Alicante
La crudeza del sinhogarismo: “Dejé de creer en mí. Solo quería morirme”

Cuando Josefina cuenta su historia, no lo hace por orden cronológico, sino a retazos. “Me voy por los cerros de Úbeda”, se disculpa de vez en cuando entre un capítulo y otro. Su vida está llena de episodios que a simple vista podrían parecer una sucesión de desgracias o un golpe de mala suerte pero que, sin embargo, responden a la cruda lógica que encadenan los eslabones de la exclusión social.

La acumulación de trabajos precarios sin contrato y una tortuosa relación de maltrato con el padre de su hijo provocaron que terminara durmiendo en la calle. “Me quedé sola con el niño y la vida pudo conmigo. Ahí empezó mi hundimiento. Pasé de no consumir nada a consumir todo lo que podía y más. Lo único que quería era evadirme”, relata. Una situación de pobreza extrema que finalmente la obligó a entregar al pequeño al Hogar Provincial de Alicante con tan solo tres años, en un intento de garantizarle una vida mejor. “Después de eso, aunque iba a ver a mi hijo todas las semanas, no lograba salir adelante. No tenía ni para comer”, cuenta. Desde entonces, ha pasado casi una década sobreviviendo entre albergues, coches y diferentes asentamientos informales de la provincia.

Su relato, como el de muchas otras personas sin hogar, es el reflejo de cómo la calle te lo arrebata todo. “Dejé de creer en mí, pensaba que no valía nada. Solo quería morirme. Cuando estás en ese punto te da igual todo. Piensas: si me muero, una persona menos. Mi hijo está bien cuidado y no me va a echar de menos. Pierdes la higiene, pierdes todo… Muchas horas de soledad, no tienes acceso a luz, a agua, no tienes acceso a entretenimiento. No tienes una casa”, señala.

Aunque las continuas decepciones le volvieron desconfiada y reticente a recibir ayuda, su vida comenzó a cambiar cuando el equipo de Cáritas Diocesana le ofreció una alternativa habitacional. Desde hace unos meses, cuenta con un techo y un acompañamiento continuo para intentar salir de esa situación de calle. Sin embargo, de las más de 300 personas sin hogar que se calcula que hay en Alicante, apenas un centenar logra acceder a algún recurso estable de atención. El único dispositivo público existente es el Centro de Acogida y Urgencia Social (CAUS), con tan solo 69 plazas disponibles, que se complementan con otras pocas concertadas gestionadas por organizaciones solidarias. El resto —la gran mayoría— queda fuera del sistema.

“En su mayoría, son personas que están derrotadas, y es muy difícil que vayan, por ejemplo, a un centro de salud, o que hagan cualquier gestión administrativa, así que intentamos acompañarles en ese proceso”, explica Núñez

“Viene mucha gente a pedirnos ayuda y la respuesta habitual cuando les derivamos al CAUS es que les apunten en una lista de espera. Está todo colapsado”, explica María Núñez, integrante del equipo de calle de la Red de Entidades para la Atención a Personas Sin Hogar de Alicante (REAPSHA).

Su labor combina la atención en oficina con la salida a la calle para mapear los lugares donde duerme la gente sin hogar. Los viernes reparten alimentos, no solo como gesto asistencial, sino también como vía para generar confianza y abrir procesos de acompañamiento. “Tratamos de establecer un vínculo con las personas. En su mayoría, son personas que están derrotadas, y es muy difícil que vayan, por ejemplo, a un centro de salud, o que hagan cualquier gestión administrativa, así que intentamos acompañarles en ese proceso”, explica Núñez que, junto a su compañero Víctor Rodríguez, trata de hacerles la situación de calle “lo más llevadera posible”, ante la resignación de no poder ofrecer una alternativa estable debido a la falta de alojamiento de emergencia y la “escasa respuesta” municipal.

Y es que, desde que el Centro de Acogida e Inclusión (CAI) pasó a ser CAUS —carente de recursos esenciales como enfermería, cocina o acompañamiento socioeducativo— ya no hay ningún dispositivo específico para las personas sin hogar en Alicante, ni tampoco un comedor social público, lo que provoca que gran parte de la atención recaiga en entidades privadas y personas voluntarias. “Nosotros ponemos la cara, la presencia, pero es solo un parche. Si desde arriba la estructura está rota nunca se va a solucionar”, señala Núñez. En este sentido, las ONGs advierten que el marco político no ayuda. El sinhogarismo no solo convive con la falta de recursos, sino también con una gestión municipal que, lejos de reforzar la atención social, penaliza la pobreza extrema.

Invisibles para la mayoría

Lejos de las miradas, muchas personas en situación de calle buscan refugio en asentamientos informales ubicados en descampados o solares en diferentes puntos de la ciudad. Es el caso de Joaquín y Andrés, que sobreviven desde hace años en uno de estos campamentos improvisados con tiendas de campaña y chabolas fabricadas con lonas, madera y chatarra.

Sentados delante de una de estas construcciones, esperan que llegue la hora de recoger el bocadillo. “A veces hay demasiada gente y te quedas sin comer”, comenta Andrés, apoyado en su bastón, mientras se queja de la larga espera para recibir atención médica por un problema en su pierna izquierda, que le dificulta caminar con normalidad. A su lado, Joaquín, sueña con volver al piso en el que vivía antes de quedarse en la calle y que, con tono nostálgico, describe con todo lujo de detalles.

Este tipo de infraviviendas constituyen exclusión residencial y vulneración de los derechos humanos de las personas que los habitan. Suelen ser construcciones creadas con material de desecho y con enganches a la luz

Sus historias, como la de cada persona que termina en situación de calle, son diversas, sin embargo, comparten la ausencia de un hogar en el que refugiarse. Este tipo de infraviviendas constituyen una de las manifestaciones más extremas de la exclusión residencial y de la vulneración de los derechos humanos de las personas que los habitan. Suelen ser construcciones creadas con material de desecho, enganches a la luz, sin instalación segura y carentes de protección, lo que conlleva también un grave riesgo de sufrir accidentes, incendios o inundaciones.

