Marruecos y la UE ultiman un acuerdo pesquero ilegal

Semana clave para la aprobación del acuerdo pesquero de la UE y Marruecos. El día 13 de febrero está previsto que el Parlamento Europeo decida en votación si renovar la actual política pesquera firmada con el régimen de Mohamed VI, un mandato aprobado en julio de 2018. El acuerdo bilateral, llamado oficialmente Acuerdo de colaboración para la pesca sostenible (SFPA, por sus siglas en inglés) incluye un tercer territorio, el Sáhara Occidental.

Las costas exteriores de la península de Cabo Blanco, que pertenecen al Sáhara según Naciones Unidas, tienen un peso apabullante en cuanto a capturas: se calcula que la práctica totalidad del pulpo exportado hacia Europa desde Marruecos procede de bancos saharauis. 

Está previsto que el bipartidismo europeo, el que forman los partidos conservadores del PPE, y una mayoría de socialdemócratas del S&D, con el apoyo del partido liberal, dé continuidad al acuerdo pesquero pese a que el Tribunal de Justicia de la UE ha declarado sistemáticamente como ilegales los acuerdos firmados hasta ahora. Hace un mes, el Parlamento dio luz verde a un acuerdo de asociación UE-Marruecos ignorando al propio servicio jurídico de la cámara y elaborado por una relatora que tuvo que dimitir después de que se conocieran sus vínculos con un lobby promarroquí.

El pasado miércoles día 6 de febrero, 110 eurodiputados, en su mayoría del GUE/NGL, los verdes, pero también algunos socialdemócratas, acordaron una resolución para volver a enviar a la corte de justicia europea el acuerdo pesquero. El TJUE ha reiterado que ningún acuerdo comercial entre ambas partes puede comprender el territorio saharaui. Pero hay factores de peso en un acuerdo cuya importancia para Europa radica más en el papel que Marruecos juega en la contención de los flujos migratorios que en el beneficio para las empresas europeas. Con una contrapartida de alrededor de 160 millones de euros —el monto del acuerdo 2013-2018—, la UE complementa su política de ayudas a Marruecos en el marco de la gestión de las migraciones.

Los negocios siguen pese a que, oficialmente, el Sáhara Occidental, es un territorio no autónomo. La interrupción de su proceso de descolonización, provocada por la crisis institucional abierta antes y después de la muerte del dictador Francisco Franco, convirtió a Sáhara en un territorio ocupado, administrado aún por España —que, sin embargo, renunció hace 40 años a ejercer esa responsabilidad— y dominado por Marruecos. La potencia del Magreb, denuncian los observatorios de derechos humanos, ha utilizado los anteriores acuerdos pesqueros para consolidar su colonización de las que denomina “provincias del sur”, también para desviar riqueza hacia algunos de los poderes fácticos en torno a la dinastía alauita.

Aval a la colonización

Hoy, lunes 11 de febrero, el Observatori de Dretes Humans i Empreses (ODHE) ha publicado el resumen ejecutivo de su informe Los tentáculos de la ocupación, un informe sobre la explotación de los recursos pesqueros de la antigua colonia española. Una investigadora del ODHE explica a El Salto que lo que más impacta de ese trabajo de campo es “la falta de pudor” con que la Unión Europea —y especialmente países como Francia y España— abordan una relación que desborda el derecho internacional. Como detalle, esta trabajadora del ODHE, apunta que el Instituto español de Comercio Exterior publica en sus informes mapas de Marruecos que comprenden el territorio del Sahara Occidental, pese a que ningún Estado —ni siquiera España o Francia— reconocen la soberanía marroquí de los territorios saharauis.

Desde ODHE destacan cómo el acuerdo contribuye a la colonización impulsada por el régimen de Rabat sobre la zona: un 60% de lo que se paga a Marruecos está condicionado a la creación de infraestructuras en el área costera afectada y “aunque la UE y Marruecos las venden como que benefician a la población del sahara, esto no es verdad; los pueblos de pescadores en realidad son para atraer a población marroquí trabajadora... La mayoría saharaui está excluida de este tipo de proyectos”, subrayan desde el observatorio. De este modo, la UE contribuye a la colonización, “pese a que cambiar la balanza demográfica en el sahara occidental ocupado está totalmente prohibido por el derecho internacional humanitario”, explican en ODHE.

El 6 de febrero, la influyente revista digital Politico.eu publicaba un contenido patrocinado señalando la “oportunidad” que el nuevo acuerdo pesquero supone tanto para Marruecos como para la UE. La pieza la firmaban “los representantes electos” de las provincias saharauis de El Aaiún​​​ y Dakhla. Este grupo de presión defiende que, en esta ocasión, se ha consultado a población saharaui para la elaboración del acuerdo pesquero, lo que invalidaría los argumentos del TJUE, en sentencia de diciembre de 2016 , contra el acuerdo previo.

