Agricultura
Las cinco crisis del olivar

Un millar de olivos. Diez hectáreas de olivar tradicional de regadío, justo la cifra que se considera el límite para que una explotación del árbol que da el oro líquido de la agricultura mediterránea sea considerada de pequeño tamaño. Es de lo que vive Cristóbal Cano en Alcalá la Real (Jaén), pero este año no le ha salido a cuenta. “Por poner en números redondos: con una producción de 50.000 kilos de aceituna, lo que puede suponer unos 12.000 kilos de aceite, si he perdido un euro por cada kilo de aceite en un año, de venderlo a tres euros el kilo a venderlo a dos, 12.000 kilos a tres euros son 36.000 euros, y a dos son 24.000”. Como añade con resignación, “la cuenta sale redonda”: 12.000 euros menos, un ingreso un 33% menor.

La situación de Cano, quien además de olivarero es responsable sectorial de aceite de oliva de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y secretario general de UPA Jaén, resume qué está pasando en el sector. Y a cuatro años vista, los que lleva Mariló Corral al frente de la cooperativa La Esperanza del Campo, en Cuevas del Campo (Granada), con 2.000 hectáreas, 500 socios e integrada en el Grupo DCoop —antiguo Hojiblanca—, la disminución del precio en origen es aún más acusada: “En ese tiempo hemos perdido 1,70 euros por kilo”.

Cristóbal Cano, UPA: “Los fondos de inversión no repercuten económicamente en las comarcas, se llevan los recursos fuera de ellas y el beneficio económico no revierte en los pueblos”

El precio en origen del aceite de oliva ha llegado a bajar un 44% en apenas año y medio, desde el primer trimestre de 2018 a octubre de 2019, rebasando el umbral de los dos euros el kilo en todas las principales variedades, lejos de los 2,7, grosso modo, a partir de los que el agricultor empieza a tener beneficios. “¿Qué joven quiere continuar la explotación de su familia o meterse en la actividad oleícola a estos precios? Es imposible, no se puede. Muy poco tiempo podrá mantenerse esta situación. Es así de duro”, denuncia el responsable de UPA. “El sector no está unido”, se queja Corral por su parte, “se tiene que unir y no vender por debajo de tres”.

Crisis múltiple

El olivar en España, principal productor de aceite de oliva, con cerca de la mitad de la producción global y donde hay plantadas 2.697.445 hectáreas de olivo, según la Encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos 2018 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación —más de la mitad en Andalucía, donde hay unas 200.000 familias olivareras—, está en una compleja crisis. O en varias, según se mire.

Por un lado, la superficie plantada ha aumentado un 4,3% desde 2012, gran parte debido a la transformación de explotaciones de cereal en olivar ante la crisis de precios de cultivos como el trigo en los últimos años. Eso ha supuesto que la campaña 2018-19 haya marcado un récord histórico de producción: 1.787.800 toneladas, un 49% por encima de la media de las últimas cuatro campañas, lo que ha abaratado el aceite.

Miguel López, secretario general de COAG Andalucía: “Este modelo productivo del aceite de oliva, centenario y sostenible, que genera riqueza y fija población, está en peligro”

Por otro, al desplome de precios hay que sumarle factores muy distintos. El primero es la imposición por parte de Trump de un 25% de aranceles al aceite español desde el 18 de octubre, represalia yanqui por las subvenciones europeas a Airbus, competidora de Boeing en la guerra comercial aeronáutica. El segundo es la llegada al mercado de fondos de inversión, constructoras y bancos que están comprando miles de hectáreas tanto en España como en Portugal. Le sigue la introducción del olivar de cultivo intensivo y superintensivo, más rentable pero de menor calidad y duración, y con unas necesidades de agua y plaguicidas mucho mayores. Y, por últmo, el uso del aceite de oliva como producto reclamo por parte de los grandes supermercados, con venta incluso a pérdidas, lo que tira el precio en el último eslabón de la cadena agroalimentaria. Un cóctel explosivo que repercute en los productores de olivar tradicional —método por el que se trabaja el 73% de las explotaciones españolas, sean de secano o regadío— y de forma drástica en los más pequeños.

Ampliar

Por todo ello el sector ha hecho piña y ha salido a la calle, con un calendario de movilizaciones que comenzó en mayo en Jaén, pasó a Sevilla en julio y culminó en Madrid el 10 de octubre, donde las principales organizaciones del sector —UPA, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA); Cooperativas Agroalimentarias y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG)— reclamaron medidas para parar la debacle. Como señalaba Miguel López, secretario general de COAG Andalucía, una semana antes de la protesta en Madrid, “este modelo productivo del aceite de oliva, centenario y sostenible, que genera riqueza y fija población, está en peligro”.

