus misiones estaba «minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno» (19/04/2020).