Agricultura
Falta de mano de obra en el campo: un cuento más viejo que un arao

Todos los años, cuando se acerca la campaña de la fruta, la vendimia o la aceituna, vuelven las organizaciones agrarias extremeñas y andaluzas más conservadoras con la misma cantinela: "falta mano de obra", "no encontramos gente", etc. Según la sacrosanta ley de la oferta y la demanda, se podría pensar entonces que por la "baja oferta" de mano de obra disponible se pagara más a las personas que trabajen en la poda, cosecha, etc. Sin embargo, podemos encontrar abundante hemeroteca sobre precarización extrema de las condiciones laborales en el campo, incumplimientos del convenio colectivo del sector, situaciones de semiesclavitud o casos de abusos sexuales como los denunciados por la temporeras marroquíes en Huelva hace tan solo unos meses.

Una organización sindical como UGT, muy alejada de lo que fue en su momento la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, denunciaba en prensa literalmente “el incumplimiento sistemático del convenio del campo en Extremadura”; e incluso Cáritas, poco sospechosa de querer subvertir el orden establecido, ha sacado recientemente un informe titulado Vulneraciones de derechos laborales en el sector agrícola, cuyo resumen pueden encontrar en la noticia ¿Hay explotación laboral en el campo español?.

La mano de obra local rehuye estas condiciones y prefieren emigrar por miles para hacer esa misma labor, pero más dignamente, a cientos de kilómetros de casa, en Navarra, Francia, etc.

Las declaraciones públicas de APAG Extremadura ASAJA o La Unión Extremadura no buscan más que crear alarma social, sembrar el miedo para forzar a que se acepte cualquier condición, la excusa perfecta para reclutar mano de obra de otros países en condiciones infrahumanas al mismo tiempo que se criminaliza a los jornaleros y jornaleras de la región. La mano de obra local rehuye estas condiciones y prefieren emigrar por miles para hacer esa misma labor, pero más dignamente, a cientos de kilómetros de casa, en Navarra, Francia, etc. En otros casos, solo queda refugiarse en distintos nichos de empleo o en unas ayudas sociales muy condicionadas, tramposas e indignas. En este sentido, el maestro Manuel Cañada hace ya quince años aportaba soluciones en el capítulo Omnia Sunt Communia del libro Vivir donde quieras: del PER a la Renta Básica en el medio rural de Extremadura.

Los datos oficiales, sin embargo, desmontan estas campañas de desprestigio contra los trabajadores y trabajadoras del campo en Extremadura y Andalucía. El treinta y uno de agosto de 2018, por ejemplo, fue el día que más empleo se destruyó en la historia de nuestro país, es decir, en el que más gente que estaba trabajando y quería seguir trabajando enviaron al paro. Además, Extremadura fue la región en la que más subió el paro agrícola, es decir, la región en la que el empresariado agrario echó a más gente a la calle contra su voluntad.

Pero esta estrategia de "doctrina del shock", de creación de alarma social por parte de la patronal agraria por la supuesta falta de mano de obra es la excusa que han utilizado históricamente para evitar la contratación local digna y disponer a su antojo de contingentes de trabajadores y trabajadoras de otros países aprovechándose de su vulnerabilidad al venir a un territorio desconocido y, en muchos casos, con idioma y normativas laborales ininteligibles.

Como detalla Francisca Rosique Navarro, la cuestión agraria en la provincia pacense ya a principios del siglo pasado era una cuestión central que actuaba de agente movilizador en torno a la problemática del paro y sus causas

Como detalla Francisca Rosique Navarro en su obra La reforma agraria en Badajoz durante la II República, la cuestión agraria en la provincia pacense ya a principios del siglo pasado era una cuestión central que actuaba de agente movilizador en torno a la problemática del paro y sus causas: la mala distribución de la propiedad, la usura y la falta de tierras. Entre abril y julio de 1931 se aprobaron en las Cortes una serie de decretos que intentaban paliar la delicada situación de la población jornalera del sur peninsular: decreto de términos municipales, decreto sobre laboreo forzoso, decreto sobre creación de jurados mixtos y decreto sobre la jornada de ocho horas.

En la cuestión que estamos tratando es fundamental pararse en el Decreto de Términos Municipales aprobado el 28 de abril de 1931. En su artículo primero establecía que: “en todos los trabajos agrícolas, los patronos vendrán obligados a emplear preferentemente a los braceros que sean vecinos del Municipio en que aquellos hayan de realizarse.”