La polémica ha acompañado a esa “consulta a las partes saharauis” que reclama Marruecos y la UE está dispuesta a aceptar. En diciembre de 2018, la ponente sobre el acuerdo de comercio entre las partes, Patricia Lalonde (liberal) se veía obligada a dimitir después de que se conociese su participación en el consejo de EuroMedA, un lobby marroquí situado en Bruselas.

Lalonde aseguró que el acuerdo se firmaría antes de realizar ninguna reunión con las partes saharauis y realizó declaraciones durante un viaje que hicieron saltar las alarmas: “No he estado en el otro lado del muro, solo he estado en las provincias autónomas… de Marruecos”, aseguró en un programa de radio. El hecho es que el Frente Polisario —que controla los territorios “al otro lado del muro” pero que está radicado principalmente en Argelia— no es un interlocutor para la UE en estos tratados pese a que la ONU lo considera legítimo representante del pueblo saharaui.

Sin embargo, y pese a que organizaciones como el Observatorio de Recursos del Sahara Occidental (WSRW) valora la mejor voluntad de la nueva relatora, la holandesa Marietje Schaake, el informe de Lalonde sigue siendo la guía sobre la que trabaja la Unión Europea. Cristina Martínez, del WSRW cree que tanto el acuerdo comercial aprobado en enero, como el pesquero, que se aprobará esta semana, seguirán los mismos pasos hacia el TJUE: “el Frente Polisario los impugnará y cuando lo haga eso dará pie a muchas denuncias, quienes contraten con el Sahara Occidental lo harán de forma ilegal”.

Los observadores subrayan lo inoportuno de estos pasos de la UE, que dificultan el proceso de diálogo abierto entre el Polisario y Marruecos a instancias de la ONU. En el horizonte está un referéndum de autodeterminación que se vería afectado por los tratados, ya que estos introducen el factor del desplazamiento de población marroquí a territorio saharaui, modificando la balanza demográfica y quien sabe si los resultados de una futura consulta.

Impacto social y ambiental

Eneko Aierbe, responsable de pesca de Ecologistas en Acción, explica que, al contrario de lo que sucede con otros acuerdos, como el de comercio y agricultura, resulta muy difícil que el protocolo sobre pesca “esconda” el origen de las capturas: “En pesca no queda más remedio que admitirlo porque es el 90% del total. A la UE no le interesa un acuerdo con Marruecos excluyendo al Sahara, porque no pescaría nada”, resume Aierbe.

Empresas españolas como Pulmar, Camariñas, Congelados del Estrecho, distribuidoras como Salgado, Discefa, Canosa, Merimar o Angulas Aguinaga, son, según el Observatori de Dretes Humans i Empreses, las empresas que salen beneficiadas del acuerdo de pesca y llevan a las cadenas de supermercados y mayoristas pulpo saharaui etiquetado como “marroquí” o incluso pulpo de “Dakhla”.

No obstante, los principales beneficiarios de los acuíferos saharauis, señalan desde la ODHE, han sido “favoritos” del régimen de Mohamed VI, que otorgaron licencias como parte de una “prerrogativa más del propio monarca, que a menudo las otorga a sus súbditos a modo de regalo”. Licencias cuyos propietarios pueden alquilar —y ahí es donde entran las empresas españolas o francesas— y que, según este observatorio han contribuido a crear una red de corrupción y negocios, en las que participaron militares de las fuerzas de ocupación como el fallecido Abdelaziz Bennani.

“Excepto para un lobby concreto empresarial, de armadores, etc. a nivel de números a la UE no le beneficia este acuerdo, de hecho le perjudica desde el punto de vista medioambiental, y social”, subrayan desde el ODHE. Así lo refrenda Eneko Aierbe, que resalta que las aguas del Sáhara Occidental —delimitadas por España en los 50— han perdido valor desde el punto de vista pesquero y ambiental debido a la pesca de arrastre, además de poner en peligro la supervivencia como especie de la foca monje. Para Aierbe, si “pescásemos de forma sostenible tendríamos caladeros más sanos y más pescado y no sería interesante desde el punto de vista comercial tener que ir hasta allí”.

Ecologistas en Acción, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, pacifistas y por la justicia global, remitieron la semana pasada una carta abierta a los europarlamentarios en los que denuncian “la sistemática vulneración de derechos sociales y económicos” que supone el acuerdo que se debe discutir el próximo jueves y los insta a votar en contra.