Victoria a medias

Esta vez la protesta ha obtenido un primer éxito. Lo anunciaba el comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, el 14 de octubre y Bruselas aprobaba la medida oficialmente el 11 de noviembre: visto bueno a una de las principales reivindicaciones del sector, el almacenamiento privado. Se trata de un mecanismo regulatorio por el cual, cuando el precio llega a un determinado umbral, la UE subvenciona que los olivareros almacenen de forma temporal parte de la producción para que el precio no siga cayendo.

De hecho, la iniciativa ya existía pero, como apunta Cristóbal Gallego, presidente del Consejo Sectorial de Aceite de Oliva de Cooperativas Agroalimentarias, “los precios de este mecanismo de mercado están fijados hace más de 20 años, están obsoletos”. En concreto, la norma hoy en día se aplicaría para el virgen extra al llegar a los 1,78 euros/kilo, mientras que para el lampante sería 1,51, medio euro por debajo de los actuales precios. Ahora, y tras la presión española, la Comisión Europea va a permitir el almacenamiento ante una “grave distorsión del mercado”, algo que no había ocurrido nunca.

La mayor explotación del mundo, con 15.000 hectáreas repartidas entre España, Portugal y Marruecos, la gestiona Elaia, una sociedad participada por Sovena y Atitlán Grupo Empresarial

Ahora bien, este mecanismo es parte de la solución, pero no calma el temporal. “Podrá beneficiar a aquellos que tengan la capacidad de almacenar mucho aceite, pero los que no la tienen tendrán que darle salida al precio que esté en el mercado”, señala Pedro Sánchez Zamora, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de la Universidad de Córdoba, actualmente inmerso en un proyecto sobre pequeñas explotaciones olivareras y su contribución al bienestar social y a la sostenibilidad de la agricultura.

Es por ello que una reivindicación clave para el sector va más allá del almacenamiento privado. “Pedimos medidas que nos permitan poder autorregularnos”, explica Gallego, “y optaríamos por una autorregulación obligatoria, para todos los productores; que no sean solo unos pocos los que almacenen para la siguiente campaña”. Esta medida implicaría que, “cuando se den las condiciones, todas las almazaras retirasen un porcentaje de la producción”, indica por su parte el responsable de UPA, quien añade que sería un mecanismo que “estabilizaría más los precios y sería más fácil de poner en marcha”. La propuesta ya está sobre la mesa en Bruselas de cara a su posible integración en la Política Agraria Común (PAC) para el período 2021-27, actualmente en negociación.

Ferrovial en el olivar

El sector olivarero ha sufrido una transformación las últimas décadas. La llegada de sistemas de cultivo intensivos —con densidades por hectárea de entre 200 y 600 árboles, frente a los 60-120 del tradicional— y superintensivos —de hasta 2.000 árboles por hectárea— ha cambiado el mercado. Y, en gran parte, estos nuevos métodos, mucho más rentables pero con caducidad mucho mayor, pues el olivar tradicional puede ser centenario mientras que en el intensivo los árboles no superan los 40 años de vida y en el superintensivo los 20, vienen unidos a la aparición de fondos de inversión, bancos y constructoras que han puesto sus ojos en el sector olivarero.

Sin ir más lejos, la mayor explotación del mundo, con 15.000 hectáreas repartidas entre España, Portugal y Marruecos, la gestiona Elaia, una sociedad participada por Sovena y Atitlán Grupo Empresarial. Más ejemplos: las 73 hectáreas del Cerro Libertad, las tierras ocupadas por el Sindicato Andaluz de Trabajadores, son propiedad del BBVA, mientras que familias del Ibex como los Del Pino —accionistas mayoritarios de Ferrovial— eran hasta hace poco propietarios de Innoliva, uno de los principales productores europeos, con 5.000 hectáreas en España y Portugal y una producción de 9.000 toneladas anuales. Precisamente, Innoliva pasó en 2017 a manos del fondo de inversión ADM Capital a través de la sociedad Cibus Investments, en un ejemplo más de lo que está pasando por toda la geografía ibérica.

Cristóbal Cano: “El aceite de oliva se define como el oro líquido y ningún oro se regala a precio de saldo, no tiene oferta de 2x1 o se vende por debajo de lo que cuesta producir un lingote”

“Los fondos de inversión no repercuten económicamente en las comarcas, se llevan los recursos fuera de ellas y el beneficio económico no revierte en los pueblos”, denuncia Cano desde UPA. En el mismo sentido, Sánchez apunta que “a las pequeñas explotaciones les cuesta ser rentables pero contribuyen a la sociedad de otra forma: proveen de bienes y servicios, son capaces de fijar población, luchan contra el cambio climático y contra la erosión. Proporcionan una serie de servicios que, como no son remunerados, ahí es donde tienen que entrar la política”.