Este decreto, recoge Rosique, “pretendía impedir que se contrataran obreros que no pertenecían al término municipal”, medida del gobierno de la Segunda República para “cortar de cuajo el caciquismo”, ya que “el propietario no solo contrataba a obreros forasteros, mejor extranjeros, los portugueses, por muy bajos salarios, sino que, además, chantajeaba cara a unas elecciones con negar trabajo a los del pueblo usando de repuesto a los que venían de fuera, consiguiendo de este modo abortar cualquier intento de huelga.” Como estamos viendo estos días, un siglo después la cuestión se repite.

Este decreto se enfrentaba a varias problemáticas derivadas de la variabilidad de un territorio tan extenso como el nuestro. Por un lado, la nueva norma tenía difícil encaje en pueblos con poco término municipal, que ofrecían, por tanto, pocas posibilidades de empleo a su población. Por el contrario, en las localidades más extensas no se disponía de mano de obra suficiente para sacar adelante las cosechas. La voluntad para cumplir con la normativa establecida era fundamental.

En algunos casos, los patronos decidieron utilizar maquinaria agrícola ya que en ese momento aún no se había legislado nada en contra de esa opción y los Jurados Mixtos aún no se habían constituido.

La siega del mes de mayo de ese año fue tensa y cien patronos de pueblos cacereños y pacenses se dirigieron por esta cuestión a Largo Caballero, quien delegó la decisión final en los gobernadores civiles. La presión de los propietarios aumentó durante el verano en Santa Marta, Higuera de Vargas, Montijo y Badajoz, de forma que el 30 de octubre de 1931 se publicó el decreto firmado por Azaña que suspendía la preferencia de los obreros locales en el caso de la recogida de aceituna.

Hortensia Méndez Mellado menciona en su tesis doctoral Por la Tierra y el Trabajo. La conflictividad campesina en la provincia de Badajoz durante la II República (1931-1936), por poner solo algún ejemplo, que el propietario de la finca “Cuartillas de Montijo” optó por destrozar la cosecha antes de admitir obreros de la localidad. En Calera de León, los patronos se negaron a admitir las condiciones establecidas en las Bases del Trabajo; en Fuentes de León, las autoridades locales aseguraban a comienzos de 1933 que “los propietarios se niegan a cumplir los pactos de trabajo y a pagar a 122 obreros.” La oposición de los patronos llegó al punto de declarar la huelga para las faenas de recolección, como ocurrió en Montijo en mayo de 1933; en Azuaga los patronos no cumplían las Bases del Trabajo; y en Benquerencia, no daban trabajo más que a un determinado sector político.

Un siglo después, la patronal del campo sigue creando alarma social y buscando excusas para poder maximizar sus beneficios a costa de trabajadores y trabajadoras de aquí o de allá, que no tienen un miserable subsidio al que echar mano

Los desajustes en la mano de obra disponible produjeron problemas en pueblos como Calamonte, San Vicente de Alcántara, Fuente de Cantos, Valle de Matamoros y Santa Ana, que en cierta medida quedaron zanjados en 1933 cuando se consideraron las provincias de Cáceres y Badajoz como una unidad intermunicipal, lo que “flexibilizaba” las condiciones de contratación.

Los diputados conservadores en las Cortes pidieron repetidamente la derogación del decreto -convertido en Ley- y la prensa a su disposición explotó los conflictos generados con la misma. El 12 de mayo y el 27 de agosto, en sendas convocatorias, se reunieron en Badajoz varios cientos de patronos pacenses y cacereños para reclamar la eliminación de Ley y la inutilidad de la intermunicipalidad. Tras las elecciones del 19 de noviembre de 1933 el gobierno radical-cedista inició una serie de contrarreformas que incluyó la derogación de la Ley de Términos Municipales el 24 de mayo de 1934.

Como dice Francisca Rosique Navarro, “se accedía al contrato libre. […] En la siega de 1935 los patronos de la provincia de Badajoz contratan de nuevo a los portugueses”. Un siglo después, la patronal del campo sigue creando alarma social y buscando excusas para poder maximizar sus beneficios a costa de trabajadores y trabajadoras de aquí o de allá, que no tienen un miserable subsidio al que echar mano.

La alerta sobre la falta de mano de obra local es una campaña de marketing pagada por una parte de la patronal agraria para penetrar en la opinión pública y reducir su resistencia mental a la precarización del trabajo en el campo. Una intensa campaña mediática que nunca podrán tener los jornaleros y jornaleras de este u otro país, a quienes nunca se les pregunta. El que Extremadura sea la región con una distribución más injusta de la propiedad de la tierra en toda Europa ha marcado históricamente su desarrollo; y por ahí deberán pasar las soluciones, no por el reparto de la propiedad, de nefastas consecuencias en varios puntos del planeta, sino con democratizar el acceso a terrenos en los que poder trabajar, cultivar o transformar los productos agropecuarios.

La democracia y la libertad son lo contrario al caciquismo, y la falta de mano de obra en el campo un cuento más viejo que un arao.