Pero el problema no es solo la chabola en sí, también lo es su entorno. Los asentamientos se encuentran cada vez más segregados de los núcleos urbanos, limitando así el acceso de sus residentes a los recursos y servicios públicos esenciales, mientras se mantienen inmersos en un ciclo pobreza y marginalización cada vez más preocupante, llegando a resultar invisibles para el resto de la sociedad.

Desalojos y hostigamiento policial

“Cuanto más lejos de la vista, mejor. Más lejos de los servicios, más lejos de la seguridad. Sin servicios públicos de limpieza y, en muchos casos, sin agua potable”, señala Núñez, haciendo referencia a los continuos desalojos de estos asentamientos, cada vez más frecuentes, por parte de las autoridades municipales. El último tuvo lugar el pasado 17 de septiembre, cuando la policía intervino en las zonas de PAU 1, PAU 2 y Rabasa, obligando a más de 30 personas a desplazarse con sus enseres al hombro. “Al final lo único que buscan es ocultar una problemática que sigue estando. Estamos ante una sociedad que no empatiza con la gente sin hogar, los ven más como unos muebles sucios que molestan a la vista. No las perciben como personas”, añade.

Unos desmantelamientos que se desarrollan, además, sin un preaviso de tiempo suficiente y sin ofrecer ninguna alternativa habitacional. “Les avisaron el martes por la tarde, y el miércoles a primera hora ya estaban desalojando”, afirma Rodríguez sobre el campamento ubicado en Rabasa, en el que aún resisten algunas personas. “¿Cómo recoges todas tus cosas en unas horas? Es gente que no está de camping, están en su casa, no tienen otro sitio al que ir”, añade.

Afirman haber recibido presiones policiales durante los últimos meses para no distribuir alimentos, llegando incluso a ser sancionados económicamente. “No hay ninguna ley que diga que no puedes repartir comida, así que se amparan en que creamos concentraciones sin autorización”, explica Núñez

A esto se suma el creciente hostigamiento que las entidades denuncian estar sufriendo durante los repartos de comida. Desde los equipos de calle afirman haber recibido presiones policiales durante los últimos meses para no distribuir alimentos en determinadas zonas, llegando incluso a ser sancionados económicamente. “No hay ninguna ley que diga que no puedes repartir comida, así que se amparan en que creamos concentraciones sin autorización”, explica Núñez.

Una situación que ha generado alarma entre las propias entidades, que consideran que su labor no solo “suplanta carencias del sistema público”, sino que “resulta vital para garantizar la alimentación diaria de entre 150 y 200 personas sin hogar”, recalca Alberto González, miembro de la Comisión Permanente de REAPSHA. “Además de no dar soluciones, están entorpeciendo el trabajo de quien realmente sí se hace cargo del problema”, añade. En consecuencia, la plataforma ha decidido elevar el caso al Síndic de Greuges, que este verano abrió una investigación de oficio para determinar si estas actuaciones vulneran derechos fundamentales y hasta dónde puede llegar la intervención municipal en una labor solidaria que se lleva desempeñando desde hace 16 años.

No es la primera vez que la actuación municipal hacia las personas sin hogar genera polémica en Alicante. En 2022, el Ayuntamiento aprobó una ordenanza —conocida como la ordenanza de la vergüenza— que permitía sancionar económicamente a quienes vivieran en la calle o practicaran la mendicidad en la vía pública. La norma, duramente criticada por colectivos sociales, contribuyó al desplazamiento forzoso de personas sin hogar fuera del centro y de las zonas más turísticas de la ciudad. Aunque finalmente fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en 2023, el enfoque punitivo hacia la pobreza persiste y las entidades no gubernamentales siguen encontrando grandes obstáculos para establecer canales de comunicación con la administración local.

Sin posibilidad de diálogo

Desde la Red, llevan más de un año solicitando la creación de una mesa de trabajo conjunta que reúna a las entidades que atienden directamente a las personas sin hogar con la administración, las concejalías correspondientes y la Policía Local, con el objetivo de “abordar el problema de manera coordinada” y “mejorar las condiciones de atención”. Pero, según González, “hasta ahora no ha habido respuesta”, como tampoco se ha atendido ninguna de las demás solicitudes de reunión con el Ayuntamiento.

En el último pleno municipal se aprobó una declaración institucional presentada por Vox y respaldada por el PP que plantea la creación de un organismo destinado a “buscar soluciones a la proliferación de personas viviendo en espacios públicos”. Una propuesta que, sin embargo, deja fuera a las entidades que, como recuerda González, “son quienes tienen contacto directo y conocimiento técnico de la realidad”. Desde REAPSHA señalan, además, la importancia de contar con las propias personas sin hogar, ya que consideran “fundamental tener en cuenta la visión de quienes viven esta situación y conocen de primera mano sus limitaciones”.

Aunque no comparten del todo el enfoque del gobierno municipal, valoran esta iniciativa como “un primer paso” y aseguran que no van a cesar en su intento de tener voz en los espacios de decisión. Entre otras cosas, están valorando estrechar la colaboración con Sense Llar, la plataforma que opera a nivel autonómico, con el fin de “tener más peso” y lograr que se les “escuche más”.

Además, han convocado una concentración frente a la Concejalía de Acción Social el próximo 6 de noviembre. La protesta, que incluirá una acampada simbólica, busca denunciar la falta de recursos y exigir condiciones de vida dignas para las personas sin hogar.