Así, para el especialista el principal problema de los intensivos y superintensivos es medioambiental: “Acarrean la necesidad de mucha agua, hay conflictos entre agricultores por el acceso al agua, y luego por contaminación de nitratos y las repercusiones negativas que pueden tener para el medio ambiente”.

Ampliar

Se trata de un conflicto más en un sector que, como explica Sánchez, “cada vez hay menos pequeñas explotaciones y cada vez más grandes”. Es la llamada integración del olivar, en la que el pez grande se come al chico, motivada por la competencia de un mercado cada vez más controlado por grandes agentes de la producción, la industria y la distribución.

Trigo por aceite

Aunque fondos de inversión y bancos no compran olivar tradicional, sino que buscan explotaciones de intensivo y superintensivo, hay agricultores que han decidido pasarse a estas fórmulas de cultivo. “Puedes encontrar desde empresas inversoras y de otras actividades no agrarias como a agricultores de otros cultivos que ahora están desarrollando intensivo”, cuenta el responsable de Cooperativas Agroalimentarias. “Si te fijas, ese olivar se está poniendo mayoritariamente donde el rendimiento del cereal era bueno —explica—, se incorporan terrenos que eran de regadío y que tenían dotaciones de agua para cultivos herbáceos de regadío: girasol, cereal, algodón…”.

“Los diferentes modelos deben de coexistir porque cada uno tiene una función importante”, apunta por su parte el especialista de la Universidad de Córdoba. “Las pequeñas explotaciones tienen unas funciones y esa forma de producir debe ser respaldada por unas políticas específicas; y las más grandes, intensivas y superintensivas contribuyen a la seguridad alimentaria. Se produce más porque el consumo es mayor y hay que proveer de alimento a la población”, continúa. “Ahora bien, la clave es producir más de forma más sostenible”.

Pedro Sánchez Zamora, profesor de la ETSIAM: “Cada vez hay menos pequeñas explotaciones y cada vez más grandes”

Sin embargo, la desigualdad entre grandes y pequeños está muy presente, especialmente a los precios actuales. “En intensivo, como no tienen cargas de producción, si lo venden a dos euros todavía ganan, pero nosotros no. Además, pueden abaratar porque vender vendemos muchos pero comprar compran cuatro, las grandes distribuidoras”, explica la presidenta de la Cooperativa Cuevas del Campo. “Te vienen los Mercadona y los Carrefour de turno, te piden y te estrujan, y hay mucha gente desesperada. Hay que ir todos a una y no vender por debajo de tres”.

Junto con medidas compensatorias para mitigar el golpe del reciente aumento de aranceles en Estados Unidos por el conflicto sobre las subvenciones europeas a Airbus —“no tiene lógica que la agricultura sea pagana de una discrepancia en otro sector como el aeronáutico, parece que Estados Unidos lo hace como venganza”, denuncia Gallego— la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria es otra de las grandes claves pendientes. “Las malas prácticas comerciales se han venido instaurando por parte de la gran distribución, con un mensaje de banalización del aceite de oliva con venta a pérdidas y utilizándolo como gancho o reclamo que al final confunde al consumidor”, se queja Cano. “El aceite de oliva se define como el oro líquido y ningún oro se regala a precio de saldo, no tiene oferta de 2x1 o se vende por debajo de lo que cuesta producir un lingote”, continúa el responsable de UPA Jaén.

Por ello, desde las organizaciones agrarias apuestan por reformar dicha ley para que los supermercados no puedan realizar este tipo de prácticas y para que la distribución y la industria no concentren un porcentaje elevado de la ganancia. “El objetivo —indica Cano— es que no existan desequilibrios entre los diferentes agentes de la cadena, desde el productor al consumidor, pasando por los envasadores, la industria y la distribución. Hemos tenido unas pérdidas o una disminución de lo que hemos recibido de en torno a un 40%, pero el consumidor no se ha visto beneficiado por una rebaja del 40%. Hay que reformar esa ley para que no se den este tipo de circunstancias”.

El precio en origen del oro líquido vegetal subía tímidamente tras el sí de la CE al almacenamiento privado, pero más de un mes más tarde el aceite de oliva virgen extra se encuentra: a 2,1 euros/kg, el virgen a 1,9 euros/kg y el lampante a 1,8 euros/kg. Ahora, el sector se encuentra a la espera de la concreción y efectos en el precio de ese almacenamiento privado y con los ojos puestos en las negociaciones de la PAC 2021-27. Además, habrá un hito intermedio previsto para 2020: la llegada de una normativa de calidad largamente esperada que permitirá al consumidor conocer mejor qué tipo de aceite contiene —y de dónde viene— la botella que compra. Son las claves futuras para un negocio del que dependen unas 300.000 familias en el Estado español.